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| Pueblos indígenas son criminalizados en América Latina |
Golpistas, terroristas,
opositores y saboteadores, entre otros han sido los calificativos que gobiernos
de la región han usado estos últimos años para referirse a las acciones del
movimiento indígena en Sudamérica; consecuente con esto, líderes indígenas, activistas
y organizaciones de apoyo en su defensa han denunciado ser víctimas de
persecución política y judicial...
(Mareille Cauthin. Rebelión) Golpistas,
terroristas, opositores y saboteadores, entre otros han sido los calificativos
que gobiernos de la región han usado estos últimos años para referirse a las
acciones del movimiento indígena en Sudamérica; consecuente con esto, líderes
indígenas, activistas y organizaciones de apoyo en su defensa han denunciado
ser víctimas de persecución política y judicial, a tal extremo que la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha hecho una mención especial a la
situación de riesgo de líderes y lideresas indígenas e hizo pública su
preocupación sobre las sistemáticas agresiones, amenazas y actos de
hostigamiento que padecen (1).
Las
cifras demuestran la magnitud de estas aseveraciones: organizaciones indígenas
de Ecuador denuncian el procesamiento de 194 indígenas por sabotaje y
terrorismo; mientras en Bolivia 24 altos dirigentes y dirigentas indígenas y no
indígenas -que participaron de una marcha en 2011- son investigados por delitos
de secuestro e intento de homicidio. A esto se suman situaciones crónicas como
la peruana: los últimos diez años se han abierto procesos penales contra
decenas de dirigentes y campesinos peruanos por delitos de secuestro, lesiones
y daños a la propiedad provocados durante manifestaciones contra empresas
privadas; por la misma causa en Chile más de cien mapuches han sido acusados al
amparo de la Ley Antiterrorista y se han abierto causas contra el pueblo rapa
nui.
En ese
contexto no suena ajena la posición pública de la Coordinadora Andina de
Organizaciones Indígenas (CAOI) (2) -que aglutina a Bolivia, Ecuador, Colombia
y Perú- que ha exigido públicamente el 15 de marzo pasado el cese de la
criminalización y persecución de indígenas, la anulación de procesos y la
dotación de garantías para el ejercicio de sus derechos, entre ellos el derecho
a la protesta. Para la CIDH, “la persistencia de los ataques” buscan “reducir
las actividades de defensa y protección de territorios y recursos naturales,
así como la defensa del derecho a la autonomía e identidad cultural” de
los pueblos indígenas, ataques se dan a través de la criminalización, la
intimidación y la estigmatización.
Intereses
de izquierda, de derecha y de las transnacionales
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| Represión y pobreza es el destino de los pueblos originarios |
Con el
tiempo se ha hecho evidente la ruptura del pacto político y las alianzas entre
el movimiento indígena y gobiernos como el boliviano, el ecuatoriano, el
brasileño e incluso el peruano, los cuatro países de amplia población indígena.
De hecho presidentes como Evo Morales (Bolivia) y Rafael Correa (Ecuador) se
apoyaron en estos movimientos electoral y discursivamente, los comprometieron
en procesos constituyentes y les reafirmaron el cumplimiento de derechos
colectivos, pero han sido los primeros en poner límites a las prerrogativas
indígenas a favor de proyectos de inversión extranjera en sus territorios.
En otras
palabras, no se han modificado la lógica de contraponer intereses privados en
desmedro de los derechos colectivos. En ese sentido, el movimiento indígena se
enfrenta a millonarios proyectos de infraestructura, privatización del agua,
concesiones petroleras, gasíferas, mineras y forestales, e incluso cuestiona la
tenencia y distribución de la tierra: en Bolivia se enfrentan a un proyecto
carretero de 400 millones de dólares que atraviesa el territorio indígena
TIPNIS, en Perú se oponen a la explotación de oro por la minera Yanacocha que
invertirá 4.800 millones en Cajamarca y en Brasil buscan evitar la construcción
de una hidroeléctrica que costará 11.000 millones de dólares, entre otros
casos.
Para la
CIDH es sintomático que atropellos contra los derechos humanos, hostigamiento,
agresión y ataques van en aumento a medida que se incrementan los conflictos
con “sectores de gran poder económico, como lo son las empresas que
lideran proyectos de las industrias extractivas”; de hecho, la CIDH ha
ubicado los conflictos sobre megaproyectos en la misma categoría de países con
quiebres democráticos, conflicto armado interno o enfrentamiento con grupos del
crimen organizado.
Al mismo
tiempo, esta situación de vulnerabilidad se incrementa con la paulatina
militarización de territorios indígenas y violencia policial como se ve en los
casos de Bolivia, Chile y Colombia. En Bolivia el territorio indígena del
TIPNIS ha denunciado la invasión de la Armada Naval para intimidar y perseguir
a la dirigenciaiii: “Ahora vinieron al TIPNIS a militarizarlo, a dar
miedo a la gente humilde como nosotros”, denunciaba la dirigenta Miriam
Yubanore. En tanto que en Chile el pasado 23 de marzo, 30 policías y 15
funcionarios municipales desalojaron "en forma muy violenta" a
un comunario de Tekel Mapu, pero estos casos de violencia policial son
recurrentes para los mapuche y las organizaciones que defienden sus derechos: "es
un tema triste y avergonzante para la sociedad chilena", dijo la ONG
Comisión Ética contra la Torturaiv, ya que en 2010 sucedió otra violenta
represión contra el pueblo rapa nui. En Colombia la situación de los grupos
armados en conflicto y la militarización de las zonas rurales ha desencadenado
en muertes y desplazamientos de indígenas.
