La Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos, ALDHU, es un organismo internacional no gubernamental, fundado el 13 de Agosto de 1980, en Quito Ecuador, que impulsa la lucha por la construcción, defensa, promoción y observancia de los Derechos Humanos y la democracia en América Latina y el Caribe.
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viernes, 10 de abril de 2020
Asesinan al ambientalista Adán Vez Lira en Actopan, Veracruz
Xalapa, Ver. El ambientalista e integrante de la cooperativa La Mancha en Movimiento, Adán Vez Lira, fue asesinado de al menos nueve disparo de arma de fuego, en un camino de terracería que comunica a la comunidad de La Mancha y Palmas de Abajo, en el municipio de Actopan, cuando se desplazaba en su motocicleta.
Apenas el 20 de marzo, Vez Lira había informado que el Festival de Aves y Humedales de La Mancha 2020, programado para el día 4 de Abril, se suspendería por la pandemia hasta el mes de junio.
Fuente: La jornada
"Queremos que nos ayuden", indígenas embera denuncian fuego cruzado en Bojayá
Treinta y siete familias lograron huir del enfrentamiento entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el ELN.
"Queremos que nos ayuden, que manden seguridad especial para nosotros", es el ruego de un indígena embera que, con poca fluidez del idioma castellano, trata de comunicarle al país que mientras la mayoría de colombianos están resguardados en sus casas en prevención al contagio del coronavirus, ellos le huyen a las balas en Bojayá.
En la grabación difundida por la Federación de Asociaciones de Cabildos Indígenas del Chocó (Fedeorewa) se ve a más de diez niños asustados que junto a sus padres tratan de ocultarse de los disparos que se escuchan a lo lejos. Los más pequeños son cargados por sus madres en la espalda, mientras los hombres guian el camino entre los matorrales.
Esta escena la viven desde el 3 de abril los indígenas de la comunidad de Nueva Jerusalén en el municipio chocoano, más específicamente del resguardo Pichicora Chicué Punto Alegre, en Río Chicué. Según relata la carta enviada por Fedeorewa, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el ELN se han enfrentado sin parar desde ese día "causando la explosión de 10 granadas fragmentarias".
Los indígenas denuncian que el pueblo Embera ha sido usado como "escudo humano" en la línea de fuego cruzado, violando con esta acción los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. "Muchas familias continúan allí adentro del fuego cruzado que ocurre en la comunidad solo 37 familias lograron huir hacia la comunidad de Peñita a la cual llegaron para resguardar sus vidas", dice la misiva.
Los grupos criminales inmovilizaron los botes de la comunidad y quienes están en sus casas solo esperan que las balas no ingresen por las paredes, obligados al confinamiento permanente que lejos está decompararse con el que viven otras comunidades ante la pandemia de covid-19.
Nueva Jerusalén tiene 37 familias que representan 193 habitantes, pero el fuego cruzado en la comunidad también afecta a cerca de 928 personas más que viven en otras poblaciones cercanas, jurisdicción de Fedeorewa y de la Asociación Orewa.
Este es el mensaje final de los indígenas:
"Hacemos el llamado de emergencia a las organizaciones humanitarias, al comité internacional de la Cruz Roja CICR, la Defensoría del Pueblo a nivel nacional, la alcaldía del Municipio Bojayá, la Gobernación del Chocó, la Procuraduría General de la Nación, a la inmediata intervención que pueda garantizar los derechos fundamentales de la vida y la alimentación de los habitantes afectados por esta ola de violencia que envuelve a nuestros territorios de origen".
Fuente: Semana
"Queremos que nos ayuden, que manden seguridad especial para nosotros", es el ruego de un indígena embera que, con poca fluidez del idioma castellano, trata de comunicarle al país que mientras la mayoría de colombianos están resguardados en sus casas en prevención al contagio del coronavirus, ellos le huyen a las balas en Bojayá.
En la grabación difundida por la Federación de Asociaciones de Cabildos Indígenas del Chocó (Fedeorewa) se ve a más de diez niños asustados que junto a sus padres tratan de ocultarse de los disparos que se escuchan a lo lejos. Los más pequeños son cargados por sus madres en la espalda, mientras los hombres guian el camino entre los matorrales.
Esta escena la viven desde el 3 de abril los indígenas de la comunidad de Nueva Jerusalén en el municipio chocoano, más específicamente del resguardo Pichicora Chicué Punto Alegre, en Río Chicué. Según relata la carta enviada por Fedeorewa, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el ELN se han enfrentado sin parar desde ese día "causando la explosión de 10 granadas fragmentarias".
Los indígenas denuncian que el pueblo Embera ha sido usado como "escudo humano" en la línea de fuego cruzado, violando con esta acción los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. "Muchas familias continúan allí adentro del fuego cruzado que ocurre en la comunidad solo 37 familias lograron huir hacia la comunidad de Peñita a la cual llegaron para resguardar sus vidas", dice la misiva.
Los grupos criminales inmovilizaron los botes de la comunidad y quienes están en sus casas solo esperan que las balas no ingresen por las paredes, obligados al confinamiento permanente que lejos está decompararse con el que viven otras comunidades ante la pandemia de covid-19.
Nueva Jerusalén tiene 37 familias que representan 193 habitantes, pero el fuego cruzado en la comunidad también afecta a cerca de 928 personas más que viven en otras poblaciones cercanas, jurisdicción de Fedeorewa y de la Asociación Orewa.
Este es el mensaje final de los indígenas:
"Hacemos el llamado de emergencia a las organizaciones humanitarias, al comité internacional de la Cruz Roja CICR, la Defensoría del Pueblo a nivel nacional, la alcaldía del Municipio Bojayá, la Gobernación del Chocó, la Procuraduría General de la Nación, a la inmediata intervención que pueda garantizar los derechos fundamentales de la vida y la alimentación de los habitantes afectados por esta ola de violencia que envuelve a nuestros territorios de origen".
