Al cada vez más frecuente hostigamiento y recaptura de
presos políticos, excarcelados este año y, en teoría, protegidos por una
amnistía, se suman ejecuciones sumarias y asesinatos selectivos de campesinos
opositores.
Managua. Cerca de 700 personas que fueron encarceladas en
2018 en Nicaragua por protestar contra el presidente Daniel Ortega salieron de
prisión este año, como parte de una negociación entre el gobierno y la
oposición. Sin embargo, muchos de ellos sufren ahora amenazas de paramilitares,
asedio de la Policía, retención migratoria y varios ya han sido recapturados.
Los principales organismos de derechos humanos del país
llaman la atención sobre el fenómeno, que atribuyen a una "nueva fase de
la represión” para acallar la disidencia y evitar una nueva rebelión cívica.
"Hay un hostigamiento permanente a los ex presos
políticos, porque Ortega pretende destruir su liderazgo”, dijo a DW la abogada
Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
Este organismo sigue trabajando en el país aunque con
mínimos recursos, pues fue intervenido y saqueado por la Policía en diciembre
pasado, cuando Ortega clausuró nueve ONGs a las que acusó de "terroristas”
y "golpistas”.
Núñez dijo que el país vive "una nueva etapa de la
represión”, que consiste en la persecución e intimidación de personas que
participaron en las protestas, en especial, expresos que se convirtieron en
figuras mediáticas.
Nuevo liderazgo. Los líderes estudiantiles y expresos Edwin
Carcache, Nahiroby Olivas y Chéster Navarrete han denunciado asedio policial
frente a sus viviendas en Managua, León y Masaya, mientras el joven Byron
Estrada fue retenido y sometido a interrogatorios de oficiales de Migración en
la frontera con Costa Rica.
En la misma frontera también retuvieron, a mediados de
agosto, durante más de cinco horas, a Olesia Muñoz, activista opositora de
Niquinohomo, junto al líder gremial de los panaderos, Ermis Morales, según
denunciaron a la prensa.
Y la estudiante belga-nicaragüense Amaya Coppens, que estuvo
presa nueve meses, dijo que fue detenida por policías que, sin dar
explicaciones, requisaron su vehículo. También su casa en la ciudad de Estelí
(norte) fue rodeada y asediada por patrullas este mes.
La Policía instaló patrullas el fin de semana frente a la
vivienda de los hermanos Esteban Lesage, tres jóvenes músicos de la ciudad de
Jinotepe (sur) que estuvieron presos por
su participación en las protestas.
Estos hostigamientos ocurren a pesar de que todos los
exprisioneros están, en teoría, amparados por una Ley de Amnistía, que el
Parlamento dominado por los sandinistas aprobó a mediados de junio.
"No es casual que las víctimas sean excarcelados que
tuvieron mayor protagonismo. Ortega tiene miedo de que se conviertan en la
cabeza de un liderazgo nuevo, de gran fuerza y sin vinculación con partidos
políticos, lo que les da más credibilidad y simpatía”, señaló Núñez.
Ejecuciones sumarias.
Otra situación que preocupa a los defensores de derechos
humanos es el aumento de los asesinatos en zonas rurales de Nicaragua,
especialmente de personas involucradas en protestas en 2018.
"Esto es sumamente grave. Se está reeditando el
fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales al amparo de una amnistía”, observó
la presidenta del Cenidh.
En 1990, la flamante presidenta Violeta Chamorro, que
derrotó a Ortega en las urnas y lo desplazó del poder, decretó una amplia
amnistía, que cubrió por igual a los soldados del Ejército como a los
"contras” antisandinistas, y proclamó una "reconciliación nacional”.
Sin embargo, varios "contras” aparecieron muertos en
carreteras y poblados del interior. Su principal jefe, Enrique Bermúdez
("Comandante 380”), fue ejecutado en 1991 frente a un hotel en Managua, un
sonado crimen que nunca se aclaró y que fue atribuido a la seguridad del Estado
sandinista, que operaba aún con Ortega en la oposición.
En las últimas semanas, el Partido Liberal denunció que
varios de sus representantes y alcaldes municipales en el norte han sido
"perseguidos y asesinados” por presuntos activistas sandinistas. Según la
prensa, una decena de personas ligadas a la oposición fueron ejecutadas en la
frontera con Honduras.
Cadena de delaciones. "De fines de junio a inicios de
agosto se reportaron dos asesinatos de campesinos por semana. En todos los
casos hubo disparos por armas de guerra y huellas de tortura, y todos fueron
adjudicados a paramilitares”, explicó a DW Haydeé Castillo, defensora de
derechos humanos y directiva de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco
(UNAB).
Activistas liberales en la provincia de Jinotega (norte) han
dicho que los paramilitares estarían coordinados con organismos barriales
sandinistas, con la Policía y con la inteligencia del Ejército, en una
"cadena de delaciones” para descubrir y "neutralizar” a opositores.
"Las ejecuciones sumarias y los asesinatos selectivos
en el campo están mostrando una nueva oleada represiva, que ahora significa
aplicar la pena de muerte a todo aquel que piense diferente”, advirtió
Castillo.
"Si no los pueden asesinar, los encarcelan o los
empujan al exilio”, añadió la opositora, que tuvo que abandonar el país por
amenazas. Según el último reporte de la Organización de Naciones Unidas para
los Refugiados (ACNUR), más de 80.000 nicaragüenses han abandonado el país a
causa de la crisis de 2018.
Castillo dijo que estas "ejecuciones sumarias”
constituyen crímenes de lesa humanidad y pidió a la Organización de Estados
Americanos (OEA) que aplique "con suma urgencia” el artículo 21 de la
Carta Democrática, a fin de que el gobierno de Nicaragua sea separado del
organismo hemisférico.
El Consejo Permanente de la OEA se reunirá el próximo
miércoles 28 para tratar la crisis de Nicaragua, y es posible que ese día quede
formada una comisión especial encargada de contribuir a una salida pacífica para
este país.
Juan de Dios Parra, Secretario General de la ALDHU, comentó:
“el contexto socio-político nicaragüense es muy complicado; las represalias
contra las personas opositoras al Presidente no mejoran su situación, sino que
la empeoran. Respetar a la población es un primer paso para construir un país democrático”
