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miércoles, 5 de febrero de 2020

Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Chile: una visita histórica, urgente y necesaria

El académico Claudio Nash destaca que, en esta nueva visita, el CIDH encuentra a un Poder Ejecutivo que “sigue sin hacer cambios de fondo en su política represiva” y que “ha intensificado la criminalización de la demanda social”, cuestión que la CIDH ya había criticado en su informe de diciembre. El autor cuestiona al Congreso por no haber puesto freno al Ejecutivo y advierte que “el Poder Judicial, cada vez más, se aleja de su rol de control de los abusos ejercidos contra el pueblo de Chile y se suma a una política de impunidad respecto de los abusos policiales”.



Durante la semana pasada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desarrolló una visita histórica, urgente y necesaria a Chile. El 28 de octubre un grupo de instituciones de derechos humanos solicitamos a la Comisión visitar Chile y luego, en la audiencia pública desarrollada en Quito, le pedimos a la Comisión apoyar nuestra demanda para el cese inmediato de las violaciones de derechos humanos y que su informe abordara ampliamente la situación de derechos humanos en el país.

El 11 de noviembre el Gobierno aceptó la visita. Un mes después, el 6 de diciembre, el secretario de la CIDH, Paulo Abrao, emitió un informe de la visita preparatoria, condenando las graves violaciones de derechos humanos en el país. El informe fue acompañado de un video que ocasionó la furia del gobierno, el que intentó, bajarlo a lo que la  CIDH se opuso terminantemente.

La concreción de la actual visita in loco del pleno de la CIDH ha sido una “conquista de la sociedad civil” según lo expresó la Presidenta de la Comisión en la conferencia de prensa donde se entregaron las conclusiones de la visita y donde la CIDH calificó la situación como “una grave crisis de derechos humanos”.

El Gobierno de Chile puso múltiples obstáculos para su concreción y en más de un momento la visita estuvo en riesgo. Afortunadamente, la Comisión mantuvo su voluntad de venir, atendida de la magnitud de la crisis de derechos humanos que vive el país.

Hoy, tres meses después de iniciado el estallido social, Chile continúa viviendo un complejo escenario de violaciones de derechos humanos, donde se mantiene por parte del gobierno la violencia generalizada y sistemática contra la población civil. De ahí que la visita de la Comisión haya generado expectativas en toda la región. Lo que está en juego es la capacidad del sistema de protección internacional de derechos humanos de reaccionar eficazmente frente a un gobierno empeñado en reprimir las manifestaciones públicas. En efecto, Chile es visto en el mundo como una democracia en forma, con instituciones sólidas (el informe de la CIDH parte destacando esta mirada). Por tanto,  si fracasan los mecanismos nacionales del estado de derecho (acciones judiciales, mecanismos políticos, control por parte de la prensa, actuación de órganos autónomos de DDHH, entre otros) y también los internacionales (visita, informes, etc.), la pregunta que emerge para todos es ¿qué hacer para mejorar la protección de derechos humanos y que las autoridades no rompan los diques al ejercicio de su poder en democracia?

Durante su visita la CIDH recibió múltiples testimonios de casos  de violencia represiva, arrestos indiscriminados, torturas, mutilaciones oculares, vejámenes sexuales, abusos en sectores periféricos, violencia contra pueblos indígenas, migrantes, niño, niñas y adolescentes, población LGTBI, entre otros. No hay duda que estos relatos impactaron en la Comisión y se verán reflejados en su informe final.

Asimismo, la Comisión desarrolló una intensa agenda de reuniones con autoridades de todos los poderes del Estado, tanto del Ejecutivo como del Poder Judicial y parlamentarios. Esto le ha permitido a la Comisión formarse un panorama completo de las distintas visiones que existen en Chile sobre las causas del estallido social, la forma en que este ha sido enfrentado por la autoridad y cuáles son las medidas que deben ser adoptadas a futuro.

Esta visita se da en un contexto donde, desafortunadamente, el Ejecutivo sigue sin hacer cambios de fondo en su política represiva y, más aún, ha intensificado la criminalización de la demanda social cuestión criticada por la Comisión en su informe sobre la visita. Por su parte, el Parlamento ha sido incapaz detener esta política y el Poder Judicial, cada vez más se aleja de su rol de control de los abusos ejercidos contra el pueblo de Chile y se suma a una política represiva contra la ciudadanía y de impunidad respecto de los abusos policiales.

