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martes, 9 de julio de 2019

Italia condenó a cadena perpetua a 24 jerarcas y represores del Plan Cóndor.



La Justicia italiana condenó a cadena perpetua a 24 jerarcas y militares de Bolivia, Chile, Uruguay y Perú acusados de la desaparición de italianos en la Operación Cóndor, el plan represor en América Latina durante las décadas de 1970 y 1980.
El Tribunal de Apelación de Roma cambia de este modo la sentencia en primera instancia de enero de 2017, que estableció ocho cadenas perpetuas pero absolvió a 19 imputados por haber prescrito los delitos, un fallo que había decepcionado enormemente a los familiares acusadores.
En la primera instancia fueron condenados a cadena perpetua ocho personas, todas en contumacia, sin personarse en Roma, como el dictador boliviano Luis García Meza, fallecido en abril de 2018, y su ministro del Interior, Luis Arce Gómez.

Y también el ex presidente peruano Francisco Morales Bermúdez; su primer ministro Pedro Richter Prada, muerto en julio de 2017; el ex militar peruano Germán Ruiz; los chilenos Hernán Ramírez y Rafael Ahumada Valderrama, y el ex canciller uruguayo Juan Carlos Blanco.
Ahora a estos condenados se suman los ex militares chilenos Pedro Octavio Espinoza Bravo, Daniel Aguirre Mora, Carlos Luco Astroza, Orlando Moreno Vásquez y Manuel Abraham Vásquez Chauan, y el peruano Martín Martínez Garay.
Asimismo los ex militares uruguayos José Ricardo Arab, José Horacio Gavazzo, Juan Carlos Larcebeau, Pedro Antonio Mato, Luis Alfredo Maurente, Ricardo José Medina, Ernesto Avelino Ramas Pereira, José Sande Lima, Jorge Alberto Silveira, Ernesto Soca y Gilverto Vázquez.
La Fiscalía había reclamado cadena perpetua para todos los imputados.
Todos fueron condenados por los delitos de homicidio voluntario y deberán también pagar las costas del juicio y una serie de indemnizaciones a familiares y asociaciones que componen la acusación, como el Frente Amplio uruguayo.
Este proceso comenzó con la denuncia hace exactamente veinte años en Italia, en 1999, de algunos familiares de desaparecidos, un año después de que se ordenara la detención del dictador chileno Augusto Pinochet tras la investigación del juez español Baltasar Garzón.


Fuente: Coopertaiva

lunes, 8 de julio de 2019

Sename: sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos.




Desde hace tiempo que la ALDHU viene denunciando las sistemáticas violaciones a los derechos de los niños por parte del Sename. En el mismo sentido, Ciper Chile, hizo público recientemente el ocultamiento de un informe de la PDI que investigó 240 hogares de menores en 2017 (tanto del estado como concesionados).
En el informe se constataron 2071 abusos, 310 de carácter sexual. Este informe fue entregado a la fiscalía en diciembre de 2018, con copia al gobierno, pero no se hizo público.
Existen algunos puntos oscuros en el manejo del Sename que se han dado a conocer mediente el mencionado informe :
Existe en el 88,3% de centros registros (develaciones, denuncias y circulares) que dan cuenta de posibles vulneraciones a los derechos humanos de los NNA residentes. De ellas, 432 serían denuncias a los adultos responsables.

Señala el informe que "El registro de estas vulneraciones, algunas de ellas bajo la forma de disciplinamiento y castigo, contravienen lo indicado en el Art. 34 de la CDN, que rechaza toda tortura, penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes contra la infancia. En tal sentido, el mismo cuerpo normativo establece el deber de proteger a niños y niñas contra cualquier forma de maltrato por parte de los adultos a su cargo, sean ellos sus padres o sus cuidadores, cuando la tutela del niño se encuentre en manos del Estado (Art. 19). Junto a ello, en Chile, con fecha 6 de junio de 2017 se promulgó la Ley N° 21.013 que tipifica el delito de maltrato y aumenta la protección de personas en situación especial, prohibiendo toda forma de maltrato en el ámbito extra familiar respecto de quienes se mantiene su custodia y/o resguardo".
Este documento constata graves violaciones a los derechos humanos, como ya lo hizo en su día otro documento de la ONU, que investigó la institución tras la muerte de Lissette Villa. Chile es uno de los pocos países democráticos, sino el único, en que la ONU acredita que el Estado viola los derechos de los niños a los que debería proteger.

