Abogados de
Derechos Humanos y Senador Juan Pablo Letelier solicitaron diligencias en
escrito presentado durante esta jornada.
Durante esta mañana
y acompañados de sendos oficios que solicitan llevar adelante una serie de
diligencias para aclarar la responsabilidad de los cómplices de la dictadura
cívico - militar, llegaron hasta las oficinas de la Corte Suprema de Justicia,
el Senador Juan Pablo Letelier y el secretario Nacional de Derechos Humanos del
PS, Juan de Dios Parra, quienes en conjunto a un grupo de juristas expertos en
derechos humanos, materializaron la presentación de una “Querella criminal por
Genocidio y Asociación Ilícita Genocida”.
En el escrito, que
hace referencias históricas, se señala que:
“En noviembre
de 1970 asumió la presidencia de Chile el Doctor Salvador Allende Gossens,
quien, encabezando un gobierno de coalición popular, implementó un conjunto de
transformaciones económicas, políticas y sociales que cambiaron sustancialmente
la realidad del país. La reforma agraria, la nacionalización de la banca y del
cobre, la estatización de importantes empresas productivas (la industria
azucarera nacional, la Compañía de Teléfonos de Chile, la Compañía de Aceros
del Pacifico, la Empresa Nacional de Petróleos, el Consorcio Seguros del
Estado, la Sociedad Química y Minera de Chile) afectaron severamente los
intereses de la oligarquía chilena y de las transnacionales, especialmente de
aquellas dedicadas a la explotación del cobre”.
“Las acciones
desestabilizadoras contra el gobierno popular, que contaron con el apoyo
incondicional del gobierno de los Estados Unidos de la época, (según surge de
dos informes, uno producido por el Senado norteamericano y otro por la propia
CIA a pedido del Congreso de ese país), inicialmente, lejos de conseguir su
objetivo, fortalecieron al Ejecutivo. En efecto, en las elecciones
parlamentarias de marzo de 1973 el gobierno amplió su base de sustentación
llevando su caudal electoral a un sólido 45%. Ello motivó que la oposición, con
el apoyo internacional mencionado, agudizara su confrontación con el gobierno. Infiltraron
los partidos de la Unidad Popular a través de los organismos de inteligencia
militar, en particular de la DINE, y secuestraron, torturaron y ejecutaron
detenidos en centros clandestinos de detención. Una serie de huelgas y cierres
patronales, que junto con crímenes políticos como el del ex Ministro Pérez
Zujovic o del Comandante de la Marina Pedro Araya Peters, paralizaron la nación
y enrarecieron el clima social generando una sensación de caos. La situación se
vio agravada por un intento de sublevación militar en el mes de junio de 1973”.
Según señaló el senador Letelier, la querella
criminal interpuesta es “por los delitos de genocidio y asociación ilícita
genocida, contra quienes resulten responsables como autores, cómplices y/o
encubridores y en particular contra quienes se señalan en el cuerpo de
este escrito y en los anexos que hacen parte del mismo, en mérito a las
consideraciones de hecho y fundamentos de derecho que se exponen en la misma”.
“Tenemos la
firme convicción de que la política económica de la Junta chilena y sus
resultados deben ser analizados dentro del contexto de un amplio proceso
contrarrevolucionario destinado a devolver a una pequeña minoría el control
político, social y económico que gradualmente había perdido durante los últimos
treinta años, y especialmente, durante los años del gobierno de la Unidad
Popular. La sociedad chilena se había caracterizado históricamente, hasta el
momento del golpe de Estado del 11 de Setiembre de 1973, por una creciente
participación de la clase trabajadora y sus partidos políticos en el proceso de
dirección económica y social del país. Desde principios de siglo, a través de
los mecanismos de democracia representativa, los trabajadores habían ido
logrando conquistas económicas, sociales y políticas, las que culminaron con la
elección de Salvador Allende como Presidente de Chile en 1970. En este proceso,
los grupos internos privilegiados y los intereses extranjeros imperiales se
sintieron seriamente amenazados. Pese a la fuerte presión financiera y política
ejercida desde el exterior, y los esfuerzos para manipular la conciencia de la
clase media a través de una verdadera guerra psicológica, orquestada por los
medios de difusión que controlaban los sectores reaccionarios, el apoyo al
gobierno popular de Salvador Allende aumentó significativamente entre 1970 y
1973”.
Por su parte
Juan de Dios Parra, recordó que “la instalación del Gobierno Militar por la vía
armada, y sustitución de las autoridades constitucionalmente electas por una
Junta Militar, significó la usurpación del poder, centralizando todas las
funciones del Estado, en clara violación de toda la normativa constitucional y
legal vigente. El golpe de estado tuvo por finalidad abortar el proceso de
cambios que se venía desarrollando, e imponer, mediante el terror, un modelo
económico neoliberal, con exclusión social y control político, que garantizara
los privilegios de la minoría y la marginación de las grandes mayorías”.
Por esto, la
querella tiene entre sus principales argumentos, las medidas que tomó la
entonces Junta Militar para el cumplimiento de sus propósitos, como por ejemplo:
las autoridades auto-designadas, la persecución indiscriminada de todo el que
pensaba distinto, la desaparición forzada, la privación de libertad ilegítima
en campos de concentración, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y Consejos
de Guerra, el extrañamiento y el exilio de miles y miles de chilenos,
configurando una acción genocida contra un grupo nacional. Sólo consiguieron
imponerse, pues, a través de la violencia, la deshumanización y el terror para
instalar un nuevo orden en el país, a cuyos efectos adoptaron las siguientes
medidas:
Disolución del
Congreso Nacional y del Tribunal Constitucional (Decreto Ley Nº 27), Proscripción
y receso de todos los partidos políticos (Decreto Ley Nº 77), Caducidad e incineración
de los registros electorales (Decreto Ley Nº 130), Cesación de alcaldes y
regidores (Decreto Ley Nº25), Interinato en la Administración Pública,
exceptuando el Poder Judicial (Decreto Ley Nº 22), Imposición del Estado de Emergencia
en todo el país (Decreto Ley Nº 3), Suspensión forzada de toda actividad
sindical (Decreto Ley Nº 198), Intervención de las Universidades (Decreto Ley
Nº 50), Cierre y clausura de los medios de comunicación, establecimiento de la
censura y el control de los medios de prensa, entre otros.
Cabe destacar
que mañana 12 de septiembre el Senador Letelier acompañado del abogado, Juan de
Dios Parra, sostendrán una reunión con el Ministro Carroza (en sus
dependencias) a las 8:30 horas, con el fin de conversar los alcances de esta
querella y los pasos que debiera seguir.
