- Juan de Dios Parra de ALDHU,
- Patricia Ochoa #CasoGabela,
- Amparo Molina #CasoAampetra y
- Patricia Carrión #CasoFurukawa

La Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos, ALDHU, es un organismo internacional no gubernamental, fundado el 13 de Agosto de 1980, en Quito Ecuador, que impulsa la lucha por la construcción, defensa, promoción y observancia de los Derechos Humanos y la democracia en América Latina y el Caribe.
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lunes, 25 de enero de 2021
Presentación del libro: SOBREVIVIENTES. Los rostros que vencieron el miedo.
domingo, 24 de enero de 2021
Un juez sin miedo: Juan Guzmán Tapia (Chile)
Este viernes, 22 de enero de 2021, recibí con profundo pesar la noticia triste del fallecimiento de Juan Guzmán Tapia, a sus 81 años. Siempre sentí un profundo respeto y admiración por el juez chileno del caso Pinochet que, con coraje y determinación, enfrentando todo tipo de amenazas y ataques personales, tuvo la entereza de investigar de manera objetiva, constante y tranquila las innumerables querellas que se fueron acumulando en contra del dictador, una avalancha que se inició con la primera que interpusieron a principios de 1998 Gladys Marín y un grupo de abogados encabezados por Eduardo Contreras, de quienes muchos se burlaron por cometer el atrevimiento o la ingenuidad de buscar justicia en su propio país.
Durante mucho tiempo, sólo había oído la voz de Juan Guzmán a través del hilo telefónico, sin hablar con él directamente, sino por medio de su amigo chileno radicado en España, el catedrático de Derecho Penal Hernán Hormazábal, pues la Corte Suprema chilena le tenía prohibido cualquier contacto conmigo. Recuerdo que fue en el año 2003, en la Comisión de la Memoria de la ciudad de La Plata, Argentina, cuando por fin pude conocerlo. Nos acompañaba el fiscal argentino, amigo y hermano entrañable, también fallecido, Hugo Omar Cañón. Nos dimos un abrazo fraterno que dijo mucho más que cualquier palabra que pudiéramos expresar.
Posteriormente, cuando de su mano me otorgaron en 2006 el doctorado honoris causa por la Facultad de Derecho de la Universidad Central en Santiago de Chile, estrechamos más los lazos que habíamos para ese entonces trenzado, en cursos de verano y eventos de Derechos Humanos en Latinoamérica, Estados Unidos, Francia y España. Para mí fue un honor y una experiencia vital fundamental estar con él en Villa Grimaldi y otros lugares de memoria con las víctimas de Pinochet, o defender los derechos del pueblo mapuche o las causas nobles de Jurisdicción Universal. En enero de 2020 fue la última vez que pude escucharle en Santiago, aunque no fue posible vernos porque su salud estaba ya deteriorada.
El juez Guzmán inició en solitario, antes de la detención de Pinochet en Londres por mi orden, una larga travesía a lo largo de toda la geografía chilena, buscando pruebas, tomando testimonios, pero, sobre todo, buscando a los desaparecidos. Con razón fue apodado Juan Sin Miedo, apelativo que se ganó a raíz de las numerosas presiones y ataques que tuvo que soportar, pese a las cuales siguió haciendo su trabajo con una determinación inquebrantable. Sin pretenderlo, se convirtió en el gran referente ético chileno en esta historia de confrontación de la Justicia frente a la impunidad de los crímenes más atroces.
Chile ha perdido a uno de sus hijos más ilustres, un ser humano íntegro, un jurista de prestigio, juez valiente y decidido, cuya humildad no hace más que engrandecerlo. Mi solidaridad fraterna es para su familia en estos momentos de dolor. Juan Guzmán Tapia ha partido, su ejemplo queda con nosotros y, a todos los que formen parte de la justicia, les obliga a seguir su camino.
Baltasar Garzón es jurista y presidente de Fibgar
Fuente: Infolibre.es
martes, 19 de enero de 2021
Nicaragua aplicará polémica cadena perpetua contra crímenes de "odio".