Fuente: Ciper Chile

La ALDHU, a través de su secretario general Juan de Dios Parra, expresó preocupación ante los hechos conocidos y su la poca respuesta ofrecida por parte del Estado chileno ante tal situación.

domingo, 7 de julio de 2019

Asesinan a comunicador social en Honduras



Se trata de Santiago Carbajal, quien fue atacado a balazos el viernes. Ya son 78 las personas vinculadas a medios de comunicación que han sido asesinadas desde 2001. Honduras atraviesa un complicada crisis política.
Un comunicador social fue asesinado a tiros en el norte de Honduras. De este modo, ya son 78 las personas vinculadas a medios de comunicación que han sido asesinadas desde 2001 en el país centroamericano, denunció este sábado (06.07.2019) un organismo estatal de derechos humanos.
Santiago Carbajal fue atacado a tiros el viernes por desconocidos en la zona de Puerto Cortés, unos 200 km al norte de Tegucigalpa, y llevado a un hospital de San Pedro Sula, donde falleció, según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).

El también miembro de la comunidad LGTBI, que dirigía un programa de revista informativo "La Galaxia de Santy" en un canal de Puerto Cortés, el principal puerto del país.
Añadió que Carbajal es el segundo comunicador asesinado en el año en el país centroamericano. El 27 de marzo pasado fue asesinado Gabriel Hernández al ser atacado a tiros en la comunidad de Nacaome, unos 80 km al sur de Tegucigalpa.
Según el no gubernamental Comité por la Libre Expresión (C-Libre), más del 90% de los asesinato contra periodistas y comunicadores sociales permanecen impunes y no hay investigaciones de los responsables materiales e intelectuales.

Fuente: DW made for minds

viernes, 5 de julio de 2019

Graves violaciones de los derechos económicos y sociales en Venezuela






Graves violaciones de los derechos económicos y sociales en Venezuela

La oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, advirtió que “existen motivos razonables para creer que se han cometido graves violaciones de los derechos económicos y sociales” en Venezuela, según detalla un amplio informe publicado este jueves en el que además denuncia la existencia de tortura y tratos inhumanos contra personas detenidas por el ejercicio de sus derechos civiles. La ONU informó además sobre “135 casos de personas (23 mujeres y 112 hombres) privadas arbitrariamente de la libertad entre 2014 y 2019”. En algunos de estos casos documentados “se sometió a las mujeres y los hombres detenidos a una o más formas de tortura” con “la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencias sexuales, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas”, detalla el documento.
Según el asediado gobierno de Nicolás Maduro, el informe omite en su totalidad los logros y avances alcanzados en materia de derechos humanos y presenta una visión “distorsionada, selectiva y abiertamente parcializada” sobre la situación.
Entretanto, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, convocó para  este viernes a una nueva jornada de manifestaciones en contra de lo que llama el régimen usurpador de Nicolás Maduro. Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, dijo que en el día de los 208 años de independencia de Venezuela, los ciudadanos marcharán “para exigir el fin de las torturas, asesinatos, violaciones de DD.HH. y la intervención cubana”.

Fuente:CNN en español



Fuente:CNN en español

jueves, 4 de julio de 2019

Autopsia al militar venezolano detenido por Maduro


Dos casos de violación de DDHH conmocionan a los venezolanos luego de la visita de la comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet.

"El cadáver del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo muestra 16 costillas rotas y quemaduras por posible electrocución". El examen forense que dio a conocer el fiscal director de actuación procesal (en el exilio) Zair Mundaray revela lo que las denuncias de sus familiares y defensores de derechos humanos habían advertido: el militar fue víctima de tortura mientras estuvo bajo custodia de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en Caracas, Venezuela.
Los detalles hablan del trato cruel que padeció este hombre antes de morir, el pasado 29 de junio en el hospital militar. Su esposa, Waleska Pérez, y el abogado Alonso Medina Roa contaron que Acosta Arévalo fue llevado finalmente al juicio en silla de ruedas, que apenas podía moverse, estaba desorientado y adolorido y alcanzó a decirle a su defensor "Auxilio". Luego de eso el juez ordenó llevarlo al centro de salud custodiado por militares, donde murió.

El hecho ocurrió seis días después de ese 23 de junio cuando Michelle Bachelet, la comisionada para Derechos Humanos de la ONU concluyó su visita oficial en Venezuela, no sin antes dejar recomendaciones. Los tres días de visita –que implicaron reuniones con Nicolás Maduro y sus funcionarios, pero también con el presidente interino Juan Guaidó, víctimas de violación de derechos humanos y directivos de organizaciones independientes– culminaron con un acuerdo con el régimen para establecer dos delegados de su oficina de modo permanente en el país para el monitoreo, asesoría y asistencia técnica.

