Las recientes masacres carcelarias han visibilizado varias de las lacras más vergonzosas del país. Prisiones dominadas por mafias internacionales del narcotráfico donde no puede ni entrar la fuerza pública; guerras entre maleantes que cobran numerosas vidas de inocentes; edificios enormes de cárceles “modernas”, construidos con sobreprecios, que dificultan el control por el excesivo número de detenidos; escenas de familiares que buscan a sus allegados reclusos sin saber si viven o mueren; una sociedad indolente que ve todo esto en los medios de comunicación y solo lo asimila como una noticia más…
La situación es compleja y no hay soluciones fáciles. Se vino gestando por décadas y cuando estalla no se puede conjurar solo con tomas militares de las prisiones o promesas de mano dura. Se debe enfrentar la realidad con medidas inmediatas y también de mediano y largo plazo. Si no, avanzará el “narcoestado”.
Una de las causas, a lo mejor no determinante, pero si coadyuvante, es la sobrepoblación carcelaria. Sedice que hay tres veces más reclusos que los que permite la capacidad de los edificios. En celdas destinadas para cuatro personas se hacinan ocho o diez, con las complicaciones de salubridad, convivencia y seguridad consiguientes. Si los pabellones tienen demasiada gente, la conflictividad es previsible.
La sobrepoblación carcelaria se agudizó en nuestro país cuando fue emitido el Código Orgánico Integral Penal, COIP, que incrementó las penas y las posibilidades de prisión preventiva. Se profundizaron las condiciones para que se abusara de ese recurso y una de las consecuencias es el crecimiento exponencial del número de presos.
Una parte de la solución es bajar la cantidad de reclusos, cumpliendo con una garantía elemental: que los acusados, mientras no han sido sentenciados, salvo casos excepcionales puedan defenderse en libertad y no desde las cárceles.
Si no son un peligro para la sociedad, no deberían guardar prisión. Se pueden citar muchos casos, pero quizá uno de los más visibles es el de Pablo Celi, excontralor, que guarda prisión preventiva mientras, curiosamente, quienes cometieron en forma directa el delito del que se le acusa, están libres y alguno hasta sin acusación.
Otra medida necesaria y un elemental acto de justicia, es acelerar la liberación de personas que ya deberían salir porque cumplieron su sentencia o porque calificaron para una reducción. Es terrible mantener preso a un joven que cometió su primera falta, que no es un peligro social y corre el riesgo de salir muerto en medio del fuego cruzado de los malandros.
Descongestionar las cárceles es una medida de sanidad social, de respeto a los derechos humanos de los reclusos y un coadyuvante a la solución del problema carcelario que ha hecho al Ecuador tristemente célebre a nivel mundial.
Fuente : El comercio
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