Enormes problemas
de falta de gobernabilidad, corrupción y descontento social afectan a múltiples
países del subcontinente. El diagnóstico para la democracia es lamentable.
Economías en recesión. Megaescándalos con presidentes imputados.
Desempleo rampante, deterioro de los servicios públicos y altos niveles de
inflación. Radicalización política y violencia desbocada. Gobiernos acusados de
violar los derechos humanos y de ocultar sus vínculos con estructuras mafiosas.
La lista de los males que se han abatido sobre el continente parece no tener
fin.
Desde el río Grande hasta la Patagonia, en
2016 se ha instalado en casi todos los países del continente un profundo malestar
social que ha conducido a crisis políticas en varios puntos de la región. Y
aunque el problema se explica en parte por la desaceleración económica mundial,
el bajonazo económico de China y los bajos precios del petróleo y otras
materias primas, lo cierto es que el mal manejo de la bonanza de la década
pasada les está pasando factura a los gobernantes, que hoy tienen que lidiar
con bajísimos niveles de popularidad.
De hecho, Nicolás Maduro de Venezuela y Dilma
Rousseff de Brasil están en la cuerda floja. Mauricio Macri de Argentina
afronta una grave crisis de gobernabilidad. A Rafael Correa de Ecuador, Evo
Morales de Bolivia y Daniel Ortega de Nicaragua se les acusa de manera cada vez
más explícita de querer perpetuarse en el poder. Y en Colombia, el presidente
Juan Manuel Santos afronta el momento más difícil de sus seis años de mandato,
con una opinión pública indignada con la corrupción, sin plata para el
posconflicto, y una oposición que gana terreno y se fortalece en las regiones.
Como en los peores momentos de los años
ochenta, el continente se enfrenta a una coyuntura adversa para la que está muy
mal preparado. Y, como en esos años, en algunos países han vuelto a aparecer
los fantasmas de los golpes de Estado, en otros se ha instalado el miedo de que
sus economías entren en un ciclo largo de recesión, y unos más temen incluso
que la polarización acabe con su frágil gobernabilidad.
Venezuela
Referendo o muerte
Nadie se explica cómo no ha estallado la
situación en Venezuela. Como un enfermo terminal, los síntomas de la decadencia
no dejan de aumentar. El desabastecimiento, el racionamiento eléctrico, la
ilegitimidad de las instituciones y el descontento popular generalizado tienen
acorralado al presidente Nicolás Maduro. El FMI estima una inflación de más del
700 por ciento en 2016 y de 2.200 para 2017, es difícil encontrar alimentos
básicos y medicamentos, las filas en los supermercados son cada vez más largas
y la crisis energética es angustiante. Pero esos factores no son lo peor.
Frente a la perseverancia de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, el
oficialista Consejo Nacional Electoral (CNE) se vio presionado a aceptar la
recolección de firmas que activarían un referendo revocatorio.
Maduro recortó la semana laboral del sector
oficial a dos medios días de trabajo, con el pretexto de ahorrar energía por el
fenómeno de El Niño. Esto exacerbó los ánimos, pues para la oposición la medida
apuntaría a dilatar el proceso de auditoría de las firmas en el CNE. En solo un
día, los organizadores recogieron más de 200.000 rúbricas, con lo que
sobrepasaron la cantidad necesaria para dar paso al referéndum revocatorio, que
necesita más de 4 millones de votos. Sin embargo, no se han hecho esperar las
tácticas oficiales de paralizar el sector público y los obstáculos para los
votantes, como la obligación de confirmar sus firmas ante el CNE.
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