"Están aquí en Venezuela (los técnicos), pero el acuerdo no se está cumpliendo", denuncia Rafael Uzcátegui, coordinador de la organización venezolana no gubernamental de derechos humanos Provea.

El lunes 1 de julio, Bachelet se vio obligada a expresar su preocupación por los derechos humanos en Venezuela.

martes, 2 de julio de 2019

En dos de julio de 1986 dos jóvenes fueron quemados vivos


En el barrio de los Nogales, en la comuna de Estación Central de Santiago de Chile, durante una protesta realizada en un dos de julio de 1986, una patrulla militar comandada por el teniente Pedro Fernández Dittus, la cual estaba compuesta por 3 civiles, 5 suboficiales y 17 soldados encontraron una protesta. La mayoría de jóvenes pudieron escapar, pero Quintana y Rojas de Negri fueron tomados, rociados con gasolina y prendidos fuego.

Los jóvenes moribundos fueron envueltos en mantas y abandonados en una zanja a unos 20 kilómetros de distancia. Carmen Gloria Quintana sobrevivió y Rojas de Negri murió. Si bien la prensa intentó esconder los hechos y luego intentaron mantener la vigencia de la versión militar en donde se aseguraba que los jóvenes habían sido tomados y puestos al lado de elementos de fácil combustión originando la muerte de uno.
Según el informe de amnistía internacional los testigos y los abogados de las víctimas recibieron amenazas de muerte (tres testigos debieron abandonar el país).
En 2015 se reabrió el caso y el ministro Mario Carroza dictó siete órdenes de detención en contra de funcionarios militares involucrados en el caso.

lunes, 1 de julio de 2019

Colombia, en democracia, acumula más desaparecidos que las dictaduras del Cono Sur


A Colombia, la desaparición forzada se le convirtió en tragedia: 60.630 personas han sido víctimas de este atroz delito entre 1970 y 2015, según un informe del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). En promedio, significa que cada 24 horas hubo tres desaparecidos.
El dato muestra, además, que la desaparición forzada ha cobrado en Colombia, en un periodo de democracia continua, “más que las que ocasionaron sumadas las dictaduras del Cono Sur”, indica el estudio.
En términos absolutos, la cifra en Colombia, durante gobiernos democráticos, supera bastante los números que este delito dejó en las dictaduras de Chile, Argentina y Uruguay juntas: 3.500 casos documentados en el primero, 10.000 en el segundo con una proyección de 30.000 casos y 192 en el último, según reportes oficiales.

Los datos fueron revelados por el más reciente informe del CNMH, un establecimiento público de orden nacional creado en 2011 para recoger toda la información relativa al conflicto armado colombiano.

Al lograr construir una cifra consolidada sobre la desaparición forzada, el reporte sienta un precedente sobre las dimensiones de un crimen que ha sido sostenido en el tiempo, pero que se ha ejecutado de distintas maneras a lo largo y ancho del territorio colombiano. Tanto así que ha estado presente en 1.010 municipios de los 1.115 que tiene Colombia.

La relatora e investigadora de este informe, Martha Nubia Bello, aclaró a CNN en Español que “llegamos a una cifra que avergüenza, que es indignante, pero que está incompleta. Muy seguramente ese número va a aumentar cuando en el país haya unas condiciones que den mayores garantías a las víctimas de denunciar y los procesos de búsqueda sean más dignos… además es un fenómeno tan largo en el tiempo que seguramente hay familiares de víctimas que ya murieron y no los encontraron”.

¿Por qué Colombia superó a las desapariciones en las dictaduras del Cono Sur?
A pesar de constituir el mismo delito, la desaparición forzada en Colombia guarda profundas diferencias con las que se ejecutaron en otros países. Empezando por las circunstancias políticas: en Argentina, Chile y Uruguay el crimen hacía parte del modus operandi de las dictaduras militares. Lo que permitió enfocar esfuerzos hacia un solo lugar para empezar a encontrar respuestas. Mientras que en Colombia se conjugan múltiples perpetradores, a razón del conflicto armado: desde las Fuerzas Armadas, pasando por los grupos paramilitares y bandas criminales, hasta las guerrillas. Pero el principal obstáculo es el silencio.