El parlamento de Nicaragua, de mayoría oficialista, ratificó este lunes una reforma constitucional que castiga con cadena perpetua los crímenes de "odio", un paso que según críticos del gobierno de Daniel Ortega busca criminalizar las protestas opositoras.
sábado, 16 de enero de 2021
Pandemia de covid puede ser mucho peor en 2021 para América Latina
WASHINGTON, 13 ene 2021 (IPS) - La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió que 2021 puede ser mucho peor que 2020 si se relajan las medidas de salud pública contra la covid-19, ya que las vacunas no estarán disponibles masivamente al menos hasta el segundo semestre.
Carissa Etienne, directora de la OPS, afirmó este miércoles 13 que “si seguimos siendo diligentes, tenemos el poder de controlar este virus, pero si nos relajamos, que nadie se equivoque, 2021 puede ser mucho peor que 2020”.
En América Latina y el Caribe hasta ahora casi 16 millones de personas contrajeron la enfermedad y más de 500 000 han muerto, a pesar de medidas como fuertes cuarentenas, campañas de información y esfuerzos redoblados para atender a las víctimas del coronavirus.
Una variante más agresiva de ese virus, detectada a finales de 2020 en Reino Unido, ya está presente en seis países de la región, Brasil, Chile, Ecuador, Jamaica, México y Perú, y otra variante, identificada en Sudáfrica, apareció en Brasil.
La OPS dijo que, de momento, no hay pruebas de que esas variantes causen una enfermedad más grave “pero tienen el potencial de colapsar los hospitales con más enfermos”.
Las vacunas que han surgido para contrarrestar la covid solo han comenzado a aplicarse en cuatro países de la región (Argentina, Chile, Costa Rica y México), y en ninguno se ha vacunado siquiera a uno por ciento de la población, pues se dispone de cantidades muy limitadas de dosis.
La iniciativa Covax, un mecanismo de la mayoría de Estados del mundo para obtener y distribuir equitativamente 2000 millones de dosis este año, no comenzará a distribuir vacunas hasta marzo y en la región cabe esperar el arribo de los mayores lotes en el segundo semestre.
Etienne insistió, durante una conferencia de prensa en esta capital, en que mientras la cantidad de vacunas siga siendo pequeña, no se puede depender de ellas para aplanar la curva que muestra en alza los casos de covid en todo el hemisferio.
También la OPS llamó a los gobernantes a actuar de manera transparente y con base científica para controlar la pandemia, pues colocar la política por encima del interés público en salud puede costar vidas.
“Politizar las vacunas y otras medidas de control no solo es inútil, sino que podría avivar el virus y costar vidas», comentó Etienne.
Por otra parte, la organización informó que recibió compromisos por más de 263 millones de dólares desde 2020 para ofrecer apoyo técnico y suministros como parte de la lucha contra la covid.
Allí se incluyen el apoyo financiero directo, contribuciones canalizadas a través de la Organización Mundial de la Salud y acuerdos negociados con los Estados miembros de la OPS, respaldados por varias instituciones financieras internacionales.
Socios que donaron una suma combinada de 91 millones de dólares incluyen a los gobiernos de Belice, Canadá, Colombia, Corea, España, Estados Unidos, Japón, Nueva Zelanda, Suecia, Suiza, Reino Unido y la Comisión Europea.
La OMS canalizó aportes por 101 millones de dólares y el resto correspondió a entregas que hicieron los Estados miembros para apuntalar iniciativas de salud ante la covid en sus propios territorios.
Ciro Ugarte, director de Emergencias de Salud de la OPS, dijo que “aunque hemos podido ofrecer suministros e impartir capacitación que han sido fundamentales para reducir la incidencia de casos y tratar pacientes, tenemos enormes desafíos, que requerirán apoyo continuo”.
“Precisamos de recursos para ayudar a los Estados a vacunar a más de 465 millones de personas en 39 países y territorios en 2021. Y, mientras se distribuye la vacuna, tendremos que mantener la ayuda para limitar la transmisión de la covid-19, reducir la mortalidad y proveer servicios esenciales de salud”, expuso Ugarte.