En su conferencia de prensa al término de la visita, la Comisión ha planteado algunas cuestiones interesantes. Por una parte, describe la situación de violaciones de derechos humanos vividas desde el 18 de octubre de 2019, pero va más allá y desarrolla ampliamente la situación de violación de derechos económicos, sociales y culturales que están en la base del estallido social; describe diversas situaciones de discriminación de grupos históricamente excluidos; además, recomienda al Estado implementar un plan integral de reparación de las víctimas de la violencia estatal. Todo ello va más allá de lo que el Gobierno esperaba de una conferencia de prensa y en parte explica lo escueta de su respuesta a través de un comunicado de prensa y donde ninguna autoridad se hizo cargo de las recomendaciones de la CIDH.

Al igual que los otros informes internacionales, la CIDH pone el énfasis en la obligación del Estado de cesar el uso desproporcionado de la fuerza para reprimir las protestas sociales, reitera la necesidad de reformar integralmente a Carabineros y establecer mecanismos de control de su actuación (lo que implica una crítica al rol de las autoridades civiles a la fecha en la materia), recomienda reforzar el acceso a la justicia de las víctimas y plantea la necesidad de fortalecer a las instituciones de derechos humanos (Instituto Nacional de Derechos Humanos, Defensoría de la Niñez).

Asimismo, la CIDH llama a coordinar esfuerzos institucionales para dar cumplimiento a las recomendaciones de los organismos internacionales y la creación de un sistema para establecer los hechos ocurridos desde el 18 de octubre y su contexto a través de mecanismo independiente con participación de la sociedad civil. Este es un aspecto muy interesante porque va en línea con lo recomendado por el informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas y con lo solicitado por la sociedad civil el 10 de diciembre de 2019.

La Comisión cerró su entrega de recomendaciones con un llamado a Chile a revertir la situación actual en materia de derechos humanos a través del diálogo y, particularmente, evitar que en marzo se registren nuevas situaciones de violencia.

Por ello, el informe ha cumplido con las expectativas de quienes solicitamos esta visita. Quedamos a la espera de un informe amplio, que plantee las cuestiones que están en el fondo de las causas de la crisis social, pero también lo que viene para el futuro. La necesidad de verdad, justicia, reparación y la superación de los déficits democráticos en materia de libertad de expresión, libertad personal, derecho de reunión, protección judicial, impunidad histórica y el rol de los policías siguen siendo una urgencia en Chile.

Para una  la sociedad civil que ha impulsado una serie de iniciativas destinadas a proteger los derechos humanos, utilizando todos los mecanismos propios de un Estado de Derecho y cuya evaluación no es positiva, esta visita es un impulso para seguir adelante en la lucha por la protección de los derechos humanos.

Es de esperar que el compromiso expresado por el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrau, de que se seguirá monitoreando la situación de derechos humanos en Chile se traduzca en medidas concretas en un contexto donde las expectativas de recrudecimiento de la violencia en marzo son ampliamente compartidas por diversos sectores sociales.

Fuente: Ciperchile

lunes, 3 de febrero de 2020

Chile en el corazón

Baltasar Garzón@fibgar_

Publicada el 02/02/2020 a las 06:00


Carta abierta al pueblo de Chile


Queridas chilenas y queridos chilenos:


Escribo de nuevo y esta vez me dirijo al pueblo de Chile, tras la carta abierta al presidente Piñera publicada el pasado 23 de octubre, sobre la que, por cierto, no he recibido respuesta.

En esa misiva expresaba mi dolor y profunda preocupación por lo que estaba ocurriendo en Chile, país con el que me une un vínculo perenne y por el que siento un especial afecto. Me parecía entonces, y me sigue pareciendo ahora, que la respuesta del Gobierno al estallido social ha sido absolutamente desproporcionada, contra un pueblo que se manifiesta en la calle expresando que no soporta más tanta desigualdad, tanta injusticia, abusos y corrupción.

Dije en aquella misiva, además, y lo he dicho en otros foros, que el ejército no está preparado para controlar el orden público sino para hacer la guerra, para doblegar al enemigo o destruirlo, y que cuando sale a la calle las cosas solo empeoran. Pero con estupor he podido ver cómo Piñera ha intentado una y otra vez la intervención de los militares. Parece no entender que el pueblo no es el enemigo sino la víctima y que al pueblo hay que protegerlo y no castigarlo con medidas de excepción.

Es paradójico que este estallido social haya tenido lugar en un país que –se decía– era un oasis en América Latina y que pretendía exhibirse ante el mundo como garante del medioambiente para liderar una respuesta global coordinada frente a la emergencia climática en la COP 25 de la que Chile tenía que haber sido anfitrión. No fue así porque Piñera y su Gobierno no podían permitir que los mandatarios del resto del planeta vieran cómo el ejecutivo era incapaz de gestionar las demandas sociales dando como única respuesta represión y más represión contra sus propios compatriotas, sin pudor alguno.