“Dada la naturaleza de la desaparición forzada, que tiene dos de sus principales atributos en el ocultamiento y la negación, aunado a la eficacia de los actores del conflicto armado para impedir la denuncia de las víctimas, no sorprende que a la hora de establecer los presuntos perpetradores el 51,4% de los casos tenga como autor desconocidos”, explicó el informe del CNMH.
Aún así, del porcentaje restante se ha podido establecer que el 46,1% de los casos corresponden a los grupos paramilitares, el 19,9% a las guerrillas, el 8,8% a los grupos criminales que surgieron tras la desmovilización de los paramilitares, el 8% a agentes del Estado y el 15,9% a un grupo armado que no se identificó.

El Centro Nacional de Memoria Histórica pudo identificar que los actores armados, pese a las diferencias entre ellos mismos, han utilizado la desaparición forzada con tres propósitos:

  • Castigar y dejar mensajes aleccionadores tendientes a inhibir ideologías y prácticas políticas y sociales
  • Generar terror y así ganar y ejercer control, debido al potencial simbólico de este delito.
  • Ocultar crímenes, eliminando los cadáveres de las víctimas y borrando evidencias, para así dificultar que los delitos cometido sean juzgados o para manipular y tergiversar las cifras

Las distintas motivaciones para las desapariciones en Colombia y el contexto del extenso conflicto armado, así como los periodos de violencia por el narcotráfico, explican que este flagelo lleve 45 años sucediendo en el país.

Es decir, las desapariciones en el Cono Sur están atadas a los periodos de las dictaduras: en Colombia no por la misma dinámica del conflicto armado interno. ¿Qué implicaciones tiene esto? Primero que la recurrencia del delito esté sostenida en el tiempo. Si bien para Argentina fue de 1976 a 1983, en Chile de 1973 a 1990 y en Uruguay de 1973 a 1985, en el caso colombiano no puede haber una fecha de corte.

En términos de tiempo, que Argentina tenga en apenas siete años 10.000 casos de desaparición documentados con otros 30.000 proyectados es una cifra elevada. Casi la mitad de lo que registra Colombia en 45 años. Sin embargo, si se mira en detalle entre 1996 y 2005, este país tuvo una escalada en el crimen con 32.249 casos.

Una nueva forma de violencia
Por otro lado, y en palabras de la investigadora Martha Nubia Bello, el conflicto armado también hace que “explicar el fenómeno sea muy complejo porque la desaparición se empieza a mezclar con otras modalidades de violencia y, al no responder a la forma clásica que ha tenido este crimen en otros países, es difícil establecer categorías”.
De hecho, el Centro de Memoria Histórica identificó que los niveles registrados para el delito de desaparición forzada no están al margen de los que se presentan para asesinatos selectivos, masacres y secuestros. Esto quiere decir que hay una motivación fuerte detrás de desaparecer personas: “distorsionar las dimensiones de la violencia”, concretamente. Ahora, a partir de 2004, la desaparición empieza a superar permanentemente los asesinatos selectivos. Una situación que, según la investigación del CNMH, era algo excepcional entre 1970 y 2000.

Desapariciones… en democracia
Y la diferencia que puede ser más marcada entre los casos de Colombia y del Cono Sur: estas cifras ocurrieron en medio de una democracia. De hecho, en el primer periodo analizado por el informe (1970-1981), el Centro Nacional de Memoria Histórica explicó que “el caso colombiano tuvo algunas particularidades que condujeron a que el influjo de la Doctrina de Seguridad Nacional tuviese desarrollos distintos a los de las dictaduras del Cono Sur, lo que llevó a que la desaparición forzada transitara de la marginalidad a la regularidad, pero sin adquirir visos de generalización ni de masividad como se registró en Chile y Argentina”.
Eso, por supuesto, hasta que el conflicto armado se recrudeció unos años después. De ahí que Bello exponga que “nuestra democracia (en Colombia) ha sido una democracia precaria, una democracia con muchas limitaciones, pues no ha sido respetuosa de los derechos humanos”.

Y agregó: “eso está demostrado porque muchas desapariciones están en cabeza de los agentes estatales (2.368 para ser exactos). Además, así no hayan sido perpetradores del crimen, hay un cuestionamiento a toda la institucionalidad por su incapacidad de proteger a los ciudadanos”.

Mientras Colombia intenta caminar fuera un conflicto armado interno que lleva más de medio siglo, sus deudas con los desaparecidos siguen pendientes. La pregunta de las víctimas es: ¿por cuánto tiempo más?


Fuente: Cnnespañol. Por María Camila Rincón Ortega