Un amplio
colectivo de 627 organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo hemos
formulado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas un
llamamiento dirigido a todos los Estados para que reconozcan con urgencia el
derecho humano a la paz, respondiendo así a una reclamación legítima de la
sociedad civil, que ya en 2010 había aprobado la Declaración de Santiago sobre
el Derecho Humano a la Paz.
Juan de Dios Parra, Secretario General de ALDHU manifestó el compromiso del organismo internacional en la línea de búsqueda de paz (en sus diversos programas de trabajo en cada uno de los países) en que desarrollan actividades.
Esta Declaración
precisa los elementos esenciales del derecho humano a la paz, desarrollados
conforme a una concepción holística de la paz que comprende tanto la paz
negativa (ausencia de conflictos armados, desarme, objeción de conciencia) como
la paz positiva (ausencia de violencia estructural derivada de las
desigualdades económico-sociales en el mundo y en nuestras sociedades: y
ausencia de violencia cultural originada tanto en la violencia de género, como
en la violencia intrafamiliar, en la escuela o en el puesto de trabajo).
Los elementos
básicos de esta Declaración fueron recogidos por el Comité Asesor del Consejo
de Derechos Humanos (órgano compuesto de dieciocho personas expertas
independientes), que en 2012 culminó la redacción de su Declaración sobre el
Derecho a la Paz, texto que incorporó el 85 % de las normas propuestas por la
sociedad civil en la Declaración de Santiago.
En 2012 el Consejo
de Derechos Humanos estableció un grupo de trabajo (intergubernamental) sobre
el derecho a la paz, con el mandato de redactar una Declaración de las Naciones
Unidas, sobre la base del texto aprobado por su Comité Asesor.
Tres años después
constatamos con pesar que en el grupo de trabajo se ha impuesto la opinión de
un número reducido pero significativo de Estados que son reacios a reconocer el
derecho humano a la paz. Encabezados por los Estados Unidos y la Unión Europea,
figuran en esa lista Australia, Canadá, Japón y la República de Corea. En el
campo contrario, una gran mayoría de Estados africanos, asiáticos,
latinoamericanos, caribeños y alguno europeo, aceptan que el derecho humano a
la paz debe ser reconocido y codificado en las Naciones Unidas.
Al concluir el
tercer período de sesiones del grupo de trabajo sobre el derecho a la paz, el
presidente-relator (Christian Guillermet, embajador alterno de Costa Rica)
presentó el 24 de abril de 2015 su tercer proyecto de declaración (incompleto)
con nueve párrafos del preámbulo entre corchetes, ya que fueron objetados por
algunos Estados. En cuanto al título y a la parte dispositiva, ni tan siquiera
fueron objeto de debate, por lo que figuran también entre corchetes. Este
proyecto de declaración ni reconoce el derecho humano a la paz ni recoge sus
elementos esenciales. Ante la constatación del fracaso en finalizar la
redacción del texto por falta de consenso, el presidente-relator anunció su
renuncia.
En su informe, el
presidente-relator recomendó al Consejo que evalúe si la comunidad
internacional está en posición de seguir desarrollando el derecho a la paz de
manera consensuada en estos momentos.
Debemos recordar
que la ONU fue creada hace setenta años con el firme propósito de mantener la
paz y seguridad internacionales y fortalecer la paz universal,[1] preservando a
las generaciones venideras del flagelo de la guerra.[2]
Consecuentemente,
la Asamblea General reconoció en 1978 el derecho inmanente de toda nación y
todo ser humano a vivir en paz,[3] y en 1984 el derecho sagrado de todos los
pueblos a la paz.[4]
Corresponde ahora
a la comunidad internacional reconocer y desarrollar el derecho humano a la paz
a la luz del actual derecho internacional de los derechos humanos,[5] así como
de los trabajos realizados por el Consejo de Derechos Humanos y su Comité Asesor
a favor del derecho humano a la paz desde 2008, a instancias de la sociedad
civil.
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