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| Pueblos indígenas son criminalizados en América Latina |
Golpistas, terroristas,
opositores y saboteadores, entre otros han sido los calificativos que gobiernos
de la región han usado estos últimos años para referirse a las acciones del
movimiento indígena en Sudamérica; consecuente con esto, líderes indígenas, activistas
y organizaciones de apoyo en su defensa han denunciado ser víctimas de
persecución política y judicial...
(Mareille Cauthin. Rebelión) Golpistas,
terroristas, opositores y saboteadores, entre otros han sido los calificativos
que gobiernos de la región han usado estos últimos años para referirse a las
acciones del movimiento indígena en Sudamérica; consecuente con esto, líderes
indígenas, activistas y organizaciones de apoyo en su defensa han denunciado
ser víctimas de persecución política y judicial, a tal extremo que la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha hecho una mención especial a la
situación de riesgo de líderes y lideresas indígenas e hizo pública su
preocupación sobre las sistemáticas agresiones, amenazas y actos de
hostigamiento que padecen (1).
Las
cifras demuestran la magnitud de estas aseveraciones: organizaciones indígenas
de Ecuador denuncian el procesamiento de 194 indígenas por sabotaje y
terrorismo; mientras en Bolivia 24 altos dirigentes y dirigentas indígenas y no
indígenas -que participaron de una marcha en 2011- son investigados por delitos
de secuestro e intento de homicidio. A esto se suman situaciones crónicas como
la peruana: los últimos diez años se han abierto procesos penales contra
decenas de dirigentes y campesinos peruanos por delitos de secuestro, lesiones
y daños a la propiedad provocados durante manifestaciones contra empresas
privadas; por la misma causa en Chile más de cien mapuches han sido acusados al
amparo de la Ley Antiterrorista y se han abierto causas contra el pueblo rapa
nui.
En ese
contexto no suena ajena la posición pública de la Coordinadora Andina de
Organizaciones Indígenas (CAOI) (2) -que aglutina a Bolivia, Ecuador, Colombia
y Perú- que ha exigido públicamente el 15 de marzo pasado el cese de la
criminalización y persecución de indígenas, la anulación de procesos y la
dotación de garantías para el ejercicio de sus derechos, entre ellos el derecho
a la protesta. Para la CIDH, “la persistencia de los ataques” buscan “reducir
las actividades de defensa y protección de territorios y recursos naturales,
así como la defensa del derecho a la autonomía e identidad cultural” de
los pueblos indígenas, ataques se dan a través de la criminalización, la
intimidación y la estigmatización.
Intereses
de izquierda, de derecha y de las transnacionales
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| Represión y pobreza es el destino de los pueblos originarios |
Con el
tiempo se ha hecho evidente la ruptura del pacto político y las alianzas entre
el movimiento indígena y gobiernos como el boliviano, el ecuatoriano, el
brasileño e incluso el peruano, los cuatro países de amplia población indígena.
De hecho presidentes como Evo Morales (Bolivia) y Rafael Correa (Ecuador) se
apoyaron en estos movimientos electoral y discursivamente, los comprometieron
en procesos constituyentes y les reafirmaron el cumplimiento de derechos
colectivos, pero han sido los primeros en poner límites a las prerrogativas
indígenas a favor de proyectos de inversión extranjera en sus territorios.
En otras
palabras, no se han modificado la lógica de contraponer intereses privados en
desmedro de los derechos colectivos. En ese sentido, el movimiento indígena se
enfrenta a millonarios proyectos de infraestructura, privatización del agua,
concesiones petroleras, gasíferas, mineras y forestales, e incluso cuestiona la
tenencia y distribución de la tierra: en Bolivia se enfrentan a un proyecto
carretero de 400 millones de dólares que atraviesa el territorio indígena
TIPNIS, en Perú se oponen a la explotación de oro por la minera Yanacocha que
invertirá 4.800 millones en Cajamarca y en Brasil buscan evitar la construcción
de una hidroeléctrica que costará 11.000 millones de dólares, entre otros
casos.
