Varios
grupos de defensa de los derechos humanos cuestionaron hoy la designación del
general retirado Daniel Urresti como ministro del Interior de Perú, de quien
dijeron que es investigado por su vinculación con el asesinato de un periodista
en 1988.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la
Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por su sigla en inglés) y la Fundación para el Debido Proceso
(DPLF) se refirieron en un comunicado conjunto al reciente nombramiento de Urresti
por parte del presidente peruano, Ollanta Humala.
Según el Instituto de Defensa legal Urresti es investigado como
"presunto autor mediato del asesinato de Hugo Bustíos, periodista y
corresponsal de la revista 'Caretas', el 24 de noviembre de 1988".
Bustíos y su colega Eduardo Rojas Arce fueron atacados a balazos cuando
se trasladaban en una motocicleta a Huanta para investigar el asesinato de dos
civiles en las afueras de esa ciudad. Según IDL, Bustíos resultó herido y
"sobre su cuerpo malherido los atacantes colocaron una carga explosiva
provocando su muerte".
En esa época Urresti, que era entonces capitán de Ejército, fungía como
jefe de la sección local de inteligencia militar en Castropampa, Ayacucho.
"Este caso es emblemático porque fue investigado por la Comisión
de la Verdad de Perú, que recomendó la investigación y procesamiento de todos
los responsables", señaló la directora ejecutiva de DPFL, Katya Salazar.
La activista añadió que "la decisión del presidente Humala de
'evaluar el caso' y concluir que no existen pruebas suficientes es un ataque a
la independencia judicial, supone recompensar a una persona acusada de graves
violaciones".
Jo-Marie Burt, de WOLA, sostuvo que el gobierno peruano
"debe rectificar esta decisión porque es lesiva al proceso que se sigue en
Perú para lograr verdad, justicia y reparación para las víctimas del conflicto
armado interno, y afecta gravemente la consolidación de las instituciones
democráticas".
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