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lunes, 20 de julio de 2015

Cuba: Hacia una auténtica transformación

Los tiempos que vivimos en el continente son históricos, somos testigos de uno de los acontecimientos a nivel regional más importantes de la primera década del siglo XXI: el proceso de normalización de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, dos naciones que durante años mantuvieron una relación distante y tensa en el marco de la Guerra Fría, una confrontación indirecta que puso en riesgo la paz internacional en 1962 con la llamada “Crisis de los Misiles”.
Tras la caída de la URSS y con la nueva reconfiguración de la política internacional, Cuba se enfrentó a una de las crisis más profundas de su historia, el “Periodo Especial”, en el que hubo severos recortes a los recursos de hidrocarburos. Con la llegada al poder de Hugo Chávez a Venezuela, encontraron en ese país un gran socio comercial que les permitió concluir su proceso de recuperación. Tras la muerte de Chávez y la desestabilización política, social y económica de Venezuela, era el momento de un cambio de estrategia en la conducción de la política exterior de la Isla.

México ha sido aliado de Cuba, fue el único país de la región que mantuvo sus relaciones diplomáticas con la Isla y no votó a favor de su expulsión de la Organización de Estados Americanos, lo cual era a todas luces violatorio al Derecho Internacional.
El anuncio de los presidentes Raúl Castro y Barack Obama en diciembre de 2014 sobre el restablecimiento de relaciones bilaterales, inició un histórico proceso que permitió que en la Cumbre de las Américas, en Panamá, se encontraran ambos mandatarios por primera vez en la historia reciente, iniciando una época de entendimiento entre todos los países del continente, pese a las diferencias ideológicas y posiciones políticas.
En este marco, la LXII Legislatura del Congreso de la Unión designó una delegación de legisladores que visitamos La Habana para encontrarnos con nuestros homólogos cubanos, a fin de continuar el estrechamiento de los lazos parlamentarios.
Durante los trabajos de la XV Reunión Interparlamentaria Cuba-México, los legisladores de ambos países expresamos nuestro compromiso de trabajar por una relación de amistad, solidaridad y cooperación en pro de nuestros pueblos; celebramos el fortalecimiento del marco jurídico bilateral, pues en esta Legislatura hemos aprobado 5 importantes instrumentos internacionales con Cuba en materia de reconocimiento y revalidación de títulos, asistencia jurídica, extradición, así como el Cuarto Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica 51, eje rector de la relación comercial bilateral.
Los legisladores cubanos nos aportaron información relativa a la Ley de Inversión Extranjera y sobre la Zona Especial de Desarrollo Mariel, un ambicioso proyecto de inversión con gran potencial para que las empresas mexicanas inviertan. Invitamos a los legisladores de Cuba a profundizar el ACE 51, a revisar el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, a fin de brindar una sólida certeza jurídica a los inversionistas mexicanos, y coincidimos en la necesidad de impulsar la cooperación en educación y en materia técnico-científica.
Sin duda este importante ejercicio de diplomacia parlamentaria se traducirá en mejores beneficios para ambos países, pero existen temas que no debemos dejar de lado: los derechos humanos y la democracia. Desde la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe hemos impulsado estos dos valores como elementos fundamentales para la región, y Cuba no es la excepción. México debe ejercer un rol relevante como agente del cambio y apostar en ello nuestro liderazgo en la región. Pugnamos para que nuestro país funja como mediador en las negociaciones bilaterales, lo que convertiría en hechos el discurso oficial de México como actor con responsabilidad global.
Los nuevos tiempos de apertura que experimenta Cuba permitirán que nuevas ideas y necesidades arriben a la Isla, y los ideales de libertad y de justicia sean una realidad para todos.
Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, del Senado de la República.
Twitter: @marianagc

jueves, 16 de julio de 2015

Juan de Dios Parra señala que "Libertad de un Torturador Chileno es una falta de respeto por los DDHH"

Su más profundo rechazo manifestó el secretario general de ALDHU, Juan de Dios Parra, luego de conocer la noticia de la libertad condicional por parte de la Corte de Apelaciones de Santiago, para Alejandro Sáez Mardones, ex agente de la DICOMCAR durante la dictadura de Pinochet.

