La Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos, ALDHU, es un organismo internacional no gubernamental, fundado el 13 de Agosto de 1980, en Quito Ecuador, que impulsa la lucha por la construcción, defensa, promoción y observancia de los Derechos Humanos y la democracia en América Latina y el Caribe.
El hecho fue cometido a plena luz del día en Ocaña, Norte de Santander. Según las primeras versiones, fue abordado por hombres armados en su casa.
A Jorge Luis Solano lo asesinaron a plena luz del día, en su casa, en el centro de Ocaña. En el municipio hay consternación por el crimen del líder social y defensor de Derechos Humanos. Se encontraba en el barrio Miraflores y, según las primeras versiones, fue atacado por hombres armados.
Solano era un recocido líder en el municipio, formaba parte de Redepaz, era directivo de Tierra y Vida y miembro de la Mesa Territorial de Víctimas de Ocaña. Aunque contaba con un esquema de protección, había pedido que este fuera reforzado tras amenazas en su contra.
Según el alcalde de Ocaña, Samir Casadiego, los armados tocaron la puerta de Solano y cuando él abrió le dispararon. Además, aseguró que la Unidad Nacional de Protección le confirmó que los escoltas habían salido a almorzar cuando ocurrió el atentado.
La violencia en Ocaña ha recrudecido. Los asesinos de Solano lo mataron en el casco urbano del municipio, pues su casa queda a una cuadra del parque principal y a media cuadra de la Personería.
En la mañana de este martes, el líder había denunciado presunta corrupción en el hospital Emiro Quintero Cañizares. En días pasados también había denunciado irregularidades en la Alcaldía e incluso proponía una revocatoria del mandato.
Hace apenas cuatro días, Solano denunció una campaña de desprestigio en su contra en la que se utilizaba información falsa sobre su vida para tratar de enlodarlo. “No negocio y mucho menos hago caso a ninguna clase de chantajes, pues no le tengo miedo a ningún ser humano y menos a la justicia”, escribió en sus redes sociales. Además, responsabilizó de las amenazas contra él y su familia a “esos falsos perfiles y los entes de control, que no hacen nada para dar con las respectivas identidades de los que los manejan”.
El asesinato de Jorge Solano agudizó la preocupación por la seguridad de los líderes sociales y defensores de derechos humanos en Ocaña. “Nos siguen amenazando, no hay garantías para nosotros, estamos solos. Hay amenazas contra líderes y lideresas, profesores, personeros, rectores. Ahorita tenemos dos lideresas con las casas pintadas con amenazas y nos dice la Unidad Nacional de Protección que tienen bajo riesgo”, aseguró a SEMANA Alba Luz Trigos, encargada para la región del Catatumbo de la Red de Mujeres Comunitarias.
Según el programa Somos Defensores, los asesinatos a defensores de derechos humanos aumentaron en un 61 por ciento en el primer periodo de 2020, en comparación con 2019. Lo cual se traduce en 95 asesinatos, ocurridos en 29 de los 32 departamentos de Colombia. Norte de Santander es uno de los más peligrosos para los líderes: se documentaron 28 casos.
Tras el crimen, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a la UNP a extremar medidas de cuidado sobre personas en riesgo y a realizar una “urgente gestión interinstitucional de Estado para una protección efectiva de apoyo a comunidades impactadas”.
En las próximas horas se realizará un consejo de seguridad en Ocaña, según confirmó el alcalde. “Estoy en espera de la llegada del comandante de Policía del departamento, quien me manifestó que se trasladaba a Ocaña; estoy esperando su llegada para convocar el consejo de seguridad”, dijo.
Voces de rechazo
La Mesa Nacional de Víctimas exigió a las autoridades dar con los responsables del crimen “lo más pronto posible”. Desde la Redepaz, a la que pertenecía Solano, enviaron un mensaje de condolencias a la familia del líder y a sus amigos, al tiempo que condenaron lo ocurrido. “Manifestamos el rotundo rechazo y condenamos a sus autores materiales e intelectuales detrás de este doloroso momento que vive la familia, amigos cercanos y ciudadanía en general. La paz seguirá siendo un propósito de vida, de sociedad y de país, y no debemos desfallecer en este objetivo", aseguraron por medio de un comunicado.
