RIO DE JANEIRO, BRASIL (Sputnik) — La Relatoría
Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH condenó el asesinato de los
periodistas brasileños Ueliton Brizon y Jefferson Pureza ocurridos el 16 y 17
de enero.
La Relatoría
Especial de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) expresó su
"preocupación" e instó a las autoridades brasileñas a "actuar
con prontitud y diligencia para aclarar los motivos de los asesinatos e
identificar y sancionar a los responsables" a través de un comunicado.
El periodista Ueliton Brizon trabajaba en el portal
de noticias "Jornal de Rondônia", en el estado homónimo (norte),
donde publicaba noticias relacionadas con la política local y denuncias; además
actuaba como concejal suplente en Cacoal, su ciudad natal.
Fue asesinado a tiros por dos individuos que
circulaban en una moto; la policía todavía no identificó a los autores del
asesinato y está investigando el crimen.
El periodista Jefferson Pureza, de la radio Beira
Rio FM, trabajaba en Edelina, el estado de Goiás (centro), donde realizaba
denuncias a nivel local y reportajes de investigación.
Según recuerda la CIDH fue asesinado con varios
disparos de arma de fuego en el garaje de su casa; según la información
disponible dos personas a bordo de una motocicleta le habrían abordado,
disparado y huido inmediatamente después.
La Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH
recuerda que los Estados están obligados a adoptar medidas para prevenir la
violencia contra periodistas y recuerda que concretamente Brasil cuenta con un "Programa
de Protección para Defensores de Derechos Humanos" extendido a periodistas
y trabajadores de los medios de comunicación.
"Es esencial que este mecanismo se ajuste a
las necesidades de los periodistas y sea ampliamente difundido (…) para que
pueda ofrecer garantías efectivas a quienes se encuentran en una situación de
riesgo por su actividad periodística", pidió el citado organismo.
Además, recuerdan que el principio 9 de la
Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala que es
deber de los Estados prevenir e investigar los hechos, sancionar a sus autores
y asegurar a sus víctimas una reparación adecuada.
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