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jueves, 8 de agosto de 2019

Piden a México empezar a castigar a los responsables de desapariciones forzadas



El Comité de Derechos Humanos, integrado por un grupo de 18 expertos internacionales, ha emitido un dictamen en el que asegura que “México debe llevar a cabo una investigación exhaustiva, rigurosa, imparcial, independiente y efectiva sobre las circunstancias de una desaparición forzada en Veracruz en 2010”. El dictamen se produjo después de recibir una denuncia de familiares de un desaparecido.



La víctima conducía su automóvil por la ciudad de Poza Rica, en el estado de Veracruz, en octubre de 2010, cuando dos patrullas de policía lo detuvieron y le obligaron a subir a punta de pistola a una de ellas. Su compañera, que presenció los hechos, no pudo encontrarlo después en ninguna comisaría.
Ella y los familiares de la víctima presentaron varias denuncias y se logró identificar a tres policías entre los responsables de la desaparición, pero su participación en los hechos fue descartada por sus superiores.
Las autoridades mexicanas hicieron muy poco en términos de investigación.
Tales supervisores fueron posteriormente arrestados por supuestos vínculos con el grupo del crimen organizado “Los Zetas”.
“Como las autoridades mexicanas hicieron muy poco en términos de investigación, la familia de la víctima directamente llevó el caso al Comité de Derechos Humanos, que tiene el mandato de examinar violaciones de derechos humanos en países que han ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos junto con su Protocolo Facultativo”, según un comunicado publicado por el Comité.
México ratificó el Pacto el 23 de marzo de 1981 y el Protocolo Facultativo el 15 de marzo de 2002.
Derechos violados
El Comité de Derechos Humanos señaló que todas las personas tienen el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, a la libertad, al reconocimiento de la personalidad jurídica, y el acceso a recursos judiciales efectivos.

México ha violado todos esos derechos en el presente caso.

“México ha violado todos esos derechos en el presente caso”, dijo el Comité en su dictamen, que destacó que “no se practicaron a tiempo diligencias oportunas, lo cual conllevó la pérdida de pruebas importantes; las investigaciones no fueron independientes e imparciales; y fueron ineficaces para aclarar las circunstancias de la desaparición e identificar a los responsables”.
“Es fundamental que México empiece a procesar y castigar a los responsables de desapariciones forzadas, para poner fin a la impunidad estructural que opera en el Estado”, dijo Hélène Tigroudja, miembro del Comité.
Este órgano solicitó a México que informara, dentro de 180 días, sobre las medidas que tomará para implementar el dictamen.

Fuente: ONU Mexico

miércoles, 7 de agosto de 2019

Reacciones tras crimen de odio en El Paso



En el oeste de Texas, El Paso lleva varios años en el candelero, desde que la Administración Trump la convirtió en el blanco de sus ataques contra migrantes y refugiados. "Kilómetro cero" y "primera línea" de los conflictos fronterizos, dijo una vez su ex fiscal general para referirse a El Paso. Como es sabido, el presidente también ha desplegado su propia retórica, llamando "violadores" y traficantes a los migrantes mexicanos y calificando a la migración latina de "invasión".
Lo cierto es que El Paso, con unos 680.000 habitantes (el 80%, latinos), se clasifica una y otra vez como una de las ciudades más seguras de EEUU, contradiciendo el mentiroso relato de Trump que vincula al crimen con los migrantes. "En ese manifiesto hay mucha de la retórica del presidente", dijo César Blanco, parlamentario de la Cámara de Representante de Texas.
Su oficina en El Paso está a pocas manzanas del lugar donde ocurrió el tiroteo. "Palabras como 'invasión' hacen daño a nuestra comunidad y vienen del presidente, que se refiere a las personas de mi comunidad como ‘asesinos y violadores que traen crímenes y drogas’; cuando nuestros representantes a nivel nacional hablan así, el mensaje que se está enviando a muchos de estos supremacistas blancos es que el odio está bien, que se permite que continúe y que se extienda".
En el tiroteo de Walmart murieron casi tantas personas como en todos los homicidios sufridos en El Paso a lo largo de 2018. "Rezo para que esto no estigmatice a nuestra ciudad", dijo Phoenix Vasquez (42), un vecino de El Paso que este domingo se unió a las familias de las víctimas para rezar junto a ellas en uno de los hospitales de la ciudad. "Somos una ciudad muy amigable, una ciudad muy unida".