"No es posible que quienes cometen crímenes de lesa humanidad estén libres como si el crimen cometido fuese un delito común" con estas palabras el abogado Juan de Dios Parra reaccionó ante la libertad del asesino de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino.

"Concuerdo plenamente por lo planteado durante estos días desde los ex trabajadores de la Vicaría de la solidaridad, ellos manifiestan que "los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles e inadmisibles".

"Espero al igual que ellos que la Presidenta Bachelet y los legisladores juegen un rol determinante a la hora de corregir esta falta hacia miles de compatriotas torturados y ejecutados por seres deleznables como Sáez Mardones" finalizó Parra.



Los ex trabajadores de la Vicaría expresaron a través de una misiva que:

"Nos duele esta decisión, nos trae nuevamente al presente los hechos ocurridos hace treinta años, un 29 de marzo de 1985, cuando el país entero se conmovió ante estos asesinatos. La sociedad chilena no puede olvidar, hace mal a nuestra convivencia democrática, ya suficientemente dañada por el desprestigio  de nuestras instituciones y el débil funcionamiento de nuestra democracia. Decisiones de este tipo suman a este desprestigio.

La consternación que nos causó el alevoso asesinato de José Manuel Parada, de Santiago Nattino y de Manuel Guerrero , perpetrado cobardemente el 29 de marzo del año 1985 , tuvo como efectos inmediatos el asombro ante ese sangriento  horror, porque  éramos compañeros de trabajo de José Manuel Parada,  nosotros , quienes  escuchábamos día a día las brutalidades cometidas al amparo de la dictadura  sufrimos el impacto,  una sensación de ahogo,  quedamos   desconcertados, sin aliento;  nos preguntábamos, vagando por las salas de la Vicaría, ¿por qué?



         Ahora,  ahora estamos indignados: el día 10 de julio pasado, una sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, conociendo de un recurso de protección, acogió los planteamientos de uno de los autores materiales, cuyo cuchillo cercenó la vida de José Manuel. La Corte, por razones de técnica legal, lo ha dejado libre, haciendo ver que no correspondía a ese tribunal considerar  la  extensión del daño causado, o lo que es lo mismo, la tremenda trascendencia que tuvo éste y otros  crímenes de lesa humanidad. No les corresponde, dicen estos jueces, más que sumar años de cumplimiento, añadidos a buena conducta penitenciaria, para aplicar la ley. Y liberar a los asesinos.
       Sostenemos que están muy  equivocados estos jueces, ya que están  abrogándose facultades que los superan ,  están  indultando  a un transgresor  de graves crímenes contra  los derechos humanos , a un autor de un crimen de lesa humanidad ¡No se trataba de un asesinato que afectaba a la comunidad cercana, o a la ciudad de Santiago, o al país, no. Era un crimen contra la humanidad entera y, por lo tanto, no existe una autoridad nacional  que en nombre de todos los afectados –la humanidad entera– tenga tales poderes para liberar a quienes  condenaron y ejecutaron  la muerte de Parada, Nattino y Guerrero, amparándose en su calidad de agentes del  régimen. Sostiene la corte que bastan y sobran  años y  la buena conducta carcelaria en Punta Peuco. Pero no es así. 

Este crimen que lesiona a la humanidad  –de ahí el nombre– trasciende nuestro sistema jurídico reglamentario de beneficios carcelarios. Tampoco  se trata de  venganza, sino que de respeto. Las víctimas de estos crímenes merecen respeto basado en principios de justicia, de protección a los derechos humanos  y de dignidad de sus familias, especialmente de sus familias. Los asesinados, inermes, no habían hecho daño a nadie, pero a ellos, sus asesinos,  uno de ellos ahora libre, no les dieron siquiera tiempo para implorar  por  sus vidas. No. Nuestros jueces deben velar no sólo por lo que es “legal”, sino por lo que es justo,  y en este aspecto, hay suma injusticia, suma injuria!  Recordamos en este momento al  Ministro José Cánovas, quien, arriesgando su posición, logró en aquellos tiempos en los que ser juez de tal calidad acarreaba riesgos personales, logró investigar y develar estos crímenes. Qué diría ahora aquél valiente juez ante este fallo que nuevamente nos hacer revivir etapas de la nefasta   oscuridad  de la dictadura.

