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lunes, 17 de octubre de 2022

Brasil vota el futuro del planeta

Autor: Baltasar Garzon Real es jurista y Presidente de FIBGAR

Es cada vez más evidente que asistimos a una crisis civilizatoria, caracterizada entre otras cosas por una nueva guerra en Europa (algo impensable hasta hace muy poco); el regreso del fascismo a nivel global; el cambio climático que se hace cada vez más presente (siendo ya innegable salvo que seas terraplanista o algo por el estilo) o la creciente desigualdad y concentración de la riqueza mundial en cada vez menos personas. Todo esto por no mencionar la pandemia que ya prácticamente hemos superado, pero con la amenaza cierta de algún fenómeno similar en un futuro no muy lejano.



En este contexto nada alentador, y aunque a primera vista no lo parezca, lo que se decida próximamente en Brasil puede condicionar el futuro inmediato de toda la humanidad.

Brasil está a la espera de la segunda vuelta electoral, en la que se debe dirimir quién será el próximo presidente del país, si Luiz Inazio Lula da Silva o Jair Bolsonaro. El triunfo del progresista por seis millones de votos, pero insuficientes para superar el 50% sobre el ultraderechista el pasado 2 de octubre, hace obligada esta nueva votación prevista el día 30, de acuerdo con el sistema electoral del país. En estos comicios los brasileños deciden mucho más que la elección de uno u otro nombre: se juegan valores tan imprescindibles como el respeto a las libertades fundamentales, la protección de los pueblos indígenas y el cuidado del medioambiente y, cómo no, el propio concepto de democracia. A la vista está que un abierto admirador de Pinochet como es Bolsonaro implica una regresión en muchos sentidos, y así lo ha demostrado en estos años su propia gestión de gobierno.

Parapetado en las redes sociales, algo que es propio de la extrema derecha, el presidente y candidato manipula a su antojo la información y trastoca el mensaje cuando afirma: "Lo que está en juego en este momento es el futuro de nuestro país, es hora de unir fuerzas para proteger las libertades y la dignidad del pueblo brasileño y evitar que el grupo que asaltó y casi destruyó al país vuelva al poder". Acusa a Lula, cuando le inunda a él la corrupción, y se erige como el último obstáculo para detener el socialismo, cuando a quien hay que detener es a él por sus tintes autoritarios.


Una amenaza

En su propaganda presenta como el diablo reencarnado a otros líderes latinoamericanos progresistas: Alberto Fernández, Gabriel Boric y Gustavo Petro. Lula, por su parte, sin abandonar su cuenta de Twitter, se mezcla con el pueblo recorriendo localidades, dejándose ver en directo y estableciendo alianzas con otras formaciones para evitar que la ultraderecha siga al frente del Gobierno.

Bolsonaro supone una amenaza evidente por sus políticas agresivas de deforestación y agresión a la Amazonia, por atentar contra los pueblos originarios, socavar el sistema electoral y debilitar el Estado de Derecho. En su informe mundial 2022, Human Rights Watch (HRW) hace hincapié en estas malas prácticas propias de la ultraderecha y el neofascismo. Durante la pandemia, el gobierno de Bolsonaro propagó información falsa y, según documentó el Senado, se produjo corrupción en la compra de vacunas. Mas de 600 mil personas perdieron la vida por el virus, mientras que el negacionismo bolsonarista reinaba de forma irracional. Es verdad que la memoria de los votantes es laxa a veces, pero no tanto como para olvidar todo esto e inclinar la balanza a favor del desastre. Desde el regreso a la democracia, nunca los derechos humanos habían pasado tan terribles momentos como con las políticas agresivas contra los indígenas, las mujeres, los personas con discapacidad y la propia libertad de expresión; amen del aumento de la violencia institucional, que ha alcanzado su nivel más alto desde 2006.


Lawfare

A todo lo anterior se suman los ataques continuos al poder judicial y su utilización con fines políticos. En esta verdadera guerra judicial o lawfare hay que enmarcar el proceso contra Lula, quien pasó 580 días en prisión, lo que le impidió participar en las elecciones de 2018. El brazo ejecutor fue el juez Sergio Moro, que utilizó las más diversas artimañas en una instrucción plagada de graves irregularidades, luego descubiertas. Al año siguiente Bolsonaro le premió con el ministerio de Seguridad y Justicia. Ahora como senador, en ese viaje de ida y vuelta, da su apoyo a su benefactor. Las acusaciones y condenas contra Lula fueron revocadas en 2021 por el Supremo Tribunal Federal por considerar que se infringieron las garantías del debido proceso, pero el daño para Lula y para todo el país ha sido irreparable.