Más de 23.000 personas vienen todos los días a trabajar en El Paso desde Ciudad Juárez, la ciudad mexicana al otro lado de la frontera. 

"No queremos que El Paso sea conocido por esto", dice Vásquez. La gente no debe tener miedo de venir, dice también. "Nuestra ciudad no es así".
Las autoridades y los vecinos se apresuraron a destacar que el sospechoso no tenía ninguna relación con El Paso. Llegó allí desde un barrio periférico de Dallas haciendo un viaje de unos mil kilómetros. "El perpetrador de este crimen no era de aquí", dijo David Stout, comisionado del condado de El Paso. "El Paso lleva años siendo una de las ciudades más seguras de Estados Unidos y vamos a seguir siéndolo... Pero siempre nos vemos en medio de esta dañina retórica en la que incurre nuestro presidente; siempre están tratando de demonizar la frontera; algo contra lo que hemos luchado constantemente". Según Stout, hay evidencias claras de que el ataque fue "perfectamente calculado y hecho a propósito para agredir a nuestra comunidad".
David Ríos (42), empleado de informática en un hospital y con toda una vida en El Paso, contó que estaba intentando que su hija de siete años no viera las noticias. No muy lejos del lugar donde ocurrió el tiroteo, dibujaba junto a ella corazones en la arena de un parque infantil. "Tratamos de seguir con normalidad", dijo. "Pero la gente va a estar un poco más alerta... Uno espera que este tipo de cosas nunca ocurran, pero desafortunadamente ha ocurrido; vamos a tener que aprender a aclimatarnos de nuevo a la normalidad".
Sam Thomas, un pastor de la zona que ha estado apoyando a las familias, dijo alegrarse por la clasificación policial del crimen como terrorismo. También dijo que confiaba en que la tragedia trajera un cambio. "Es de esperar que desaparezcan, al menos por un tiempo, el racismo, el odio y el veneno", dijo. "Pero parece que estas cosas siempre terminan volviendo al punto en el que estaban".

Alerta por tiroteos masivos en Estados Unidos

La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos expresó su profunda preocupación por los tiroteos masivos que ocurrieron durante el fin de semana pasado en los Estados Unidos y pidió a las autoridades que abran una investigación.
El portavoz de Michelle Bachelet, Rupert Colville, dijo que daban la bienvenida a la condena pública de los Estados Unidos al racismo, el odio, y la supremacía blanca.
“Las autoridades tienen la responsabilidad de asegurarse que sus acciones no contribuyen de ninguna manera a actitudes públicas o estereotipos negativos que incitan a la violencia. Este tipo de mensajes no solo estigmatizan y deshumanizan a las minorías, los migrantes, los refugiados, las mujeres, y la comunidad LGBT, pero también deja a las personas y a las comunidades vulnerables a los ataques. Esto aplica para cualquier autoridad en cualquier lugar”, dijo.
El portavoz recordó que la ONU condena inequívocamente el racismo, la xenofobia y la intolerancia en todas sus formas, incluyendo la supremacía blanca y llaman a todos los países, incluyendo Estados Unidos, a tomar pasos positivos para erradicar la discriminación.
Un riesgo que ya estaba advertido

