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miércoles, 10 de julio de 2019

Asesinan a Lesbia Yaneth, compañera de Berta Cáceres en la lucha contra los abusos de multinacionales



Cuatro meses después del asesinato de la hondureña Berta Cáceres , ha aparecido muerta Lesbia Yaneth, lideresa indígena y también integrante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).
La defensora medioambiental hondureña militaba de forma activa contra la construcción de represas de los ríos de su municipio y  estaba inmersa en un proceso de lucha contra la construcción de un proyecto hidroeléctrico en San José (La Paz), según ha confirmado el COPINH en un comunicado.
El cuerpo sin vida de Lesbia Yaneth Urquía apareció este miércoles en el vertedero municipal de Marcala, en el departamento de La Paz. Según la versión recabada por las autoridades policiales, la mujer salió de su casa el pasado martes alrededor de las 5:00 de la tarde en su bicicleta, informa el diario local El Heraldo. Como no llegaba a casa, sus familiares comenzaron a buscarla y hasta que fue localizada sin vida.

 El asesinato de Yaneth ha tenido lugar en el marco de un proceso de ‘consulta’ llevado a cabo por el Gobierno de Honduras acerca de la aprobación del proyecto de ley del Mecanismo de la Consulta Previa, Libre e Informada, por la que llevan años luchando las comunidades indígenas en Honduras. Se trata de un derecho amparado por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La Paz. Según el COPINH,  “la presidenta del Partido Nacional y vicepresidenta del Congreso Nacional, Gladys Aurora López” tienen una “vinculación directa” con la construcción de la represa.
Violencia contra los ambientalistas en Honduras
En marzo de este año, la líder indígena y presidenta del COPINH, Berta Cáceres, fue asesinada. Su caso despertó un fuerte movimiento de solidaridad y presión internacional, que de momento no ha frenado los asesinatos a defensores del medioambiente y los derechos humanos en Centroamérica. Recientemente, un exsoldado hondureño reveló a The Guardian que el nombre de Berta Cáceres figuraba desde hacía meses en una lista negra en manos de una unidad especial del ejército hondureño entrenada por Estados Unidos.
Dos semanas después del asesinato de Cáceres, Nelson García, compañero en la defensa del medioambiente, también líder regional del COPINH, fue abatido de varios tiros  cuando se dirigía hacia su casa después de participar en una protesta contra el desalojo forzoso de un centenar de familias.
La persecución y violencia contra quienes defienden el medio ambiente es una constante en aquellos países donde empresas transnacionales extractivas, hidroeléctricas o del sector agroindustrial tienen intereses, muchas veces en connivencia con los poderes políticos y financieros.
Un total de 185 personas fueron asesinadas en 2015 en todo el mundo por su implicación en la defensa de la naturaleza, según el último informe de Global Witness. El año pasado, los países más peligrosos para los defensores del medio ambiente fueron Brasil, con 50 muertes, y Filipinas, con 33.

Fuente: Criterio hn

martes, 9 de julio de 2019

Abogados internacionales piden a La Haya que investigue a la UE por crímenes contra la humanidad por su política migratoria.


La política migratoria de la Unión Europea, al banquillo. Ese es el objetivo del escrito que un grupo de abogados internacionales tiene previsto depositar este lunes ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, en el que aseguran presentar “pruebas que implican a la UE y a funcionarios y representantes de los Estados miembros en la comisión de crímenes contra la humanidad” al dejar supuestamente en manos de Libia la reducción del flujo migratorio. La denuncia se basa en buena medida en declaraciones públicas de los propios agentes y funcionarios de la UE, así como documentos internos de organismos comunitarios, que los juristas aseguran que demuestran la responsabilidad criminal europea “como parte de una política premeditada para contener los flujos migratorios procedentes de África a través de la ruta central del Mediterráneo desde 2014 hasta hoy”

A lo largo de 242 páginas, dirigidas a la Fiscalía de la Corte con sede en La Haya —a las que ha tenido acceso este diario y otros europeos—, denuncian que la UE y los representantes de los Estados miembros “no cometieron personalmente los delitos. Sin embargo, conocían la naturaleza ilegal y criminal de los actos y omisiones que pueden constituir crímenes bajo la jurisdicción de la CPI, y del Estatuto de Roma [su texto fundacional]. Los concibieron, organizaron y favorecieron su aplicación”. Lo hicieron, según sostienen, “con conocimiento pleno y en tiempo real de sus consecuencias letales”. Los abogados calculan que entre enero de 2014 y julio de 2017, al menos 14.500 migrantes se ahogaron en el Mediterráneo. Entre 2016 y 2018, más de 40.000 personas fueron interceptadas y transferidas a la fuerza a centros de detención y de tortura en Libia.
Norticia completa: El País.