Seguramente sabrán que después de aquella carta he viajado a Santiago de Chile para participar en el Foro Latinoamericano de Derechos Humanos, celebrado entre los días 23 y 25 de enero. Me reuní con asociaciones de víctimas, organismos de derechos humanos y sociedad civil para conocer sus impresiones de lo acontecido desde el 18 de octubre. Les confieso que fue una jornada muy dura en lo personal y lo que he conocido ha aumentado mi grado de indignación. Una indignación que se me ha ido acumulando durante estos tres meses, pero que ya ha llegado a un nivel de estupor ante tanta crueldad, desidia e incompetencia.

Represión sin sentido

Durante mi breve estancia en Santiago acudí a comprobar personalmente lo que la sociedad civil me había transmitido a través de cientos de mensajes llegados desde Chile, pero también desde muchos otros países y desde la propia comunidad chilena en España. Acudí a la Plaza de la Dignidad (ex Plaza Italia), donde fui testigo de cómo la fuerza pública no se está ejerciendo para controlar el orden público y garantizar el derecho de manifestación, sino para dañar, herir y lesionar a quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión. Los componentes de Primera Línea, con los que tuve ocasión de hablar en el edificio histórico del Senado, me habían expuesto su desesperación y miedo a la represión desplegada y sostenida por el Estado. En el acto reivindicativo me prestaron un casco, me rodearon y me protegieron para que yo mismo no resultara lesionado durante el tiempo en el que, temerariamente, me empeñé en comprobar la realidad de lo que me habían denunciado (ver aquí).

Debo reconocer que no sabía lo que era el guanaco aplicado a una protesta hasta que vi volar por los aires a un chico con su bicicleta por el impacto del agua a presión; ni pensé que la carcasa del tubo de gases lacrimógenos produjera un impacto tal sobre el rostro, hasta que lo comprobé en una de las jóvenes que me acompañaba; o que la grasa y el ácido de su composición irritara tanto; ni que los balines que vacían ojos inocentes eran mostrados como trofeos siniestros para no olvidar el dolor… Frente a ello, escudos de madera o plástico, la rabia contenida de la impotencia y la certeza de que había que estar allí, entre mujeres y hombres de todas las edades que mostraban su determinación de afrontar los riesgos contra su seguridad con una fortaleza ejemplar. Evoqué allí en La Alameda a Pablo Milanés señalando los crímenes de la dictadura en su canción “Yo pisaré las calles nuevamente / de lo que fue Santiago ensangrentada”…

Protestar en Chile bien te puede costar la vida o un ojo de la cara, como de hecho lamentablemente ha ocurrido y sigue ocurriendo. Pero me emociona pensar que a pesar de este alto precio cientos y miles de personas salen a exigir garantías de un futuro mejor. El pueblo chileno es un ejemplo de coraje y dignidad para el mundo entero. La emoción al escribir estas frases se me hace presente de nuevo, como en la Alameda, al abrazarme y ser abrazado por cientos de ustedes. Tienen todo mi respeto y mi admiración.

No habrá impunidad

Reitero mi solidaridad con todas las víctimas, con las familias de los fallecidos y los desaparecidos, con las mujeres agredidas sexualmente, con los que han sido torturados, con los heridos, con quienes han perdido un ojo y, por supuesto, también con Gustavo Gatica y Fabiola Campillay, a quienes han arrebatado la visión por completo. No caerán en el olvido. No habrá impunidad. Tienen mi palabra. Es mi compromiso.

Nunca pensé que volvería a Chile para ser testigo de un momento de emergencia social tan grave. Tampoco imaginé que en pleno siglo XXI un Gobierno, supuestamente democrático, iba a recrear de nuevo lo peor de los tiempos pasados más feroces. Lo he vivido en primera persona y –debo decirles– también es lo que se está viendo desde fuera. Piñera, Rozas, Chadwick, Blumel y Guevara están en la mira de la comunidad internacional. La historia no les absolverá.

No por nada el apoyo popular del gobierno es de un escaso 4%, cifra lo suficientemente baja como para renunciar y convocar a elecciones o para llevar a cabo un cambio de rumbo en la dirección que la ciudadanía pide. Pero no. Prefieren aferrarse al poder. No les importa cuántas más muertes se produzcan, no les importa cuántos más ojos haya que cegar, cuántos más cuerpos haya que torturar, cuántas más mujeres haya que vejar y cuántas más personas haya que encarcelar. Desafortunadamente no se atienden estas denuncias y se recurre, otra vez, a la dureza para preservar unos privilegios caducos; a sembrar de trampas el proceso constituyente, limitando todo lo posible la necesidad de cambio profundo que el pueblo chileno demanda. Las nuevas normas, en vez de garantizar libertades, las restringen y anteponen el Código Penal a cualquier otra opción con lo que se propicia la impunidad de quienes las reprimen.