Se juegan valores tan imprescindibles como el respeto a las libertades fundamentales, la protección de los pueblos indígenas y el cuidado del medioambiente y, cómo no, el propio concepto de democracia 

Si gana Bolsonaro ¿imaginan cuánto empeño pondrá en desmontar el Supremo Tribunal Federal que aún se le resiste? Sobrevuela el ejemplo del presidente húngaro Viktor Orban, quien hizo marchar al presidente de la Corte Suprema, Andras Baka, porque, según dijo el propio juez, “criticaba reformas incompatibles con el derecho europeo”. Ya ven: Montesquieu y el principio de separación de poderes hechos añicos de un plumazo.

La primera barrera al poder absoluto es la justicia, citaba Baka, cesado fulminantemente en 2012 tras calificar como “purga camuflada” en la judicatura la reducción de la edad de jubilación de los jueces de 70 a 62 años. En 2016 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dio la razón a Baka en los términos de que prescindir de él pretendía intimidar al cuerpo judicial.

No olvidemos a Donald Trump y sus maniobras para dominar la justicia. Pondré solo dos ejemplos: primero, la prohibición de entrada en Estados Unidos en 2018 bajo la amenaza de sanciones a los funcionarios y fiscales de la Corte Penal Internacional que investigaban causas que implicaban a Estados Unidos o a Israel en crímenes de lesa humanidad; segundo, la promesa electoral de Trump de 2016, posteriormente cumplida, de nominar magistrados en el Supremo comprometidos con la causa antiabortista. Tal manipulación en los nombramientos llevó, en efecto, a que en 2022 el Tribunal Supremo de Estados Unidos, con mayoría de jueces ultraconservadores, acabara revocando la sentencia que garantizaba el derecho al aborto, permitiendo a cada Estado prohibirlo o regularlo.


Triunfa la mentira

Bolsonaro ha ido recorriendo este camino que la ultraderecha protagoniza en cada país en el que gobierna, como marca distintiva. En el caso brasileño, además de Sergio Moro, hay que hacer necesaria mención del exfiscal evangélico Deltan Dallagnol, quien comandó la acusación contra Lula da Silva por el caso Lava Jato. La demostración de que se había producido manipulación política, alteración de pruebas y persecución llevó a la anulación del proceso, lo que, sin embargo, no fue óbice para que tanto Moro como Dallagnol se presentaran a las pasadas elecciones resultando ambos elegidos: Sergio Moro como senador y Deltan Dallagnol como diputado federal, siendo este último el más votado en Paraná, incluso por delante de la presidenta del PT Gleisi Hoffman.

Tales resultados desaniman ante la confirmación de que la mentira, el fraude, la trampa de algunos medios de comunicación, el atentado contra los derechos humanos y los valores democráticos, así como la utilización política de las instancias judiciales, obtienen una recompensa tan efectiva.

El objetivo final, pienso, es el ascenso de la ultraderecha a nivel global y Brasil es en este juego una pieza principal para el continente. Estas elecciones son cruciales, porque se verá si las fuerzas progresistas logran afianzarse o, por el contrario, la ultraderecha contrarresta los avances más recientes de la izquierda conseguidos en Chile o en Colombia y, más aún, como elemento clave en los próximos planes de Donald Trump. Pero la importancia de la contienda electoral en Brasil es todavía mayor.


Lo que nos jugamos

El sociólogo y filósofo Boaventura de Sousa Santos, lo expresaba muy bien días atrás: “Aunque a Brasil, por su enorme tamaño, le cuesta imaginar que algún país o movimiento extranjero pueda afectarlo decisivamente, lo cierto es que la extrema derecha global, que hoy tiene en Estados Unidos sus mayores recursos financieros y tecnológicos, ve en Bolsonaro un instrumento estratégico para mantener su visibilidad internacional y facilitar el regreso de Donald Trump. Para la extrema derecha mundial, la segunda vuelta de las elecciones brasileñas son las primarias de las elecciones estadounidenses de 2024. He llamado la atención sobre las actividades de Atlas Network, financiadas inicialmente por los hermanos Koch, magnates estadounidenses reaccionarios. Hoy cuenta con 500 instituciones asociadas en 100 países para promover su ideología ultraneoliberal. Fueron importantes en el reciente rechazo al proyecto constitucional de Chile que pretendía acabar con la Constitución del dictador Pinochet y están muy activos en Brasil…” 

Es que nos jugamos mucho. Los ciudadanos brasileños y todos nosotros. De esta próxima llamada a las urnas depende, entre otras cruciales consideraciones, el porvenir de la Amazonia, que será de destrucción si queda a cargo de la extrema derecha depredadora de Bolsonaro, o de recuperación si es la progresista visión de Lula la que, como Petro en Colombia, se compromete a proteger el pulmón del mundo. En tiempos en que el cambio climático es una evidencia que sobrecoge, el posible resultado de esta pugna presidencial lleva a que el planeta contenga la respiración.