El Secretario general de la Aldhu Juan de Dios Parra, expresó su malestar por la situación que actualmente se está viviendo en Libia y en otras fronteras en todo el mundo. Añadió: “el querido desconocimiento nunca resuelve los problemas, es necesario respetar los derechos humanos con voluntad y sensatez”.

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Italia condenó a cadena perpetua a 24 jerarcas y represores del Plan Cóndor.



La Justicia italiana condenó a cadena perpetua a 24 jerarcas y militares de Bolivia, Chile, Uruguay y Perú acusados de la desaparición de italianos en la Operación Cóndor, el plan represor en América Latina durante las décadas de 1970 y 1980.
El Tribunal de Apelación de Roma cambia de este modo la sentencia en primera instancia de enero de 2017, que estableció ocho cadenas perpetuas pero absolvió a 19 imputados por haber prescrito los delitos, un fallo que había decepcionado enormemente a los familiares acusadores.
En la primera instancia fueron condenados a cadena perpetua ocho personas, todas en contumacia, sin personarse en Roma, como el dictador boliviano Luis García Meza, fallecido en abril de 2018, y su ministro del Interior, Luis Arce Gómez.

Y también el ex presidente peruano Francisco Morales Bermúdez; su primer ministro Pedro Richter Prada, muerto en julio de 2017; el ex militar peruano Germán Ruiz; los chilenos Hernán Ramírez y Rafael Ahumada Valderrama, y el ex canciller uruguayo Juan Carlos Blanco.
Ahora a estos condenados se suman los ex militares chilenos Pedro Octavio Espinoza Bravo, Daniel Aguirre Mora, Carlos Luco Astroza, Orlando Moreno Vásquez y Manuel Abraham Vásquez Chauan, y el peruano Martín Martínez Garay.
Asimismo los ex militares uruguayos José Ricardo Arab, José Horacio Gavazzo, Juan Carlos Larcebeau, Pedro Antonio Mato, Luis Alfredo Maurente, Ricardo José Medina, Ernesto Avelino Ramas Pereira, José Sande Lima, Jorge Alberto Silveira, Ernesto Soca y Gilverto Vázquez.
La Fiscalía había reclamado cadena perpetua para todos los imputados.
Todos fueron condenados por los delitos de homicidio voluntario y deberán también pagar las costas del juicio y una serie de indemnizaciones a familiares y asociaciones que componen la acusación, como el Frente Amplio uruguayo.
Este proceso comenzó con la denuncia hace exactamente veinte años en Italia, en 1999, de algunos familiares de desaparecidos, un año después de que se ordenara la detención del dictador chileno Augusto Pinochet tras la investigación del juez español Baltasar Garzón.


Fuente: Coopertaiva

lunes, 8 de julio de 2019

Sename: sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos.




Desde hace tiempo que la ALDHU viene denunciando las sistemáticas violaciones a los derechos de los niños por parte del Sename. En el mismo sentido, Ciper Chile, hizo público recientemente el ocultamiento de un informe de la PDI que investigó 240 hogares de menores en 2017 (tanto del estado como concesionados).
En el informe se constataron 2071 abusos, 310 de carácter sexual. Este informe fue entregado a la fiscalía en diciembre de 2018, con copia al gobierno, pero no se hizo público.
Existen algunos puntos oscuros en el manejo del Sename que se han dado a conocer mediente el mencionado informe :
Existe en el 88,3% de centros registros (develaciones, denuncias y circulares) que dan cuenta de posibles vulneraciones a los derechos humanos de los NNA residentes. De ellas, 432 serían denuncias a los adultos responsables.

Señala el informe que "El registro de estas vulneraciones, algunas de ellas bajo la forma de disciplinamiento y castigo, contravienen lo indicado en el Art. 34 de la CDN, que rechaza toda tortura, penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes contra la infancia. En tal sentido, el mismo cuerpo normativo establece el deber de proteger a niños y niñas contra cualquier forma de maltrato por parte de los adultos a su cargo, sean ellos sus padres o sus cuidadores, cuando la tutela del niño se encuentre en manos del Estado (Art. 19). Junto a ello, en Chile, con fecha 6 de junio de 2017 se promulgó la Ley N° 21.013 que tipifica el delito de maltrato y aumenta la protección de personas en situación especial, prohibiendo toda forma de maltrato en el ámbito extra familiar respecto de quienes se mantiene su custodia y/o resguardo".
Este documento constata graves violaciones a los derechos humanos, como ya lo hizo en su día otro documento de la ONU, que investigó la institución tras la muerte de Lissette Villa. Chile es uno de los pocos países democráticos, sino el único, en que la ONU acredita que el Estado viola los derechos de los niños a los que debería proteger.

