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viernes, 26 de marzo de 2021

Los pueblos indígenas latinoamericanos sufren cada vez más presiones pese a tener un papel crucial contra el cambio climático

 Las tasas de deforestación en América Latina y el Caribe son significativamente más bajas en los territorios indígenas y tribales donde los gobiernos han reconocido formalmente los derechos colectivos territoriales, afirmó este jueves la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).


PNUD Perú
Reserva comunal Amarakaeri, área natural de 402.335 hectáreas protegida por las comunidades harakbuts, yines y machiguengas en Madre de Dios, en la Amazonía de Perú

Por esta razón, garantizar a los pueblos indígenas la tenencia de esos territorios constituye una manera eficiente y rentable de mitigar el cambio climático, sostuvo la agencia en el nuevo informe “Los pueblos indígenas y tribales y la gobernanza de los bosques".

El estudio señala que la ciencia ha demostrado que estos pueblos han sido mucho mejores guardianes de los bosques que otros responsables de esos ecosistemas en la región. Sin embargo, añade, sus pobladores carecen de ingresos dignos y acceso a servicios, y sufren atropellos y destrucción de sus territorios por actores externos que buscan explotar los recursos naturales.

Agrega que la conservación de los territorios indígenas son fundamentales para la estabilidad del clima mundial y regional, así como para preservar buena parte de la diversidad biológica y cultural global.

La selva del Darién, en Panamá.UNDP/Roberto Machazek

Cambio de escenario

Durante mucho tiempo la deforestación y degradación forestal de estas áreas fue modesta gracias a los factores culturales, el reconocimiento de los gobiernos de los derechos territoriales colectivos, los incentivos económicos para velar por los bosques, las restricciones estatales sobre el uso de sus recursos, la baja rentabilidad de la agricultura comercial, la disponibilidad reducida de capital y la escasa presión demográfica.

Pero el escenario ha cambiado y en la actualidad aumentan las presiones a las comunidades indígenas de los bosques debido a la creciente demanda de alimentos, minerales, energía, madera, turismo y otros productos y servicios.

La Amazonía

Estos elementos colocan en riesgo la función protectora de estas comunidades y la deforestación avanza cada día más en la Amazonía, lo que afectará significativamente las precipitaciones, la temperatura y, con el tiempo, la producción de alimentos y el clima mundiales.

El informe señala que los territorios indígenas de la cuenca del Amazonas perdieron menos del 0.3% del carbono en sus bosques entre 2003 y 2016, mientras que las áreas protegidas no indígenas perdieron 0.6%, y otras zonas que no eran territorios indígenas ni áreas protegidas perdieron 3.6% durante el mismo periodo. El total de emisiones brutas de carbono de la región proveniente de los territorios indígenas alcanzó apenas el 2,6% pese a que esos pueblos cubren sólo el 28% de la cuenca amazónica.

El representante regional de la FAO, enfatizó el papel de los pueblos indígenas también en la lucha contra la pobreza, el hambre y la desnutrición.

“Sus territorios contienen alrededor de un tercio del carbono almacenado en los bosques de América Latina y el Caribe y el 14% del carbono almacenado en los bosques tropicales de todo el mundo”, recalcó Julio Berdegué.

Árboles de caucho en el bosque nacional Tapajños, en la amazonía brasileña.ONU/Eskinder Debebe

Fortalecer el papel de los pueblos indígenas

La FAO instó a los gobiernos, los financiadores climáticos, el sector privado y la sociedad civil a invertir en iniciativas que fortalezcan el papel de los pueblos indígenas y tribales en la gobernanza forestal.

También los exhortó a reforzar los derechos territoriales comunales, compensar a las comunidades indígenas por su trabajo servicios ambiental y facilitar el manejo forestal comunitario.

El informe explica que tasa de deforestación dentro de los bosques indígenas donde se ha asegurado la propiedad de la tierra es 2,8 veces menor que fuera de dichas áreas en Bolivia, 2,5 veces menor en Brasil y 2 veces menor en Colombia.

Detalla que los territorios colectivos titulados evitan entre 42,8 y 59,7 millones de toneladas de emisiones de CO2 cada año en estos tres países; lo que equivale a sacar de circulación de 9 a 12,6 millones de vehículos durante un año.