En Brasil están en juego ahora no solo los derechos humanos de 214 millones de personas sino también el futuro de todos nosotros, amenazado por la intolerancia, el afán insaciable de beneficio, el desprecio a las libertades y la depredación suicida del medio ambiente. Por todo ello, creo que no exagero cuando digo que en Brasil se vota el futuro del planeta.


Fuente: Infolibre.es


miércoles, 12 de octubre de 2022

Cuadernos de jurisprudencia de la Corte Interamericana, agrupados por tema.

Compartimos una publicación de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con los links correspondientes. Estan agrupados por temas.

Si no aparece el clic, pueden copiar y pegar el enlace.


Ojalá les guste.

*1.- Pena de muerte:* https://bit.ly/2UMPsJW 

*2.- Migración:* https://bit.ly/2Vh0Ahq 

*3.- Desplazamiento:* https://bit.ly/2PkSgYK 

*4.- Género:* https://bit.ly/2VbjUgg 

*5.- Niñas/os y adolescentes:* https://bit.ly/2Gs2ZwB 

*6.- Desaparición forzada:* https://bit.ly/2IvKYkj 

*7.- Control de Convencionalidad:* https://bit.ly/2IJROCc 

*8.- Libertad personal:* https://bit.ly/2Gmoqz0 

*9.- Personas privadas de libertad:* https://bit.ly/2IOUVbI 

*10.- Integridad personal:* https://bit.ly/2IIS9o

*11.- Pueblos indígenas:* https://bit.ly/2UQlHrP 

*12.- Debido proceso:* https://bit.ly/2PmDVuP 

*13.- Protección judicial:* https://bit.ly/2PjA1Tr 

*14.- Igualdad y no discriminación:* https://bit.ly/2Xslesu 

*15.- Justicia transicional:* https://bit.ly/2GuCshU 

*16.- Libertad de pensamiento:* https://bit.ly/2DrWMA2 

*17.- Derecho Internacional:* https://bit.ly/2QBDtg4 

*18.- El Salvador:* https://bit.ly/2BndHlf 

*19.- Personas LGTBI:* https://bit.ly/2EA1caj 

*20.- Derechos Políticos:* https://bit.ly/2S6HYfw 

*21.- Derecho a la vida:* https://bit.ly/2EpEBft 


Fuente: El mundojurídico.com 

Corte IDH reconoció violencia obstétrica en latinoamérica

 OMG la

reconoció que la violencia obstétrica (la violencia que se ejerce durante el embarazo, el parto y postparto) es una forma de violencia de género en su última Opinión Consultiva. Una victoria más para el feminismo latinoamericano y el avance de nuestros derechos💚


Fuente: Twitter

miércoles, 5 de octubre de 2022

¡Cómo se atreven! Art. Opinión Baltasár garzón

 Los políticos de la derecha mantienen el empeño en deslegitimar la acción del Gobierno por sus acuerdos con los grupos de diferente signo presentes en el Congreso de los Diputados, pero no es sino una pataleta debida a que un gobierno progresista avance en libertades.

Exhumación de una fosa común en el cementerio parroquial de Colmenar Viejo, donde enterraron a 108 personas fusiladas por el franquismo en 1939. Olmo Calvo


El Senado de España está a punto de dar luz verde al proyecto de Ley de Memoria Democrática, con lo que se culminará el largo camino plagado de obstáculos para las víctimas y las familias de quienes fueron represaliados, asesinados, exiliados y desaparecidos por el franquismo a raíz del golpe de Estado de 1936, que acabó con el orden democrático en nuestro país. Parece mentira que tantas décadas después todavía haya hijos, sobrinos, nietos… reclamando la búsqueda de los suyos enterrados en fosas anónimas y en cunetas al día de hoy. Pidiendo su derecho a recuperar sus restos y dejar claro que fueron ejecutados por su defensa de la legalidad o por no secundar a los golpistas. O que no hayamos reconocido aún a quienes tuvieron que sufrir el exilio.

La aprobación de esta norma, que está tardando demasiado, llega con la oposición de las fuerzas de la derecha, la ultraderecha y de entidades como la Fundación Transición Política Española. Esta entidad, de la que forman parte unas 200 personalidades entre las que figuran antiguos ministros de la UCD y del PP o quien fue presidente de la Comunidad madrileña por el PSOE, Joaquín Leguina, enfrentan el Proyecto de Ley. Se muestran de acuerdo con una carta dirigida en septiembre a Presidencia de Gobierno por el director de esta fundación, Rafael Arias Salgado. Consideran que el pacto constitucional es incompatible con la nueva norma, que piensan “dinamita la trayectoria de consenso respetada durante nuestro largo periodo democrático”. Y que “siembra una infame sospecha sobre la Transición, hasta el 31 de diciembre de 1983”. Probablemente, no sea de su gusto tampoco el que diversos grupos parlamentarios a la izquierda, apoyen el proyecto.