Fuente: Semana
jueves, 9 de abril de 2020
Imágenes inéditas del día en que Gustavo Gatica fue dejado ciego desmienten el insólito sumario de Carabineros
Las imágenes fueron grabadas por el audiovisual José Luis Martínez. El profesional estuvo presente en plena intersección de calles Carabineros de Chile con Vicuña Mackenna, por lo que grabó el antes, durante y después del día en que Gatica fue herido.
El mismo día en que un sumario de Carabineros advertía que no había certeza de que uniformados fueran los responsables de las lesiones de Gustavo Gatica, el joven que el 8 de noviembre del año pasado perdió por completa su visión, y no descartaba que fueron los mismos manifestantes los que lo hirieron, un reportaje de Canal 13 con imágenes inéditas, da cuenta de lo que ocurrió ese día en pleno centro de Santiago, desmintiendo la versión de la institución.
Fuente imagen: 24horas
Las imágenes fueron grabadas por el audiovisual José Luis Martínez. El profesional estuvo presente en plena intersección de calles Carabineros de Chile con Vicuña Mackenna, por lo que grabó el antes, durante y después del día en que Gatica fue herido.
Según el autor de las imágenes, descubrió que había filmado al estudiante luego de revisar las noticias acerca de su hospitalización.
En las imágenes se aprecia que había un piquete de Fuerzas Especiales enfrentándose a un grupo de manifestantes -entre los que se encontraba Gatica- y al verse superados en números, comenzaron a usar sus escopetas antidisturbios. En ese momento, se aprecia como los perdigones impactan en la cara de Gatica, quien se lleva las manos a los ojos y es retirado del lugar por otros manifestantes, recibiendo posterior ayuda de voluntarios dedicados a curar heridas de elementos antidisturbios.
Más tarde, el joven fue llevado en un corredor humano —entre los aplausos de quienes estaban en la protesta— hacia una ambulancia, para más tarde ser hospitalizado e intervenido.
"La investigación ha avanzado pero a paso lento, principalmente porque no hay registros de lo que ocurrió y reconstruir el episodio en base a testimonios ha sido muy complejo. Sin embargo, T13 accedió de manera exclusiva a imágenes que muestran lo que pasó esa tarde en la esquina de Carabineros de Chile con Vicuña Mackenna", señalaron en el sitio web de noticiero.
Fuente: El mostrador
El mismo día en que un sumario de Carabineros advertía que no había certeza de que uniformados fueran los responsables de las lesiones de Gustavo Gatica, el joven que el 8 de noviembre del año pasado perdió por completa su visión, y no descartaba que fueron los mismos manifestantes los que lo hirieron, un reportaje de Canal 13 con imágenes inéditas, da cuenta de lo que ocurrió ese día en pleno centro de Santiago, desmintiendo la versión de la institución.
Fuente imagen: 24horas
Las imágenes fueron grabadas por el audiovisual José Luis Martínez. El profesional estuvo presente en plena intersección de calles Carabineros de Chile con Vicuña Mackenna, por lo que grabó el antes, durante y después del día en que Gatica fue herido.
Según el autor de las imágenes, descubrió que había filmado al estudiante luego de revisar las noticias acerca de su hospitalización.
En las imágenes se aprecia que había un piquete de Fuerzas Especiales enfrentándose a un grupo de manifestantes -entre los que se encontraba Gatica- y al verse superados en números, comenzaron a usar sus escopetas antidisturbios. En ese momento, se aprecia como los perdigones impactan en la cara de Gatica, quien se lleva las manos a los ojos y es retirado del lugar por otros manifestantes, recibiendo posterior ayuda de voluntarios dedicados a curar heridas de elementos antidisturbios.
Más tarde, el joven fue llevado en un corredor humano —entre los aplausos de quienes estaban en la protesta— hacia una ambulancia, para más tarde ser hospitalizado e intervenido.
"La investigación ha avanzado pero a paso lento, principalmente porque no hay registros de lo que ocurrió y reconstruir el episodio en base a testimonios ha sido muy complejo. Sin embargo, T13 accedió de manera exclusiva a imágenes que muestran lo que pasó esa tarde en la esquina de Carabineros de Chile con Vicuña Mackenna", señalaron en el sitio web de noticiero.
Fuente: El mostrador
miércoles, 8 de abril de 2020
A 45 años de la masacre de “Las muchachas de abril”: “Se contaron más de 200 balazos”
Víctimas de la represión estatal, las tres jóvenes murieron acribilladas en un operativo liderado por Juan Rebollo y José “Nino” Gavazzo.
La noche del 21 de abril de 1974 fue tormentosa para el barrio montevideano Brazo Oriental. Cerca de la medianoche, un comando de las Fuerzas Conjuntas había tomado la calle Mariano Soler, en busca de Washington Barrios, un militante del Movimiento de Liberación Nacional (MLN-T), quien vivía en un apartamento junto a su esposa Silvia Reyes y otras dos jóvenes: Diana Maidaich y Laura Raggio.
"Estaban en los techos, en los alrededores de la cuadra. Desde las doce de la noche. Ya sabían que estaban en la casa, porque por algo coparon la cuadra. A las tres de la mañana entraron", contó en diálogo con Montevideo Portal Horacio Raggio, hermano de Laura, quien es parte de la organización de los homenajes y recuerdos que se harán este martes 23 y jueves 25 a "Las muchachas de abril".
El grupo militar entró al pasillo que daba a las puertas principales de los apartamentos: "Van derecho al departamento del padre de Barrios, que era enfrente, puerta por puerta, de la casa de las muchachas".