Los datos indican que de las 404 millones de hectáreas ocupadas por los pueblos indígenas, los gobiernos han reconocido formalmente los derechos de propiedad colectiva o usufructo de unos 269 millones de hectáreas.

Indígenas guaraníes de la comunidad Mbya, en ParaguayPNUD Paraguay

Bajo costo

La FAO llama otorgar legalmente esos derechos para los territorios faltantes y hace hincapié en que sólo cuesta seis dólares titular una hectárea de tierra en Colombia y 45 dólares en Bolivia, un costo entre cinco y 42 veces más bajo que el de evitar las emisiones por medio de la captura y almacenamiento de carbono fósil en las centrales eléctricas de carbón o gas.

Según el estudio, la gestión justa y eficiente de los bosques para mitigar el cambio climático supone un problema de largo plazo que debe abordarse con un enfoque integral que contemple las estructuras de gobernanza, las políticas, el capital social, las capacidades y conocimientos para preservar los ecosistemas y las culturas, la mejora de las condiciones de vidas y la prevención de los conflictos sociales.

Los programas exitosos de manejo forestal comunitario y compensación de servicios ambientales requieren derechos territoriales. Una buena gobernanza territorial y organizaciones indígenas y tribales consolidadas constituyen una base sólida para todo lo demás, mientras que la revitalización cultural y la gestión del conocimiento tradicional abonan al capital social, autoestima, habilidades y conocimientos necesarios para ello”, apunta la publicación.


Fuente: noticias ONU

lunes, 22 de marzo de 2021

Las discrepancias de la oposición nicaragüense proyectan una pobre imagen

Las discrepancias de la oposición nicaragüense de cara a las elecciones generales de noviembre próximo proyectan una pobre imagen ante la comunidad internacional, valoró este sábado el disidente sandinista Edmundo Jarquín.


Esas diferencias, según Jarquín, que ha sido candidato a la Presidencia y a la Vicepresidencia de Nicaragua, "no permiten poner suficiente presión sobre las reformas electorales" que garanticen unas elecciones libres y transparentes en los comicios de noviembre.

"El tema, entonces, es que las discrepancias en la oposición no permiten poner suficiente presión sobre las reformas electorales, dejan a su vez de prestar atención a lo que verdaderamente importa, y se proyecta una pobre imagen sobre la comunidad internacional", anotó Jarquín, que se desempeñó como embajador en España y México durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990), en una declaración escrita.

Nicaragua tiene previsto celebrar elecciones nacionales el 7 de noviembre de 2021 y el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que retornó al poder en enero de 2007, busca conservarlo por cinco años más.

"El límite, entonces, es la unidad de la oposición y no la uniformidad de ideas", continuó Jarquín, quien matizó que las diferencias existentes "es el anticipo de la sociedad que deseamos construir: pluralidad de ideas, pluralidad de intereses, pluralidad de clases sociales, pluralidad de ideologías".

Para el político, las dificultades que enfrenta actualmente la unidad opositora, no pueden ser mayores a la de buscar cómo salir de "la dictadura sanguinaria y represiva", en referencia al Gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega.

"¿Permitiremos que las actuales y legítimas diferencias de opinión, y a veces hasta diferencias personales, nos condenen a seguir enfrentando la dictadura sanguinaria y represiva de Ortega? ¿Son, acaso, esas diferencias de opinión y personales tan importantes, que permitiremos que siga Ortega y su dictadura?", reflexionó.

A su juicio, los opositores tiene un objetivo común, que es la democratización de Nicaragua, y es lo que debe primar, más allá de las diferencias.

"Las discrepancias en la oposición, legítimas por lo demás, han impedido, como en las semanas recientes, que no se ejerza suficiente presión sobre el Gobierno para que se produzcan las reformas electorales que permitan elecciones verdaderamente libres el próximo mes de noviembre", consideró.

Esas discrepancias, insistió, "impiden la acción conjunta sobre el Gobierno" de cara a las próximas elecciones.