El 16 de octubre de 2008, desde mi juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, me declaré competente para investigar las desapariciones acontecidas durante la Guerra Civil española y el franquismo. Las consideré un delito en el contexto de crímenes contra la humanidad. Admití a trámite las denuncias de 22 asociaciones de familiares de desaparecidos durante la guerra y la dictadura y autoricé exhumaciones en 19 fosas, incluyendo la del poeta Federico García Lorca. Sufrí varapalos desde determinados sectores y, como es sabido, me senté en el banquillo de la sala II del Tribunal Supremo, a causa de la querella que presentaron las fuerzas vivas de lo más próximo al fascismo que teníamos en ese momento. El Supremo me absolvió en este caso, pero sentenció que nunca más se pudieran investigar penalmente las causas de represaliados por el franquismo. Fue una condena a las víctimas que no podrían obtener justicia ni reparación y también a toda la ciudadanía, a la que se negaba para siempre la posibilidad de conocer la verdad de lo ocurrido. Curiosamente, los mismos sectores que plantearon su rechazo a la investigación, se habían opuesto también a la Ley de Memoria Histórica que aprobó el gobierno del PSOE en 2007. Más aún, el nuevo presidente del PP, Mariano Rajoy, hizo gala de su decisión de no aportar un solo euro en su dotación. Promesa que cumplió con creces.

Durante este tiempo he sido testigo, como toda la sociedad, del calvario de las familias para intentar que algún juez cumpliera su obligación de exhumar los restos de sus seres queridos, y de ayuntamientos del Partido Popular, como el de Valencia, regido por Rita Barberá, para impedir tal posibilidad. Cuando los ciudadanos decidieron en las urnas que deseaban un gobierno progresista del PSOE en coalición con Podemos y el apoyo de otras fuerzas de izquierda, se abrió una puerta que dejó pasar aire fresco. Frente al oscurantismo y el mantenimiento del espíritu del régimen del dictador impuesto por la derecha, comenzó a desatarse lo que tan bien atado pretendían algunos. Queda para la historia la imagen de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, en el Valle de los Caídos levantando acta como notaria mayor del Reino de la exhumación de Francisco Franco. Un nudo menos en la soga que nos ahogaba. 

El trabajo de estos años, para conseguir una Ley de Memoria Democrática, ha supuesto mucho esfuerzo y no pocos debates. Los argumentos contrarios de la ultraderecha y la derecha no son sino ecos de esa época rancia que nadie en España desea que regrese, salvo los herederos del franquismo. El alegato de entidades como la mencionada Fundación y otras entidades de similares ideas, que reivindican la transición como propia, viene a considerar la Ley de Amnistía como una Ley de punto final, obviando años posteriores en que la ultraderecha mató a sus anchas y continuaron las secuelas de un sistema que se resistía desaparecer, incluido el intento fallido de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Los políticos de la derecha mantienen el empeño en deslegitimar la acción del Gobierno por sus acuerdos con los grupos de diferente signo presentes en el Congreso de los Diputados, pero no es sino una pataleta debida a que un gobierno progresista avance en libertades y se resista a la eliminación de derechos que desean las ideologías más añejas. Olvidan lo fundamental: a las víctimas.

Son aquellos que no recuerdan que el servicio a un país se realiza día a día; los que pretenden robar el futuro a la memoria y a las víctimas; los que viven anclados en un pasado ya inexistente. Las victimas siguen presentes y defenderlas es la obligación del Estado y de todos nosotros.

Se trata también de que nuestro país, flamante miembro de la Unión Europea, de la ONU e inserto en los foros internacionales más importantes atienda de una vez por todas las recomendaciones de Relatores Especiales, Grupos de Trabajo y Comités de derechos humanos de buscar a los desaparecidos, permitir que sus familias les den digna sepultura, y sean reparadas como corresponde en un Estado Social y Democrático de Derecho. España está internacionalmente señalada por no haber hecho sus deberes en esta materia.

Como antes se acusó a la ley de memoria histórica aprobada en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, hoy se acusa nuevamente a las fuerzas progresistas de un deseo de venganza, de querer reabrir viejas heridas ya cerradas, de romper los acuerdos fundacionales de nuestra democracia. Nada más lejos de la realidad. Se trata de cerrar heridas abiertas por no haber podido en todos estos años concluir un duelo eterno que ha llevado a un sufrimiento permanente de madres, esposas, hijos e hijas por no haber podido dignificar y dar descanso a los restos de los seres queridos; por reivindicar la democracia previa al golpe de Estado; por querer arrojar luz sobre el período más oscuro de nuestra historia. Si ellos vociferan aquel ¡cómo se atreven!, yo mismo les digo que sí, que nos atrevemos, que es necesario, que ya está bien, que nos avalan decenas de recomendaciones de Naciones Unidas. Más bien al contrario, yo les pregunto de vuelta frente a tanta crueldad con las víctimas sostenida innecesariamente por décadas y décadas de democracia ¡cómo se atreven! Aunque les pese, enterraremos a los nuestros, ya basta de tanto odio. ¡Cómo se atreven!        