Fuente: IPS noticias
miércoles, 13 de enero de 2021
La OIT insta a proteger a los teletrabajadores, a menudo “invisibles”
Al generar un aumento importante del trabajo que se realiza desde la casa, la pandemia de COVID-19 ha evidenciado las precarias condiciones laborales de quienes desempeñan estas labores. Según la agencia de la ONU que vela por los trabajadores, antes de la emergencia sanitaria había en el mundo unas 260 millones personas dedicadas a esas ocupaciones, el 90% de las cuales se movía dentro del sector informal.
Los teletrabajadores afrontan mayores riesgos de seguridad y salud y tienen menos acceso a las prestaciones y oportunidades que se ofrecen a otros trabajadores, señala un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) dado a conocer este miércoles.
Dadas las malas condiciones laborales que afectan a estas personas a menudo “invisibles” en los sectores económico y laboral, la agencia de la ONU llama a darles mayor protección formal, recordando la importancia del trabajo que llevan a cabo.
El estudio alerta de un aumento sustancial de los trabajadores que operan desde su domicilio en el marco de la pandemia de COVID-19 y atribuye la falta de reconocimiento de su existencia a que las tareas que desempeñan se insertan en la esfera privada y en el rubro informal, como ocurre con cerca del 90% de los casos en los países de renta baja o media.
Incluso en las profesiones que requieren un mayor grado de calificación, la remuneración es menor que la de otras personas que realizan labores equivalentes en un sitio oficial de trabajo.
En este renglón cita los ejemplos del Reino Unido, donde el pago a estas personas es un 13% menor; Estados Unidos, un 22%; Sudáfrica, un 25%; y Argentina, India y México, hasta un 50%.
Sin protección social
Además de los mayores riesgos que encaran, generalmente no cuentan con acceso a los programas de capacitación para avanzar en su trayectoria profesional, no tienen la misma protección social que el resto de los trabajadores y no son parte de sindicatos ni convenios colectivos.
Antes de la pandemia, la OIT cifraba en 260 millones a los teletrabajadores, es decir, representaban el 7,9% del empleo a nivel global. De esos trabajadores, el 56%, o 147 millones, eran mujeres.
El informe detalla que en la categoría de trabajadores que operan desde casa figuran las personas que hacen su labor a distancia de forma ininterrumpida y los que desempeñan una tarea no automatizada en el sector productivo, lo que abarca ocupaciones como bordado, artesanías o montajes electrónicos. Asimismo, engloba a quienes prestan servicios por medio de plataformas digitales, como son los gestores de reclamos, la edición de texto o la alimentación de bases de datos.
En los primeros meses de 2020, uno de cada cinco trabajadores hizo su labor desde la casa. Aún se están elaborando los números precisos del año completo.
La OIT espera que la cantidad de teletrabajadores se incremente en los próximos años, por lo que insistió en la necesidad imperiosa de abordar las dificultades de estas personas y sus empleadores.
Contratistas autónomos
El estudio destacó la deficiencia de la reglamentación del teletrabajo y la complejidad de cumplir con las legislaciones vigentes. Por lo general, los trabajadores que operan desde casa se consideran contratistas autónomos y, consecuentemente, quedan fuera del ámbito de las leyes laborales.
La economista en jefe de la OIT y coautora del informe, Janine Berg, especificó que muchos países cuentan con legislaciones, a veces complementada con convenios colectivos, que permiten llenar las lagunas a fin de fomentar el empleo decente con respecto al teletrabajo.
“Únicamente diez Estados Miembros de la OIT han ratificado el Convenio 177, en virtud del cual se promueve la igualdad de trato entre los teletrabajadores y otros asalariados; por otro lado, pocos países disponen de una política integral sobre el trabajo hecho desde la casa”, recalcó Berg.