"En verdad, si las diferencias de opinión en la oposición son tan grandes, ¿para qué el Gobierno podría ocuparse de las reformas electorales, si suficientemente está entretenida la oposición de sus pleitos internos?", preguntó. EFE

 Fuente: Yahoo Noticias

viernes, 19 de marzo de 2021

Investigaciones contra críticos de Bolsonaro encienden alarmas en Brasil

 Río de Janeiro, 18 mar (EFE).- El aumento de las investigaciones penales contra críticos de Jair Bolsonaro, abiertas bajo pedido del propio Gobierno del líder ultraderechista o de sus allegados, prende de nuevo las alarmas de organizaciones defensoras de derechos humanos, que ven en las acciones censura y persecución en Brasil.



A finales de enero se sabía de al menos cuatro casos, pero dos meses después se conoce que más de una decena de personas, entre periodistas, abogados, escritores y artistas, están bajo la lupa de las autoridades.

Su delito fue expresar sin tapujos su pensar sobre Bolsonaro o su Gobierno y especialmente sobre su gestión frente a la pandemia del coronavirus, que ya deja en el país unos 285.000 muertos y 11,6 millones de contagios.

El mandatario brasileño es uno de los pocos líderes negacionistas de la covid, a la que ha llamado de "gripita", y en vez de promover el aislamiento social y el uso de mascarillas, incentiva a los brasileños a salir a las calles y no tiene reparo en participar en actos públicos aglutinados y sin protección.

Estas investigaciones levantan especial interés de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, ya que buena parte de ellas fueron solicitadas por el Ministerio de Justicia a la Policía Federal con base en una ley de 1983 creada durante la dictadura militar (1964-1985).

"Estamos observando con gran preocupación el aumento de personas críticas al Gobierno que están siendo investigadas por orden del Gobierno federal o a pedido de aliados de la Presidencia, casos en los que la Ley de Seguridad Nacional es citada para la apertura de investigaciones", declaró a Efe Emmanuel Colombié, director regional para América Latina de Reporteros sin Fronteras (RSF).

De acuerdo con Colombié, "la ley es vaga en sus conceptos", lo que abre paso a interpretaciones "arbitrarias" que otorgan el carácter de delito a las expresiones críticas al presidente, por lo que la norma se convierte en una "herramienta de intimidación y censura política" y una amenaza a la libertad de información y la democracia brasileña.

El uso abusivo de la citada ley ya había sido denunciado por Human Rights Watch (HRW) en enero pasado, cuando señaló que por lo menos cuatro personas estaban bajo investigación penal con base en esa norma por haber criticado al Gobierno desde junio de 2020.

La organización sostiene que este tipo de leyes penales son incompatibles con la obligación de proteger la libertad de expresión, conforme a las normas internacionales de derechos humanos, por lo que el Congreso debería abolirlas o adaptarlas.

"Pediríamos al Congreso que adapte las leyes de Brasil a los estándares de derechos humanos y que revoque los artículos dentro de la Ley de Seguridad Nacional que claramente violan la libertad de expresión y que no son aceptables en una democracia", aseguró a Efe César Muñoz, investigador de Human Rights Watch (HRW).

Entre los investigados por esta ley están el caricaturista Renato Aroeira por publicar una imagen donde Bolsonaro convierte una cruz roja en una esvástica y el periodista Ricardo Noblat, por compartirla en las redes.

La imagen hacía alusión a la invitación que hizo el mandatario para invadir hospitales y verificar si realmente estaban copados de gente infectada por la covid.

Asimismo, son investigadas dos personas por pagar e instalar un aviso gigante en la ciudad de Palmas (Tocantins) con la imagen de Bolsonaro y la frase "Nao vale um pequí roído. Impeachment já" (No vale nada, juicio político ya!).



PERSECUCIÓN TAMBIÉN SE EXTENDIÓ AL MAYOR INFLUENCER BRASILEÑO

Uno de los casos más recientes es el de Felipe Neto, el popular "influencer" brasileño, con más de 52 millones de seguidores en redes sociales, que ya en otras oportunidades ha estado en el ojo del huracán por sus comentarios contra el líder ultraderechista y por opiniones contra Donald Trump.