Art. Opinión Baltasár garzón

Fuente: Diario.es

miércoles, 28 de septiembre de 2022

Vicealmirante comunica al alto mando de la Armada que violadores de DD.HH. "cumplieron cabalmente con su deber"

La quinta antigüedad de la Armada y miembro de la Corte Marcial de la institución, vicealmirante Ramiro Navajas Santini, aseveró en un correo institucional –enviado a todo el alto mando naval– que los 9 exmarinos condenados por delitos de lesa humanidad, y hoy presos en Punta Peuco y Colina 1, fueron sentenciados por "supuestos hechos" y que se trata de "marinos que cumplieron cabalmente con su deber". El e-mail, que fue copiado al comandante en Jefe de la Armada, almirante Juan Andrés De La Maza, hace referencia a casos de secuestros calificados que involucran desde contraalmirantes a capitanes de Navío y de Corbeta, y un grupo de suboficiales condenados por un triple homicidio. Dentro de los destinatarios del correo electrónico figuran además el vicealmirante José Luis Fernández Morales –nombrado jefe del Estado Mayor Conjunto (s), en reemplazo del general Guillermo Paiva, quien renunció precisamente por el hackeo masivo de correos– y el auditor general de la institución, contraalmirante Cristián Araya Escobar, quien también forma parte de la Corte Marcial.


El 27 de agosto de 2021, el vicealmirante Ramiro Navajas Santini envió un correo electrónico, de carácter institucional, a todo el alto de la Armada, con copia al comandante en Jefe, el almirante Juan De La Maza Larraín. En el correo, que forma de los miles de documentos que fueron filtrados por el cibertataque del grupo Guacamaya contra las bases de datos del Estado Mayor Conjunto (EMCO), hay dos frases muy delicadas para la visión institucional de la Marina sobre las violaciones a los derechos humanos (DD.HH.) ocurridas en Chile durante la Dictadura Militar (1973 - 1990).

Si bien el e-mail publicado por estos días hizo hincapié en el objetivo de la comunicación, que tenía por finalidad hacer una colecta para los exmarinos que se encuentran cumpliendo condena en Punta Peuco y Colina 1, el contenido del mismo contraviene lo establecido en sentencias judiciales que se hallan ejecutoriadas por los Tribunales de Justicia del país.

En el texto enviado a los almirantes y comodoros del alto mando naval, el importante oficial –la quinta antigüedad de la institución y que desempeña el cargo de director general de Personal de la Armada– califica las violaciones a los DD.HH. cometidas por nueve exmiembros de la Armada como "presuntos hechos que los relacionan a delitos que habrían afectado a los derechos humanos de civiles dentro del periodo del Gobierno Militar".

En la citada comunicación, en que además se identifica a los condenados con su grado militar, el vicealmirante Navajas incluye a todo el alto mando naval, cuando sostiene que estas ayudas "refuerzan con mayores bríos nuestro compromiso irrestricto con aquellos antiguos marinos que cumplieron cabalmente con su deber". Este "deber"cumplido a cabalidad, según destaca el alto oficial, es considerado por la justicia delitos de lesa humanidad.

Así, por ejemplo, la justicia determinó que el capitán de Corbeta Víctor Donoso Barrera participó del delito de secuestro calificado de Rudy Cárcamo Ruiz, por el cual se encuentra condenado a 5 años y 1 día; el suboficial Bernardo Daza Navarro, en tanto, se encuentra sentenciado por los homicidios calificados de Héctor Lepe Moraga, Miguel Ángel Catalán Febrero y Tránsito Cabrera Ortiz, y cumple una pena de 10 años y 1 día; en el caso del suboficial Juan Heraldo Maldonado Sanhueza, también fue condenado por los homicidios calificados de Héctor Lepe Moraga, Miguel Ángel Catalán Febrero y Tránsito Cabrera Ortiz a 10 años y 1 día; y el suboficial José Manuel García Reyes, condenado por secuestro calificado a 5 años y 1 día.

Entre los referidos en el correo institucional se encuentra también el contraalmirante Aníbal Osses Novoa, condenado a 5 años y 1 día por el secuestro calificado de Fernando de la Cruz Olivares Mori; el teniente primero Sergio Rivera Bozzo, condenado por el homicidio de José Matías Ñanco y por giro doloso de cheques, a más de 13 años; además de los capitanes de navío José Raúl Cáceres González y Hugo González D’Arcangeli, ambos condenados por el secuestro calificado en el caso Rudy Cárcamo, a 5 años y un día, respectivamente.

Tras algunos días de enviado el e-mail, Navajas recibe respuesta de Alberto Ahrens Angulo, contraalmirante director de Operaciones y Conducción Conjunta del Estado Mayor Conjunto, quien le dice: "De acuerdo con los descuentos, feliz de poder cooperar". Con esta respuesta, el contralmirante hace suyo todo lo expresado por su superior jerárquico.