Recomendaciones
Con el objetivo de destacar la importancia del teletrabajo y fomentar la protección de quienes lo llevan a cabo, la agencia de la ONU emitió varias recomendaciones:
Para el sector industrial: facilitar la transición de los teletrabajadores a la economía formal mediante la ampliación de su protección jurídica, la generalización de contratos suscritos por escrito, el acceso a la seguridad social y el aumento de la concienciación de esos trabajadores sobre sus derechos
Para los teletrabajadores de plataformas digitales: su actividad suele suponer dificultades específicas por abarcar varios países, por ello se insta a usar información propia de ese tipo de trabajo para supervisar las condiciones laborales y los instrumentos aplicados para establecer salarios justos
Para los trabajadores a distancia establecer medidas específicas para mitigar los riesgos psicosociales y respetar el “derecho a desconectarse” a fin de delimitar claramente los ámbitos profesional y personal.
Para concluir, el estudio prevé que el trabajo a domicilio cobrará más importancia en los próximos años, por lo que aboga por una unión de los gobiernos y las organizaciones de trabajadores y de empleadores que garantice que todos los teletrabajadores pasen de un estado de “invisibilidad” a una situación de trabajo decente, independientemente de la tarea que desempeñen y del país donde lo hagan.
Con la pandemia de COVID-19 , la proporción de la población empleada que trabajaba en el hogar aumentó exponencialmente. Si bien es demasiado pronto para saber cuántos trabajadores pasaron al trabajo a distancia, la OIT estima que, si bien no todas las ocupaciones pueden realizarse en el hogar, muchas podrían ̶ aproximadamente una de cada seis a nivel mundial y poco más de una de cada cuatro en los países avanzados.
Fuentes: Noticias ONU y OIT
viernes, 8 de enero de 2021
El pronóstico de Luis Maira: “Si no hay nueva Constitución, Chile tendrá una crisis descontrolada donde todo puede pasar”
Recientemente, Luis Maira, consejero de la ALDHU, realizó una entrevista para "el mostrador". Aquí queremos mostrarles sus opiniones respecto a la confección y el camino en la realización de una nueva constitución (en Chile) ; así como las dificultades de llegar a entendimientos y consensos para lograrlo.
En solo 48 horas asegura que podría tener afinada una plantilla de la lista del Apruebo. Pero se requiere generosidad, un atributo que hasta ahora está perdido en los bolsillos de los partidos políticos de la oposición, y que es indispensable para materializar lo que el 25 de octubre la gente votó: una nueva Constitución. Luis Maira sabe que es una tarea difícil lograr que las colectividades cedan espacios, pero no hay otra opción. De lo contrario, el país puede verse atrapado en una crisis de la que difícilmente se podrá salir, considerando los altísimos niveles desigualdad y abusos que enfrentamos día a día.
Generosidad al debe
"El mejor texto no es una Constitución radicalizada"
Fuente: El mostrador
jueves, 7 de enero de 2021
La OMS valida el uso de emergencia para la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer / BioNTech
La decisión abre la puerta a los países para que aceleren sus propios procesos de aprobación regulatoria para importar y administrar la vacuna. También permite a UNICEF y a la Organización Panamericana de la Salud adquirir la vacuna para distribuirla a los países que la necesiten. La agencia de la ONU para la salud aboga una vez más por la necesidad de que se otorgue a todo el mundo un acceso equitativo a la vacuna.
Más beneficios que riesgos
Cómo funciona el Listado de Uso de Emergencia
martes, 5 de enero de 2021
'Caso Assange': No han conseguido matar al mensajero
No sé si el nombre de Vanessa Baraitser, magistrada del Tribunal Penal Central de Londres, pasará a la historia del Derecho Penal Internacional o al de las extradiciones de su país, pero la decisión que ha emitido este lunes marcará un antes y un después en su carrera, al denegar la entrega de Julian Assange, fundador de Wikileaks, a los Estados Unidos de Norteamérica. Así ocurrió, como antecedente, con el juez Ronald Bartle cuando concedió la extradición de Augusto Pinochet en 1999.
