Una cadena de
acontecimientos políticos que ha derivado en confrontaciones violentas en la
que la sangre ha corrido por las calles con un lamentable saldo en pérdidas de
vidas humanas, viene padeciendo, desde hace años, Venezuela.
El último episodio de esta cadena de
confrontaciones fue la sentencia de la Corte Suprema que limitó los poderes de
la Asamblea Nacional en respuesta a la decisión de este poder del Estado de
desacatar una decisión judicial que ordenaba no juramentar a cuatro diputados
que, de acuerdo al órgano electoral, habían ganado las curules de forma
irregular, por lo que se ordenaba realizar nuevas elecciones en las demarcaciones
donde se produjeron las anomalías.
La Asamblea Nacional, dominada por la
oposición, entendía que esos legisladores habían ganado en buena lid, por lo
que decidió juramentarlos y comenzar a tomar decisiones con el voto de
ellos, lo que provocó la reacción de la Corte Suprema que, amparándose en
la Constitución y actuando como el órgano de mayor autoridad judicial, entendió
que el desacato rompía el orden institucional, por lo que decidió, mediante la
sentencia, restaurarlo.
Los hechos demuestran una confrontación entre
dos poderes del Estado. Es un acontecimiento parecido a otros en muchos de
nuestros países, como en El Salvador por ejemplo, en donde la Corte Suprema
eliminó a ochenta y cuatro diputados suplentes y dejó sin efecto una serie de decisiones
de la Asamblea Nacional. En el caso del país centroamericano la sociedad
continental no se enteró; nada pasó, pero lo de Venezuela recorrió al mundo a
través de los grandes medios corporativos que titulaban “Golpe de Estado”.
Además de esos grandes titulares que daban
cuenta del supuesto Golpe de Estado, comenzaron a llover los editoriales, los
artículos de fondo, los análisis “objetivos sobre el Golpe”; en fin, toda una
ensordecedora bulla que llegó a confundir a algunos “muy lúcidos”, e incluso arrastró
a algunos gobiernos que tomaron la decisión de llamar a sus embajadores a
consulta. Armaron todo un “quilombo”, el que no vimos con el real Golpe de
Estado a Dilma Rousseff, o con la criminalización de la protesta social en
Argentina, encarnada en la encarcelación de la diputada Milagro Sala, las
decenas de periodistas asesinados en Honduras y la oleada de violaciones a los
derechos Humanos; o las docenas de activistas comunitarios ejecutados en
Colombia después de los acuerdos de paz.
Desde la Conferencia Permanente de
Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, Copppal, entendemos, siempre
apegados a nuestra carta fundacional, que la situación por la que
atraviesa Venezuela debe ser abordada desde espacios de diálogos políticos que
no vulneren la soberanía del país, que no rompan con el orden institucional y
democrático que se han dado a través de la Constitución y las leyes, a través
de los procesos electorales en donde la voluntad popular se haya expresado con
claridad.
En consecuencia, respaldamos el reinicio de
las conversaciones en la Mesa del Diálogo compuesta por el Gobierno y la
oposición, y reiteramos nuestro apoyo a la comisión creada por Unasur para
coordinar las pláticas que tienen como objetivo sacar a Venezuela de la crisis
política en que se encuentra, integrada por los expresidentes, Leonel
Fernández, de República Dominicana; José Luis Rodríguez Zapatero, de
España; Martín Torrijos de Panamá y el enviado del Vaticano.
La Copppal, apegada siempre a los principios
que dan sentido a nuestra existencia, recogidos en la Declaración de Oaxaca,
suscrita por todos los partidos miembros, rechaza cualquier tipo de injerencia
en los asuntos internos de Venezuela y de cualquiera de los países de América
Latina y el Caribe, y advierte que ningún organismo internacional puede actuar
al margen de la voluntad de los venezolanos para buscar salidas que respondan a
intereses ajenos al del pueblo de Simón Bolívar.
Manolo Pichardo
Presidente