Para la
CIDH es sintomático que atropellos contra los derechos humanos, hostigamiento,
agresión y ataques van en aumento a medida que se incrementan los conflictos
con “sectores de gran poder económico, como lo son las empresas que
lideran proyectos de las industrias extractivas”; de hecho, la CIDH ha
ubicado los conflictos sobre megaproyectos en la misma categoría de países con
quiebres democráticos, conflicto armado interno o enfrentamiento con grupos del
crimen organizado.
Al mismo
tiempo, esta situación de vulnerabilidad se incrementa con la paulatina
militarización de territorios indígenas y violencia policial como se ve en los
casos de Bolivia, Chile y Colombia. En Bolivia el territorio indígena del
TIPNIS ha denunciado la invasión de la Armada Naval para intimidar y perseguir
a la dirigenciaiii: “Ahora vinieron al TIPNIS a militarizarlo, a dar
miedo a la gente humilde como nosotros”, denunciaba la dirigenta Miriam
Yubanore. En tanto que en Chile el pasado 23 de marzo, 30 policías y 15
funcionarios municipales desalojaron "en forma muy violenta" a
un comunario de Tekel Mapu, pero estos casos de violencia policial son
recurrentes para los mapuche y las organizaciones que defienden sus derechos: "es
un tema triste y avergonzante para la sociedad chilena", dijo la ONG
Comisión Ética contra la Torturaiv, ya que en 2010 sucedió otra violenta
represión contra el pueblo rapa nui. En Colombia la situación de los grupos
armados en conflicto y la militarización de las zonas rurales ha desencadenado
en muertes y desplazamientos de indígenas.
Las
últimas acusaciones en Ecuador ocurrieron con motivo de la Marcha Plurinacional
por la Vida, el Agua y la Dignidad de los Pueblos, que llegó a Quito el 22 de
marzo. En operativos realizados días antes de iniciarse la marcha, el Gobierno
detuvo a una decena de jóvenes (estudiantes y activistas) y los acusó de
planificar actos sediciosos y de pertenecer a grupos subversivos irregulares. En
su defensa los detenidos sostuvieron que son simpatizantes y militantes del
Partido Marxista Leninista Ecuatoriano (PMLE), vinculado al partido Movimiento
Popular Democrático (MPD), como declarara el director del MPD, Luis Villacís.
No solo
organizaciones políticas que apoyan al movimiento indígena son acusadas,
Humberto Cholando, principal dirigente de la Confederación de Nacionalidades
Indígenas de Ecuador (CONAIE), ha dicho que una de las demandas de la marcha es
el cese de la criminalización y judicialización de 194 indígenas, y señaló que
el gobierno en lugar de atender sus demandas “se apresuró a calificar
la marcha de ‘golpista’, de ‘intento de desestabilización del régimen’ y
‘desestabilizar la democracia’” (5). Estas mismas quejas fueron
elevadas ante la veeduría internacional del ex juez Baltazar Garzón por las
organizaciones indígenas CONAIE, Ecuarunari y Pachakutik que representan a
pueblos indígenas amazónicos, de costa y sierra.
En la
misma lógica, en Bolivia en este momento 24 dirigentes indígenas entre hombres
y mujeres de los pueblos mojeño, yuracaré, chimán, quechua, aymara, guaraní,
entre otros, además de la fundadora de la Asamblea Permanente de Derechos
Humanos de Bolivia (APDHB) y otros defensores y activistas de derechos
indígenas forman parte de la investigación judicial del gobierno por el delito
de“tentativa de homicidio” y “lesiones graves y leves”.