Al no encontrar a Barrios, les exigen a los padres de este que les digan dónde se encontraba. "Él vive enfrente, pero ahora no está. Está su pareja con dos amigas", contestó el padre.
"Se dirigen a la puerta de enfrente. Entran, patean la puerta y empieza la balacera, a tirar para adentro. Ya estaban los vecinos con milicos en las casas, en todas. Empiezan a balear, desde arriba de los techos, de todos lados", cuenta Raggio, detallando que las jóvenes estaban durmiendo cuando irrumpieron los militares.
A las tres de la mañana, contó, sacaron los cadáveres dentro de bolsas de nylon, y a las seis los vecinos vieron cómo se llevaron la helada, la cocina y la cama. "Saquearon todo".
Cuando entregaron el departamento, los familiares de Barrios vieron cómo había quedado: "Entre un ropero y una pared, donde se habían escondido las gurisas, estaba todo lleno de balas en la pared, pedazos de carne, de pelo, en los techos. Las masacraron. Las masacraron. Contaron más de 200 impactos de bala. A mi hermana fue a la única a la que pudimos enterrar a cajón abierto. Pero de la cintura abajo estaba deshecha".
Raggio lamenta que en estos 45 años la causa judicial haya tenido "muchas idas y vueltas" y demoras por las "chicanas" presentadas por las defensas de los militares acusados: el teniente general y ex comandante del Ejército Juan Rebollo, José "Nino" Gavazzo, Julio César Gutiérrez, Armando Méndez y Manuel Cordero.
Las defensas adujeron que las jóvenes habían disparado en primera instancia y que, incluso, Rebollo había sido herido. "No es así, en el fuego cruzado se hirieron entre ellos", señaló Raggio.
"Entre idas y venidas se decía que había armas adentro, ya hay testigos que aseguran que no. Pero en aquel momento ellos podían decir que había un arsenal adentro, y quién les iba a decir que no. Quien les iba a discutir algo a ellos", se preguntó, conociendo la respuesta.
Laura y Diana eran militantes del 26 de Marzo en propaganda, según dijo Raggio, y no integraban ningún aparato armado: "Eran estudiantes que estaban en ese auge de la época, de que había que hacer algo".
Ragio comentó que estas jóvenes ya habían estado presas meses antes y que allí sufrieron torturas y violaciones. "Lo que uno puede llegar a pensar, nos queda corto", aseguró.
Raggio dijo que no le llama la atención nada de lo que confesó Gavazzo en el Tribunal de Honor, porque todo eso se sabía hace 45 años.
"No me llama la atención. Qué me van a decir ahora a mí. Pasa que ahora parece que se ha despertado el horror de lo que ha hecho esta gente. Ya se sabía, los parientes ya lo sabíamos, los que fueron torturados, maltratados, por este grupo de malos militares, porque no son todos, no son todos iguales. Este grupo de gente denigraron al conjunto que llevan al uniforme. Por eso no me sorprende. Hace 45 años que lo sabemos".
Las tres jóvenes fueron acribilladas a balazos y murieron. Barrios fue detenido en setiembre de 1974 en Córdoba, Argentina, y hasta ahora su paradero es desconocido.
El recuerdo tendrá dos etapas: el martes 23, en la Estación Goes, hablará el periodista Roger Rodríguez y se pasará un pequeño corto con declaraciones de gente que vivió el momento. El 25, en el mismo Brazo Oriental, se va a hacer un pequeño acto, y actuará la murga Falta y Resto y hablarán algunos vecinos testigos de esos hechos.
Fuente: Montevideo Protal
La noche del 21 de abril de 1974 fue tormentosa para el barrio montevideano Brazo Oriental. Cerca de la medianoche, un comando de las Fuerzas Conjuntas había tomado la calle Mariano Soler, en busca de Washington Barrios, un militante del Movimiento de Liberación Nacional (MLN-T), quien vivía en un apartamento junto a su esposa Silvia Reyes y otras dos jóvenes: Diana Maidaich y Laura Raggio.
"Estaban en los techos, en los alrededores de la cuadra. Desde las doce de la noche. Ya sabían que estaban en la casa, porque por algo coparon la cuadra. A las tres de la mañana entraron", contó en diálogo con Montevideo Portal Horacio Raggio, hermano de Laura, quien es parte de la organización de los homenajes y recuerdos que se harán este martes 23 y jueves 25 a "Las muchachas de abril".
El grupo militar entró al pasillo que daba a las puertas principales de los apartamentos: "Van derecho al departamento del padre de Barrios, que era enfrente, puerta por puerta, de la casa de las muchachas".
Al no encontrar a Barrios, les exigen a los padres de este que les digan dónde se encontraba. "Él vive enfrente, pero ahora no está. Está su pareja con dos amigas", contestó el padre.
"Se dirigen a la puerta de enfrente. Entran, patean la puerta y empieza la balacera, a tirar para adentro. Ya estaban los vecinos con milicos en las casas, en todas. Empiezan a balear, desde arriba de los techos, de todos lados", cuenta Raggio, detallando que las jóvenes estaban durmiendo cuando irrumpieron los militares.
A las tres de la mañana, contó, sacaron los cadáveres dentro de bolsas de nylon, y a las seis los vecinos vieron cómo se llevaron la helada, la cocina y la cama. "Saquearon todo".
Cuando entregaron el departamento, los familiares de Barrios vieron cómo había quedado: "Entre un ropero y una pared, donde se habían escondido las gurisas, estaba todo lleno de balas en la pared, pedazos de carne, de pelo, en los techos. Las masacraron. Las masacraron. Contaron más de 200 impactos de bala. A mi hermana fue a la única a la que pudimos enterrar a cajón abierto. Pero de la cintura abajo estaba deshecha".