El senador Iván Cepeda (Polo) responsabilizó al Gobierno nacional por la creciente ola de violencia en contra de los líderes sociales en el país. “Están asesinando a los defensores de derechos humanos bajo un Gobierno que ataca el proceso de paz y por eso es cómplice. Hoy fue asesinado el líder de las víctimas en Ocaña, Jorge Luis Solano”.
Por su parte, el senador Gustavo Petro, líder de la Colombia Humana, aseguró que detrás de los asesinatos de líderes sociales hay “sectores del Estado”. “Tengan la seguridad que detrás del asesinato sistemático contra líderes sociales hay sectores del Estado”, advirtió.
Con las fronteras del país cerradas y las fuerzas militares en máxima alerta, Colombia vivió este jueves una masiva jornada de protestas, en su mayor parte pacíficas, convocadas por opositores del presidente Iván Duque y su gobierno.
Las centrales obreras y movimientos sindicales que llamaron a la protesta lo calificaron como "paro nacional" y se registraron protestas en Bogotá y otras grandes ciudades como Medellín, Cali y Barranquilla.
También se presentaron protestas en el extranjero, en países como Argentina, Australia, Alemania, España, Francia Suiza y Reino Unido.
Fuente: Sur Tv
En la capital, donde la jornada terminó con un inédito cacerolazo, durante el día se registraron algunos disturbios tanto en el centro como en el noroeste, donde algunos manifestantes intentaron dirigirse al aeropuerto internacional El Dorado.
Otros se produjeron en Cali, donde el alcalde, Maurice Armitage, decretó el toque de queda en la ciudad a partir de las 7 de la noche de este jueves tras los actos vandálicos registrados en varios puntos de la ciudad.
También se denunciaron actos de brutalidad policial. Diversos medios informan de la golpiza que varios policías le propinaron a una mujer joven en Bogotá hasta dejarla inconsciente. El hecho fue registrado en un video que circula por redes sociales.
Sin embargo, la jornada fue en su mayor parte pacífica, algo que reconoció el propio presidente Iván Duque en un discurso televisado a las 10 de la noche hora colombiana. También se presentaron cacerolazos en Medellín, la segunda ciudad en importancia en el país.
De hecho, nuevos cacerolazos se están anunciando para este viernes en diversas ciudades colombianas para exigir medidas concretas del gobierno luego del multitudinario paro.
Antes del paro, el gobierno implementó de forma previa una serie de medidas en el país, entre ellas el cierre desde primera hora de este miércoles y hasta las 5:00 de la mañana del viernes de los pasos fronterizos de Colombia con Venezuela, Brasil, Ecuador y Perú.
Además se ordenó el acuartelamiento en primer grado (máxima alerta) de las fuerzas militares.
Duque, por su parte, ya en horas de la noche, se refirió a los "actos de violencia atribuibles a vándalos que no representan el espíritu de quienes marcharon".
"Los hechos sucedidos con posterioridad a la marcha son vandalismo puro y no obedecen a una expresión de la voluntad popular", aseguró el presidente.
El mandatario también afirmó que habían sido detenidos "decenas de criminales" a los que van a "aplicarles todo el peso de la ley".
Y sobre el fondo de la protesta, aseguró que el suyo es un gobierno "que escucha y construye".
"El diálogo social ha sido la bandera principal de este gobierno. Debemos profundizarlo con todos los sectores de nuestra sociedad y acelerar nuestra agenda social y de lucha contra la corrupción", afirmó.
Ivan Duque
Estas son algunas de las razones de la protesta.
1. El "paquetazo"
Según los convocantes, el gobierno del presidente Iván Duque prepara un "paquetazo" de medidas que causarán un fuerte impacto económico y social en los trabajadores.
Entre ellas, estaría la propuesta de eliminar el fondo estatal de pensiones Colpensiones, aumentar la edad de jubilación y reducir el salario para los jóvenes hasta ubicarlo en 75% del mínimo, entre otras medidas.
El gobierno ha negado la veracidad de muchas de estas medidas, asegurando que no es cierto que haya presentado al Congreso las reformas laboral y de la seguridad social que denuncian los sindicatos y que todo deberá ser objeto de negociación.
Pero aunque en los actos públicos de los últimos días de Duque y sus ministros han estado dedicados a explicar la posición oficial al respecto, varias de las medidas han sido esbozadas públicamente por personas u organizaciones próximas al gobierno, incluyendo al expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, líder del oficialista Partido Centro Democrático.
2. La educación
A las manifestaciones acudieron también estudiantes de universidades públicas y privadas que se han movilizado en varias ocasiones durante el último año.
