Las protestas suponen un gran reto para la sociedad ecuatoriana para que un sector tan importante como la población indígena lo sea también del sistema institucional
Con casi dos semanas de tensión y confrontación violenta, finalmente, se impuso el camino del diálogo y se recobró la paz en Ecuador. Ocho muertes, más de 1.300 heridos e inmensos daños materiales, fue una quincena de pesadilla para muchos de la que se desprenden al menos tres conclusiones.
Primero, una delicada situación fiscal, heredada por el Gobierno de Lenín Moreno, resuelta de manera un tanto simplista: cortando de la noche a la mañana —sin anestesia— subsidios de más de 1.400 millones de dólares anuales; subsidios fiscalmente insostenibles que ahora tendrán que ser redefinidos con gradualismo y selectividad.
El estallido luego del Decreto 883 del pasado 3 de octubre puso de manifiesto la urgencia de que países que, como Ecuador, focalizan sus exportaciones en un producto (petróleo, en este caso), construyan un fondo de previsión y ahorro en los tiempos de vacas gordas para cuando estas estén flacas. Precios de petróleo que en los años de Rafael Correa sustentaron, cierto, una obra pública importante, pero también gastos corrientes y un inmenso paquete de subsidios insostenibles.
Segundo, la extensión y, particularmente, la violencia producida durante esas dos semanas; proveniente de las dos partes. Explosiones sociales semejantes ya derrocaron en un pasado no lejano a tres presidentes (Abdalá Bucaram en 1997; Jamil Mahuad en el 2000, y Lucio Gutiérrez en el 2005). Acaso no se ha llegado hoy a ese nivel de protesta social (concentrada mucho en Quito) pero los niveles de violencia no tienen precedentes.
Desde el Gobierno se ha insistido en explicar la violencia de quienes protestaban por supuestos designios golpistas —no demostrados— de Rafael Correa y del venezolano Nicolás Maduro. Este es un tema sensible y complejo. Lanzacohetes artesanales utilizados en la violencia serían, para algunos, señal de esto. Dirigentes de la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador), como Lourdes Tibán, la organización indígena que impulsó las protestas, acusan a una facción indígena de haber articulado con Correa para tumbar a Maduro. Temas, pues, que seguirán dando que hablar.
Tercero, si bien no se puede descartar que elementos externos puedan haber tenido alguna injerencia en las protestas, no es sostenible reducir a ello el origen y conducción de las mismas. No se puede olvidar, dicho sea de paso, que el Gobierno de Correa rompió con los dirigentes indígenas en 2015.
El movimiento indígena, en esencia, expresó problemas existentes y que fueron manejados simplistamente con el Decreto 883, primero, y con la represión, después. Felizmente los buenos oficios de la ONU y de la conferencia episcopal funcionaron y permitieron que las aguas volvieran a su cauce. Más allá del problema de los precios —que gatilló el estallido social— esta crisis puso de manifiesto la voz silenciada de un sector de la población que reclama por algo más que por los precios. Por ello, más allá del diálogo puntual que permitió encontrar una salida a estas protestas, se plantea como un gran reto para la sociedad ecuatoriana la construcción de canales permanentes de participación y diálogo de la población indígena de manera que este sector tan importante de la población lo sea del sistema institucional.
Fuente: El Pais
https://elpais.com/elpais/2019/10/17/opinion/1571348027_114796.html?prod=REGCRART&o=cerrado&event=okregistro&event_log=oklogin
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