El joven de 32 años, reconocido por la revista "Time" como uno de las 100 personas más influyentes del mundo, está bajo investigación penal por haber tildado de "genocida" al líder ultraderechista por su cuestionada gestión frente a la pandemia.

La investigación contra Neto fue solicitada a la Policía Civil por el concejal Carlos Bolsonaro, uno de los hijos del mandatario brasileño, también basándose en la citada Ley.

Este jueves, la Justicia ordenó suspender de forma inmediata la investigación contra el "influencer" brasileño al reconocer la "flagrante ilegalidad" del proceso.

No es el primer caso que tumba la Justicia. También lo hizo con la investigación que el Ministerio de Justicia solicitó contra el periodista Hélio Schwartsman tras publicar en el diario !Folha de Sao Paulo" el artículo "Por qué hago fuerza para que Bolsonaro muera".

La situación vivida por Neto, quien además es comediante, empresario, escritor y filántropo, lo llevó a crear un grupo con reconocidos abogados para defender, gratuitamente, a quienes sean procesados por criticar a Bolsonaro.

Posiblemente, ese grupo ya tenga su primer caso, pues este mismo jueves, con base en esa Ley, fueron detenidos en Brasilia, la capital del país, cuatro militantes del opositor Partido de los Trabajadores, que querían marchar con una pancarta que decía "Bolsonaro genocida". EFE

mat/ag/si


Fuente: swissinfo

miércoles, 17 de marzo de 2021

Articulo opinión: Declaraciones insólitas (Gonzalo Martner)

 Un señor delegado presidencial en la "Macrozona Sur", Cristián Barra, que ha brillado por su ausencia y previamente por su inutilidad en los cargos que ha ocupado en las administraciones piñeristas, trata ahora de "instalarse", como se dice ahora, con una declaraciones irresponsables contra las Fuerzas Armadas. Las acusa de "falta voluntad" en La Araucanía:  "Siempre son reticentes. Me toca reunirme con ellos como jefes de la defensa en las distintas regiones y particularmente encuentro insólito que lleguen a las reuniones con abogados, para poder decir por qué no pueden hacer las cosas que uno quisiera". 

Que una autoridad nombrada por el presidente, aunque en un cargo un tanto etéreo,  haga declaraciones contra la institucionalidad vigente de manera tan irresponsable, y en un tema tan delicado, es simplemente insólito. Si las fuerzas de la Defensa Nacional no intervienen en materias de orden público, de no mediar determinados estados de excepción y no de cualquier manera cuando estos se declaran, es porque la propia constitución de 1980 se lo impide. 

En la derecha se está incubando una respuesta a su incapacidad de gobernar y al desquiciamiento policial creciente instando a recurrir a la represión al margen de la ley, como si la historia reciente del país no tuviera suficiente de esa criminal y a la postre inútil medicina propia de los regímenes autoritarios y de las mentes obtusas y violentas. Un señor González, ex comandante en jefe de la Armada, de paso no muy brillante por el servicio, se ha permitido incluso decir que "si usted diera luz verde a las Fuerzas Armadas para que controláramos la erradicación de los actos terroristas, esa cuestión se hace en 72 horas", refiriéndose al conflicto en la zona de la Araucanía.

Esta fanfarronería de sherif del condado debe ser contrastada con la actitud que ex altos mandos del Ejército han manifestado públicamente con cordura al subrayar que la intervención de las FF.AA. terminaría agravando el problema. Por mi parte, sostengo que, entre otras cosas, terminaría dándole legitimidad a las minorías que actúan con violencia frente a un problema que se arrastra por 500 años y que requiere de una solución política, como la que han construido países como Canadá, Australia o Nueva Zelandia. 