Sostenemos que, si hay algún reglamento, o una ley carcelaria que permita indulgencia con los autores de crímenes de lesa humanidad,  deberá esa ley, ese reglamento, modificarse o derogarse para que se sustraiga  explícitamente del conocimiento de jueces nacionales este poder de tamaño indulto que ni siquiera tiene la Presidencia de la República.


            Directiva de la Asociación de Ex Trabajadores de la Vicaría de la Solidaridad y del Comité Pro Paz.

lunes, 13 de julio de 2015

“Ley mordaza” española debe poner en alerta a América Latina, dice periodista mexicana.

La entrada en vigor en España de la Ley de Seguridad Ciudadana, llamada por sus detractores "ley mordaza", debería alertar al resto del mundo, especialmente a América Latina, donde "las políticas represivas están cada vez más presentes", dijo este viernes a Sputnik Nóvosti la periodista mexicana Gloria Muñoz.
"Es una ley represiva que no solo atenta contra la libertad de expresión, sino contra todos los derechos humanos, y debería poner en alerta al resto del mundo. Si no hay una resistencia contundente contra esta ley, vamos a salir todos perjudicados", apuntó la directora del portal Desinformémonos.
Muñoz advirtió que "es una ley diseñada para momentos de crisis" en los que los gobiernos tienen que contener la manifestación y la protesta.
La Ley de Seguridad Ciudadana restringe el derecho de protesta y endurece las sanciones a ciertas conductas consideradas punibles con multas que pueden llegar a montos elevados.
De acuerdo a la norma, son pasibles de multas de entre 30.001 y 600.000 euros las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en lugares que tengan la consideración de infraestructuras críticas como centrales nucleares o aeropuertos, así como la intrusión en sus recintos, incluyendo su sobrevuelo, y la obstrucción de su funcionamiento.
Asimismo, multas de 601 a 30.000 euros pueden aplicarse a conductas que se encuadren en perturbación del orden en actos públicos, deportivos, culturales, espectáculos, oficios religiosos u otras reuniones numerosas cuando no sean constitutivas de delito.
Constituyen una perturbación grave de la seguridad ciudadana las protestas no comunicadas ante instituciones del Estado como el Congreso, el Senado, los Parlamentos autonómicos o los altos tribunales, aunque no tengan actividad.
La norma también considera falta grave impedir un desalojo o hacer uso no autorizado de imágenes de integrantes de las fuerzas de seguridad.
Desde su entrada en vigor el 1 de julio, también se considera falta leve la desobediencia a la autoridad y escalar edificios o monumentos sin autorización cuando haya riesgo de que se ocasionen daños a las personas o a los bienes.
Para Gloria Muñoz la norma atenta contra la solidaridad humana, ya que "continúa con las políticas económicas de asfixia que se están implantando en los pueblos", como en Grecia, e insiste en que también podría repercutir en América Latina.
"En esta región se está llevando a cabo un neoliberalismo salvaje contra las garantías sociales, y políticas represivas como las de desalojo están cada vez más presentes. Es evidente que este tipo de leyes van a repercutir", agregó.
En este aspecto, considera Muñoz, México sirve de ejemplo, pues "vivimos en un momento de violencia institucional generalizada y ocupamos el cuarto lugar en el mundo de periodistas asesinados con 85 profesionales muertos en los últimos 10 años".
"Pese a que en México la ley mordaza no existe como tal, ya se aplica con los secuestros, desapariciones, asesinatos, amenazas e intimidación que sufren quienes nos dedicamos a la comunicación", sostuvo.
UNA LEY ANTIDEMOCRÁTICA
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), dedicada a la defensa de los derechos de grupos desfavorecidos y al fortalecimiento de la democracia en Argentina, también consideró represiva la norma española y la tildó incluso de "antidemocrática".
"En lugar de reprimir la protesta, el Estado debería fomentar la participación ciudadana y el debate público, claves para el ejercicio de una democracia real. Reprimir la libertad de expresión es el peor camino", lamentó Fernando Bracaccini, coordinador de ACIJ, en diálogo con Sputnik Nóvosti.
La polémica norma fue aprobada en España en diciembre de 2014 con los votos del gobernante Partido Popular, que cuenta con mayoría absoluta en el Congreso desde que ganó las elecciones de 2011.
La legislación ha sido criticada por la oposición, grupos de la sociedad civil, movimientos sociales y la Organización de las Naciones Unidas pues, alegan, limita derechos fundamentales.