Se equivocan. El esfuerzo tiene que estar orientado a generar espacios de encuentro y dinámicas de diálogo social que no se han producido hasta ahora devolviendo a la ciudadanía el protagonismo que debe tener en toda democracia.

Su jefe es el pueblo, presidente

Me dirijo nuevamente a usted, presidente Piñera, para decirle: usted es un mandatario, es decir, un mandado, su jefe es el pueblo de Chile. No puede gobernar como si el país fuera una más de sus empresas. No puede exigir que le aplaudan y le apoyen. La ciudadanía tiene todo el derecho a estar en desacuerdo con usted y manifestarlo, porque el país pertenece al conjunto de los chilenos, no a usted ni a las cinco o seis familias que se creen sus propietarias, que se lucran mes a mes con el dinero de las pensiones y privan del agua a hombres, mujeres, niñas y niños.

Me dirijo también a las fiscales y los fiscales de Chile, a juezas y jueces y a la abogacía en general: he podido comprobar con preocupación que las instituciones chilenas, incluida la Fiscalía y el Poder Judicial, no están generando la confianza necesaria en los ciudadanos, quienes no perciben que exista un actuar de buena fe, sino que piensan que se defienden otros intereses y no las legítimas demandas sociales. Esta ausencia de nodos de conexión entre la sociedad y las instituciones estatales provoca un nivel de rechazo y confrontación que supone una deriva altamente peligrosa.

En este contexto, y en la misma dirección que lo están haciendo juristas que defienden los Derechos Humanos al tratar de poner límite con sus denuncias a los excesos, les pido que no se dejen presionar, que no permitan que se instrumentalice la justicia, que se mantengan imparciales, que investiguen a fondo todas las violaciones a los Derechos Humanos y que sin temor formalicen, acusen, juzguen y condenen a quienes en derecho corresponda, sin importar su cargo y posición. Ustedes son en estos momentos, en mi opinión, lo único que garantiza que Chile siga siendo considerado como un país en el que se puede proclamar el estado de derecho. El límite para sucumbir a la arbitrariedad está muy cerca y con ello el desamparo más absoluto para un pueblo muy castigado por la impunidad.

La justicia no es ni puede ser represiva contra ese pueblo, sino que debe defender a quienes más la necesitan ante el quebrantamiento de la ley y la violación de los derechos humanos por parte de quienes más obligación tienen de respetarla y protegerla. Es una exigencia de todo Estado democrático de Derecho.

Cito aquí las palabras que me dijo un ciudadano: “El Estado de Chile se ha construido bajo la lógica de la impunidad. Falta convicción del Estado. No va a haber justicia para las víctimas". ¡Qué desesperanza denota esta frase! ¡Qué falta de fe en quienes administran el país! Siendo esto así se entiende la protesta, se entiende que, cuando no hay más respuesta que la dura represión, el pueblo que conoce sus derechos exija, en esta era de Internet y de tecnología casi mágica, las libertades que les quieren arrebatar a golpe de proyectiles en la cara o de gases lacrimógenos. Reflexionen sobre ello.

Al General Rozas y al cuerpo de Generales de Carabineros de Chile les digo: ¿creen ustedes lógico que se hayan producido más de 20 víctimas mortales y cerca de 770 denuncias de tortura incluidas más de 150 de connotación sexual? ¿Les parece bien que se hayan ocasionado 405 lesiones o traumas oculares en tres meses o que hayan acabado en prisión más de 2.000 personas o que haya más de 3.600 personas heridas y entre ellas más de 2.000 por disparos de balas, balines, perdigones y bombas lacrimógenas? Todas estas son cifras oficiales del Instituto Nacional de Derechos Humanos, cifras espeluznantes.

No se equivoquen, la perspectiva que se está dando hacia fuera es que en Chile los Derechos Humanos se están violentando en este momento, que quien tendría que defenderlos no lo está haciendo y una vez más son las víctimas, es la sociedad, es el pueblo el que está exigiendo esa protección que no le ofrecen las instituciones. Si Carabineros de Chile controlara el orden público y a la vez permitiera que quien lo desee se manifieste pacíficamente, no existiría la llamada Primera Línea.