Es cierto que podía, y quizás debía, haber optado por una decisión más enérgica, anteponiendo claramente la defensa de la libertad de expresión como motor de su sentencia, pero ha optado por acudir a la variable menos complicada para la justicia británica, siempre tan equilibrada y políticamente correcta; es decir a los motivos humanitarios.Al rechazar la extradición de Julian Assange como solicitaba Estados Unidos, ha propiciado un suspiro colectivo de alivio. La jueza ha venido a resolver lo que tantas veces hemos puesto de manifiesto desde el equipo de defensores que coordino: la salud de Julian Assange ha sufrido un deterioro evidente, fruto de tantos años de encierro obligado y del acoso permanente que ha padecido durante este largo asedio. “El riesgo de que Assange se suicidara, si se permitiera la extradición era elevado”, explica Baraitser. “La salud mental del Sr. Assange se halla en tal estado que resultaría agobiante para él ser extraditado a Estados Unidos”.
Es cierto. He visto con mis propios ojos cómo el periodista y fundador de WikiLeaks ha sido tratado de forma inhumana por fuerzas poderosas y omnipresentes que por todos los medios han intentado callarle, neutralizarle y acabar con él. No lo han conseguido. Ha sido una pelea propia de David contra Goliat la que emprendimos para combatir la impunidad de Estados Unidos, desde que un 19 de junio de 2012 Julian se recluyera en la embajada de Ecuador en Londres en demanda de asilo, que le fue concedido por el gobierno del presidente Rafael Correa, valiente frente a la imponente administración norteamericana. Nos jugábamos la libertad de expresión, la libertad de información y, ante todo, el derecho de los ciudadanos a conocer quiénes manejan los hilos que mueven el mundo, qué es lo que no quieren que sepamos y hacia dónde pretenden dirigirnos. Es decir, estaba en juego la esencia misma de la democracia.
Julian Assange plantó cara y ha pagado por ello. Le acusaban de cometer 18 delitos, 17 de ellos bajo Ley de Espionaje de 1917 –ya ven de qué época hablamos– y uno relacionado con la supuesta ayuda informática a la militar Chelsea Manning, quien alega Estados Unidos que fue la fuente de WikiLeaks. Los 175 años de cárcel que le reclaman tienen que ver con la publicación de los diarios de guerra de Irak y Afganistán en 2010, los archivos de Guantánamo y los cables del Departamento de Estado. Lo que puso de manifiesto Assange fue la comisión de diferentes delitos por parte de las autoridades norteamericanas: crímenes de guerra, torturas y diversos crímenes internacionales.
Ha vivido un auténtico calvario desde entonces. Lo puso de manifiesto el Relator de la ONU contra la tortura Nils Melzer. Como también el Grupo de Trabajo de Detenciones arbitrarias de la ONU y el Relator de salud de la misma Organización, con informes reiterados y contundentes. A mayor abundamiento, el trato recibido en la cárcel de alta seguridad de Belmarsh desde su expulsión de la embajada en abril de 2018, ha llevado a la convicción judicial de que cualquier proceso que se siguiera contra él y que concluyera en condena, sería cruel y podría desembocar en una muerte segura.
Esta resolución evidencia la desproporcionalidad de las posibles penas y las dudas que el sistema penitenciario norteamericano, máxime en tiempos de pandemia, suscita en la magistrada y provoca que en su resolución leamos la aparente contradicción de afirmar que el proceso sería justo en el país reclamante, pero la ejecución de la pena no, porque podría llevar irreversiblemente a la muerte del sujeto afectado. Esta afirmación es de mayor gravedad si cabe que haber dicho claramente que la persecución de Julian Assange ha sido política y represiva del derecho a la libertad de expresión, como en realidad lo es desde la óptica de la defensa. La sentencia, descalifica, en definitiva, a todo el mecanismo penitenciario norteamericano, como ya lo hiciera hace apenas ahora dos años la misma justicia del Reino Unido con el caso de Lauri Love, de Anonymous, al denegar, por la misma razón, su extradición a USA en febrero de 2018.