Lea más en http://mundo.sputniknews.com/politica/20150711/1039235746.html#ixzz3fjzIq5ol

lunes, 6 de julio de 2015

Repensar la región en el tiempo de la globalización.

Simposio nº 157, en el marco del 55 ICA: Repensar la región en el tiempo de la globalización: Violencia política y conflicto social, democracia y derechos humanos. América Latina y su inserción en el sistema internacional.

Congreso o simposio | El Salvador - San Salvador
12 al 17 de julio de 2015
Simposio nº 157, en el marco del 55 ICA: Repensar la región en el tiempo de la globalización: Violencia política y conflicto social, democracia y derechos humanos. América Latina y su inserción en el  sistema internacional
Este simposio busca examinar desde un enfoque interdisciplinar la región latinoamericana en el siglo XXI. Considera la mirada que desde el presente podemos realizar hacia los pasados cercanos que han caracterizado el siglo XX, instalando como ejes de análisis la violencia política cometida en gran parte de los países de la región, a propósito de las dictaduras de seguridad nacional. Explora las tensiones, avances y deudas pendientes de las democracias latinoamericanas vinculados a proyectos sobre cómo entender el Estado y la Nación, y la incorporación en sus agendas de los derechos humanos, las cosmovisiones del mundo indígena, los nuevos actores sociales y la inserción del continente en el sistema internacional global. Coordinadores: Romané Landaeta Sepúlveda (romane.landaeta@uach.cl) Pedro Martínez Lillo (pedro.martinez@uam.es) Juan Ignacio Radic Vega (juanignacio.radic@uam.es)

Más Información en http://www.ica55.ufg.edu.sv/


domingo, 28 de junio de 2015

Estado de México supera a Ciudad Juárez en feminicidios.

El Estado de México ya ha superado ampliamente a Ciudad Juarez por el número de feminicidios, si bien las autoridades y los medios no abordan el problema en toda su escalofriante dimensión. La revista Vice ha publicado la primera parte de un documental que arroja luz sobre estos crímenes y la inacción de la autoridades.

Por ello, Juan de Dios Parra, Secretario General de ALDHU, afirmó que "México debe responder ante la comunidad internacional por su omisión reiterada en asumir de buena forma políticas públicas eficaces para la protección de la vida e integridad de las mujeres y conjurar las causas estructurales que han llevado el femicidio al nivel de flagelo sin control es ese país"

  