A los coroneles, capitanes, mayores y tenientes, a los sargentos, cabos y a los simples carabineros les digo: pertenecen a una institución jerarquizada pero, de acuerdo con el derecho chileno y el derecho internacional, cuando un superior da una orden manifiestamente ilegal (como es torturar, agredir o vejar sexualmente, disparar al rostro, golpear para dañar y en general usar la fuerza sin causa justificada), esa orden no puede ser atendida porque si se acata se incurre en responsabilidad penal. No existe obediencia debida respecto de órdenes manifiestamente ilegales.

A quienes forman parte del gobierno de Chile les digo: no es propio de un Gobierno democrático permitir tantos abusos y atropellos, sino más bien tomar medidas preventivas y correctivas respecto de las violaciones a los Derechos Humanos. A pesar de todos los informes, tanto de organismos nacionales como internacionales, tales medidas no se han adoptado o han sido insuficientes, mientras se respalda públicamente una y otra vez al jefe de la Policía, quien apoya a su vez a los Carabineros que violan Derechos Humanos, garantizando así la impunidad. ¿Y mientras tanto, quién respalda a las víctimas? ¿Quién da respuesta real y no meramente burocrática desde las instituciones a la violación de sus derechos? Las autoridades solo se dedican a preservar la tranquilidad de unos pocos, mientras que ciudadanos y ciudadanas la pierden por exigir que se cambie de rumbo hacia un país más igualitario y más justo.

He podido constatar que quienes protestan lo hacen porque carecen de lo más esencial. Lo que piden son Derechos Humanos, son derechos económicos, sociales y culturales. Estamos hablando de Educación, Salud y Vivienda, estamos hablando del derecho humano al agua, a vivir dignamente. ¿Cómo no se va a justificar la reacción social cuando en este país el agua está privatizada y se antepone su uso agrícola en grandes plantaciones al suministro humano? Como me denunciaban con pruebas los diferentes colectivos, que también identificaban graves conflictos de intereses en miembros del Gobierno.

¿Señor presidente, qué medidas preventivas está adoptando su Gobierno para evitar que en los próximos meses haya que lamentar más muertos, heridos, torturados, tuertos o ciegos? Meses que serán clave para el futuro de Chile, con un proceso constituyente en marcha al que ya se está tratando de dinamitar por la derecha más extrema, que, de nuevo, devela sus verdaderas intenciones.

El apoyo de la comunidad internacional

El panorama de los Derechos Humanos a nivel mundial hoy tiene dos vertientes, una para desarrollarlos progresivamente, como producto de una conciencia social cada vez más grande en defensa de los más vulnerables. La otra es reaccionaria, impulsada por la extrema derecha que busca precisamente la involución y el regreso a posiciones pasadas que ya creíamos superadas; de intolerancia, discriminación y negación de todo el que sea diferente o piense diferente a ellos. Esa inercia del negacionismo de la extrema derecha, de la coacción, de la ausencia de justicia, de la eliminación de derechos es un hecho que en Chile se está viviendo. Es el fascismo que ha permanecido latente y que también parece haber despertado en demasiadas partes del mundo.

Este es un momento histórico en el que la comunidad internacional está muy atenta a lo que acontece en Chile y por ello seguirá apoyando al pueblo en sus legítimas demandas sociales, observando y denunciando las violaciones a los Derechos Humanos. Existe una oportunidad única de construir en común un Estado verdaderamente democrático que garantice la igualdad entre hombres y mujeres, que no discrimine a sus pueblos originarios sino que se sienta orgulloso de ellos, que deje de tratar como terroristas a la etnia Mapuche por exigir sus derechos, que proteja de verdad a la infancia, que eduque sin diferencias de clase, que cuide de sus adultos mayores garantizando pensiones dignas y salud de calidad, en fin, es momento de construir un Estado que garantice el bienestar de todas y todos.

Aquella frase, ¡Nunca más!, que se hizo célebre en Argentina y Chile por la lucha de las víctimas por tantos y tantos años, habrá que acuñarla de nuevo aquí, porque no se puede consentir que la impunidad vuelva a irradiar esta parte de Latinoamérica.

No lo olvide, señor Piñera: su responsabilidad política es clara. Su responsabilidad penal está en proceso de investigación, tras varias querellas por crímenes contra la humanidad. Esperamos que la Fiscalía y los Tribunales chilenos mantengan su independencia e imparcialidad porque hay en Chile muy buenos juristas que saben perfectamente que existe responsabilidad penal por la aquiescencia frente a violaciones masivas y sistemáticas a los Derechos Humanos, y que dicha responsabilidad corresponde al superior jerárquico y a toda la cadena de mando sobre los que cometen directamente los hechos, incluido quien tiene en último término el mando supremo del país. No lo olvide.

