Baltasar Garzón@fibgar_
Carta abierta al presidente de Chile,
Sebastián Piñera
Señor Presidente:
Soy Baltasar Garzón, el juez español que
ordenó la detención de Augusto Pinochet en Londres el 16 de octubre de 1998. No
le conozco, ni he mostrado interés en hacerlo. Sí lo he hecho con todos los
demás presidentes democráticos de su país, al que tanto quiero. Quizás por el
cariño hacia el pueblo chileno y por la defensa que siempre he hecho de las
víctimas, mi defensa de los pueblos originarios y de los más vulnerables, he
decidido dirigirle esta misiva con profundo dolor e indignación por lo que está
ocurriendo en Chile.
Señor Presidente, tal parece que chilenas y
chilenos han dicho basta. Y lo están diciendo fuerte y claro. Se trata de un
estallido social espontáneo que no está dirigido por partido político alguno.
Una simple protesta estudiantil por el alza en el billete de metro, severamente
reprimida por la policía, Carabineros de Chile, fue la mecha que encendió la
rabia y la ira acumulada durante casi treinta años. Ellos han sido los
ejecutores de una medida política ordenada por su gobierno.
Señor Presidente, convendrá conmigo que,
debajo del pretendido milagro económico que muchos atribuyen a Pinochet, un
modelo de desarrollo mantenido por la transición chilena y la posterior
democracia, se esconde el triste récord de ser uno de los diez países más
desiguales del mundo, al mismo nivel de Ruanda, según el índice Gini aplicado
por el Banco Mundial. Es cierto que en el país existe desarrollo y mucha
riqueza, pero sólo para una reducida élite política y empresarial. Así mismo,
Chile posee también unas cifras macroeconómicas inmejorables, con un sostenido
crecimiento durante décadas, pero con un paulatino y constante empobrecimiento
y endeudamiento de la inmensa mayoría de la ciudadanía, que este año alcanzó su
máximo histórico, según la prensa y el propio Banco Central. Su país, señor
Presidente, también ingresó hace años en el selecto club de las naciones ricas,
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), como
flamante país desarrollado, con altos niveles de productividad y competitividad,
pero, nuevamente, a costa de bajos salarios de los trabajadores y de una casi
total desprotección social.
Como la máxima autoridad política, usted debe
saber que la Constitución que rige actualmente en Chile fue adoptada en plena
dictadura militar, mediante la celebración de un referéndum que tuvo lugar
mientras los testaferros de Pinochet torturaban, asesinaban y desaparecían a
los opositores políticos. Esa Constitución experimentó varias modificaciones
para hacer posible la transición y luego la entrada en democracia, y ha sido
reformada después en innumerables ocasiones, pero su espíritu y su orientación
sigue siendo la misma. No hay un Estado “social” y democrático de Derecho, sino
un Estado “liberal” o “neoliberal” o “subsidiario” de Derecho. Ello implica
que, salvo excepciones, los servicios públicos del Estado son de mala calidad,
pensados para personas de muy escasos recursos o indigentes, por lo que quien
quiera acceder a ellos en condiciones adecuadas, debe contratarlos en el mercado.
Así ocurre con la educación, con la sanidad, con las pensiones, con el
transporte y con un largo etcétera. Realmente, pese a los esfuerzos de algunos
gobiernos progresistas, no existe Estado de Bienestar. En la lógica neoliberal
el Estado debe ser pequeño, lo más pequeño posible, por lo que si alguien
quiere acceder a servicios de calidad, debe pagarlos con sus propios recursos,
convirtiendo así a ciudadanas y ciudadanos en meros consumidores de servicios
privados.
Es por ello, señor Presidente, que en los
últimos años se han dejado ver las protestas de estudiantes secundarios y
universitarios, de pensionistas, de trabajadores que reclaman un sueldo digno,
sin que sus demandas hayan sido debidamente atendidas. Se ha hecho patente el
descontento, la falta de expectativas, la indiferencia de las autoridades y sus
promesas incumplidas, sumado a millonarios escándalos de corrupción de grandes
empresas, de políticos, incluso del Ejército, del propio cuerpo de Carabineros
de Chile y, cómo no, de usted mismo. Usted está acusado de enriquecerse
presuntamente en forma ilícita en la dictadura y de evadir impuestos de bienes
inmuebles durante treinta años. Todo ello hizo que una leve alza en el precio
del metro fuera la gota que rebosó el vaso, unida a una descontrolada y brutal
represión policial sobre estudiantes secundarios.
La violencia engendra violencia
Quizás no le guste oír esto, pero usted, como
presidente, frente a una protesta social sin precedentes en democracia, y con
los neoliberales herederos de Pinochet que gobiernan actualmente el país, no
han encontrado mejor salida que implementar una estrategia que conocen muy
bien: acudir al Ejército para que los militares nuevamente salgan a la calle a
reprimir a la gente.
De más está decir que la violencia engendra
más violencia, que no se puede combatir el fuego con gasolina, que con los
militares en la calle tarde o temprano habrá heridos graves y más muertos. El
ejército no está preparado para controlar el orden público, sino para hacer la
guerra, para doblegar al enemigo o destruirlo. Siempre que los militares salen
a la calle, incluso si es para “combatir” o “luchar” en una supuesta guerra a
la delincuencia, las cosas no han hecho más que empeorar. La delincuencia, los
saqueos y desmanes no cesan, sino que a ellos se suma la violencia estatal, que
se ejerce de manera indiscriminada y que luego se oculta de la peor manera para
garantizar su impunidad. Pero, señor Presidente, usted y el gobierno que dirige
se equivocan de objetivo: El pueblo no es el enemigo sino la víctima, y al
pueblo hay que protegerlo y no castigarlo con medidas de excepción.
“¡Hemos perdido el miedo!”, dicen chilenas y
chilenos en redes sociales, “¡Chile despertó!”, es uno de los lemas de este
movimiento social espontáneo que ya comienza a organizarse. “¡Esto no ha hecho
más que empezar!”, aseguran otros. “¡Tenemos que seguir!”, afirma un campesino
al ver cómo ante las protestas, aquel río seco ayer fluye hoy a caudales
después de que una importante empresa liberase el agua injustamente arrebatada
a quienes subsisten de la agricultura.
Por nuestra parte, seguimos y seguiremos muy
atentos a lo que ocurre en Chile. Sepan que las violaciones de los derechos
humanos que se están cometiendo y los crímenes perpetrados en contra de la
población civil, esta vez no quedarán en la impunidad porque, además de la
Fiscalía de Chile y del Instituto Nacional de Derechos Humanos, existe la
Jurisdicción Universal, existe la Corte Penal Internacional, el Sistema
Interamericano de Derechos Humanos y una comunidad internacional atenta y
vigilante, que no permitirá que en Chile se vuelvan a repetir los horrores del
pasado.
No le quepa duda, señor Presidente, que no
somos de la opinión del secretario general de la OEA, que echa la culpa de todo
lo que ocurre en Latinoamérica a Cuba, Venezuela, Rafael Correa, Lula da Silva,
Cristina Fernández de Kirchner o Alberto Fernández y de quienes discrepan de la
ola neoliberal que nuevamente con el patrocinio del norte, como aconteciera en
los años 70, asola el continente. Esta vez no nos vamos a dejar engañar ni
humillar por aquellos que de nuevo quieren avasallar y acabar con la
resistencia y expresión democráticas del pueblo.
Baltasar Garzón es jurista y miembro del
Consejo latinoamericano de Justicia y Democracia.
