La comunidad internacional ha intensificado este lunes la
presión sobre el Gobierno de Nicaragua para que cese
la represión y desarme a los paramilitares después de casi 300 muertos durante
tres meses de protestas exigiendo la salida del poder del presidente Daniel
Ortega. Estados Unidos, 13 países latinoamericanos y el secretario general de
la ONU, Antonio Guterres, pidieron al Ejecutivo de Ortega el fin de la represión de las manifestaciones que desde el pasado 18 de abril inundan las calles del
país centroamericano. Guterres clamó por un cese inmediato de la violencia y se
atrevió a señalar la responsabilidad del mandatario, al menos de manera
indirecta.
“El número
de muertos ya es un número totalmente inaceptable. Es evidente que hay un uso
letal de la fuerza por entidades ligadas al Estado que no es aceptable. Por eso
mismo es tan importante que termine la violencia y que el diálogo político
permita encontrar una solución inclusiva”, dijo el secretario general de la ONU
en San José, a 400 kilómetros de Nicaragua, durante una visita para participar
en la conmemoración de los 40 años de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH).
Guterres
aseguró que el sistema de Naciones Unidas ha intervenido dentro de sus márgenes
mediante el Alto Comisionado para los Derechos Humanos. También sugirió el
abordaje regional de la crisis en Nicaragua en el seno del Sistema de
Integración Centroamericana (SICA).
A su
lado, el presidente costarricense, Carlos Alvarado, condenó de nuevo la
violencia ejercida contra los estudiantes universitarios perpetrada el fin de semana,
mientras se prepara para atender un aumento en la llegada de migrantes
nicaragüenses que se declaran perseguidos o que han perdido sus empleos durante
esta crisis.
Paralelamente
13 países de América Latina, entre ellos México, Brasil, Argentina y Chile,
exigieron el "cese inmediato a los actos de violencia" en Nicaragua y
el "desmantelamiento de los grupos militares". Argentina, Brasil,
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá,
Paraguay, Perú y Uruguay publicaron un comunicado conjunto que fue dado a
conocer por el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino. Los Gobiernos de
estos 13 países denunciaron la "violación de los derechos humanos y las
libertades fundamentales" en Nicaragua. En la misma declaración pidieron
"la celebración de elecciones libres, justas y oportunas, en un ambiente
libre de miedo, intimidación, amenazas o violencia", señala el
texto.
Por su
lado, el Departamento de Estado de Estados Unidos condenó los recientes ataques
contra estudiantes, periodistas y miembros del clero en Nicaragua y advirtió al
presidente Daniel Ortega de que cada nueva víctima en las protestas "mina
aún más" su legitimidad. Washington, que ha sido muy crítico con el
mandatario, reiteró su petición para que se celebren elecciones
"anticipadas, libres, justas y transparentes" como vía para salir de
la crisis.
En
tanto, el ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, aseguró en
Bruselas que en Nicaragua "la situación va de mal en peor", y anunció
que se reunirá con el ministro para Políticas Nacionales de Nicaragua, Paul
Oquist, para abordar la situación.
La CIDH
—un órgano que forma parte de la OEA— ha asegurado que ya van 264 muertos desde
que se iniciaron las protestas, mientras que la Asociación Pro Derechos Humanos
de Nicaragua calcula que son 351 personas fallecidas y miles de heridos.
Frente a
los 150 muertos que ha dejado la represión en Venezuela en todo el año, en Nicaragua se ha
registrado el doble en solo tres meses. La embestida diplomática pone fin al
largo silencio de la comunidad internacional y sucede después de un violento
fin de semana. El domingo murieron al menos 12 personas cuando policías y
paramilitares arremetieron contra la ciudad rebelde de Masaya, 35 kilómetros al
sur de Managua, y comunidades vecinas para levantar los bloqueos de carretera.
El sábado habían muerto dos de los casi 200 estudiantes que se habían atrincherado en la Universidad (UNAN) y una
iglesia y fueron asediados durante casi 20 horas por bandas paramilitares.
La
vicepresidenta y esposa de Daniel Ortega, Rosario Murillo, ha asegurado este
lunes que el Gobierno actúa para liberar el territorio de los bloqueos de
carreteras y para "restaurar la paz". Ha afirmado también que las
protestas responden a "un plan terrorista y golpista acompañado por una
infame y falsa campaña mediática nacional e internacional. El golpe lo quiso
imponer esa minoría llena de odio, esa minoría siniestra, maligna, pero no lo
lograron ni lo lograrán".
Por su
parte, la Iglesia católica denunció la "falta de
voluntad política del Gobierno" para dialogar con la opositora Alianza
Cívica. El diálogo está suspendido desde el 18 de junio y
desde entonces los obispos han intentado sin éxito convocar nuevos encuentros.
La mecha
que prendió el levantamiento popular fue una controvertida reforma del sistema de pensiones que finalmente el Gobierno dejó
sin efecto. Sin embargo, el hartazgo y el nepotismo del matrimonio
derivaron en una larga y sangrienta protesta que dura tres meses. La oposición
los acusa de instaurar una dictadura y exige convocar en marzo las elecciones
presidenciales previstas para 2021.
La información es de www.elpais.com : https://elpais.com/internacional/2018/07/17/america/1531796427_481876.html
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