Esta acusación se basa en los hechos ocurridos entre el 24 y 25 de septiembre
de 2011 mientras se desarrollaba la VIII Marcha en Defensa del Territorio
Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), que logró una Ley que
prohíbe la construcción de la millonaria carretera que atravesaría su
territorio y comprometería su hábitat, este proyecto es financiado por Brasil y
ejecutado por la empresa brasileña OAS. Mientras el gobierno boliviano los
acusa de estos delitos, los indígenas acusan al gobierno por la violenta
represión policial del día 25, en la que 600 policías gasificaron, torturaron,
agredieron y secuestraron a dirigentes y a más de 800 marchistas.
Organizaciones
como la Central de Pueblos Étnicos Moxeños del Beni (CPEMB) y la Confederación
de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) denunciaron en varias resoluciones las “acciones
de amedrentamiento y persecución de la Fiscalía” contra indígenas, “por
delitos que nunca cometieron ni se dieron en la realidad”. El ex dirigente
de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), Celso Padilla, ha denunciado
hostigamiento y persecución política ante el Concejo Continental del Pueblo
Guaraní que agrupa a Brasil, Argentina, Paraguay y Bolivia: “en Bolivia
hay una coyuntura represiva de los principales líderes y quien habla es uno de
los blancos del gobierno”, sostuvo.
En ambos
casos los gobiernos de turno han desmentido o minimizado los actos de criminalización
del movimiento indígena, incluso apelando a calificativos que desmerecen a la
dignidad indígena: el presidente Correa se ha referido a los indígenas
participantes de la marcha como “cuatro emponchados y emplumados” (6).
Estas declaraciones no son distintas a las que Evo Morales hiciera respecto a
las indígenas que se oponen a la carretera a través de su territorio, incitando
a seducirlas para que acepten el proyecto: “conquistar a las compañeras
yuracarés trinitarias para que no se opongan a la construcción del camino” (7),
dijo.
Perú y
Chile: pugnas contra intereses privados
La CAOI
también ha denunciado que existen decenas de dirigentes y comunarios peruanos
víctimas de persecución policial y con procesos penales en su contra por
participar en protestas antimineras. Entre diciembre de 2011 y marzo de 2012 se
arrestaron a dirigentes del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca y de la
Plataforma Institucional de Celendin (8), acusados de "atentar
contra los servicios públicos, producto de la protesta social" contra
el proyecto minero Conga de la empresa Yanacocha, que planea drenar cuatro
lagunas. El presidente del Consejo Regional, Elzer Elera López, denunció que
habría un plan de detención de personas, autoridades y líderes sociales.
Previo a
estos nuevos conflictos, la Confederación Nacional de Comunidades del Perú
Afectadas por la Minería (CONACAMI) ha recordado su preocupación por el proceso
que se sigue a 17 campesinos por participar en una movilización en defensa de
más de 80 ojos de agua en Condorhuain en 2008, durante el gobierno de Alan
García. El pronunciamiento de las organizaciones sostiene: “en
represalia de nuestra defensa por el agua, ahora somos víctimas de persecución
penal. Nos acusan de secuestro, lesiones, daños a la propiedad y otros delitos,
pretendiendo imponernos 30 años de cárcel”(9).
En
contrapartida, el problema de criminalización y represión en Chile se ha
agudizado por los atropellos que sufren las comunidades indígenas mapuche:
redadas policiales, allanamientos y represión con uso de balines y gases. A
esto se suma la aplicación y vigencia de la Ley Antiterrorista, norma en la que
se ampara gran parte de los juicios iniciados contra los mapuche por delitos
comunes y por los cuales se les da el trato judicial de terroristas, ha
denunciado la ONG Human Rights Watch. Según estimaciones, tan solo en el
gobierno de Ricardo Lagos (2000 - 2006) la Ley fue aplicada 11 veces, de las
cuales 10 se la utilizó contra el pueblo mapuche; de hecho, 108 indígenas han
sido acusados bajo esta Ley y -hasta 2011- 10 fueron condenados (10).
Uno de
estos casos es el que en 2008 involucró a 17 mapuches de una comunidad cercana
a la orilla del lago Lleu-lleu en la región del Bio Bio, por el reclamo a
privados de la devolución de tierras que ellos asumen como propiedad ancestral.
