Juan de Dios
Parra, secretario general de ALDHU, señaló que "México se encuentra
"al debe" en muchas áreas, y en relación a la rehabilitación
carcelaria deja muchos vacíos. México puede y debe enmendar el rumbo para
asegurar el bienestar a sus ciudadanos"
La Corte
Interamericana de Derechos Humanos hizo un llamado para que las autoridades
mexicanas identifiquen y sancionen a los responsables por el entorno de
autogobierno que presentaba el centro penitenciario.
La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó a las autoridades mexicanas
investigar y esclarecer los hechos de violencia ocurridos la semana pasada en
el penal de Topo Chico en el estado de Nuevo León (México), en los que 49
personas perdieron la vida y 12 resultaron heridas.
La Comisión
Interamericana también urgió a México a identificar y sancionar a los
responsables. Y recordó al Estado mexicano que tiene "la obligación de
investigar de oficio y con la debida diligencia todas aquellas muertes de
personas que se encuentran bajo su custodia".
"Estas
investigaciones no sólo deben estar orientadas a establecer los responsables
materiales de los hechos, sino también a los posibles autores intelectuales y a
aquellas autoridades que pudieran ser responsables por acción u omisión",
señaló la Comisión a través de un comunicado.
Hacinamiento en
el penal
El pasado 11 de
febrero tuvo lugar un motín en el penal de Topo Chico iniciado, según las
autoridades mexicanas, por el enfrentamiento entre integrantes de Los Zetas y
del cártel del Golfo.
Según el
gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, los hechos de violencia
referidos tuvieron lugar en una situación crítica de hacinamiento.
Para evitar que
hechos como éstos vuelvan a repetirse, la Comisión instó al Estado mexicano a
adoptar pasos dirigidos a "reducir el hacinamiento y el uso de la prisión
preventiva, mediante el empleo de medidas alternativas a la misma".
La Comisión
también criticó que después de los hechos, el Estado de Nuevo León haya
decidido el traslado de aproximadamente 230 internos del penal de Topo Chico a
otros centros de detención, sin que sus familiares hayan sido hasta ahora
informados sobre los internos que serían trasladados ni dónde.
"En los
casos de traslados colectivos de internos como medida de seguridad, el Estado tiene
el deber de informar sin mayor dilación acerca de la nueva ubicación y las
condiciones personales de los internos", recordó la Comisión.
EL(dpa, efe)
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