En el Estado de México los femicidios o asesinatos violentos de mujeres a manos de hombres por razones de género han adquirido una dimensión “pandémica”, según la ONU, si bien el Gobierno se niega a reconocer el problema, mientras que la mayoría de los medios permanecen en silencio, según denuncia un documental de la revista digital Vice, que durante un año ha investigado varios casos. Cada día 6 mujeres resultan asesinadas en el Estado, según la ONG Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.
En Estado de México (Edomex) han sido asesinadas más mujeres que en el municipio de Juárez, que era considerado el lugar más peligroso del mundo para las mujeres. Sin embargo, las autoridades suelen menospreciar o ni siquiera reconocen la existencia del problema, según denuncia el periodista Humberto Padgett, que colaboró en el documental.
En el periodo que va de 1993 a 2014 en Ciudad Juárez se registraron 1.530 femicidios, mientras que en Edomex se registraron 1.997 en tan solo seis años, desde 2006 hasta 2011, periodo en el que esta entidad fue gobernada por el actual presidente mexicano, Enrique Peña Nieto.
No se trata de asesinos en serie, sino de una “sociedad en descomposición que mata a sus propias mujeres”, asegura el periodista. En muchos casos las autoridades declaran que los asesinatos son suicidios, algo que las familias de las víctimas niegan, mientras que pruebas que, por alguna razón, a los jueces les parecen verosímiles, en realidad no resisten la menor crítica, explica el documental.
Las autoridades de todos niveles buscan pretextos para explicar la situación, reza el reportaje. Tanto policías como jueces esgrimen como causa que las mujeres se ponen faldas demasiado cortas o que salen con hombres equivocados, entre otros pretextos. Además, justifican el gran número de mujeres asesinadas en el Estado de México, porque se trata del Estado con más población del país, sostienen.
La revista ha publicado la primera parte del documental, que se divide en tres partes.

martes, 23 de junio de 2015

Tierras bañadas en sangre!

Glenda Chávez camina entre los naranjos de la huerta de su familia, acercándose a una cerca de alambre baja que separa su propiedad de la finca de la Corporación Dinant, en Paso Aguán. Al otro lado de la valla, filas de espinosas palmeras (palma aceitera) se esparcen por el paisaje verde del norte de Honduras. "Aquí," dice ella con una voz suave, decidida, apuntando a un lugar en su lado de la valla, donde un equipo de búsqueda encontró los últimos trazos de vida de su padre.
Gregorio Chávez, pastor y finquero, desapareció en julio de 2012. Horas después, hombres de su comunidad campesina encontraron el aporcador que él había llevado para cuidar de sus hortalizas. También encontraron en la tierra marcas de alguien arrastrado en dirección a la propiedad de Dinant, dice Glenda.
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Glenda Chávez, al lado de la tumba del padre, Gregorio Chávez, cuyo cuerpo fue encontrado en una finca de la empresa Dinant, en Paso Aguán, en julio de 2012. Foto: ICIJ