Siete años de encierro y acoso
Matar al mensajero


lunes, 4 de enero de 2021
Expertas de la ONU esperan que la legalización del aborto en Argentina sea un modelo para América Latina
La nueva ley que autoriza el aborto hasta las 14 semanas es “revolucionaria” y un “paso crucial” para eliminar la discriminación contra las mujeres y niñas, aseguran y señalan que la prohibición de la interrupción voluntaria del embarazado discriminaba a las mujeres y niñas más pobres y que no pueden permitirse viajar al extranjero o pagar un procedimiento seguro.
Expertas de la ONU en derechos humanos* han elogiado la legalización del aborto en Argentina como un “paso histórico” que, esperan, convertirá al país sudamericano “en un modelo” para toda América Latina “y más allá”.
"La penalización del aborto no contribuía significativamente a disminuir las interrupciones de embarazos, sino que simplemente llevaba a las mujeres a abortos clandestinos e inseguros, y muchas mujeres murieron como resultado de ello", dicen las relatoras en un comunicado en el que califican la nueva ley como “revolucionaria” y “un paso crucial para eliminar la discriminación contra las mujeres y las niñas”.
Hasta ahora, Argentina permitía el aborto sólo en casos de violación sexual o cuando la salud de la mujer estaba en peligro, aunque en la práctica no estaba disponible ni siquiera por estos motivos.
La nueva ley, aprobada en el Senado el 30 de diciembre legaliza los abortos hasta la 14ª semana de embarazo y es el fruto de años de activismo en favor de los derechos de la mujer. "Aplaudimos la extraordinaria movilización de las y los activistas del país que contribuyeron a la aprobación de esta ley", dijeron las expertas.
La Oficina de Derechos Humanos en América del Sur, calificó la nueva ley como “un avance significativo para los derechos humanos de las mujeres y niñas en la región”. Mientras que la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, recordó en un tuit que “casi todas las muertes relacionadas con el aborto ocurren en países que lo criminalizan o restringen severamente, forzando a las mujeres a recurrir a procedimientos inseguros".
🇦🇷 La Alta Comisionada @mbachelet también destacó la decisión y el activismo feminista que la impulsó: "Casi todas las muertes relacionadas con el #aborto ocurren en países que lo criminalizan o restringen severamente, forzando a las mujeres a recurrir a procedimientos inseguros" https://t.co/5DIRRHNSqc pic.twitter.com/YTsEebiPsp
— ONU Derechos Humanos - América del Sur (@ONU_derechos) December 30, 2020
La ley vigente también discriminaba a las mujeres y niñas que viven en la pobreza y que no pueden permitirse viajar al extranjero o pagar un procedimiento seguro, como podían hacer las mujeres con más recursos económicos, dice el comunicado de las relatoras. Contribuyó a la continuación forzada de embarazos, incluso en casos en que el embarazo era consecuencia de una violación.
Las expertas además citan las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud que muestran que los países en los que las mujeres obtuvieron el derecho a interrumpir sus embarazos en los años 70 y 80 -y también tienen acceso a la información y a todos los métodos anticonceptivos- tienen tasas más bajas de interrupciones del embarazo.
Mucho por hacer
Las expertas, no obstante, recuerdan que "queda mucho por hacer para asegurar los derechos de las mujeres y las niñas a la igualdad y al más alto nivel de salud sexual y reproductiva".
"Ahora es importante que la ley se aplique en todo el país y no sea usurpada por una agenda política o un dogma religioso", dicen las expertas que señalan como preocupante una cláusula de objeción de conciencia que permite que los profesionales de la salud no realicen abortos por sus creencias personales.
“Esta cláusula no debe convertirse en una nueva barrera que impida a las mujeres y las niñas acceder a los servicios de aborto en el momento oportuno", dijeron. "En estos casos, el tiempo es esencial".
* Las expertas: Elizabeth Broderick (Presidenta), Melissa Upreti (Vicepresidenta), Dorothy Estrada Tanck, Ivana Radačić y Meskerem Geset Techane; Tlaleng Mofokeng, miembras del Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra mujeres y niñas y la Relatora Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental
Los Relatores Especiales forman parte de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo establecidos por el Consejo para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.
Fuente: Noticias ONU