Reclaman más inversión en educación y el cumplimiento de acuerdos firmados el año pasado después de más de dos meses de protestas y que incluyen inversiones para las universidades de unos US$1.300 millones.
Los estudiantes también marcharon contra la brutalidad policial en las protestas, en especial del escuadrón antidisturbios, y por el combate a la corrupción en varias universidades.
Sin embargo, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, asegura que el gobierno sí está cumpliendo y prueba de ello es que se ha destinado a Educación unos recursos "nunca antes vistos".
3. Matanzas de indígenas, líderes sociales y exguerrilleros
Los manifestantes también reclamaron medidas de protección efectivas para indígenas y líderes sociales, blanco de una ola de asesinatos que se ha cobrado la vida de decenas de ellos desde que Duque llegó al poder, hace 15 meses.
La situación es particularmente delicada en el departamento del Cauca, una región montañosa del suroeste colombiano, que vive sumido en una espiral de violencia por la presencia de grupos armados, disidencias de las FARC, paramilitares y bandas de narcotraficantes.
Miguel Ceballos, alto comisionado para la paz nombrado por el presidente Duque para liderar un plan de acción social para el Cauca tras los últimos asesinatos ocurridos en octubre, anunció una inversión cercana a los US$390 millones para subvencionar proyectos y procesos de emprendimiento, construir infraestructuras y mejorar la cobertura sanitaria y educativa en la región.
Además, el presidente colombiano anunció el despliegue de 2.500 militares en la región, medida cuestionada por algunos líderes indígenas que creen que la militarización no soluciona el problema.
De acuerdo con recuentos de organizaciones sociales, en Colombia ocurrieron más de 400 asesinatos, líderes sociales, defensores de medio ambiente, activistas y también exguerrilleros de las FARC en los últimos cuatro años.
4. El cumplimiento del proceso de paz
Las organizaciones sociales también reclaman al gobierno un mayor compromiso con la implementación del acuerdo de paz con las FARC alcanzado en 2016.
En particular, y relacionado con el punto anterior, critican duramente lo que consideran un incumplimiento por parte del gobierno respecto al punto 4 del acuerdo que habla de la sustitución gradual y voluntaria de los cultivos de uso ilícito por otras alternativas de subsistencia para las comunidades más pobres.
Esto, según los expertos, está contribuyendo a la crisis de inseguridad que vive población indígena en el país.
En abril de este año, Duque presentó seis cuestionamientos a la ley de la justicia para la paz, lo que le provocó una ola de críticas e incluso protestas callejeras.
Aquella decisión, que fue sugerida por Álvaro Uribe apenas unos días antes, provocó que defensores del acuerdo con la exguerrilla FARC acusaran al mandatario de "permitir morir la paz" y de ser tildado por columnistas como "subpresidente".
Por otro lado, recientemente se han llevado a cabo operaciones contra la disidencia de las FARC. En la última, en un caso que estremeció a la sociedad colombiana, al menos ocho menores de edad (algunos medios hablan de 18) murieron en un operativo de las fuerzas de seguridad a un campamento guerrillero.
La muerte de los menores, incluida una niña de 12 años, un adolescente de 15 años y otra menor de 16, había sido ocultada por el gobierno -que solo había hablado de una impecable y exitosa operación- pero fue revelada en el congreso, costándole el puesto al ministro de Defensa Guillermo Botero.
Las críticas contra Botero se habían agravado en mayo pasado cuando un reportaje de The New York Times revelaba que el alto mando ordenó a los militares que doblaran "el número de criminales y guerrilleros que matan, capturan o fuerzan a rendirse en combate (y posiblemente admitiendo un mayor número de víctimas civiles)".
Esto hizo recordar directivas similares que, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, condujerom a la ejecución por parte del ejército de miles de jóvenes que luego fueron presentados como guerrilleros, en lo que se conoció como los "falsos positivos".
La combinación de estos factores han generado un clima de descontento con el gobierno de Duque, cuya popularidad pasa por sus horas más bajas desde su llegada al gobierno en agosto de 2018.
Una encuesta de la empresa Gallup correspondiente a octubre de 2019 ubicó el nivel de desaprobación de Duque en 69%, mientras que su aprobación era de 26%.
Por lo que este paro nacional representa, para Duque, una de las pruebas más difíciles hasta ahora en su mandato.