Casos similares son la condena contra un dirigente en conflicto con la represa
hidroeléctrica Ralco en los Altos del Bio Bio y el vocero de la comunidad
Huilliche Pepiukelen, enjuiciado en 2010 por la empresa salmonera Los Fiordos,
acusada de contaminar ríos y lagos. Esta semana 10 mapuche (dos menores de
edad) comienzan un juicio por "robo con intimidación de carácter
terrorista, incendio terrorista y asociación ilícita terrorista" en
Victoria, de ser hallados culpables pagarían una pena de 25 años.
La CIDH
ha denunciado el caso ocurrido en julio de 2010, cuando cerca de 70 personas
del pueblo rapa nui -que ocupaban la plaza Riro Kainga como acto de protesta
por derechos ancestrales territoriales- fueron desalojadas por un centenar de
carabineros armados, fueron golpeados mujeres y niños. En este caso, la
Comisión otorgó medidas cautelares a favor del pueblo Rapa Nui y exigió al
Estado chileno cesar la violencia armada, acciones judiciales y desalojos.
Brasil y
Colombia, otras formas de violencia contra los indígenas
En Brasil
y Colombia hay un situación de vulneración de derechos humanos por terceros. En
Colombia, es persistente la amenaza de las ejecuciones extrajudiciales, muertes
de civiles (campesinos e indígenas) por militares que falsamente los asocian a
grupos insurgentes o guerrilleros y obtienen réditos por esto (11), los casos
más conocidos son los homicidios de los indígenas wayúu, aunque a lo largo de
2010 la CIDH ha denunciado los casos de asesinatos de dirigentes de los pueblos
nasa, wayúu, sikuani, pasto, embera-chamí y la dirigenta del pueblo u’wa.
En marzo,
la Corte Constitucional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
ordenaron al Estado colombiano proteger a los indígenas awá amenazados por
grupos armados en conflicto en la guerra en Nariño, enfrentamiento que este año
ha dado como saldo varias desapariciones y asesinatos, además del
desplazamiento de 800 personas. Aunque la respuesta del gobierno es incrementar
la militarización, los indígenas la rechazan: "Ellos creen que la
solución de las cosas se limita a enviar más tropa a la región, pero eso en vez
de darnos seguridad, nos expone aún más al peligro del conflicto",
declaró el líder, Alex Guangaxii.
En
Brasil, el líder de los guaraní-kaiowá en el estado de Mato Grosso do Sul fue
asesinado en 2003 y este 2012 el juez absolvió a los presunto homicidas,
acusados de tortura por otros seis dirigentes. La muerte sucedió cuando cerca
de 40 hombres armados golpearon a varios líderes indígenas que demandaban las
tierras de un hacendado, situación recurrente en esta región pues los
hacendados buscan ampliar sus tierras en predios guaraníes. Pero los indígenas
no solo se enfrentan a hacendados y grupos armados, recientemente los indígenas
kayapó y otros pueblos se han enfrentado al gobierno brasileño para detener la
construcción de la hidroeléctrica Belo Monte (12) que compromete su hábitat, ya
que inundará un área que los obligará con el tiempo a éxodos masivos. La
portavoz indígena Vera Glass sostuvo: “Las presas causarán daños culturales,
sociales y medioambientales irreversibles. Nos están tratando como a animales”.
La OIT ha declarado que el gobierno violó el Convenio 169 porque no se consultó
a los indígenas sobre esta construcción y la pugna continúa.
¿Hacia el
movimiento internacionalista indígena?
Pero
desde otra óptica, estos conflictos y la nueva coyuntura política en la región
están significando un desafío para la internacionalización e independencia del
movimiento indígena en América del Sur y el fortalecimiento de sus alianzas,
como la Coordinadora de Organizaciones Indígenas Andinas (cuatro países), el
Concejo Continental del Pueblo Guaraní (cuatro países) y la Coordinadora de las
Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (nueve países), que han
comenzado a afianzar nexos de solidaridad con activistas, artistas e
intelectuales e instituciones, firmando peticiones, organizando acciones, etc.