El señor Barra y el señor González debieran tener un mínimo de lucidez y tomar conciencia que los problemas sociales y políticos no se resuelven a patadas en el mundo de hoy (como lo hicieron efectivamente sus antecesores de manera sangrienta en 1973, provocando una herida en la historia de Chile que no termina de cerrar), y menos una reivindicación histórica como la que nace del despojo alevoso de las tierras del pueblo mapuche, por mucho que volver cinco siglos atrás o tres siglo atrás  o un siglo y medio atrás sea difícil. Pero para eso está la política, para resolver problemas. Y sobre todo cabe recordar como terminó el régimen dictatorial de las FF.AA.: con tres años de protestas populares entre 1983 y 1986 que los mandos militares no pudieron controlar, a pesar de los centenares de asesinados, de los quemados y de los encarcelados y torturados. Aunque el régimen disponía de todo el poder de fuego imaginable, dirigido por un dictador sin escrúpulos, tuvo que dar paso, así y todo, al fin pactado de una dictadura que ya no podía sostenerse en momentos en que se aproximaba el fin de la guerra fría.

El intento del gobierno de Piñera de autorizar que las Fuerzas Armadas participen en tareas policiales al margen de todo estado de excepción, contradice radicalmente el camino emprendido desde 1990. Este sitúa a las Fuerzas Armadas en tareas de defensa nacional y de eventual apoyo a otras tareas del Estado, pero solo en situaciones de excepción que requieran su concurso, debidamente autorizadas por el parlamento. La reforma constitucional presentada por el gobierno, en nombre de un supuesto resguardo de la "infraestructura crítica" pero en realidad como respuesta a la rebelión social de octubre de 2019, fue aprobada en el Senado por la derecha con el apoyo de la mayoría de los senadores DC y PPD. Esta grave regresión para la democracia no obtuvo, en buena hora, un quórum suficiente en la Cámara de Diputados. Pero el gobierno insiste en querer arrastrar a las Fuerzas Armadas a un conflicto civil de orden social y político, del que definitivamente no deben participar. A Sebastián Piñera, si algo tiene de hombre de Estado, solo le cabe destituir al señor Barra. Y desistir en lo que le queda de gobierno de sus intentos de refugiarse detrás de las Fuerzas Armadas ante su incapacidad para resolver los problemas del país. 

Entretanto, el ministro de Defensa Baldo Prokurica ha hecho una declaración más bien sensata, que indica el camino a seguir con lógica republicana: "nuestra legislación establece que la labor del orden público y seguridad corresponden a Carabineros y la PDI. En tanto, las FF.AA. tienen un rol definido durante el Estado de Excepción, al cual se han apegado estrictamente, y que se aboca a labores de logística, planificación, equipamiento y de apoyo a las policías”.

Post Data: se ha anunciado que le han "aceptado la renuncia" a Barra. Menos mal.

martes, 16 de marzo de 2021

Antonio Araníbar rememora su carrera política en un libro de memorias

 A lo largo de 348 páginas, el abogado y político Antonio Araníbar Quiroga rememora las décadas que marcaron la segunda parte del siglo XX en Bolivia. Desde sus inicios en el ambiente político, a la fundación del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y el nacimiento del Movimiento Bolivia Libre (MBL), la publicación narra a detalle los eventos protagonizados por el cochabambino, en el año que celebra su 80 aniversario. 







“Este libro es una narración personal, pero también echa un vistazo a una generación política y cultural de jóvenes cristianos, iniciada a principios de los 60 en Bolivia, generación que experimentó una compleja metamorfosis”, describió la editorial Heterodoxia, en un comunicado de prensa. “Las memorias de Araníbar son un testimonio de su época, y quizás un recordatorio de cómo llegamos a tener este presente”, añadieron. 

Araníbar Quiroga nació el 10 de noviembre de 1941. Fue parte de la Juventud Demócrata Cristiana en el período  1962-1969, y en 1978 fue miembro fundador del Frente de Unidad Democrática y Popular hasta 1985. Fue miembro fundador del MIR, llegando a formar parte de su directiva junto con Óscar Eid y Jaime Paz Zamora.  El 15 de enero de 1985, luego de una escisión con los otros líderes, Araníbar funda, junto con  Juan del Granado, el Movimiento Bolivia Libre conocido como el MBL.  

“Una vida se condensa en ese libro, pero sobre todo la travesía de una generación política a la que debemos el poder respirar hoy libertades y pluralismo”, opinó el periodista Rafael Archondo el pasado octubre, sobre esta publicación. “El fundador del MIR y del MBL también fue perseguido bajo el hierro de un gobierno que se proclamó ‘socialista comunitario’.  En consecuencia, es el hombre que además del asedio de las dictaduras militares tuvo que probar el rigor estalinista de un poder erigido en las urnas, pero también en el sometimiento vertical del sistema judicial”, añadió. 

