Doctora en
Derecho por la Universidad de Valladolid y abogada en ejercicio desde 1981,
Victoria Ortega Benito se convirtió en 2016 en la primera mujer en dirigir el
Consejo General de la Abogacía Española. Esta palentina de origen, aunque
residente en Cantabria, trabaja desde dicha institución “para alcanzar una
Justicia más ágil, moderna y eficaz”.
Doctora en Derecho por la
Universidad de Valladolid y abogada en ejercicio desde 1981, Victoria
Ortega Benito se convirtió en 2016 en la primera mujer en dirigir el Consejo
General de la Abogacía Española. Esta palentina de origen, aunque residente en
Cantabria, trabaja desde dicha institución “para alcanzar una Justicia más
ágil, moderna y eficaz”.
Es usted la primera mujer
que preside el Consejo General de la Abogacía del Estado español. ¿Cómo valora
este hito dentro del mundo de la abogacía?
Evidentemente supone un gran
honor y una gran responsabilidad ser la primera mujer elegida por el resto de
consejeros y consejeras para ocupar la presidencia de la Abogacía Española en
toda la historia del Consejo, pero a la vez esto nos debe hacer reflexionar
sobre la igualdad en nuestra sociedad.
Las mujeres son la mitad de
la población y sin embargo no ocupan puestos de representación, poder o
responsabilidad en la misma medida que los hombres. Una sociedad desigual es
una sociedad injusta y debemos trabajar para conseguir que la igualdad de
derechos entre mujeres y hombres sea una realidad.
Cuando tomé posesión de mi
cargo dije que suponía una gran alegría, pero que la alegría sería completa el
día que deje de ser noticia que una mujer accede por primera vez a un cargo de
responsabilidad. Una vez en este cargo, hay que trabajar para cambiar las cosas
porque no basta con ocupar el cargo sin más, sino trabajar para cambiar las
cosas.
¿En qué consiste la labor
que se realiza desde el Consejo General de la Abogacía?
El Consejo General de la
Abogacía Española es el órgano representativo, coordinador y ejecutivo
superior de los 83 Colegios de Abogados de España y entre sus misiones
fundamentales está la ordenación del ejercicio profesional de los abogados,
velar por el prestigio de la profesión, exigir a los Colegios de Abogados y a
sus miembros el cumplimiento de los deberes profesionales y deontológicos y
trabajar para alcanzar una Justicia más ágil, moderna y eficaz.
Somos los interlocutores con
las administraciones públicas para abordar las reivindicaciones profesionales,
pero somos una institución libre e independiente. Y en muchas ocasiones,
incómoda. Mantenemos una comunicación institucional con las administraciones
abierta, constante y constructiva, pero nunca complaciente.
¿Se dan habitualmente todas
las garantías procesales en los casos en los que se trata de la defensa de los
Derechos Humanos en Centroamérica?
La impunidad es,
lamentablemente, una constante en muchos países de América Latina y de otras
zonas del mundo. Hay lugares en los que la vida no vale nada y cometer un
crimen muchas veces no tiene consecuencias, o no se llega hasta el final en su
investigación.
En nuestro país, la labor de
la Abogacía está garantizada constitucionalmente, pero hay muchos otros países
en los que ejercer la defensa se convierte en una profesión de riesgo. Por eso
el Consejo General de la Abogacía ha impulsado, junto a otras abogacías
europeas, el Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo para denunciar
situaciones de amenazas, coacciones e incluso asesinatos de compañeros y
compañeras en otros lugares del mundo en los que no cuentan con una especial
protección.
Es imprescindible que el
sistema de justicia funcione, que las fuerzas de seguridad lleven a cabo su
labor y que los abogados puedan ejercer libremente para poner fin a la
impunidad. Hay muchos casos que ni siquiera llegan a los tribunales por una
deficiente investigación, voluntaria o involuntaria, porque no se cuenta con
los medios necesarios para investigar o porque no hay voluntad de hacerlo.
En otros casos se juzga y se
condena por ejemplo a un sicario, pero no se llega a quien ordenó el asesinato,
el secuestro o la extorsión. Por eso la labor de muchos abogados y abogadas,
jueces, fiscales en Centroamérica es encomiable. Estoy pensando por ejemplo en
la fiscal guatemalteca Claudia Paz, o en la jueza Yassmín Barrios, a quien
dimos el Premio Derechos Humanos de la Abogacía hace unos años porque consiguió
sentar en el banquillo al dictador Ríos Montt y condenarlo por genocidio,
aunque luego se anulara la condena. En algunos países es heroico hacer
justicia.
¿Conoce en qué momento se
encuentra actualmente la investigación por el asesinato de la activista
medioambiental, Berta Cáceres?
A través de la Fundación
Abogacía estamos en contacto tanto con abogados hondureños que están llevando
el caso, así como con otros de distintos países que les están dando apoyo. La
investigación es muy complicada y se va haciendo más opaca a medida que pone de
manifiesto vínculos con algunas instituciones muy poderosas. Aunque hay varias
personas detenidas, está costando llegar a determinar quién ordenó el
asesinato.
Poco después del asesinato,
la hija de Berta, Berta Zúñiga Cáceres estuvo en la sede del Consejo General de
la Abogacía como parte de una serie de visitas por distintos países europeos
para exigir que la muerte de su madre y el de otros líderes no quedaran
impunes. Nos conmovió que siendo tan joven tenga tanta fuerza y determinación
para llegar hasta el final del proceso. Aunque ella también ha sufrido después
un intento de asesinato, sigue adelante peleando por lo que es justo.
¿Qué opinión le merece la
(posible) aprobación de los tratados internacionales de libre comercio (CETA,
TTIP) y cómo afectarán estos a los derechos de la ciudadanía europea?
Esos tratados podrían
suponer, a pesar del secretismo con el que se están elaborando y la poca
información que ha trascendido sobre ellos, serias amenazas para los derechos
de la ciudadanía. Ya hemos visto cómo la globalización ha traído consigo el
empobrecimiento y un gran recorte en derechos ciudadanos. Falta trasparencia e
información y no podemos permitir que se cierren acuerdos a espaldas de los
ciudadanos y sin intervención de sus legítimos representantes.
Finalmente, ¿existe la
igualdad efectiva entre géneros y la no discriminación profesional en el ámbito
de la abogacía?
Como le decía al principio,
la igualdad entre hombres y mujeres dista mucho de ser efectiva en nuestra
sociedad. La Abogacía no es diferente en ese sentido a otros ámbitos
profesionales.
3 diciembre, 2017
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