"Controlar
la expansión del zika es un desafío mayor para los Gobiernos de América
Latina", observó Zeid haciendo referencia al estallido del virus y el
simultáneo aumento exponencial de casos de microcefalia en bebés recién
nacidos, lo que ha llevado a muchos países a aconsejar evitar los embarazos en
las zonas afectadas.
"En situaciones donde la violencia sexual es incontrolable y los servicios
de salud sexual y reproductiva están criminalizados o sencillamente no hay
ningún acceso a ellos, los esfuerzos para mantener esta crisis no mejorarán
aconsejando a las mujeres y a las jóvenes que no queden embarazadas",
advirtió Zeid.
Uso
de anticonceptivos
En
este sentido, el representante instó a las autoridades regionales a facilitar
el acceso a servicios que incluyan anticonceptivos de emergencia (conocidos
como "la píldora del día después"), seguridad materno-infantil y
servicios de aborto seguros.
"Defender
los derechos humanos es esencial si se quiere dar una respuesta efectiva (al
avance del virus), y eso exige que los Gobiernos les garanticen a las mujeres,
a los hombres y a los adolescentes acceso a servicios de salud y de información
de calidad, amplios y costeables", dijo Zeid.
Legislaciones
restrictivas
El
país que más casos de zika registra hasta el momento es Brasil, donde los
abortos se permiten sólo en caso de violación o si está en riesgo la vida de la
madre. Otros países latinoamericanos presentan legislaciones similares.
Consultada
por lo que sucede en países como El Salvador, que penalizan el aborto, la
portavoz del organismo de la ONU, Cecile Pouilly, dijo en una conferencia de
prensa: "Es por eso que estamos pidiendo a los gobiernos que se retracten
y cambien esas leyes (...) No solo no le ofrecen la primera información que
esté disponible, sino también la posibilidad de poner fin a sus embarazos si
así lo desean".
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