Raggio lamenta que en estos 45 años la causa judicial haya tenido "muchas idas y vueltas" y demoras por las "chicanas" presentadas por las defensas de los militares acusados: el teniente general y ex comandante del Ejército Juan Rebollo, José "Nino" Gavazzo, Julio César Gutiérrez, Armando Méndez y Manuel Cordero.
Las defensas adujeron que las jóvenes habían disparado en primera instancia y que, incluso, Rebollo había sido herido. "No es así, en el fuego cruzado se hirieron entre ellos", señaló Raggio.
"Entre idas y venidas se decía que había armas adentro, ya hay testigos que aseguran que no. Pero en aquel momento ellos podían decir que había un arsenal adentro, y quién les iba a decir que no. Quien les iba a discutir algo a ellos", se preguntó, conociendo la respuesta.
Laura y Diana eran militantes del 26 de Marzo en propaganda, según dijo Raggio, y no integraban ningún aparato armado: "Eran estudiantes que estaban en ese auge de la época, de que había que hacer algo".
Ragio comentó que estas jóvenes ya habían estado presas meses antes y que allí sufrieron torturas y violaciones. "Lo que uno puede llegar a pensar, nos queda corto", aseguró.
Raggio dijo que no le llama la atención nada de lo que confesó Gavazzo en el Tribunal de Honor, porque todo eso se sabía hace 45 años.
"No me llama la atención. Qué me van a decir ahora a mí. Pasa que ahora parece que se ha despertado el horror de lo que ha hecho esta gente. Ya se sabía, los parientes ya lo sabíamos, los que fueron torturados, maltratados, por este grupo de malos militares, porque no son todos, no son todos iguales. Este grupo de gente denigraron al conjunto que llevan al uniforme. Por eso no me sorprende. Hace 45 años que lo sabemos".
Las tres jóvenes fueron acribilladas a balazos y murieron. Barrios fue detenido en setiembre de 1974 en Córdoba, Argentina, y hasta ahora su paradero es desconocido.
El recuerdo tendrá dos etapas: el martes 23, en la Estación Goes, hablará el periodista Roger Rodríguez y se pasará un pequeño corto con declaraciones de gente que vivió el momento. El 25, en el mismo Brazo Oriental, se va a hacer un pequeño acto, y actuará la murga Falta y Resto y hablarán algunos vecinos testigos de esos hechos.
Fuente: Montevideo Protal
martes, 7 de abril de 2020
Grupos de DDHH piden no aprobar indulto a reos de Punta Peuco: abogado de internos argumenta defensa
Agrupaciones de Derechos Humanos hicieron un llamado a no aprobar el proyecto de ley humanitario, que permitiría que internos de Punta Peuco accedan a beneficios carcelarios tras la emergencia sanitaria.
Agrupaciones de Derechos Humanos rechazan tajantemente el proyecto de ley humanitario, que busca que adultos mayores con enfermedades terminales, entre ellos, sentenciados por causas de Derechos Humanos, puedan acceder al beneficio de cumplir un arresto domiciliario total.
Se refieren a la iniciativa que el Gobierno puso suma urgencia, y sobre la que el Presidente Sebastián Piñera dijo que: “Una persona condenada por DDHH que se está muriendo, debiera tener el beneficio de morir en casa”.
Frente a esto, agrupaciones de derechos humanos consideraron que el proyecto de ley humanitario, iniciativa del Gobierno – que está en el Congreso desde el 2018 -, es completamente contraria a la legislación nacional e internacional vigente.
El Presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta, mencionó que la iniciativa del Ejecutivo es inconstitucional.
“La interpelación que nosotros hacemos al parlamento especialmente, donde se pretende aprobar esta iniciativa legal que es completamente incompatible con la legislación vigente hoy en Chile, es a que no se hagan cómplices de una iniciativa que es contra los derechos humanos y que constituye de paso una nueva afrenta a la memoria de las víctimas y sus familiares”, explicó.
Por su parte, la Presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, acusó que se están aprovechando de la pandemia para intentar liberar a internos de Punta Peuco.
“Una cosa es tener posiciones políticas distintas, pero otra cosa es relativizar el terrorismo de estado. Hay que ser muy indecente para intentar hacer uso de un momento tan dramático que vive Chile y la humanidad para ir nuevamente tras la determinación de liberar a los violadores de los derechos humanos”, dijo Pizarro.
En tanto, quien representa a diversos condenados por causas de Derechos Humanos, el abogado Maximiliano Murath, afirmó que el país tiene que velar por la salud de todos los adultos mayores que estén privados de libertad, independiente del delito que hayan cometido.
“Nosotros tenemos que velar por la protección de todas las personas adultas mayores de 75 años que estén en riesgo hoy día cumpliendo condena en las cárceles y por lo tanto los estándares del Derecho Internacional tienen que aplicarse a todos los adultos mayores, sin importar el delito que hayan cometido. Ese estándar internacional se exige en la Convención Interamericana de la protección del adulto mayor, que Chile aprobó y ratificó en 2017 y que está plenamente vigente”, se defendió.
Mañana en el Tribunal Constitucional se revisará el requerimiento que 14 senadores oficialistas interpusieron, para declarar inconstitucional la iniciativa de indulto conmutativo del Gobierno, por no incluir a reos de Punta Peuco.
Juan de Dios Parra, Secretario General de la ALDHU explicó " los presos de Punta Peuco nunca mostraron arrepentimiento y tampoco han colaborado sustancialmente en la investigación de los crímenes cometidos durante la dictadura; aunque el Tribunal Constitucional dictaminase lo contrario, no es comprensible que el gobierno insistan en su liberación".
Agrupaciones de Derechos Humanos rechazan tajantemente el proyecto de ley humanitario, que busca que adultos mayores con enfermedades terminales, entre ellos, sentenciados por causas de Derechos Humanos, puedan acceder al beneficio de cumplir un arresto domiciliario total.