Corte Marcial y alto mando

Según diversas fuentes, el correo del vicealmirante Navajas es particularmente delicado, ya que además de formar parte de las cinco mayores antigüedades de la institución, es ministro de la Ilustrísima Corte Marcial de la Armada, que es un tribunal de segunda instancia. Parte también de esta Corte es otro de los destinatarios del correo, el auditor general de la Armada, contraalmirante Cristián Araya Escobar.

De los 30 destinatarios, prácticamente son todos subordinados del vicealmirante Navajas, quien proviene de tradición militar al ser hijo del vicealmirante Fernando Navajas, una de las personas más cercanas al exmiembro de la Junta Militar, almirante José Toribio Merino.

Otro de los destinatarios del señalado e-mail es el vicealmirante José Luis Fernández Morales, quien fue nombrado como jefe del Estado Mayor Conjunto (s), en reemplazo del general de Ejército Guillermo Paiva, quien tuvo que presentar su renuncia por el hackeo masivo del que emergió precisamente este correo.

Además, figuran recibiendo el correo electrónico el jefe del Estado Mayor General de la Armada, vicealmirante Yerko Marcic Conley; el comandante de Operaciones Navales, vicealmirante Alberto Soto Valenzuela; el director general del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, vicealmirante Carlos Huber Vio; el director general de los Servicios de la Armada, vicealmirante Pablo Niemann Figari; el contraalmirante Cristián Araya Escobar y el comandante en Jefe de la Primera Zona Naval, contraalmirante Fernando Cabrera Salazar.

Fuentes de la Armada reconocen que el correo es desafortunado y puede presentar una opinión personal, pero descartan que en modo alguno ello represente una actitud sediciosa de la institución, como asimismo resaltan que se desconoce si Navajas recibió algún tipo de amonestación por parte de un superior jerárquico.


Defensores de DD.HH.

El abogado experto en Derechos Humanos, Nelson Caucoto, comentó a El Mostrador que, si bien hay antecedentes respecto a que a las instituciones armadas se les hace un descuento por planilla que se destina a casos que involucran a internos del penal Punta Peuco, es "lamentable que en el correo se hable de militares que cumplieron con su deber, ya que estos son criminales que violaron los Derechos Humanos durante la dictadura en Chile".

"Son criminales de lesa humanidad, condenados por tribunales chilenos", recalca el jurista, afirmando que "no se trata de que hayan cumplido con su deber". Esto "es una injuria para la institución", señala el abogado.

"Creo que tienen que dar una explicación. Esto demuestra la poca conciencia de los institutos armados con crímenes aborrecibles de la historia de Chile", agrega Caucoto, recordando a los más de 1.100 Detenidos Desaparecidos que contabiliza actualmente el Ministerio de Defensa.

"Se pierde esa dimensión y se catalogan como lastres del oficio o cuestiones menores. Pero no son menores. Se van a seguir persiguiendo estos delitos que son una cicatriz en la historia nacional", asegura el abogado.

En el mismo sentido se expresa la diputada Carmen Hertz, miembro de la Comisión de Defensa, quien este martes participará de una sesión secreta a la que está citada la ministra del ramo, Maya Fernández.

"Que el vicealmirante de la Armada, Ramiro Navajas Santini, director de Personal de la Armada e integrante de la Corte Marcial de la institución, haya tenido la desfachatez de tildar a los delincuentes de lesa humanidad, recluidos en Punta Peuco, como presuntos culpables y además de sujetos que habrían cumplido cabalmente con su deber, es un agravio inaceptable al conjunto de la sociedad chilena, un agravio inaceptable al Poder Judicial, y si este correo se envió con copia al comandante en Jefe de la Armada, reviste particular gravedad, al no haber adoptado medida alguna de parte del jefe superior en relación con los dichos de Navajas".

El Mostrador consultó a Comunicaciones de la Armada de Chile, desde donde declinaron hacer comentarios al respecto; a la Subsecretaría de la Defensa, con el mismo resultado; y al Ministerio de Defensa, quienes adelantaron que se referirían a estos hechos tras la sesión secreta en la Cámara, donde la ministra Fernández oficiará de vocera.


Fuente: El mostrador

martes, 20 de septiembre de 2022

Murió Gerhard Mücke, criminal de la dictadura y exjerarca de Colonia Dignidad

 

 

Periodista Digital: EFE

Gerhard Mücke, criminal de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y uno de los jerarcas de la exColonia Dignidad, el enclave alemán ubicado en el sur de Chile, murió este fin de semana a los 87 años a causa de graves complicaciones de salud en el Hospital de Cauquenes, según pudo confirmar Efe con múltiples fuentes.