Fuente: Infolibre.es

viernes, 31 de enero de 2020

El Comité de Derechos Humanos abre la puerta a las solicitudes de asilo por cambio climático

Un hombre pidió asilo en Nueva Zelanda porque en su país, Kiribati, el cambio climático ha sumergido partes del territorio y ha afectado profundamente la economía. Nueva Zelanda se lo negó y lo deportó.  El migrante reportó el caso a un organismo de derechos humanos de la ONU. 

Los países no pueden deportar a las personas que enfrentan condiciones inducidas por el cambio climático y que violan el derecho a la vida, declaró el Comité de Derechos Humanos de la ONU en una decisión histórica que sentará precedente.



El Comité hizo la afirmación al responder a la queja de Ioane Teitiota, cuya solicitud de asilo fue denegada en 2015 por Nueva Zelanda, y fue deportado a su país de origen, Kiribati, donde el cambio climático ha creado condiciones graves que atentan contra sus derechos.

Teitiota argumentó que el país violó su derecho a la vida al expulsarlo, ya que el aumento del nivel del mar y otros efectos climáticos han hecho que Kiribati sea inhabitable para todos sus residentes: han ocurrido disputas violentas por la tierra habitable que es cada vez más escasa; la degradación ambiental dificulta la agricultura familiar; y el suministro de agua dulce se ha contaminado de agua salada.


El Comité determinó que en el caso específico de Teitiota, los tribunales de Nueva Zelanda no violaron su derecho a la vida en el momento de los hechos, porque la evaluación exhaustiva y cuidadosa de su testimonio y otra información disponible condujo a la determinación de que, a pesar de la seriedad de la situación, en Kiribati se habían adoptado medidas de protección suficientes.

Sin embargo, dijo el experto del Comité Yuval Shany, "este fallo establece nuevos estándares que podrían facilitar el éxito de futuras solicitudes de asilo relacionadas con el cambio climático".

El Comité también aclaró que las personas que solicitan el estado de asilo no están obligadas a demostrar que enfrentarían un daño inminente si regresaran a sus países. Los expertos aseguraron que el daño inducido por el cambio climático puede ocurrir tanto a través de eventos repentinos (como tormentas e inundaciones intensas) como a través de procesos más largos (como el aumento del nivel del mar, la salinización y la degradación de la tierra). Ambos tipos de situaciones pueden llevar a las personas a cruzar las fronteras para buscar protección.

En el fallo también se destacó el papel que debe desempeñar la comunidad internacional para ayudar a los países afectados negativamente por el cambio climático.

El Comité declaró que, sin esfuerzos nacionales e internacionales sólidos, los efectos del cambio climático en los países de donde las personas emigran pueden activar las obligaciones de “no devolución” en los Estados receptores. “El riesgo de que un país entero termine sumergido bajo el agua es tan extremo, que las condiciones de vida en esa nación pueden volverse incompatibles con el derecho a la vida y la dignidad incluso antes de que ocurra”, aseguraron los expertos.

El fallo marca la primera decisión de un organismo de tratados de derechos humanos de la ONU sobre una queja de un individuo que busca p rotección de asilo contra los efectos del cambio climático.

ACNUR aplaude la decisión

La Agencia de la ONU para los Refugiados calificó la decisión de “histórica” y destacó que puede tener repercusiones importantes para la protección internacional de las personas desplazadas en el contexto del cambio climático y los desastres.

También subrayó la importancia de que los países adopten medidas para prevenir o mitigar los riesgos asociados al cambio climático, que en el futuro podrían obligar a las personas a abandonar el país, lo que conllevaría una serie de obligaciones internacionales

Fuente: Noticias ONU

El secretario General de la ALDHU, Juan de Dios Parra, dijo al respecto "Esta es una gran noticia que protegerá los derechos humanos de muchos migrantes desde hoy, pero también en el futuro. Esperemos podamos frenar el cambio climático antes de algún punto de no retorno"

martes, 28 de enero de 2020

Lenín Moreno da el primer paso para el retorno de la Aldhu

Quito -
El 7 de enero, con la firma del Decreto 968, el presidente Lenín Moreno dio el primer paso para que la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos (Aldhu) retorne al país, tras casi once años.



Este documento deroga el Decreto 1588, emitido el 16 de febrero del 2009, por el expresidente Rafael Correa, con el cual se denunciaba y se declaraba por terminado el ‘Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades entre el Gobierno de la República del Ecuador y la Aldhu’, con lo que los once representantes de esa organización abandonaron el país, pues ya no contaban con la inmunidad que les daba la visa diplomática para actuar.