Se refieren a la iniciativa que el Gobierno puso suma urgencia, y sobre la que el Presidente Sebastián Piñera dijo que: “Una persona condenada por DDHH que se está muriendo, debiera tener el beneficio de morir en casa”.
Frente a esto, agrupaciones de derechos humanos consideraron que el proyecto de ley humanitario, iniciativa del Gobierno – que está en el Congreso desde el 2018 -, es completamente contraria a la legislación nacional e internacional vigente.
El Presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta, mencionó que la iniciativa del Ejecutivo es inconstitucional.
“La interpelación que nosotros hacemos al parlamento especialmente, donde se pretende aprobar esta iniciativa legal que es completamente incompatible con la legislación vigente hoy en Chile, es a que no se hagan cómplices de una iniciativa que es contra los derechos humanos y que constituye de paso una nueva afrenta a la memoria de las víctimas y sus familiares”, explicó.
Por su parte, la Presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, acusó que se están aprovechando de la pandemia para intentar liberar a internos de Punta Peuco.
“Una cosa es tener posiciones políticas distintas, pero otra cosa es relativizar el terrorismo de estado. Hay que ser muy indecente para intentar hacer uso de un momento tan dramático que vive Chile y la humanidad para ir nuevamente tras la determinación de liberar a los violadores de los derechos humanos”, dijo Pizarro.
En tanto, quien representa a diversos condenados por causas de Derechos Humanos, el abogado Maximiliano Murath, afirmó que el país tiene que velar por la salud de todos los adultos mayores que estén privados de libertad, independiente del delito que hayan cometido.
“Nosotros tenemos que velar por la protección de todas las personas adultas mayores de 75 años que estén en riesgo hoy día cumpliendo condena en las cárceles y por lo tanto los estándares del Derecho Internacional tienen que aplicarse a todos los adultos mayores, sin importar el delito que hayan cometido. Ese estándar internacional se exige en la Convención Interamericana de la protección del adulto mayor, que Chile aprobó y ratificó en 2017 y que está plenamente vigente”, se defendió.
Mañana en el Tribunal Constitucional se revisará el requerimiento que 14 senadores oficialistas interpusieron, para declarar inconstitucional la iniciativa de indulto conmutativo del Gobierno, por no incluir a reos de Punta Peuco.
Juan de Dios Parra, Secretario General de la ALDHU explicó " los presos de Punta Peuco nunca mostraron arrepentimiento y tampoco han colaborado sustancialmente en la investigación de los crímenes cometidos durante la dictadura; aunque el Tribunal Constitucional dictaminase lo contrario, no es comprensible que el gobierno insistan en su liberación".
domingo, 5 de abril de 2020
Trump prohíbe a 3M seguir exportando mascarillas y guantes médicos a Latinoamérica y Canadá
Mediante una ley que data de la guerra de Corea en la década de 1950, el presidente Donald Trump prohibió a la gigante 3M seguir exportando mascarillas médicas N95 y guantes quirúrgicos al extranjero, siendo sus principales destinos Canadá y Latinoamérica.
Fue así que el viernes por la tarde, la Casa Blanca firmó un decreto ejecutivo, donde ordena a las oficinas federales de salud y de emergencia usar su autoridad legal para preservar las mascarillas N95, mascarillas quirúrgicas y guantes quirúrgicos, sólo para uso doméstico dentro de los EEUU, indica el New York Times.
En un comunicado que acompañó el decreto, el presidente estadounidense criticó a los “especuladores en tiempos de guerra”, que incluyen a especuladores financieros, propietarios de bodegas y algunos distribuidores “muy conocidos, con la capacidad de derivar su producción inescrupulosamente de los hospitales y gobiernos estatales, a compradores extranjeros dispuestos a pagar un extra”.
“Esto no debería interferir con la capacidad de los productores de equipamiento de protección personal (PPE) para exportar, siempre y cuando cumplan con las políticas de gobierno y actúen en el interés nacional de los Estados Unidos”, cierra la misiva.
“Importantes consecuencias humanitarias”
En un comunicado, 3M rechazó la medida asegurando que de imponerse tendrá “importantes consecuencias humanitarias” para los trabajadores de la salud de nuestros países vecinos, y que están obligados por contrato a cumplir sus compromisos internacionales.
Según indicó la firma de Minesotta, el gobierno invocó la ley para “obligar a 3M a priorizar las órdenes de nuestras mascarillas respiratorias N95 para la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), así como a importar a EEUU más de estas mascarillas hechas en nuestras fábricas del exterior, lo cual apoyamos plenamente”.
Sin embargo 3M aseguró que el gobierno también les exigió dejar de exportar mascarillas hechas en los Estados Unidos a Canadá y América Latina, cita la BBC.
La empresa incluso replicó que esta acción podría significar represalias de otros gobiernos.
“Cesar todas nuestras exportaciones de mascarillas producidas en los Estados Unidos probablemente hará que otros países tomen represalias de igual forma, sin considerar que algunos ya lo han hecho. Si esto ocurre, el total de mascarillas disponibles en los Estados Unidos acabará por reducirse. Esto es justo lo contrario de lo que nosotros y el gobierno, en nombre del pueblo estadounidense, buscamos”, consigna el New York Times.
Las mascarillas N95, también conocidas como FFR, poseen un filtro capaz de reducir en 95% partículas microscópicas del aire, incluyendo virus y bacterias, por lo que son imprescindibles para personas inmunodeprimidas y profesionales de la salud.
Por su parte, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, aseguró que sería un “grave error” decretar un bloqueo de insumos o reducir el comercio. Más aún considerando que Canadá no tiene fábricas de mascarillas N95, dependiendo íntegramente de la producción estadounidense.