Fuente: Ciper Chile

La ALDHU, a través de su secretario general Juan de Dios Parra, expresó preocupación ante los hechos conocidos y su la poca respuesta ofrecida por parte del Estado chileno ante tal situación.

domingo, 7 de julio de 2019

Asesinan a comunicador social en Honduras



Se trata de Santiago Carbajal, quien fue atacado a balazos el viernes. Ya son 78 las personas vinculadas a medios de comunicación que han sido asesinadas desde 2001. Honduras atraviesa un complicada crisis política.
Un comunicador social fue asesinado a tiros en el norte de Honduras. De este modo, ya son 78 las personas vinculadas a medios de comunicación que han sido asesinadas desde 2001 en el país centroamericano, denunció este sábado (06.07.2019) un organismo estatal de derechos humanos.
Santiago Carbajal fue atacado a tiros el viernes por desconocidos en la zona de Puerto Cortés, unos 200 km al norte de Tegucigalpa, y llevado a un hospital de San Pedro Sula, donde falleció, según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).

El también miembro de la comunidad LGTBI, que dirigía un programa de revista informativo "La Galaxia de Santy" en un canal de Puerto Cortés, el principal puerto del país.
Añadió que Carbajal es el segundo comunicador asesinado en el año en el país centroamericano. El 27 de marzo pasado fue asesinado Gabriel Hernández al ser atacado a tiros en la comunidad de Nacaome, unos 80 km al sur de Tegucigalpa.
Según el no gubernamental Comité por la Libre Expresión (C-Libre), más del 90% de los asesinato contra periodistas y comunicadores sociales permanecen impunes y no hay investigaciones de los responsables materiales e intelectuales.

Fuente: DW made for minds

viernes, 5 de julio de 2019

Graves violaciones de los derechos económicos y sociales en Venezuela






Graves violaciones de los derechos económicos y sociales en Venezuela

La oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, advirtió que “existen motivos razonables para creer que se han cometido graves violaciones de los derechos económicos y sociales” en Venezuela, según detalla un amplio informe publicado este jueves en el que además denuncia la existencia de tortura y tratos inhumanos contra personas detenidas por el ejercicio de sus derechos civiles. La ONU informó además sobre “135 casos de personas (23 mujeres y 112 hombres) privadas arbitrariamente de la libertad entre 2014 y 2019”. En algunos de estos casos documentados “se sometió a las mujeres y los hombres detenidos a una o más formas de tortura” con “la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencias sexuales, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas”, detalla el documento.
Según el asediado gobierno de Nicolás Maduro, el informe omite en su totalidad los logros y avances alcanzados en materia de derechos humanos y presenta una visión “distorsionada, selectiva y abiertamente parcializada” sobre la situación.
Entretanto, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, convocó para  este viernes a una nueva jornada de manifestaciones en contra de lo que llama el régimen usurpador de Nicolás Maduro. Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, dijo que en el día de los 208 años de independencia de Venezuela, los ciudadanos marcharán “para exigir el fin de las torturas, asesinatos, violaciones de DD.HH. y la intervención cubana”.

Fuente:CNN en español



Fuente:CNN en español

jueves, 4 de julio de 2019

Autopsia al militar venezolano detenido por Maduro


Dos casos de violación de DDHH conmocionan a los venezolanos luego de la visita de la comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet.

"El cadáver del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo muestra 16 costillas rotas y quemaduras por posible electrocución". El examen forense que dio a conocer el fiscal director de actuación procesal (en el exilio) Zair Mundaray revela lo que las denuncias de sus familiares y defensores de derechos humanos habían advertido: el militar fue víctima de tortura mientras estuvo bajo custodia de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en Caracas, Venezuela.
Los detalles hablan del trato cruel que padeció este hombre antes de morir, el pasado 29 de junio en el hospital militar. Su esposa, Waleska Pérez, y el abogado Alonso Medina Roa contaron que Acosta Arévalo fue llevado finalmente al juicio en silla de ruedas, que apenas podía moverse, estaba desorientado y adolorido y alcanzó a decirle a su defensor "Auxilio". Luego de eso el juez ordenó llevarlo al centro de salud custodiado por militares, donde murió.

El hecho ocurrió seis días después de ese 23 de junio cuando Michelle Bachelet, la comisionada para Derechos Humanos de la ONU concluyó su visita oficial en Venezuela, no sin antes dejar recomendaciones. Los tres días de visita –que implicaron reuniones con Nicolás Maduro y sus funcionarios, pero también con el presidente interino Juan Guaidó, víctimas de violación de derechos humanos y directivos de organizaciones independientes– culminaron con un acuerdo con el régimen para establecer dos delegados de su oficina de modo permanente en el país para el monitoreo, asesoría y asistencia técnica.

"Están aquí en Venezuela (los técnicos), pero el acuerdo no se está cumpliendo", denuncia Rafael Uzcátegui, coordinador de la organización venezolana no gubernamental de derechos humanos Provea.

El lunes 1 de julio, Bachelet se vio obligada a expresar su preocupación por los derechos humanos en Venezuela.