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Collville recordó que el anterior Alto Comisionado, Zeid Raad al Hussein había hecho una declaración pública pidiendo medidas de control de armas en 2016, que “lamentablemente se puede aplicar por completo” a la situación ocurrida el fin de semana pasado en Texas y Ohio, donde perdieron la vida al menos 29 personas.
“Estados Unidos debe cumplir con la obligación de proteger a sus ciudadanos de esos terribles actos violentos que son el resultado directo de un control de armas insuficiente”, dijo.
Estados Unidos debe cumplir con la obligación de proteger a sus ciudadanos de esos terribles actos violentos que son el resultado directo de un control de armas insuficiente.
Zeid había dicho en 2016 tras el tiroteo en un club nocturno gay en Florida que mató a 49 personas, que era difícil encontrar una justificación racional que explique la facilidad con que las personas en Estados Unidos pueden comprar armas de fuego, incluidos los rifles de asalto, a pesar de antecedentes penales, uso de drogas, historias de violencia doméstica y enfermedades mentales, o contacto directo con extremistas, ambos domésticos y extranjeros.
“La disponibilidad inmediata de armas deja poco espacio entre los impulsos asesinos y las acciones que resultan en la muerte. El viaje entre las creencias llenas de odio y los crímenes violentos de odio se acelera. La sociedad, en particular sus comunidades y minorías más vulnerables que ya se enfrentan a prejuicios generalizados, paga un alto precio por no enfrentarse a los cabilderos y no tomar las medidas necesarias para proteger a las personas de la violencia armada”, había declarado el anterior Alto Comisionado.
Citando el tiroteo en la escuela primaria de Sandy Hook, la Iglesia Metodista en Charleston y antes otras casas, escuelas, universidades y lugares de Estados Unidos, Zeid pidió al pueblo de este país unirse para garantizar que los derechos humanos y la seguridad de todos se fortaleciera. Después de 3 años, y muchas nuevas tragedias, sus palabras aún son vigentes.


Juan de Dios Parra, Secretario General de la ALDHU, expresó su malestar por lo sucedido en el país y reiteró su posición respecto a la libertad armamentística en Estados Unidos: “el país debería plantearse un control más exhaustivo en la entrega de armas. Este sistema no está funcionando desde hace décadas”.



viernes, 2 de agosto de 2019

Defender el planeta puede costar la vida: 164 activistas fueron asesinados en 2018 en el mundo

Proteger el medio ambiente puede costar la vida: en 2018, 164 personas defensoras de la tierra y del medio ambiente fueron asesinadas, o sea un promedio de más de tres asesinatos por semana. Así lo indica el alarmante informe anual de Global Witness, una ONG que lucha contra las violaciones de los derechos ambientales.

En América Latina se registraron más de 80 asesinatos convirtiéndola en la región más peligrosa para trabajar en la protección de los recursos ambientales.
Según el trágico balance de la ONG, publicado este martes, los defensores del medio ambiente que luchan contra proyectos mineros o agroindustriales frecuentemente pagan el combate con su vida.
Con 16 muertos confirmados, Guatemala es el país que paga el más duro tributo, con relación al número de habitantes. Sin embargo se trata de un fenómeno global, los defensores del medio ambiente y de la tierra, de los cuales un número importante son representantes de los pueblos autóctonos son considerados cómo criminales por defender sus derechos, según palabras de Vicky Tauil-Corpuz, relatora especial de Naciones Unidas publicadas en el informe.
Global Witness destaca que las cifras podrían estar sub evaluadas, ya que algunos crímenes, tiene lugar en zonas alejadas. El más mortal de los citados por la ONG, en 2018, tuvo lugar en el Sur de la India, donde asegura que 13 personas fueron asesinadas tras una manifestación contra una mina de cobre.
En Brasil, al menos ocho militantes implicados en conflictos de tierra con los productores de soja, fueron asesinados el año pasado, solo en el estado de Pará.
En Filipinas, que remplaza a Brasil con el país con el mayor número de muertos, nueve cultivadores de caña de azúcar, entre los cuales mujeres y niños, fueron asesinados por hombres armados en la isla de Negros, según Global Witness, que denuncia una tendencia inquietante hacia la intimidación de los defensores del medio ambiente.
Fuente: Bio Bio

jueves, 1 de agosto de 2019

Día mundial contra la trata de personas


Ayer, 30 de Julio, fue el día mundial contra la trata de personas. En ese día, el Secretario General de la organización quiso hacer llegar un mensaje:

Mensaje Secretarios General de la ONU:
La trata de personas es un delito atroz que afecta a todas las regiones del mundo. Aproximadamente el 72 % de las víctimas detectadas son mujeres y niñas, y el porcentaje de niños que son víctimas de este delito se ha duplicado con creces entre 2004 y 2016, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. La mayoría de las víctimas detectadas son objeto de trata con fines de explotación sexual, pero las víctimas también son objeto de trata para ser utilizadas en trabajo forzoso, para ser reclutadas como niños soldados y para otras formas de explotación y abuso.
Los tratantes y los grupos terroristas se aprovechan de las personas vulnerables, ya sea personas que viven en la pobreza, que están atrapadas en la guerra o que sufren discriminación. Nadia Murad, la primera víctima de trata en ser Embajadora de Buena Voluntad de las Naciones Unidas, recibió con justicia el Premio Nobel de la Paz en 2018 por catalizar la acción internacional para acabar con la trata y la violencia sexual en los conflictos.
Los conflictos armados, el desplazamiento, el cambio climático, los desastres naturales y la pobreza exacerban la vulnerabilidad y la desesperación que permiten que la trata prospere. Los migrantes están en el punto de mira. Miles de personas han perdido la vida en el mar, en los desiertos, en centros de detención, a manos de tratantes y contrabandistas de migrantes que ejercen su monstruoso y despiadado oficio.
Pero también cada día la indiferencia ante el abuso y la explotación que nos rodean se cobra numerosas víctimas. Desde el sector de la construcción al de la producción de alimentos o de bienes de consumo, incontables negocios y empresas se benefician de la miseria.
La acción multilateral ha dado lugar a avances, por medios como la Convención de Palermo y su Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños. La mayoría de los países cuentan con las leyes necesarias, y en algunos se han producido recientemente las primeras condenas por trata, pero queda mucho por hacer para llevar a las redes transnacionales de trata ante la justicia y, sobre todo, para asegurarse de que se detecta e identifica a las víctimas y de que estas pueden acceder a la protección y los servicios que precisan.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible incluyen metas claras para prevenir el abuso y la explotación, eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, y erradicar el trabajo forzoso y la mano de obra infantil. En este Día Mundial contra la Trata de Personas, reafirmemos nuestro compromiso y nuestro empeño en impedir que los delincuentes exploten a las personas para obtener beneficios y en ayudar a las víctimas a reconstruir su vida.

miércoles, 31 de julio de 2019

En riesgo libertad de expresión y la ley garrote Mexicana

Recientes acciones tomadas por gobiernos en distintos estados de México ponen en riesgo la libertad de expresión y de reunión en el país y podrían ser un paso previo a la criminalización de la defensa de los derechos humanos, afirmó hoy Amnistía Internacional.
En el estado de Tabasco, diputados locales aprobaron una reforma que criminaliza las manifestaciones públicas. La reforma establece prolongados periodos de prisión como pena por actos que busquen oponerse a algún proyecto u obra pública o privada y también por realizar cierres de calles y otras vías de comunicación.


El Congreso del estado de Tabasco aprobó el lunes una reforma al código penal estatal por la que se podrían imponer penas de hasta 20 años de cárcel por impedir la ejecución de obras públicas mediante protestas o manifestaciones.

El texto de la normativa de esta entidad del sureste de México dice que se sancionará de 6 a 13 años de prisión a quienes impidan total o parcialmente el libre tránsito de personas, vehículos, maquinaria, equipo especializado o similar para la ejecución de trabajos u obras públicas o privadas en las vías y medios de comunicación de jurisdicción local, según un comunicado del Congreso estatal. La pena se incrementará en una mitad más, cuando en la comisión del delito el sujeto activo se haga acompañar de personas menores de edad o se emplee violencia.

“La iniciativa legislativa en Tabasco permitiría al gobierno y a la iniciativa privada imponer megaproyectos que, de afectar a los pobladores, los dejarían sin voz para oponerse a ellos. Esto es una clara violación a la libertad de expresión en México. Además, se criminalizaría a las personas que quisieran ejercer su derecho a la asamblea pacífica,” dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La organización considera que la restricción está redactada en términos tan amplios que, en los hechos, anularía la capacidad de las personas de reunirse y expresar libremente sus ideas respecto a proyectos aprobados por el gobierno.
Este tipo de ley ha sido usado en México para inhibir indebidamente las manifestaciones y para criminalizar a personas defensoras de derechos humanos.
Desde 2016, el gobierno federal ha usado ese tipo de delito para criminalizar a manifestantes pacíficos que se opusieron a una obra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Cuetzalan, en el estado de Puebla. Actualmente, la CFE está usando dicha acusación penal para intentar forzar a la comunidad a aceptar la obra pública.
Por otro lado, el pasado viernes 26 de julio, estudiantes y otras personas que se manifestaron en el estado de Jalisco en contra de un anunciado aumento al costo del transporte público, reportaron la intervención excesiva de las autoridades, incluyendo abuso de la fuerza por parte de agentes de policía. Varios manifestantes fueron golpeados en circunstancias en las que no parecían representar un riesgo para ninguna persona y la reunión fue dispersada sin una clara justificación.
“Estas acciones muestran la fragilidad del ejercicio de los derechos humanos en México y la falta de voluntad política de los gobiernos para garantizar que las personas puedan expresarse con libertad en contra de proyectos o políticas impulsadas por las autoridades”, dijo Tania Reneaum, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.