Al mismo
tiempo, gran parte de los conflictos están ubicando al movimiento indígena en
un contexto no solo de legítima defensa de sus derechos político y culturales,
de la ética medioambiental, de los cuestionamientos de modos de desarrollo de
saqueo versus modos de desarrollo sustentables; sino que los pueblos indígenas
movilizados se van convirtiendo en un actor fundamental para “la
consolidación del Estado de Derecho y el fortalecimiento de la democracia”,
como lo dice la CIDH.
Más allá,
nuevamente el movimiento indígena se encuentra en un momento decisivo para
demostrar si es capaz de construir una agenda propia de contra poder, a sabiendas
que sus antes aliados, los gobiernos de corte progresista, no van a profundizar
las reivindicaciones históricas de tierra, territorio y soberanía y
autogobierno; sino que son gobiernos de continuidad del sometimiento al
extractivismo neoliberal a favor de empresas transnacionales y potencias
internacionales, como denuncian quechuas, guaraníes, aymaras, mapuches, awás,
wayús, moxeños, yuracarés o kayapós.
Notas:
1.
Segundo Informe Sobre la Situación de las Defensoras y los Defensores de
Derechos Humanos en las Américas (28/03/2012), en:http://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/defensores2011.pdf
2.
Pronunciamiento de las organizaciones indígenas andinas (15/03/12), en: http://www.coordinadoracaoi.org/
3. Ex
viceministro denuncia militarización del Tipnis (12/03/12), en: http://lapatriaenlinea.com/?nota=100621
4. ONG
denuncia violencia policial contra mapuches (15/1/12), en: http://noticias.aollatino.com/2012/01/15/chile-ong-denuncia-violencia-policial-contra-mapuches/
- (27/03/12)Denuncian violento desalojo a mapuches: http://www.anbariloche.com.ar/noticia.php?nota=27261
5. Carta
al pueblo ecuatoriano (19/03/12), en: http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=169356&umt=10h20_movilizacion_indigena_llega_hoy_a_latacunga_conaie_entrega_carta_al_pueblo_ecuatoriano
6.
Indígenas denuncian persecución y siguen su marcha a Quito (14/03/12), en:http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101298249/1/Ind%C3%ADgenas_denuncian_persecuci%C3%B3n_y_siguen_su_marcha_a_Quito.html
7.
Mujeres le exigen a Evo una disculpa pública por sus declaraciones
"machistas" (04/08/11), en: http://www.paginasiete.bo/2011-08-04/Sociedad/Destacados/MUJERES.aspx
8.
Detienen en Perú a siete dirigentes antimineros de Cajamarca (06/03/12), en:http://exwebserv.telesurtv.net//secciones/noticias/101292-NN/detienen-en-peru-a-siete-dirigentes-antimineros-de-cajamarca/
9.
Deficiencias en Acusación Fiscal retrasan Juicio Oral a procesados del caso
Condorhuain (21/03/12), en:http://www.conacami.pe/2012/03/deficiencias-en-acusacion-fiscal.html
10. Usan
en Chile leyes antiterrorismo contra indios mapuche, en: http://noticias.latino.msn.com/latinoamerica/chile/usan-en-chile-leyes-antiterrorismo-contra-indios-mapuche-80
11.
Estarían involucrados en la presunta ejecución extrajudicial de dos indígenas
de la comunidad Wayúu (27/07/11), en:http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-10025406.html
12. Las
voces awá en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Víctimas (22/03/12),
en:http://www.verdadabierta.com/component/content/article/40-masacres/3950-las-voces-awa-en-la-comision-interamericana-de-derechos-humanos/
xiii
Organismo de la ONU dice que Brasil viola los derechos indígenas (26/03/12),
en: http://www.survival.es/noticias/8226
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