Paz Zamora convoca a expresidentes para ‘frenar abusos en plena democracia’

 “Ante los intentos de restaurar la dictadura, organizarse para resistir”, escribió en su cuenta de Twitter el expresidente Jaime Paz Zamora tras conocerse la aprehensión de la exgobernante Jeanine Áñez junto a dos de sus exministros por el supuesto caso “golpe de Estado”.


De igual manera en una entrevista con un medio de comunicación, anunció que gestiona un encuentro entre exmandatarios del país para asumir una posición sobre la “persecución política y judicial” que afrontan exautoridades del Gobierno transitorio.

En esta oportunidad, Paz Zamora anunció que se contactó con los expresidentes Jorge Quiroga, Eduardo Rodríguez Veltzé y Carlos Mesa, a fin de asumir “acciones conjuntas para frenar los abusos en plena democracia”. El encuentro se llevaría adelante en las próximas horas.

“He pedido organizarse para resistir ante los intentos de restaurar la dictadura. Comités Cívicos, juntas vecinales y otras organizaciones deben hacer los esfuerzos para resistir», exhortó Paz Zamora en contacto con El Deber.

La expresidenta transitoria Jeanine Áñez fue aprehendida en Trinidad, Beni, por el caso “golpe de Estado”. Asimismo, sus exministros Álvaro Coimbra, de Justicia, y Rodrigo Guzmán, de Energías, ahora imputados por los delitos de terrorismo, conspiración y sedición por los hechos de noviembre de 2019 que derivaron en la renuncia del expresidente Evo Morales. (14/03/2021)


Fuente: La razón

Ante agresiones y muertes de mujeres son las víctimas y no los agresores quien sufre las consecuencias.

Cometario ALDHU

Este artículo cuenta la historia de una chica que tomando todas las precauciones posibles fue asesinada en Londres. Por ello la policía de la zona en donde ocurrió el suceso pidió a las mujeres que no salieran a la calle a partir de cierto horario. Si embargo, las víctimas sufren una doble victimización, se preguntan... no sería mejor que existiera un toque de queda para los hombres, ya que ellas no hicieron nada mal?

Según la American Psychological Association (APA), mientras que las mujeres cometen con mayor frecuencia delitos menores, los delitos cometidos por hombres son en mayor medida contra la vida y la propiedad privada.​ Además, se estima que el 70 por ciento de las mujeres de todo el mundo han sufrido violencia física y/o sexual violencia sexual por parte de un hombre en algún momento de su vida.



El enojo por el asesinato de Sarah Everard provoca un cambio en el concepto de 'concesiones de las mujeres'


Artículo de: The New York Times. The interpreter.

 Quizá fue porque los encierros forzados por la pandemia han hecho que las mujeres se aferren a las oportunidades de acceso a los espacios públicos que les quedan. Tal vez fue porque, a pesar de que el movimiento #MeToo ya lleva más de tres años, la policía y la sociedad todavía les piden a las mujeres que sacrifiquen sus libertades para comprar un poco de seguridad temporal.

Todo salió a la superficie cuando Sarah Everard, de 33 años de edad, que desapareció camino a su casa en Londres el 3 de marzo, apareció muerta una semana después aunque había hecho todo lo que debía hacer. Optó por una ruta más larga con mejor iluminación y más poblada. Llevaba ropa de colores brillantes y zapatos que le permitían correr. Se reportó con su novio para avisarle que ya iba camino a casa. Por desgracia, no fue suficiente para salvarle la vida.

Así que la respuesta de las mujeres británicas a las noticias de que la policía iba de puerta en puerta para recomendarles a las mujeres en el barrio del sur de Londres donde desapareció que se quedaran en casa por su propia seguridad fue un torrente de furia y frustración.

