El primero de Enero, entró en vigencia
en Colombia la Ley de Reparación y Restitución de Tierras a las Víctimas de las
violaciones de Derechos Humanos e Infracciones al Derecho Internacional
Humanitario, por el cual se adoptan medidas de protección, asistencia y
reparación a las víctimas en el marco del conflicto que ese país vive hace
décadas.
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| Por la dignidad de las víctimas |
La
Ley en cuestión, fue una iniciativa que respondió a la necesidad de garantizar
los derechos a la verdad, a la justicia, y a la reparación a millones de colombianos que han sufrido
alguna violación en sus derechos
fundamentales, siempre que esta situación sea consecuencia de infracciones al Derecho
Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas
Internacionales de Derechos Humanos. En esta Ley se ha integrado el proyecto de
restitución tierras, que sanciona la devolución de las tierras a quienes fueron
despojados de ellas como consecuencia del conflicto.
Los
principios generales orientadores que rigen este Proyecto son, el principio de Buena
Fe, Igualdad, Debido Proceso, Medidas transicionales,
coherencia externa, Coherencia interna, Enfoque diferencial y
Corresponsabilidad, entre otros.
Un principio significativo del
Proyecto está dado por su base en la
definición de la “Justicia Transicional”. Este concepto tal como lo define el
Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), dice relación con “una respuesta a las violaciones sistemáticas o
generalizadas a los derechos humanos. Su objetivo es reconocer a las
víctimas y promover iniciativas de paz, reconciliación y democracia. La
justicia transicional no es una forma especial de justicia, sino una justicia
adaptada a sociedades que se transforman a sí mismas después de un período
de violación generalizada de los derechos humanos. En algunos casos, estas
transformaciones suceden de un momento a otro; en otros, pueden tener lugar
después de muchas décadas”. Aunque sobre este punto, hay controversia, ya que
existen sectores que niegan que en Colombia se viva un proceso de Transición,
sino que solo hay esfuerzos parciales y unilaterales de terminar con el estado
de violencia.
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| Miles de desplazados exigen justicia |
En todo caso, hay un
reconocimiento relativo, que la aprobación de la Ley de Víctimas y de
Restitución de Tierras, avanza en la reparación de lo que el Gobierno
Colombiano ha llamado “una deuda moral
con las víctimas de la violencia”.
Según el Ministro del
Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras: “Este articulado le va a permitir
a millones de colombianos que fueron víctimas del conflicto rehacer sus vidas.
Empieza una etapa de cicatrización de tantas heridas, de reconocimiento a
personas que se vieron afectadas por la violencia; comienza también un proceso
de restitución de todas las tierras que les fueron arrebatadas también mediante
la violencia a quienes eran sus tenedores o poseedores”. El Ministro enfatiza que la Ley está
exclusivamente orientada a resarcir, mediante una política integral, a las
víctimas y a las personas desplazadas….“Nosotros en el Gobierno creemos que
estamos muy cerca de que este país supere su conflicto armado y lo que se abre
paso mediante esta ley es una etapa de resarcimiento en la sociedad a las
personas que por estas décadas sufrieron todos los rigores de la violencia”.
El Gobierno estima que cerca de cuatro millones de personas
afectadas por la violencia tienen derecho a la reparación económica y la
restitución de tierras.
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| La Violencia continúa |
De acuerdo con la
Comisión Ética Internacional de la Verdad de los Crímenes de Estado en
Colombia, el balance de la situación de los derechos humanos en el año
transcurrido continúa siendo muy negativo. A pesar del gran despliegue
mediático dado a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que entró en
vigor este primero de enero, la cual, según el presidente Santos, es única en
el mundo porque se da en el marco de un conflicto armado existente, la realidad
para las comunidades y las víctimas que la comisión ha acompañado en este
proyecto de memoria y resistencia no ha cambiado sustancialmente: en 2011 se ha
asesinado a más de 20 líderes en procesos de restitución de tierras, y entre
julio de 2010 y mayo de 2011 se registran 255 agresiones contra defensores de
los derechos humanos. De éstas, 54 fueron asesinatos, según el Informe del
sistema de información sobre agresiones a defensoras y defensores (SIADDHH),
del Programa Somos Defensores de Colombia.