Correa tomó esa decisión en medio del escándalo que significó el involucramiento de Ignacio Chauvín, exsubsecretario del Interior y excolaborador de la Aldhu, en una supuesta red de narcotráfico que conectaba con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Chauvín declaró que se reunió varias ocasiones con alias Raúl Reyes, quien murió el 1 de marzo del 2008, junto con otras 25 personas, en un ataque del Ejército de Colombia a un campamento guerrillero ubicado en territorio ecuatoriano en Angostura-Sucumbíos.

El escándalo salpicó al exministro de Seguridad de Correa y fundador de la Aldhu Gustavo Larrea por supuestos nexos con las FARC. Larrea nunca regresó al gobierno de Correa y el distanciamiento se acentuó con las discrepancias en la consulta popular del 2011.

La pérdida de privilegios aleja a Aldhu y a Parra del Ecuador
Lo último que hizo la Aldhu en Ecuador fue un plan para asistir a comunidades desplazadas en la frontera norte, emitiendo carnés que luego fueron desautorizados por el gobierno de Correa.

Sobre el decreto de Moreno, el secretario general de la Aldhu, Juan de Dios Parra, manifestó que es como una declaración de “voluntad política”, pues en derecho administrativo un decreto derogatorio no restituye el decreto derogado y ahora tiene que hacerse un nuevo convenio y están en conversaciones con Cancillería.

“Esto es abrir la puerta, pero aún no dejar entrar (risas)... primero hemos agradecido al Gobierno del Ecuador el gesto porque nos parece un gesto reparatorio de una injusticia, pues la Asociación fue fundada por el presidente Jaime Roldós en 1980”, dijo.

Larrea señaló que el regreso de la Aldhu le parece “bien” por el país, pues se cuenta con un organismo internacional de derechos humanos, fundamental en el fortalecimiento de la democracia y la libertad.

Sobre la relación entre Parra, Larrea y Moreno, Parra califica a Moreno como un “amigo” con el que a veces conversan y Larrea, con su movimiento político Democracia Sí, ha mostrado su respaldo a Moreno.

La Asociación nunca dejó de existir porque su decreto fundador nunca fue derogado y por eso opera, hasta ahora, en otros países. Tiene la Secretaría General en Uruguay y la Presidencia en Chile.

Parra informó que la intención es volver definitivamente a Ecuador con un acto de lanzamiento el próximo 10 de agosto, mientras tanto trabajan con un grupo de abogados de Ecuador y víctimas de violaciones de derechos humanos en el régimen de Correa para realizar denuncias ante la Fiscalía General del Estado y agotadas las instancias nacionales acudir a las internacionales, en las que la Aldhu acompañará a quienes así lo decidan.

Fuente: El Universo

Misión canadiense en Chile dice que violaciones a derechos humanos “continúan” y advierte de “represión sistemática y masiva”

La Misión Canadiense de Observación de Derechos Humanos que arribó al país el 18 de enero emitió un informe preliminar de su trabajo, advirtiendo de una “represión sistemática y masiva” en el país, tras el estallido social de octubre de 2019.

Diputados de los parlamentos de Quebec y de Canadá, representantes sindicales y de la sociedad civil e investigadores, se desplegaron en las ciudades de Santiago, Antofagasta y Valparaíso con la finalidad de actualizar y complementar los datos de las misiones que ya despacharon sus informes sobre la situación en Chile.

“Después de tres meses desde el inicio del estallido social y a pesar de las recomendaciones de las misiones internacionales y de las organizaciones sociales nacionales, las violaciones a los derechos humanos y la represión continúan en un contexto de intimidación de la población y de criminalización de la protesta social”, señalan en su primer reporte oficial dado a conocer este lunes.

La misión agrega que “los datos y testimonios que hemos recogido indican que si bien las declaraciones oficiales minimizan la gravedad de la situación, el estado crítico de ésta se mantiene y se agrava por el efecto acumulativo y aun no se concretizan avances en materia de respeto de los derechos humanos en las prácticas de las fuerzas policiales”.

Además la misión canadiense sostiene que en sus entrevistas se acusa “una represión sistemática y masiva”.

“El nivel de sistematicidad es difícil de evaluar de manera precisa, pero los datos y testimonios recopilados indican la presencia de prácticas represivas recurrentes y similares de un lugar a otro, que manifiestan un patrón común. Más allá de los casos más visibilizados, la sistematicidad se revela igualmente en la multiplicación de violaciones a derechos humanos de menor connotación, que van instalando gradualmente una lógica anti-democrática”, aseguran.

Fuente: La tercera

lunes, 27 de enero de 2020

Cepal: La desigualdad es la causa estructural del malestar social en América Latina

La secretaria ejecutiva del organismo, Alicia Bárcena, señaló que las protestas en la región pueden convertirse en una oportunidad para el cambio social.