"Murió Gerhard Mücke, cómplice de las aberraciones sexuales de Paul Schaefer en Colonia Dignidad y condenado por delitos de lesa humanidad contra detenidos de la dictadura. Juicio y castigo a todos los exjerarcas de Colonia Dignidad", publicó en sus redes sociales la diputada oficialista por el Maule Consuelo Veloso (Revolución Democrática), una de las pocas autoridades que se ha referido al hecho.

Condenado a más de 20 años de cárcel por diversos delitos calificados como crímenes de lesa humanidad, Mücke, que cumplía su sentencia en la Cárcel de Cauquenes, era conocido como uno de los fundadores del asentamiento en 1961 y uno de los hombres más cercanos al líder de exColonia Dignidad y exmilitar nazi, Paul Schaefer, ya fallecido.

"No hay ningún crimen cometido en la exColonia Dignidad del cual Mücke no haya tenido un grado de participación", dijo a Efe el abogado Winfried Hempel, que lleva adelante causas de derechos humanos vinculadas a los hechos ocurridos en la zona y que recibió noticias de su fallecimiento durante la mañana del sábado.

"Desde luego, participó en el maltrato y tortura de colonos, así como también en todas las aristas que se dicen en relación con la detención, tortura y desaparición de víctimas de la dictadura de Pinochet", agregó Hempel.

Pese a ser un ciudadano alemán, Mücke estaba registrado como un agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) en la Región del Maule, la policía secreta de la dictadura que operó con escuadrones de persecución y asesinato de opositores, golpeando el seno de las organizaciones de izquierda que pasaron a replegarse y resistir tras la caída del gobierno democrático de Salvador Allende (1970-1973).

"Participaba en operativos del Ejército en la zona, detuvo a personas, personalmente torturaba a los presos y luego participaba de los fusilamientos", relató Hempel a Efe.


MÜCKE RECONOCIÓ EL ASESINATO DE "UNA TREINTENA" DE PRISIONEROS

En declaraciones de 2005, entregadas al ministro en visita Jorge Zepeda desde la cárcel, Mücke reconoció el asesinato de "una treintena" de prisioneros, hecho del que aseguró fue testigo directo, describiendo su posterior inhumación ilegal en una fosa común y sucesiva exhumación en la "Operación Retiro de Televisores" de 1978, acción militar que buscó desaparecer los restos de detenidos políticos para evitar hallazgos y procesamientos judiciales.

"Mücke fue hermético hasta el final, era de línea dura y prácticamente no colaboró nunca, llevándose muchos secretos a la tumba. Se le pidió en los últimos meses que por lo menos colaborara en entregar identidades de detenidos desaparecidos, pero ni siquiera tuvo esa consideración", enfatizó Hempel.

Durante décadas, según consta en registros judiciales y periodísticos locales, los jerarcas de la exColonia Dignidad sometieron a esclavitud y tormentos a colonos alemanes, abusaron de niños y fueron cómplices y encubridores activos de los crímenes de la dictadura cívico-militar.

Sin ir más lejos, contaron con el respaldo de altos dirigentes de la derecha chilena hasta avanzados los años 90, como el exministro de Justicia del Gobierno de Sebastián Piñera y militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Hernán Larraín.


"LA MÁXIMA ABERRACIÓN DEL SER HUMANO ESTUVO EXCOLONIA DIGNIDAD"

"Este criminal máximo jamás se arrepintió ni reconoció la barbarie cometida en ese lugar. Pienso en Juan (Maino) y tantos otros que pasaron por sus manos y que, sin pensarlo un minuto, torturó y asesino. La máxima aberración del ser humano estuvo en ese lugar (exColonia Dignidad)", dijo a Efe Margarita Maino, hermana de uno de los detenidos desaparecidos que habría pasado por el recinto.

"Se fue sin dar a conocer toda la información que tenía respecto a crímenes de lesa humanidad, al asesinato y desaparición de personas, a los delitos vinculados a la DINA de la séptima región y este enclave. Lamentamos que se haya ido sin entregar esto para avanzar en la verdad, justicia y reparación", dijo a Efe el periodista y vicepresidente de la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad, Gabriel Rodríguez.

Contactado por Efe, personal de salud del Hospital de Cauquenes, dijo que no podía entregar información a terceros, pero que la familia había sido notificada.

La Colonia Dignidad operó como centro de detención clandestino entre 1973 y 1974, sitio al que llegaron prisioneros desde distintos puntos del país tras el golpe militar, incluyendo Santiago. Dicha Colonia fue un enclave alemán situado a unos 380 kilómetros al sur de Santiago, fundada en 1961 por un grupo de alemanes reclutados por el suboficial nazi Paul Schaefer.

