A poco del 20 aniversario de los Acuerdos de Paz
en Guatemala, Juan Francisco Soto, director ejecutivo del Centro de Acción
Legal en Derechos Humanos, habla con DW sobre lo que Colombia puede aprender de
esa experiencia.
Se acerca el 20 aniversario de los acuerdos
de paz en Guatemala. Para Usted ¿qué significa el 29 de
diciembre de 1996?
Juan Francisco Soto: En una oportunidad, un Obispo en Guatemala me
decía: "Si no es una paz perfecta, por lo menos es la posibilidad de dejar
de matarnos con la excusa de un conflicto armado”. El cese del derramamiento de
sangre por el conflicto armado interno es un momento de reflexión para recordar
el costo humano que tuvo en Guatemala: 45.000 desaparecidos, 200.000 muertos,
un millón de desplazados internos de una población de alrededor de seis
millones en ese momento. Hoy el tema de los acuerdos de paz está olvidado, no
hay un seguimiento real a la implementación de los acuerdos de paz.
¿Por qué?
No existió un compromiso real del Estado de
Guatemala en la implementación de los acuerdos. En alguna medida todo el tema
de la memoria histórica, el tema de la justicia por los hechos sucedidos
durante el conflicto, ha recaído más en las organizaciones de la sociedad civil
que en el mismo Estado.
¿De qué manera se incluyó la justicia
transicional en los acuerdos de paz?
Los acuerdos de paz regularon la ley de
amnistía. Es muy clara la ley en el artículo octavo en cuanto que no se pueden
amnistiar los graves crímenes contra la humanidad. Hay una serie de delitos que
pueden ser amnistiados, pero los crímenes como genocidio, desaparición forzada,
tortura, ejecuciones extrajudiciales no entran dentro de la amnistía. A raíz de
esto existe el espacio legal en Guatemala para poder juzgar estas graves
violaciones a los derechos humanos que se dieron durante el conflicto armado
interno. Sin embargo, la justicia transicional tiene también un componente muy
importante de garantía de no-repetición de los hechos. Obviamente llevar este tipo
de casos es enviar un mensaje a las futuras autoridades que si se cometen estos
delitos, tarde o temprano van a pagar las consecuencias jurídicas de los actos
que se puedan cometer.
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A poco del 20 aniversario de los Acuerdos de Paz en Guatemala, Juan Francisco Soto, director ejecutivo del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos, habla con DW sobre lo que Colombia puede aprender de esa experiencia.
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