El gobierno mexicano debe poner fin a la impunidad que impera en casos de violaciones de derechos humanos, consideró Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional (AI)
Por: Diana Baptista Agencia Reforma
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La organización convocó a activistas y ciudadanos a formar una cadena humana en la Plaza de las Tres Culturas, como parte del fin de las actividades de AI por la inauguración de una oficina regional en México.
En entrevista, Salil Shetty aseguró que la impunidad es la razón por la cual los mexicanos pierden fe en su gobierno, y que los lleva a protestar a través de distintos medios.
“Tuve 16 meses de reuniones con el presidente, con secretarios de Estado, con la Procuraduría General de la República, y tras reuniones con víctimas y defensores de derechos humanos, veo que el progreso se ha quedado en palabras; sus acciones no siguen sus palabras”, lamentó. “México tiene buenas leyes, pero no se están (aplicando). Tenemos impunidad generalizada”. Ejemplificó que, en reuniones con los padres de los 43 normalistas de Ayotizinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, la queja principal es la falta de resultados. Asimismo, víctimas de tortura y de otras violaciones reclamaron la falta de justicia en sus casos.
El secretario general de AI llamó a la sociedad mexicana a exigir la rendición de cuentas por parte de las autoridades, y a mantener la presión sobre sus gobernantes. Agregó que América Latina vive una crisis “oculta” de derechos humanos que no es visible porque las clases medias y la economía han crecido, pero las personas en pobreza, indígenas, migrantes y defensores siguen en indefensión.
Érika Guevara, directora para las Américas de AI, denunció el incumplimiento regional al respeto de los derechos humanos.
“América Latina es la región más desigual, donde las desigualdades no sólo son por separación de la riqueza, sino por acceso a la justicia y dignidad. Es de las regiones más violentas, con tasa de homicidios comparables con países en guerra”, apuntó la activista. En este sentido, llamó a finalizar la militarización de las calles con el pretexto del combate al narcotráfico, y poner a los derechos humanos en el centro de la estrategia de seguridad.
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