martes, 30 de julio de 2019

El procurador de Derechos Humanos de Guatemala presenta un amparo contra el acuerdo con EE UU


El recurso se suma a otros presentados este fin de semana para frenar el pacto que convierte a la nación centroamericana en "tercer país seguro"



El procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, elevó este lunes ante la Corte de Constitucionalidad un amparo para frenar el pacto firmado el viernes entre el Gobierno de Donald Trump y el de Jimmy Morales. Según lo acordado, los refugiados que soliciten refugio o asilo en Estados Unidos pueden recibir la misma protección en el país centroamericano y, al haber pasado por este antes, se les canalizará de nuevo a suelo guatemalteco. Una fórmula que, en la jerga política diplomática, implica convertir a Guatemala en "tercer país seguro".
Además, hay una petición para que el Gobierno de guatemalteco garantice a la población el derecho a manifestar su desacuerdo libremente, y solicita la destitución del titular de Gobernación, Enrique Degenhart. El amparo de Rodas se suma a otros promovidos el pasado fin de semana por el abogado Marco Vinicio Mejía y Acción Ciudadana, la división guatemalteca de Amnistía Internacional, que también califican el acuerdo como ilegal.
El procurador de Derechos Humanos de Guatemala presenta un amparo contra el acuerdo con EE UU Guatemala cede a las amenazas de Trump y acepta recibir más refugiados
El pacto migratorio con EE UU pone a prueba la capacidad de Guatemala
El procurador Rodas subraya que “los acuerdos firmados bajo amenazas no surten efectos legales”, en alusión a los tuits en los que Trump amenazaba con aranceles a Guatemala y con prohibir el ingreso de sus ciudadanos a territorio estadounidense, algo que puso en alerta a los poderes económicos del país, que cerraron filas en torno a Morales ante la posibilidad de que se cerrase su principal mercado, destino de algo más del 40% de las exportaciones guatemaltecas.
En grandes sectores de la población guatemalteca se ha establecido un consenso en torno a la idea de que cuando el país ni siquiera tiene capacidad de garantizar a la ciudadanía derechos tan elementales como educación, salud, nutrición y vivienda, resultará muy complejo brindar un mínimo a quienes buscan refugio en la primera potencia mundial.
Las estadísticas oficiales respaldan este sentimiento: Guatemala tiene una de las cifras de mortalidad infantil más altas del continente, con 24,8 muertes de bebés por cada 1.000 nacidos vivos y uno de los índices de desnutrición infantil crónica más altos del mundo: 46,9 menores de cinco años la sufren. En vivienda las cosas no están mucho mejor: una de las proyecciones más recientes sitúa el déficit habitacional en 1,8 millones para 2013, una cifra al alza debido a los altos índices de natalidad. El empleo también ofrece cifras de espanto: el 65,8% de la población en edad de trabajar sobrevive en la economía sumergida, cifra que se eleva al 80,3% entre la población campesina de origen maya.
Con todo, la posibilidad real de que las acciones promovidas en contra de convertir a Guatemala en "tercer país seguro", tienen, según el sociólogo Gustavo Berganza, pocas posibilidades de salir adelante. Señala que la débil institucionalidad hará muy difícil resistir las enormes presiones de la patronal y los poderes fácticos, a los que se ha sumado la Embajada de Estados Unidos. “Lo veo muy difícil”, dice a EL PAÍS.
En el otro plato de la balanza está la presidenta de la Fundación Mirna Mack, Hellen Mack, que se muestra esperanzada de que el acuerdo pueda quedar sin efecto. “Le veo muchas posibilidades”, afirma, pero puntualiza que “la clave está en el Ministerio Público, en que la fiscal general cumpla con su deber”. Mack recuerda que en EE UU también hay congresistas que apuntan que el acuerdo viola la legislación del país norteamericano.
En conversación telefónica con este diario, Jordán Rodas dice confiar plenamente en que la Corte de Constitucionalidad falle conforme a derecho. “El acuerdo no solo contradice la Constitución guatemalteca, sino la convención de Viena. Eso lo hace nulo. Reitero mi confianza en que resuelva en derecho y sin presiones”, cierra.


