Por caso relacionado con la defensa e investigaciones de
torturas sistemáticas cometidas contra reos, por parte de autoridades de
Chiapas.
Chiapas. Un mensaje con amenazas de muerte, y una pinta
hecha con sangre, recibieron el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de
las Casas (Frayba), el centro humanitario más importante de Chiapas, fundado
por el obispo Samuel Ruiz García.
De acuerdo a la denuncia que este lunes realizó el Centro,
la primer amenaza se recibió el pasado 12 de noviembre, cuando aproximadamente
a las 22:00 horas, un coche negro con los vidrios polarizados dejó un sobre al
interior del domicilio de una defensora del Colectivo de Familiares de Presos
en Lucha.
El Colectivo labora en coordinación con el Frayba, en la
documentación de casos de tortura cometidos por autoridades del gobierno de
Chiapas, principalmente integrantes del Poder Judicial, contra reos indígenas
que de esa forma fueron obligados a firmar declaraciones inculpatorias.
Más de 60 casos han sido documentados por el Frayba, quien
también lleva la defensa para conseguir la libertad de algunos de estos
indígenas presos en diferentes cárceles del estado, y denuncias penales contra
los agresores, en la Fiscalía contra la Tortura. También se llevó el caso ante
el Comité contra la Tortura de la ONU.
El mensaje del 12 de noviembre estaba elaborado con recortes
de periódico que decía: “Faro: catastrófico aviso, clama por ayuda (por
seguridad se omite el nombre de la defensora) está en peligro de muerte, la
vida es muy corta la muerte es inevitable, una más, noviembre, cuídala trata de
salvar su vida”. Pedro Faro es el director del Frayba.
Una semana después, el 19 de noviembre, a las 8:25 horas, se
descubrió en el domicilio de la defensora un nuevo mensaje en donde escribieron
su nombre al parecer con sangre. Más tarde ese día “se encontró una publicidad
relacionada con una funeraria, en la casa de un integrante del Frayba”.
El centro humanitario denunció que a la par de estas
amenazas, ha habido vigilancia y hostigamiento tanto a las familias de los
presos como a las organizaciones y colectivos que los acompañan.
Estas acciones ya fueron denunciadas en el Mecanismo de
Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de
Gobernación, “a la fecha, no se ha obtenido una respuesta adecuada de
protección por parte de los mecanismos del Estado mexicano”.
También se interpuso interpuso una denuncia ante la Fiscalía
General del Estado de Chiapas por las amenazas. “Sin embargo, la garantía y
protección no sea hecho efectiva de parte del Estado mexicano, minimizado la
situación de riesgo que por las circunstancias valoramos que vienen de agentes
del propio Estado”, denunciaron los afectados.
El Frayba añadió que a un año de gobierno de Rutilio
Escandón persiste la omisión, la indiferencia y la nula respuesta hacia la
situación de los derechos humanos; resultando la obstrucción hacia la
reivindicación de justicia y discriminación para las personas de pueblos
originarios.
Exigieron a los gobiernos federal y estatal cesar las
amenazas de muerte, vigilancia, intimidación y hostigamiento hacia quienes
integran el Colectivo de Familiares de Presos en Lucha y del Frayba, así como
de sus redes de solidaridad; y garantizar la vida, seguridad e integridad
personal de las defensoras y defensores mencionados, así como de los presos que
se organizan en La Voz de Indígenas en Resistencia, La Verdadera Voz del Amate
y Viniketik en Resistencia, en la que se agrupan los reos torturados.
Se hizo especial incapié en la demanda para implementar las
medidas inmediatas para obtener la libertad de los reos Juan de la Cruz Ruiz,
Adrián Gómez Jiménez, Abraham López Montejo, Germán López Montejo y Marcelino
Ruiz Gómez.
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