El Comité de Derechos Humanos, integrado por
un grupo de 18 expertos internacionales, ha emitido un dictamen en el que
asegura que “México debe llevar a cabo una investigación exhaustiva, rigurosa,
imparcial, independiente y efectiva sobre las circunstancias de una
desaparición forzada en Veracruz en 2010”. El dictamen se produjo después de
recibir una denuncia de familiares de un desaparecido.
La víctima conducía su automóvil por la ciudad
de Poza Rica, en el estado de Veracruz, en octubre de 2010, cuando dos
patrullas de policía lo detuvieron y le obligaron a subir a punta de pistola a
una de ellas. Su compañera, que presenció los hechos, no pudo encontrarlo
después en ninguna comisaría.
Ella y los familiares de la víctima
presentaron varias denuncias y se logró identificar a tres policías entre los
responsables de la desaparición, pero su participación en los hechos fue
descartada por sus superiores.
Las autoridades mexicanas hicieron muy poco en
términos de investigación.
Tales supervisores fueron posteriormente
arrestados por supuestos vínculos con el grupo del crimen organizado “Los
Zetas”.
“Como las autoridades mexicanas hicieron muy
poco en términos de investigación, la familia de la víctima directamente llevó
el caso al Comité de Derechos Humanos, que tiene el mandato de examinar
violaciones de derechos humanos en países que han ratificado el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos junto con su Protocolo
Facultativo”, según un comunicado publicado por el Comité.
México ratificó el Pacto el 23 de marzo de
1981 y el Protocolo Facultativo el 15 de marzo de 2002.
Derechos violados
El Comité de Derechos Humanos señaló que todas
las personas tienen el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, a
la libertad, al reconocimiento de la personalidad jurídica, y el acceso a
recursos judiciales efectivos.
México ha violado todos esos derechos en el
presente caso.
“México ha violado todos esos derechos en el
presente caso”, dijo el Comité en su dictamen, que destacó que “no se
practicaron a tiempo diligencias oportunas, lo cual conllevó la pérdida de
pruebas importantes; las investigaciones no fueron independientes e imparciales;
y fueron ineficaces para aclarar las circunstancias de la desaparición e
identificar a los responsables”.
“Es fundamental que México empiece a procesar
y castigar a los responsables de desapariciones forzadas, para poner fin a la
impunidad estructural que opera en el Estado”, dijo Hélène Tigroudja, miembro
del Comité.
Este órgano solicitó a México que informara,
dentro de 180 días, sobre las medidas que tomará para implementar el dictamen.
Fuente: ONU Mexico
No hay comentarios:
Publicar un comentario