Durante décadas, los jerarcas de la colonia burlaron las leyes chilenas, y el primer Presidente tras el retorno de la democracia a Chile, el democratacristiano Patricio Aylwin (1990-1994), le retiró la personalidad jurídica, que describió como "un Estado dentro del Estado".



jueves, 15 de septiembre de 2022

El excesivo cumplimiento de las sanciones, una nueva amenaza para los derechos humanos, afirma experta de la ONU

La proliferación de sanciones secundarias -aquellas que los Estados imponen a terceras partes para hacer cumplir sus sanciones unilaterales- ha dado lugar a un creciente temor a su cumplimiento excesivo, lo que está provocando graves efectos adversos en los derechos humanos de millones de personas en todo el mundo, ha declarado hoy un experto independiente de la ONU.

En concreto, las sanciones secundarias tienen por objeto impedir que terceras partes -Estados, entidades comerciales y particulares- comercien con los países sujetos a sanciones emitidas unilateralmente por otro país.

"Hoy en día el mundo se enfrenta a una proliferación de sanciones secundarias, aplicadas extraterritorialmente a Estados, entidades o individuos por su presunta cooperación o asociación con las partes sancionadas", dijo la relatora* especial de la ONU sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales sobre los derechos humanos, Alena Douhan**.

Al presentar hoy su informe temático en la 51ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, Douhan dijo que las sanciones secundarias, y la amenaza de tales medidas, se estaban utilizando para imponer sanciones unilaterales contra Estados y sectores económicos clave.

La experta dijo que el impacto se vio exacerbado por el exceso de cumplimiento por parte de diferentes actores, como los Estados, las empresas, las instituciones financieras, las organizaciones de la sociedad civil y los actores humanitarios, que optan por cortar los vínculos con los países sancionados por temor a las repercusiones, incluso para las actividades autorizadas.



Un alcance indiscriminado

"El exceso de cumplimiento se ha convertido en una práctica generalizada a escala mundial, y debe reconocerse como una nueva e importante amenaza para el derecho internacional y los derechos humanos", dijo Douhan.

"Tiene un alcance indiscriminado y repercute en los derechos humanos de todos, no sólo de los que viven en los países sancionados, sino también de los nacionales de esos países que viven en el extranjero, y a veces puede superar el impacto de las sanciones primarias", dijo.

La relatora especial destacó el impacto de las sanciones secundarias y el exceso de cumplimiento en el suministro de ayuda humanitaria y en las operaciones de los agentes humanitarios.

Esas medidas "obligan a los actores humanitarios a buscar métodos menos formales de transferencias financieras y adquisiciones, lo que da lugar a mayores costes, importantes impedimentos operativos, mayores riesgos y menor transparencia", dijo Douhan.

También se mostró preocupada por las implicaciones jurídicas internacionales de las sanciones unilaterales y el exceso de cumplimiento en materia de responsabilidad internacional, derecho penal internacional, comercio, derecho medioambiental y convenciones e inmunidades diplomáticas.


Son ilegales

"Las sanciones secundarias y sus consiguientes sanciones civiles y penales son ilegales", dijo Douhan.

La experta en derechos humanos instó a los Estados a eliminar o minimizar el exceso de cumplimiento de las sanciones unilaterales a través de la legislación, la regulación y los incentivos financieros o de otro tipo.

 "Los Estados deben eliminar o compensar los riesgos que conducen a este tipo de conductas, que llevan a violaciones de los derechos humanos", dijo.

Douhan instó a las empresas e instituciones financieras a que adopten un enfoque basado en los derechos en su aplicación de los procedimientos de diligencia debida y a que establezcan mecanismos para supervisar el impacto del cumplimiento y el exceso de cumplimiento de los regímenes de sanciones unilaterales sobre los derechos humanos.

También pidió a las organizaciones internacionales, incluida la ONU, y a los actores de la sociedad civil que integren en su trabajo la evaluación del impacto en los derechos humanos de las medidas coercitivas unilaterales y del cumplimiento excesivo de las sanciones.

*Los relatores especiales forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones específicas de países o de cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual.

**Alena Douhan (Bielorrusia) fue nombrada relatora especial sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos por el Consejo de Derechos Humanos en marzo de 2020. Douhan cuenta con una amplia experiencia en el campo del derecho internacional y los derechos humanos como profesora de derecho internacional en la Universidad Estatal de Bielorrusia (Minsk), profesora visitante en el Instituto de Derecho Internacional de la Paz y los Conflictos Armados (Bochum, Alemania) y directora del Centro de Investigación sobre la Paz (Minsk). Se doctoró en la Universidad Estatal de Bielorrusia en 2005 y obtuvo el doctorado en Derecho Internacional y Derecho Europeo en 2015 (Bielorrusia). Los intereses académicos y de investigación de Douhan se centran en los campos del derecho internacional, las sanciones y el derecho de los derechos humanos, el derecho de la seguridad internacional, el derecho de las organizaciones internacionales, la solución de controversias internacionales y el derecho medioambiental internacional.

Fuente: Noticias ONU