El asesinato de una activista feminista desaparecida conmueve a Perú

La activista feminista Solsiret Rodríguez desapareció en agosto de 2016, cuando tenía 23 años, dos bebés y estudiaba Sociología en una universidad pública. Aunque fue uno de los tantos casos en los que la policía rechazó tramitar una denuncia inmediata, los padres, Rosario Aybar y Carlos Rodríguez, persistieron en exigir resultados de la investigación y hasta buscaron pruebas al margen de la Fiscalía. El caso conmovió a Perú y este miércoles una de las responsables confesó el asesinato a las autoridades y dijo dónde escondió los restos del cuerpo. El Instituto de Medicina Legal, que pertenece al Ministerio Público, ha confirmado que los restos hallados coinciden con los de Solsiret Rodríguez.

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Kevin Villanueva y Andrea Aguirre fueron arrestados el pasado viernes después de semanas de seguimiento dispuesto por el Ministerio Público, en Lima y en Huaraz, en la sierra norte. Aguirre declaró a la policía de criminalística que después de una discusión en la que también estaba su pareja, Solsiret cayó desde un cuarto piso, lo que atribuyó a un accidente. Luego la descuartizaron.

La estudiante fue vocera de la plataforma Ni una Menos en la región Callao, donde vivía, y una semana antes de su desaparición fue una de las decenas de miles de personas que participó en Perú en la primera marcha de ese movimiento contra la violencia machista. Kathe Soto, una de sus amigas más cercanas -y que desde la desaparición de Rodríguez se convirtió en defensora de derechos de la mujer- comentó a EL PAÍS que lamentaba el tiempo transcurrido, más de tres años y medio, para lograr un avance en la investigación. “Te seguiré buscando hija, mientras tenga vida no habrá un día que deje de buscarte”, había dicho el padre al cumplirse 27 meses de la desaparición de la joven. En estos tres años y medio, para evitar que el caso pasara al olvido, amigas de la víctima y activistas de los derechos de la mujer organizaron plantones y movilizaciones.

“Tuvimos la indiferencia y la ineficacia de todo el sistema de justicia, Ha sido una articulación de negligencias para decir que las mujeres desaparecidas en este país no son importantes”, refirió Soto a este diario. “Uno de los dos sospechosos ha confesado, pero más personas están involucradas. Las negligencias cometidas en este caso no son justicia. Los avances que se lograron en la geolocalización de los teléfonos móviles, el reporte de llamadas, y muchos procesos de la investigación no se deben a una respuesta inmediata por parte de las autoridades, sino porque la familia ha estado buscando evidencias”, agregó.

Según esta activista, en los últimos ocho meses un fiscal logró esclarecer lo que en los años anteriores otros tres fiscales no consiguieron aclarar. El asesinato de la joven, cuyo marido, Brian Villanueva, aún no ha sido localizado, fue precedido de los abusos de su cuñado. El diario La República informó de que este acosó sexualmente a la víctima. La confesión de su pareja, quien según su relato ocultó parte de los restos de la joven en la casa materna de Brian y Kevin Villanueva, estremeció a las organizaciones de derechos humanos cercanas a ella.

Los colectivos Buscamos a Solsiret, Paro de Mujeres, Mujeres Desaparecidas, Ni una Menos Perú y la ONG feminista Flora Tristán convocaron un plantón este miércoles frente a la División de Criminalística de la Policía Nacional para exigir justicia y pedir la prisión preventiva de los sospechosos, ya que la detención preliminar vence este viernes. “En este caso el Estado peruano nos falló a todas las mujeres”, lamentó en Radioprogramas la exsecretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Rocío Silva Santisteban, abogada feminista y congresista electa de la izquierda.