Esta situación ha disparado un movimiento social que se percibe un tanto diferente a los anteriores: mujeres de niveles socioeconómicos de lo más diversos exigen seguridad de la violencia varonil y exigen que la policía, el gobierno y los hombres en conjunto tomen a cuestas la carga de garantizarles esa seguridad.

‘Arresten a los suyos’

“¡Oiga usted, señor, quítele las manos de encima a mi hermana!”, coreó la multitud cuando la policía comenzó a sujetar a algunas mujeres para intentar dispersar la vigilia realizada el 13 de marzo por la noche en honor de Everard, quien trabajaba como ejecutiva de mercadotecnia, en un parque del área de Clapham, en el sur de Londres.

“¡Arresten a los suyos!”, gritaron cientos de personas en referencia al agente de policía acusado del asesinato de Everard. “¡Ustedes, policías, a su casa!”.

Si la Policía Metropolitana de Londres se hubiera propuesto exhibir las acciones contra las que las mujeres protestaban, quizá no habrían podido ofrecer un ejemplo más claro que las escenas vistas en ese lugar: policías pisoteando las flores depositadas en un monumento improvisado en recuerdo de Everard y forcejeando con jóvenes consternadas hasta someterlas en el piso.

En los días posteriores a la desaparición de Everard, un grupo autodenominado Reclaim These Streets (Recupera estas calles) anunció que se realizaría una vigilia el sábado por la noche en un parque del sur de Londres. El evento se aprovecharía para recordar a la víctima, para protestar por las instrucciones que la policía les dio a las mujeres de quedarse en casa por su propia seguridad y para exigir en su lugar mayor seguridad en las calles.

Sin embargo, la “Met”, sobrenombre con el que se conoce a la policía de Londres, reiteró su recomendación a las mujeres de quedarse en casa. Por si fuera poco, la policía hizo referencia a las restricciones por el cierre de actividades, con fundamento en las cuales podría imponer multas elevadas si no se cancelaba la vigilia.

A fin de cuentas, las organizadoras claudicaron y suspendieron el evento, en parte porque no soportaban la idea de que les cobraran multas y luego ese mismo dinero se entregara mediante subsidios a la fuerza policiaca contra la que querían protestar, explicó Mary Morgan, escritora y experta en políticas sobre el cuerpo, que fue una de las organizadoras originales del evento. “Solo de pensarlo, se me retuerce el estómago”, señaló en una entrevista.

Independientemente de las intenciones al interior de la Met, el mensaje que les envió a las mujeres de todo el país fue que la policía redoblaba las restricciones a la libertad de las mujeres y no a la violencia de los varones.

“@metpoliceuk de verdad quiere a las mujeres fuera de las calles, ¿o no?”, escribió en Twitter Anne Lawtey, de 64 años, después de que las organizadoras anunciaron que se había cancelado la reunión. Según dijo en una entrevista telefónica, quedó sorprendida de que la hubieran suspendido. “¿Ahora resulta que no podemos hacer una vigilia? ¿Con gente de pie, quieta, en un parque, con cubrebocas?”

De cualquier manera, se presentaron grandes multitudes con velas y ramos de flores, bulbos de flores de azafrán en frascos de vidrio y juegos de macetas con brotes de pensamientos para añadir al montón de ofrendas.

Sin equipo de audio, varias mujeres se treparon al quiosco victoriano que a veces ocupan grupos musicales y en el que se había creado el monumento improvisado en homenaje a la víctima y utilizaron un micrófono humano al estilo del movimiento “Ocupa Wall Street”: la multitud repetía lo que decían para que pudieran escuchar quienes estaban atrás.

“La policía intenta acallar nuestra voz. La policía intenta reprimirnos”, repitieron cientos de voces al unísono. “La policía dice que no podemos organizar una vigilia para conmemorar a Sarah Everard. La policía se atreve a amenazarnos. La policía se atreve a intimidarnos”.

Después, más alto: “NOSOTROS. DECIMOS. NO”.



Concesiones desproporcionadas

Ser mujer es vivir “en un estado constante de concesión”, escribió la autora y columnista Nesrine Malik en su libro titulado “We Need New Stories”.