“Hay cientos de enfermeros en Windsor que van a trabajar a Detroit todos los días, y los estadounidenses dependen de ellos. Tenemos productos médicos y otros bienes esenciales que intercambiamos hacia ambos lados de la frontera. Cosas de las que dependen los estadounidenses”, afirmó el gobernante según recoge la BBC.
Por el momento, se desconoce si Chile era uno de los mercados hacia los cuales debían enviarse las mascarillas.
Fuente: BiobioChile
La disposición, conocida como Ley de Protección de la Defensa Nacional (Defense Production Act), faculta al Gobierno a redirigir la producción de insumos críticos al mercado interno, así como a ordenar a las empresas que tienen sus fábricas en el extranjero, que redirijan sus envíos hacia EEUU.
Trump ya había adelantado este jueves el conflicto con la productora de equipo protector, al acusarla por Twitter.
“Hoy golpeamos duro a 3M luego de ver lo que estaban haciendo con sus mascarillas… Tuvimos una gran sorpresa en el gobierno al descubrir lo que estaban haciendo. ¡Van a tener que pagar un alto precio!”, advirtió entonces sin entregar más detalles.
El mismo día, Trump se refirió vagamente a la situación durante su punto de prensa diario sobre medidas contra el coronavirus, indicando que “Ojalá que sean capaces de hacer lo que deberían hacer”, indica la cadena CBS.We hit 3M hard today after seeing what they were doing with their Masks. “P Act” all the way. Big surprise to many in government as to what they were doing - will have a big price to pay!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 3, 2020
Fue así que el viernes por la tarde, la Casa Blanca firmó un decreto ejecutivo, donde ordena a las oficinas federales de salud y de emergencia usar su autoridad legal para preservar las mascarillas N95, mascarillas quirúrgicas y guantes quirúrgicos, sólo para uso doméstico dentro de los EEUU, indica el New York Times.
En un comunicado que acompañó el decreto, el presidente estadounidense criticó a los “especuladores en tiempos de guerra”, que incluyen a especuladores financieros, propietarios de bodegas y algunos distribuidores “muy conocidos, con la capacidad de derivar su producción inescrupulosamente de los hospitales y gobiernos estatales, a compradores extranjeros dispuestos a pagar un extra”.
“Esto no debería interferir con la capacidad de los productores de equipamiento de protección personal (PPE) para exportar, siempre y cuando cumplan con las políticas de gobierno y actúen en el interés nacional de los Estados Unidos”, cierra la misiva.
“Importantes consecuencias humanitarias”
En un comunicado, 3M rechazó la medida asegurando que de imponerse tendrá “importantes consecuencias humanitarias” para los trabajadores de la salud de nuestros países vecinos, y que están obligados por contrato a cumplir sus compromisos internacionales.
Según indicó la firma de Minesotta, el gobierno invocó la ley para “obligar a 3M a priorizar las órdenes de nuestras mascarillas respiratorias N95 para la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), así como a importar a EEUU más de estas mascarillas hechas en nuestras fábricas del exterior, lo cual apoyamos plenamente”.
Sin embargo 3M aseguró que el gobierno también les exigió dejar de exportar mascarillas hechas en los Estados Unidos a Canadá y América Latina, cita la BBC.
La empresa incluso replicó que esta acción podría significar represalias de otros gobiernos.
“Cesar todas nuestras exportaciones de mascarillas producidas en los Estados Unidos probablemente hará que otros países tomen represalias de igual forma, sin considerar que algunos ya lo han hecho. Si esto ocurre, el total de mascarillas disponibles en los Estados Unidos acabará por reducirse. Esto es justo lo contrario de lo que nosotros y el gobierno, en nombre del pueblo estadounidense, buscamos”, consigna el New York Times.
Las mascarillas N95, también conocidas como FFR, poseen un filtro capaz de reducir en 95% partículas microscópicas del aire, incluyendo virus y bacterias, por lo que son imprescindibles para personas inmunodeprimidas y profesionales de la salud.
Por su parte, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, aseguró que sería un “grave error” decretar un bloqueo de insumos o reducir el comercio. Más aún considerando que Canadá no tiene fábricas de mascarillas N95, dependiendo íntegramente de la producción estadounidense.
“Hay cientos de enfermeros en Windsor que van a trabajar a Detroit todos los días, y los estadounidenses dependen de ellos. Tenemos productos médicos y otros bienes esenciales que intercambiamos hacia ambos lados de la frontera. Cosas de las que dependen los estadounidenses”, afirmó el gobernante según recoge la BBC.
Por el momento, se desconoce si Chile era uno de los mercados hacia los cuales debían enviarse las mascarillas.
viernes, 3 de abril de 2020
Los Estados deben respetar los derechos humanos al emplear tecnologías de vigilancia digital para combatir la pandemia
La pandemia de COVID-19 es una emergencia global de salud pública, que precisa de una respuesta coordinada y en gran escala de los gobiernos en todo el mundo. Sin embargo, las iniciativas de los Estados para contener el virus no deben servir para encubrir el inicio de una nueva era marcada por una enorme expansión de los sistemas de vigilancia digital invasiva.
Las organizaciones abajo firmantes instamos a los gobiernos a dar muestra de liderazgo en la gestión de la pandemia garantizando que el empleo de tecnologías digitales para rastrear y monitorear a personas y poblaciones respeta plenamente los derechos humanos.
La tecnología puede y debe desempeñar importantes funciones durante este esfuerzo que se está realizando para salvar vidas, como difundir mensajes de salud pública y aumentar el acceso a los servicios de salud. No obstante, el aumento de los poderes de vigilancia digital de los Estados –como tener acceso a los datos de localización de los teléfonos móviles– amenaza la privacidad, la libertad de expresión y la libertad de asociación de una manera que podría violar derechos y reducir la confianza en las autoridades públicas, con el consiguiente menoscabo de la eficacia de las repuestas de salud pública. Tales medidas entrañan también un riesgo de discriminación y pueden perjudicar de manera desproporcionada a comunidades ya marginadas.