jueves, 25 de julio de 2019

El pacto migratorio trajo militarización y atropellos: CIDH



Ciudad de México. Las medidas en materia migratoria y de asilo adoptadas de manera conjunta por México y Estados Unidos están teniendo impactos directos en los derechos humanos de los migrantes, solicitantes de asilo y refugiados; los exponen a riesgos como secuestros, extorsiones y otros abusos, y limitan su derecho a la protección inter-nacional, censuró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En un extenso pronunciamiento dado a conocer ayer en su sede en Washington, el organismo internacional criticó duramente las políticas en la materia adoptadas recientemente por los gobiernos de la región, en particular el acuerdo suscrito entre México y Estados Unidos el 7 de junio, a partir de las amenazas del presidente Donald Trump de imponer aranceles a las exportaciones mexicanas.
Expresó su preocupación por la extrema seguridad, militarización y externalización de las fronteras; así como la criminalización de defensores de derechos humanos que atienden a ese sector.
La comisión hizo un llamado urgente a los gobiernos de la región a respetar y garantizar los derechos de migrantes y refugiados, así como de los defensores de sus garantías.
Complejidades y desafíos
En cuanto a la magnitud del fenómeno, la CIDH remarcó que el informe Tendencias globales: desplazamiento forzado en 2018 del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) evidencia que a finales de 2018 se registraban 314 mil 946 solicitantes de asilo y 72 mil 229 refugiados de los países de Centroamérica a escala mundial, y reconoce las complejidades y desafíos que plantea la llegada masiva de personas en el contexto de movimientos migratorios mixtos.
Destacó que a partir de la implementación unilateral del programa Quédate en México, Estados Unidos ha devuelto a territorio mexicano a más de 10 mil personas para que esperen mientras se realizan sus procedimientos migratorios y de asilo.
El organismo internacional agregó que ambos países han colaborado en la coordinación de citas para iniciar los procesos de asilo, por medio de las cuales cerca de 18 mil 778 personas habrían esperado en un puerto de entrada fronterizo en México hasta principios de junio para presentar su solicitud.
La comisión observa que estas políticas son contrarias a obligaciones en materia de derechos humanos, en particular en lo que respecta al derecho a solicitar y recibir asilo, el principio de no devolución, dado que exponen a estas personas a numerosos riesgos, que incluyen la extorsión, el secuestro y otros actos de violencia a manos de organizaciones criminales y delincuentes comunes que se encuentran en las zonas en las que están siendo devueltas estas personas, así como a la falta de acceso a servicios de asistencia básica.
La CIDH solicitó a los países de Norte y Centroamérica adoptar medidas urgentes e integrales con el fin de garantizar vías seguras para que las personas busquen protección internacional.
Otro aspecto que preocupa a la CIDH son los casos de separación de familias mediante el programa Quédate en México, por el cual los padres y/o madres permanecen en territorio mexicano mientras sus hijos son enviados a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados de Estados Unidos.
Motivo de alerta también, señaló, son las nuevas normas en materia de asilo anunciadas por Estados Unidos el 15 de julio, mediante las cuales impedirá que muchos migrantes soliciten esa protección, lo cual violenta el derecho internacional.
Asimismo, la CIDH tiene información acerca de que existe hacinamiento y malas condiciones de detención en las estaciones migratorias y estancias provisionales mexicanas, así como detenciones de niños, niñas y adolescentes.
Además, el 2 de julio la oficina del inspector general del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos publicó un informe sobre el hacinamiento, la mala alimentación y las condiciones insalubres en los centros de detención de migrantes.

El plan integral es positivo

Sobre el plan del gobierno mexicano para el Desarrollo Integral de Centroamérica, presentado el 20 de mayo, en colaboración con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CIDH consideró positivo que se implementen medidas para abordar las causas estructurales de la migración forzada, como promover el desarrollo y condiciones de vida dignas para todas las personas en sus comunidades de origen.
Fuente: La Jornada