Juan de Dios Parra, abogado, secretario general de ALDHU, valoró la aprobación de OEA con relación a la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ya que según sus declaraciones "tras casi dos décadas de trabajo y diálogo, las naciones hoy finalmente comienzan a demostrar con trabajo y hechos que quieren avanzar en desarrollo respetando las costumbres ancestrales".
Un paso histórico: tras 17 años de negociaciones, la
OEA aprobó la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas. Ahora, los Estados deben demostrar que hablan en serio.
El 15 de junio
pasado fue un día histórico en el continente americano pues, tras 17 años de
negociaciones, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos
(OEA), reunida en República Dominicana, aprobó la Declaración Americana sobre
los Derechos de los Pueblos Indígenas.
La Declaración es una gran razón para celebrar, pues implica avances en
temas importantes como el compromiso de los Estados de respetar los derechos de
los pueblos indígenas, especialmente los derechos a la tierra, territorio y a
un ambiente sano; y de respetar el desarrollo sostenible. Además, reconoce que
la violencia contra las mujeres indígenas “impide y anula el goce de los
derechos humanos y libertades fundamentales”.
También reitera el derecho de los
indígenas a participar en asuntos que afecten sus derechos y a ser sujetos de
procesos de consulta previa y de consentimiento libre, previo e informado,
particularmente respecto de afectaciones a su territorio.
Necesidad de una justicia efectiva
Al mismo tiempo en que se aprobaba la Declaración, tuvo lugar una acción
global que pidió justicia para Berta Cáceres —líder ambientalista, defensora de
derechos humanos y del pueblo indígena Lenca en Honduras—, asesinada el 3 de
marzo pasado. Más que una coincidencia, estos dos hechos simultáneos evidencian
la necesidad diaria e imperiosa de justicia efectiva en la región, sobre todo
respecto de violaciones de derechos humanos causadas por proyectos extractivos,
energéticos, turísticos y de infraestructura; algo que se ha vuelto una
constante en América Latina. Evidencian además la urgencia de que las
declaraciones y obligaciones internacionales en materia de derechos humanos se
concreten en la práctica.
El asesinato de Berta estaba anunciado. La Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) le había otorgado medidas cautelares que el Estado de
Honduras incumplió. Dos días después de su muerte, la Comisión otorgó medidas cautelares al Consejo Cívico
de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), la organización
que Berta dirigía. Pese a ello, Nelson García, uno de sus miembros, fue también
asesinado días después. El pedido principal de acción global fue la creación de
una Comisión de Expertos Independientes que apoyen la investigación sobre los
asesinatos y ayuden a encontrar la verdad.
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