La desigualdad es la causa estructural del malestar social en la región. Por ello, necesitamos avanzar de la cultura de los privilegios a la cultura de igualdad y la inclusión social, afirmó Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en la reunión del Foro Económico Mundial 2020 que culminó este viernes en Davos, Suiza.

Bárcena participó durante la semana en diversas sesiones del Foro global, en las que abordó el origen y la persistencia de la desigualdad en los países de la región, así como el impacto que, asociada al bajo crecimiento, esta tiene en el desarrollo, la innovación, la inclusión y la productividad.

También subrayó la importancia de la inversión pública y privada para potenciar la diversificación productiva, la infraestructura y la integración regional.

“Las protestas en la región tienen un hilo común que es la desigualdad y pueden convertirse en una oportunidad para el cambio social. A partir de las movilizaciones hemos visto cómo algunos gobiernos han accedido a avanzar en mejoras estructurales a bienes públicos esenciales, como salud, educación, pensiones y transporte”, afirmó Bárcena durante una intervención en la sesión sobre Cómo convertir la protesta en progreso (How to Turn Protest into Progress).

Durante su intervención, Bárcena subrayó que hay un desencanto social que se manifiesta principalmente en los más jóvenes de la región, debido a que se generaron expectativas que no han sido cumplidas.

Derecho a protesta
Asimismo, destacó la importancia del respeto por los derechos humanos y el derecho a la protesta, y llamó a construir nuevos pactos sociales con miras a garantizar el bien público.

“Muchos países no contemplan el derecho a la protesta. En las Naciones Unidas defendemos los derechos humanos, la igualdad, la justicia y las voces de los que no tienen voz”, señaló.

Bárcena participó también en una sesión titulada América Latina: Respondiendo a las nuevas expectativas (Latin America: Responding to New Expectations) donde enfatizó que la gran fábrica de la desigualdad en la región es la enorme heterogeneidad estructural.

Por ello, dijo, es urgente avanzar en la construcción de Estados de Bienestar, basados en derechos y en la igualdad, que otorguen acceso a protección social y a bienes públicos de calidad, como salud y educación, vivienda y transporte.

La secretaria ejecutiva de la Cepal advirtió sobre el crecimiento de los estratos de ingresos medios en la región, que continúan experimentando diversas carencias y vulnerabilidades, tanto en relación con sus ingresos como en el ejercicio de sus derechos.

Fuente: La tercera


viernes, 24 de enero de 2020

La migración debe considerarse un potencial para el desarrollo, pide foro de la ONU

Con un llamado a considerar la movilidad humana como un potencial para el desarrollo económico de los países receptores y no como un problema, concluyó el jueves la duodécima cumbre mundial del Foro Global sobre Migración y Desarrollo de la ONU.

"El desarrollo económico es posible gracias a la movilidad humana que se facilita con calidad, de manera apegada al derecho y respetando los derechos humanos", dijo en la ceremonia de clausura Cristian Espinosa, canciller encargado de Ecuador.

El diplomático agregó que "ese flujo de población que da fuerza al desarrollo dependerá muchísimo de cómo se manejen los sistemas, los procesos migratorios" en los países de acogida.

"La migración a la que nos referimos muchas veces como un problema no es tal. En la migración está la solución para el desarrollo", apuntó Espinosa.

La cumbre sobre Migración y Desarrollo que se realizó en el Centro de Convenciones Metropolitano de Quito acogió a 1.500 delegados de gobiernos, organizaciones sociales, de la academia y de la sociedad civil.

Santiago Chávez, presidente del foro, recordó que hay 270 millones de emigrantes en el mundo, de los cuales 100 millones son mujeres.

Los migrantes requieren "compromiso y respuestas eficaces" para atender sus necesidades. en ese sentido destacó que durante la presidencia pro tempore de Ecuador, buscó combatir noticias falsas sobre migración y organizó reuniones regionales para tratar las necesidades de la comunidad migrante.

Juan Felipe Hunt, director regional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para América Latina y el Caribe, recordó que los migrantes están expuestos a la vulneración de derechos laborales y discriminación en ese ámbito. Por lo que llamó a hacer un "mayor esfuerzo colectivo para incrementar la visibilidad y la capacidad de respuesta".

La migración puede "aportar importantes beneficios a los mercados de trabajo, crecimiento económico para las sociedades y beneficios de desarrollo para los migrantes y para sus familias", sostuvo.

Está previsto que la próxima cita del Foro Global sobre Migración y Desarrollo de la ONU se realice en Dubai en diciembre de 2020. Emiratos Árabes Unidos es el primer país de la región del golfo en asumir la presidencia del foro.

Fuente: Infobae