Vivimos tiempos extraordinarios, pero el derecho de los derechos humanos sigue siendo aplicable. De hecho, el marco de los derechos humanos tiene por objeto garantizar un cuidadoso equilibrio de los distintos derechos para proteger a las personas y las sociedades en general. Los Estados no pueden desatender sin más derechos como la privacidad y la libertad de expresión con el pretexto de gestionar una crisis de salud pública. Al contrario, la protección de los derechos humanos también promueve la salud pública. Ahora más que nunca, los gobiernos deben garantizar estrictamente que toda restricción de estos derechos se ajusta a las salvaguardias de los derechos humanos ya establecidas.
Esta crisis nos brinda la oportunidad de demostrar la humanidad que compartimos. Para combatir esta pandemia, podemos hacer esfuerzos extraordinarios que sean compatibles con las normas de derechos humanos y el Estado de derecho.Pedimos a todos los gobiernos que no respondan a la pandemia de COVID-19 incrementando la vigilancia digital si no se cumplen las condiciones siguientes:
1- Las medidas de vigilancia adoptadas para abordar la pandemia deben se ser legales, necesarias y proporcionadas. Han de estar previstas por la ley y justificadas por objetivos legítimos de salud pública, determinados por las autoridades de salud pública competentes, y ser proporcionadas a esas necesidades Los gobiernos deben ser transparentes con respecto a las medidas que tomen, para que puedan ser analizadas y modificadas, retiradas o anuladas posteriormente, si procede. No podemos dejar que la pandemia de COVID-19 sirva de excusa para ejercer vigilancia masiva indiscriminada.
2- Si los gobiernos amplían los poderes de seguimiento y vigilancia, tales poderes han de ser de duración limitada y prolongarse sólo durante el tiempo necesario para abordar la pandemia actual. No podemos dejar que la pandemia de COVID-19 sirva de excusa para ejercer vigilancia indefinidamente.
3- Los Estados deben garantizar que el aumento de la recopilación, conservación y agregación de datos personales, incluidos los relativos a la salud, tiene como único fin responder a la pandemia de COVID-19. Los datos recopilados, conservados y agregados para responder a la pandemia deben tener un alcance y duración limitados en función de la pandemia y no utilizarse con fines comerciales ni de otra índole. No podemos dejar que la pandemia de COVID-19 sirva de excusa para menoscabar el derecho personal a la privacidad. Las decisiones que los gobiernos tomen ahora para afrontar la pandemia determinarán cómo será el mundo en el futuro.
4- Los gobiernos deben hacer todo lo posible para proteger los datos personales, lo que incluye garantizar la debida seguridad de los datos recopilados y de los dispositivos, aplicaciones, redes o servicios utilizados en su recopilación, transmisión, tratamiento y almacenamiento. Cuando se afirme que los datos son anónimos, ha de poder demostrase y respaldarse con información suficiente sobre cómo se han anonimizado. No podemos dejar que los intentos de responder a esta pandemia sirvan de justificación para poner en riesgo la seguridad digital de las personas.
5- Todo uso de tecnologías de vigilancia digital en la respuesta a la COVID-19, incluidos los sistemas de inteligencia de datos y artificial, debe tener en cuenta el riesgo de que tales herramientas faciliten la discriminación y otros abusos contra los derechos de las minorías raciales, las personas que viven en la pobreza y las poblaciones marginadas, cuyas necesidades y realidades de vida pueden quedar ocultas o mal representadas en los macroconjuntos de datos. No podemos dejar que la pandemia de COVID-19 aumente aún más las diferencias existentes en el disfrute de los derechos humanos entre distintos grupos de la sociedad.
6- Si los gobiernos firman acuerdos para compartir datos con otras entidades públicas o del sector privado, deben hacerlo basándose en la ley, y la existencia de tales acuerdos, así como la información necesaria para evaluar su impacto en la privacidad y los derechos humanos, debe revelarse públicamente, por escrito, con las cláusulas de suspensión y con supervisión pública y otras salvaguardias por defecto. Las empresas participantes en las iniciativas de los gobiernos frente a la COVID-19 deben ejercer la diligencia debida para garantizar que respetan los derechos humanos y que toda intervención está desligada de otros intereses empresariales y comerciales. No podemos dejar que la pandemia de COVID-19 sirva de excusa para ocultar a la sociedad qué información recopila y comparte con terceros su gobierno.
7- Toda respuesta debe incorporar mecanismos de rendición de cuentas y salvaguardias contra el uso indebido. El aumento de las medidas de vigilancia ante la COVID-19 no debe ser competencia de los organismos de seguridad o inteligencia, y tiene que estar sujeto a la supervisión efectiva de órganos independientes adecuados. Además, se debe ofrecer a las personas la oportunidad de conocer e impugnar toda medida que se tome en relación con la COVID-19 para recopilar, agregar, conservar y emplear datos. Las personas que hayan sido sometidas a vigilancia han de tener acceso a medios efectivos para interponer recursos.
8- Las respuestas a la COVID-19 que contengan medidas de recopilación de datos han de incluir medios de participación libre, activa y significativa de las partes interesadas pertinentes, en particular de especialistas del sector de la salud pública y de los grupos de población más marginados.
Fuente: Amnistía intenacional
Las organizaciones abajo firmantes instamos a los gobiernos a dar muestra de liderazgo en la gestión de la pandemia garantizando que el empleo de tecnologías digitales para rastrear y monitorear a personas y poblaciones respeta plenamente los derechos humanos.