Cuatro días después de la desaparición de Gregorio Chávez, el equipo de búsqueda encontró el cuerpo del pastor en la finca Paso Aguán, enterrado bajo una pila de hojas de Palma. Él fue asesinado a golpes en la cabeza y su cuerpo mostraba señales de que podría haber sido torturado, según un promotor especial del gobierno responsable de investigar el caso. Glenda y los otros residentes locales inmediatamente sospecharon que él había sido asesinado por hablar en sus predicaciones contra la Dinant, empresa opuesta a la comunidad en una batalla sobre la posesión de una tierra que la empresa había incorporado, hace mucho tiempo, en su vasta operación [para ampliar el área] de aceite de palma africana (dendê). "Estas fincas están bañadas en sangre", dice Glenda Chávez. "No fue sólo mi padre. Más de 100 agricultores que han muerto en defensa de su la tierra".
Según el procurador especial Javier Guzmán, guardias de seguridad contratados por la Dinant son "los principales sospechosos" en el asesinato de Gregorio Chávez, pero nadie ha sido acusado judicialmente en este caso. La compañía niega tener implicación en la muerte del pastor asesinado.
Según Guzmán, quien fue asignado por el gobierno para investigar la ola de violencia que ha afectado el Valle del Bajo Aguán, en Honduras, en los últimos años, el asesinato del pastor es uno de los 133 que están vinculados a los conflictos de tierras en la región. Las circunstancias de esas muertes permanecen en disputa en una lucha que ha puesto la Dinant y otras grandes corporaciones propietarias de tierras contra los campesinos, siendo que ambos lados están implicados en episodios de violencia con horribles consecuencias.
El conflicto ha atraído la atención internacional. Una de las razones es que Dinant, uno de los protagonistas claves de la historia, ha sido financiada por una agencia del Banco Mundial. La Dinant fue apoyada por la Corporación Financiera Internacional (IFC, sigla en inglés), un brazo del Banco Mundial que hace préstamos a las empresas privadas. La IFC financió a Dinant, uno de los principales productores de aceite de dendê y alimentos de América Central, en medio de los recientes conflictos de tierra. La Dinant recibió US$ 15 millones en 2009 y, en 2011, US$ 70 millones fueron enviados a un banco hondureño que es uno de los mayores financiadores de la empresa.
Al financiar a esta empresa, la IFC, se ha alineado con uno de los actores principales en un conflicto civil mortal, apostando su dinero y reputación junto a una corporación poderosa con una historia cuestionable. La IFC ha ignorado pruebas que podrían obtenerse fácilmente y que deberían haberla prevenido de hacer negocios con la Dinant, conforme la oidoría interna descubrió más tarde.
Mark Constantine, representante oficial de la IFC, responsable para gestionar riesgos sociales y ambientales, dice que la institución aprobó el préstamo a la Dinant antes de los episodios de violencia en el Bajo Aguán salieran de control. Según él, la IFC está cambiando sus políticas para hacer una mejor previsión de los riesgos a las comunidades locales. "Nosotros tomamos una fotografía en aquel momento y actuamos en base a eso", explica Constantine. ¿"Deberíamos haber reconocido algunas de estas cuestiones históricas antes? Sin repuesta".
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Niño carga pollos vivos en la comunidad Panamá, que bordea la finca Paso Aguán, de la Dinant. Foto: ICIJ
Con el creciente impulso a inversiones privadas en los países en desarrollo, la IFC se ha expandido rápidamente. Los préstamos anuales alcanzaron a US$ 17,300 millones en 2014, un aumento de 36% en comparación con 2010. A pesar del crecimiento - y reclamos en Honduras y en otros lugares por haber destinado dinero a compañías involucradas en el acaparamiento de tierras y violación de los derechos humanos -, la IFC permanece menos conocida que el Banco Mundial, su institución- hermana que hace préstamos a los gobiernos.

domingo, 21 de junio de 2015

Colegio de Periodistas de Chile pide cambio de Ley tras condena de dos profesionales.


Luego de conocer acerca de la noticia referente al fallo de la corte Suprema en que ratifica una sentencia por injurias vertidas en contra del ex diputado Miodrag Marinovic en "El patrón del Mal" en el año 2013 en el medio "El Ciudadano", el Secretario General de ALDHU, Juan de Dios Parra manifestó su solidaridad con ambos profesionales cuestionados.

Juan de Dios Parra señaló que "como ALDHU nos sumamos a las críticas a la regulación actual del sistema judicial, ya que la madurez de la democracia nos obliga a asumir que cada cual tiene derecho a decir lo que estime conveniente sin temor a sufrir la pérdida de libertad".

"Se deben eliminar todos los delitos de "opinión". Si alguna persona sufre menoscabo por dichos de otros ciudadanos, estos deben resolverse en causas civiles por "perjuicios" pero no penales" subrayó el abogado de derechos humanos.

La noticia publicada por el medio www.lanacion.cl señala lo siguiente:


El Colegio de Periodistas pidió el cambio de la legislación que regula la sanción de los delitos por injurias, después de la sentencia que recientemente condenó a dos profesionales de un medio de comunicación a 540 días de prisión menor.

El pasado 11 de junio, en un fallo unánime, la Corte Suprema ratificó la sentencia original por injurias vertidas contra el ex diputado Miodrag Marinovic en el reportaje "El patrón del mal", publicado en 2013 por el semanario El Ciudadano.

La sentencia en contra de los dos directores del medio, Bruno Sommer y Sebastián Larraín, atenta contra lo establecido por la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), denunció el gremio periodístico.



http://www.lanacion.cl/noticias/pais/nacional/colegio-periodistas-pide-cambio-de-la-ley-tras-condena-de-dos-profesionales/2015-06-21/192010.html