América Latina y El
Caribe han registrado importantes avances en materia de Derechos del Niño. A
más de 25 años de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño,
la mayoría de países la han ratificado y han hecho cambios significativos en leyes
y políticas públicas con el fin de promover la protección de la niñez.
Sin embargo, todavía
2 de cada 3 niños y niñas en la región sufren algún tipo de disciplina violenta
y 1 de cada 2 niños y niñas de 2 a 4 años es víctima de castigo físico y
humillante (UNICEF). De acuerdo a un informe elaborado por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el castigo sigue siendo arraigado y
tolerado socialmente, y prevalece inclusive en aquellos países que lo han
prohibido legalmente.
Además, según la CIDH “la
violencia sexual, particularmente contra las niñas y las adolescentes, es una
grave forma de violencia que se encuentra ampliamente extendida en el la región
contando varios Estados con algunas de las tasas más elevadas a nivel mundial”.
Frente a esta
situación y ratificando su compromiso de trabajo por la promoción de los
Derechos del Niño, Plan International, Save the Children, UNICEF y World Vision
presentan la herramienta “Hacia una medición de los sistemas de protección de
la niñez en América Latina y El Caribe” que permitirá evaluar si se cumplen las
pautas mínimas y elementos esenciales tanto para la protección integral como
para la prevención y respuesta a la violencia, el abuso y la explotación.
En ese sentido los
directores regionales de estas organizaciones expresan que “el fortalecimiento
de los Sistemas de Protección Integral, incluyendo los Sub-Sistemas de
Protección contra toda forma de violencia contra los niños y niñas, es una
prioridad compartida” en la Región de América Latina y El Caribe.
La herramienta será
socializada con actores clave de la sociedad civil en un taller que se llevará
a cabo del 17 al 19 de abril en Panamá y estará a cargo del experto
internacional Alejandro Morlachetti, quien promoverá la metodología para hacer
una medición exhaustiva de los sistemas de protección y así acelerar la
garantía de los derechos de niños y niñas en la región.
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