La tecnología puede y debe desempeñar importantes funciones durante este esfuerzo que se está realizando para salvar vidas, como difundir mensajes de salud pública y aumentar el acceso a los servicios de salud. No obstante, el aumento de los poderes de vigilancia digital de los Estados –como tener acceso a los datos de localización de los teléfonos móviles– amenaza la privacidad, la libertad de expresión y la libertad de asociación de una manera que podría violar derechos y reducir la confianza en las autoridades públicas, con el consiguiente menoscabo de la eficacia de las repuestas de salud pública. Tales medidas entrañan también un riesgo de discriminación y pueden perjudicar de manera desproporcionada a comunidades ya marginadas.
Vivimos tiempos extraordinarios, pero el derecho de los derechos humanos sigue siendo aplicable. De hecho, el marco de los derechos humanos tiene por objeto garantizar un cuidadoso equilibrio de los distintos derechos para proteger a las personas y las sociedades en general. Los Estados no pueden desatender sin más derechos como la privacidad y la libertad de expresión con el pretexto de gestionar una crisis de salud pública. Al contrario, la protección de los derechos humanos también promueve la salud pública. Ahora más que nunca, los gobiernos deben garantizar estrictamente que toda restricción de estos derechos se ajusta a las salvaguardias de los derechos humanos ya establecidas.
Esta crisis nos brinda la oportunidad de demostrar la humanidad que compartimos. Para combatir esta pandemia, podemos hacer esfuerzos extraordinarios que sean compatibles con las normas de derechos humanos y el Estado de derecho.Pedimos a todos los gobiernos que no respondan a la pandemia de COVID-19 incrementando la vigilancia digital si no se cumplen las condiciones siguientes:
1- Las medidas de vigilancia adoptadas para abordar la pandemia deben se ser legales, necesarias y proporcionadas. Han de estar previstas por la ley y justificadas por objetivos legítimos de salud pública, determinados por las autoridades de salud pública competentes, y ser proporcionadas a esas necesidades Los gobiernos deben ser transparentes con respecto a las medidas que tomen, para que puedan ser analizadas y modificadas, retiradas o anuladas posteriormente, si procede. No podemos dejar que la pandemia de COVID-19 sirva de excusa para ejercer vigilancia masiva indiscriminada.
2- Si los gobiernos amplían los poderes de seguimiento y vigilancia, tales poderes han de ser de duración limitada y prolongarse sólo durante el tiempo necesario para abordar la pandemia actual. No podemos dejar que la pandemia de COVID-19 sirva de excusa para ejercer vigilancia indefinidamente.
3- Los Estados deben garantizar que el aumento de la recopilación, conservación y agregación de datos personales, incluidos los relativos a la salud, tiene como único fin responder a la pandemia de COVID-19. Los datos recopilados, conservados y agregados para responder a la pandemia deben tener un alcance y duración limitados en función de la pandemia y no utilizarse con fines comerciales ni de otra índole. No podemos dejar que la pandemia de COVID-19 sirva de excusa para menoscabar el derecho personal a la privacidad. Las decisiones que los gobiernos tomen ahora para afrontar la pandemia determinarán cómo será el mundo en el futuro.
4- Los gobiernos deben hacer todo lo posible para proteger los datos personales, lo que incluye garantizar la debida seguridad de los datos recopilados y de los dispositivos, aplicaciones, redes o servicios utilizados en su recopilación, transmisión, tratamiento y almacenamiento. Cuando se afirme que los datos son anónimos, ha de poder demostrase y respaldarse con información suficiente sobre cómo se han anonimizado. No podemos dejar que los intentos de responder a esta pandemia sirvan de justificación para poner en riesgo la seguridad digital de las personas.
5- Todo uso de tecnologías de vigilancia digital en la respuesta a la COVID-19, incluidos los sistemas de inteligencia de datos y artificial, debe tener en cuenta el riesgo de que tales herramientas faciliten la discriminación y otros abusos contra los derechos de las minorías raciales, las personas que viven en la pobreza y las poblaciones marginadas, cuyas necesidades y realidades de vida pueden quedar ocultas o mal representadas en los macroconjuntos de datos. No podemos dejar que la pandemia de COVID-19 aumente aún más las diferencias existentes en el disfrute de los derechos humanos entre distintos grupos de la sociedad.
6- Si los gobiernos firman acuerdos para compartir datos con otras entidades públicas o del sector privado, deben hacerlo basándose en la ley, y la existencia de tales acuerdos, así como la información necesaria para evaluar su impacto en la privacidad y los derechos humanos, debe revelarse públicamente, por escrito, con las cláusulas de suspensión y con supervisión pública y otras salvaguardias por defecto. Las empresas participantes en las iniciativas de los gobiernos frente a la COVID-19 deben ejercer la diligencia debida para garantizar que respetan los derechos humanos y que toda intervención está desligada de otros intereses empresariales y comerciales. No podemos dejar que la pandemia de COVID-19 sirva de excusa para ocultar a la sociedad qué información recopila y comparte con terceros su gobierno.
7- Toda respuesta debe incorporar mecanismos de rendición de cuentas y salvaguardias contra el uso indebido. El aumento de las medidas de vigilancia ante la COVID-19 no debe ser competencia de los organismos de seguridad o inteligencia, y tiene que estar sujeto a la supervisión efectiva de órganos independientes adecuados. Además, se debe ofrecer a las personas la oportunidad de conocer e impugnar toda medida que se tome en relación con la COVID-19 para recopilar, agregar, conservar y emplear datos. Las personas que hayan sido sometidas a vigilancia han de tener acceso a medios efectivos para interponer recursos.
8- Las respuestas a la COVID-19 que contengan medidas de recopilación de datos han de incluir medios de participación libre, activa y significativa de las partes interesadas pertinentes, en particular de especialistas del sector de la salud pública y de los grupos de población más marginados.
Fuente: Amnistía intenacional
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