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miércoles, 22 de agosto de 2018

Encapuchados se llevan a asesor de obispos en Nicaragua y amenazan con matar a su hija


MANAGUA 

La detención de un asesor legal de la Conferencia Episcopal de Nicaragua y de cinco acusados de cometer “actos terroristas” marcó el lunes la nueva jornada de crisis que atraviesa ese país centroamericano desde abril pasado y que ha dejado centenares de muertos.


El asesor jurídico del Episcopado, Carlos Cárdenas, fue sacado a la fuerza en su casa, en las afueras de Managua, por un presunto grupo de paramilitares encapuchados, denunció su esposa Lisette Galeano.

El abogado estaba en su vivienda junto con su esposa y su hija de 10 años de edad, cuando un grupo de encapuchados lo obligaron a irse con ellos, bajo amenaza de matar a la niña si se negaba, contó Galeano.

La Conferencia Episcopal actúa como mediadora en el diálogo nacional -que permanece suspendido desde junio pasado- para superar la crisis entre el gobierno del presidente Daniel Ortega y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
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Ortega ha calificado a los obispos de “golpistas” y cómplices de las fuerzas internas y de los grupos internacionales que, a su juicio, actúan en Nicaragua para derrocarlo.

El 7 de junio, la Conferencia Episcopal propuso a Ortega que adelantara a marzo del 2019 las elecciones fijadas para el 2021 y que renunciara a presentarse a la reelección, pero el presidente lo rechazó y opinó que la propuesta mostraba que los obispos estaban “comprometidos con los golpistas”, según dijo el 19 de julio.

A mediados de julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) alertaron de que miembros de la Iglesia católica estaban sufriendo ataques por su mediación en el diálogo y por proteger la integridad física de los manifestantes contra el gobierno.

Por su lado, la Policía Nacional informó sobre la detención de cinco nicaragüenses sospechosos de cometer actos de terrorismo durante las protestas antigubernamentales.

El segundo jefe de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional de Nicaragua, Farle Roa, dijo a través de medios oficiales que esas cinco personas presuntamente pertenecían a dos bandas que operaban en los departamentos de Masaya y Chontales.

Según el jefe policial, los detenidos, cuyo objetivo era crear terror y zozobra, usaban como excusa la organización de supuestas marchas pacíficas convocadas por la Alianza Cívica.

Los delitos en los que habrían incurrido, y por los que serán remitidos ante el Ministerio Público, son “conspiración para el terrorismo, y portación o tenencia de arma de fuego y municiones”, indicó.

La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), la más grande del país, abrió sus puertas, con restricciones, tras 4 meses de “parálisis” a causa de la crisis.

Desde el pasado 18 de abril, Nicaragua está sumergida en una crisis sociopolítica que ha causado, según diferentes organizaciones pro derechos humanos, entre 317 y 448 muertos, aunque el gobierno cifra las víctimas mortales en 198, lo que se convierte en la era más sangrienta del país desde la década de los años 80.


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