El pasado 29 de Febrero, se cumplió un nuevo aniversario de uno de los peores crímenes de guerra que ensombrecieron las relaciones Ecuador Colombia, y que dejaron al descubierto relaciones peligrosas entre algunos oficiales de las fuerzas armadas de ambas naciones, como fue la invasión de angostura, el 29 DE Febrero del 2008.
Aquel suceso en el que fuerzas aerotransportadas colombianas, asistidas por logística espacial norteamericana, invadieron territorio ecuatoriano para exterminar a un campamento de las Farc instalado en la frontera, y en el cual dieron muerte a más de veintidós jóvenes, entre ellos a cuatro estudiantes mexicanos, y dejaron abandonadas a tres mujeres gravemente heridas, constituyó un crimen de guerra en el que al menos se verificaron los siguientes hechos ilícitos:
Invasión de territorio por fuerza militar hostil.
Actos de guerra (bombardeos) de territorio extranjero.
Asesinato de personas heridas o rendidas.
Robo de cadáveres.
Abandono de personas heridas sin asistencia
Robo de evidencias.
Pero además de estos delitos, el bombardeo de angostura demostró que altos oficiales de las fuerzas armadas ecuatorianas, conocieron, avalaron, ayudaron y participaron en la invasión, facilitando información y logística para su perpetración, así como ayudando a la fuerza invasora a abandonar el territorio, sin capturarlos ni repelerlos.
Estas complicidades continuaron aún más allá de los sucesos mismos, ya que la cadena de custodia de las evidencias recogidas en el lugar de la invasión y bombardeo, fue alterada, se manipularon los cadáveres recogidos, al punto que se aceleró su descomposición a objeto de impedir las autopsias de los mismos, se persiguió, se intentó secuestrar y ultimar a las tres testigos sobrevivientes, forzando su huida y refugio en un tercer país.
Además, desde altas esferas del propio gobierno, en particular de los ministerios de defensa y de Gobierno de entonces, se desató una vasta operación persecutoria en contra de la ALDHU, hasta forzar su salida del Ecuador, se fabricaron pruebas para inculpar al ex ministro de la seguridad Gustavo Larrea, incluyendo montajes fotográficos y fabricación de libros apócrifos, hasta forzar su salida del gobierno, con el propósito de acabar con el plan Ecuador, que pretendía desarrollar una política de paz en la frontera colombo ecuatoriana, por el que se protegiera a los desplazados civiles, refugiados y campesinos pobres , en un afán de integración y desarrollo común, reemplazándolo por un plan de guerra, que militarizó la frontera, persiguió a los civiles, y dio pié a violaciones atroces de los derechos humanos de muchas personas afectadas por el flagelo de la violencia.
El tiempo pasó, los perpetradores lograron su cometido, no se liberó a los secuestrados, Ecuador no sirvió de aliado para la paz, los traidores quedaron impunes, lo mismo que los perpetradores de la invasión y de los crímenes de guerra, las Ongs de derechos humanos fueron acalladas, los familiares de las victimas continúan su peregrinación en demanda de justicia, sin éxito: los conspiradores de palacio y de la recoleta, siguieron sus carreras políticas sin contratiempos, y todo siguió igual.
Ahora que estamos a las puertas de la firma de un acuerdo general de paz para Colombia, lo que nos alegra y llena de esperanzas de conseguir alivio para los que sufren la violencia fronteriza, y siendo este un año bisiesto como aquel 2008, bien vale la pena recordar, para que nunca más.
Juan de Dios Parra
Sec. General ALDHU.
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