La desaparición de Everard llamó la atención sobre los términos de un acuerdo para obtener seguridad tan omnipresente que muchas mujeres quizá nunca lo habían considerado así: que a cambio de seguridad con respecto a la violencia masculina, deben hacer las elecciones “correctas”, y que si una mujer no lo hace, será la culpable de su destino.

En línea, varias mujeres compartieron los detalles de su perspectiva de esas renuncias y elecciones: la ropa que visten, los lugares por los que caminan, las personas con quienes se reportan antes de salir y al llegar a casa, cuándo salir solas y cuándo con otras mujeres o con otros hombres.

Algunas reflexionaron sobre sus propias experiencias de haberse librado de una mala experiencia. Nosisa Majuqwana, productora de publicidad de 26 años de edad que vive en el este de Londres, mencionó que les había dicho a sus amigas: “Gracias a Dios llevaba tenis, gracias a Dios llevaba una mochila” la noche que un hombre extraño se le acercó en una vereda desierta, sacó un cuchillo y le dijo que se quedara callada. “Nunca te atreverías a caminar de vuelta a casa en Londres con zapatos altos”.

Sin embargo, la muerte de Everard ha hecho que Majuqwana y muchas otras rechacen de tajo la idea de hacer concesiones.

“No importa qué hagamos las mujeres”, dijo Morgan. “Podemos estar hipervigilantes. Podemos aplicar todas las precauciones que nos han enseñado desde que éramos niñas”.

El asesinato ha “sobrecogido tanto a la gente que han reaccionado y dejado de aceptar que es normal” hacer esas concesiones, dijo Anna Birley, investigadora de política económica y política local en el sur de Londres que también participó en la organización del evento Reclaim These Streets. “Todas las mujeres pueden imaginarse en esa situación”.

¿Quién debería sacrificarse?

¿Por qué las propias mujeres deben soportar la carga de su seguridad en vez de que lo hagan los hombres que son fuente de la mayoría de la violencia en su contra?

“Las libertades de las mujeres se consideran dispensables y desechables, al igual que las propias mujeres en algunas ocasiones trágicas”, señaló en una entrevista Kate Manne, profesora de Filosofía en la Universidad Cornell y autora de dos libros sobre la forma en que el sexismo moldea la sociedad. “Hay una suposición inmediata de que la vida de los hombres no se verá significativamente afectada por esta situación”, así que no se les puede pedir que hagan sacrificios para cambiarla.

Conforme ha aumentado el área de influencia de las mujeres en la vida pública, las diferencias se han vuelto evidentes y dolorosas. El movimiento #MeToo reveló que muchas mujeres abandonaron su empleo o industrias completas para evitar a depredadores como Harvey Weinstein, y el resultado fue que los abusivos pudieron seguir dañando a otras mujeres durante décadas.

Por lo regular, a las mujeres que viven en relaciones abusivas se les recomienda abandonar a sus parejas violentas sin pensar que, de hecho, cuando intentan hacerlo enfrentan los peores niveles de violencia.

Algunas veces el cálculo es más sutil, pero el impacto colectivo no deja de ser significativo.

Un artículo en proceso de Girija Borker , investigadora del Banco Mundial, descubrió que las mujeres en India estaban dispuestas a asistir a instituciones educativas mucho menos prestigiosas y pagar colegiaturas más elevadas con tal de evitar acosos o abusos en sus traslados diarios a las clases. El impacto de esa “elección” en una mujer puede ser difícil de medir, pero entre los miles que documentó en su investigación, es de esperar que tenga efectos en sus ingresos, poder económico y movilidad social.

No obstante, el enojo de las mujeres británicas ha comenzado a cambiar las suposiciones de quién debe hacer sacrificios para lograr que haya seguridad.

Jenny Jones, baronesa e integrante del Partido Verde, sugirió en la Cámara de los Lores la semana pasada que debería haber un toque de queda a las 6 p. m. para los hombres tras la desaparición de Everard. Después aclaró que no era una sugerencia del todo seria, cuando le dijo a Sky News en el Reino Unido: “Nadie protesta cuando, por ejemplo, la policía les recomienda a las mujeres quedarse en casa. Pero cuando lo propongo yo, los hombres se levantan en armas”.

Fuente: The New York Times.