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lunes, 10 de julio de 2017

CHILE y su negativo "saldo" en favor de los niños más desprotegidos.

En Chile ha surgido una serie de cuestionamientos al organismo encargado de velar por menores abandonados o con algún grado de conflicto social.

Lamentable es constatar que la tarea está lejos de ser “buena”. Cientos de menores muertos en las últimas décadas, nos revela una indolencia y la nula capacidad de hacer realmente algo por ayudar.
El reportaje es de Ciper Chile:

CAÍDA DE 400% EN FONDOS PARA CAPACITACIÓN Y FALTA DE CONTROL SOBRE $146 MIL MILLONES

Sename: las terribles cifras que demuestran que nada ha cambiado
A más de un año de la muerte de Lissette Villa, la segunda comisión de la Cámara que investigó al Sename aprobó su informe. Aún no se publica, pero CIPER accedió al último borrador. Allí figuran dos preocupantes datos: una caída de casi 400% en los recursos para capacitación y falta de control sobre $146 mil millones destinados a programas privados de cuidado de niños. Las cuentas de 338 de estos proyectos no se revisaron en los últimos tres años. CIPER contrastó estas cifras con funcionarios del Sename. Su conclusión es lapidaria: nada ha cambiado desde la muerte de la pequeña Lissette.

Cuando en la noche del 11 de abril de 2016 Lissette Villa tuvo su última crisis, ninguna de sus cuidadoras supo qué hacer. Y lo que hicieron, la mató. Conne Fritz, asistente de contador, nunca había trabajado como educadora de trato directo; y Thiare Oyarce, sin título y sin contrato, llevaba cinco meses como educadora y nadie nunca le enseñó protocolos ni criterios para atender a menores y contener sus crisis. Ambas hicieron lo que habían visto que se hacía en el hogar Galvarino –administrado por el Sename– en esos casos: la acostaron boca abajo, la inmovilizaron de brazos y piernas, y Fritz se puso sobre Lissette. Después de 15 minutos de forcejeo, Fritz vio que la niña sangraba.
Cuando vi sangre, le dije ‘¿te pegaste?’, y dejó de moverse instantáneamente; su cuerpo era blando, lacio, la di vuelta, la vi morada, estaba blanca, pero con ojeras y labios oscuros, como morados; la zamarreé, le dije ‘Lissette’ y no me respondió”, declaró Conne Fritz ante el fiscal Marcos Emilfork, quien investiga las muertes de los niños del Sename, según publicó La Tercera.

Este miércoles 21 de junio, un año y dos meses después de esa noche, la comisión del Sename II de la Cámara de Diputados aprobó el informe que investigó la respuesta del Estado a las recomendaciones hechas por la primera comisión, en 2014. Esta segunda investigación se inició precisamente  a raíz de la muerte de Lissette, que conmocionó al país e hizo que los focos se pusieran sobre el Sename.
Las  conclusiones de los parlamentarios son poco alentadoras precisamente en dos puntos clave para que no vuelva a ocurrir lo que pasó con Lissette y para asegurar el bienestar de los menores. El primero es una drástica baja en el presupuesto que el Sename ha destinado a capacitación y formación, justamente lo que le faltó a Conne Fritz y Thiare Oyarce. El segundo, la evidencia de la falta de fiscalización sobre el buen uso de los recursos asignados a los organismos colaboradores en el cuidado de los niños.
Aunque el informe final aún no se ha hecho público, CIPER tuvo acceso a su borrador. Si bien el documento definitivo puede sufrir cambios, en este informe preliminar los parlamentarios indicaron que el presupuesto destinado a la capacitación y perfeccionamiento de los funcionarios ha disminuido en un 399%. Aunque el borrador no lo explicita, fuentes de la Cámara indicaron a CIPER que esta sensible baja se produjo en los últimos cuatro años (2014-2017).
Otro dato ensombrece aún más el panorama: según la información entregada por el Sename a la comisión, hay 338 proyectos privados financiados por el Estado para el cuidado e intervención de los menores, cuyas cuentas no han sido revisadas por la administración central en los últimos tres años. Otros 224 programas han sido auditados solo una vez en el mismo lapso y 189, dos veces.
Para poder cuantificar el volumen de los dineros que se deben fiscalizar, el Sename destinó en su presupuesto de 2017 $146 mil millones para 1.204 programas de atención a menores prestada por privados. Para esta tarea, según el informe conocido por CIPER, a junio del año pasado solo había 102 supervisores técnicos y 74 supervisores financieros.
El foco del debate público sobre las conclusiones de esta segunda comisión ha estado puesto sobre las responsabilidades políticas que le cabrían a la ex ministra de Justicia, Javiera Blanco; a los ex directores del servicio, Marcela Labraña y Hugo Herrera; y a la actual jefa del Sename, Solange Huerta. Y si bien es importante establecer las responsabilidades políticas, funcionarios y colaboradores de la institución indicaron a CIPER que el verdadero problema no está ahí, sino en cómo el Sename fija sus prioridades para el destino de sus dineros. En ese sentido, la rebaja que han experimentado los fondos para capacitación y la falta de fiscalización, son reveladoras de las fallas en la administración de su presupuesto.


                                  Javiera Blanco, ex ministra de Justicia
Los testimonios recogidos por CIPER indican que las capacitaciones que se hacen, además de ser muy escasas, poco aportan al trabajo real que desarrollan los funcionarios en contacto con menores. Y las fiscalizaciones son laxas. El diputado Ramón Farías (PPD), presidente de la comisión, indicó a CIPER que solo consistían en  “una lista de puntos por completar, pero nada que permitiera evaluar realmente y en profundidad el estado de los niños ni las cuentas de los organismos”.
La jueza de familia Mónica Jeldres dirigió una comisión que investigó el estado en que viven los niños en los hogares, cuyo informe, en 2012, fue la primera gran alerta sobre los graves abusos que sufrían los menores (vea el reportaje de CIPER “Niños protegidos por el Estado: los estremecedores informes que el Poder Judicial mantiene ocultos). Tras conocer los antecedentes contenidos en el borrador de la segunda comisión investigadora de la Cámara, señaló a CIPER:

–Es sabido y así ha sido advertido por la Contraloría al Ministerio de Justicia y Sename de una serie de falencias institucionales, de infraestructura, de supervisión, administración financiera, entre otras, sin que haya existido una respuesta inmediata para dar solución ni establecer responsables. Si todo lo anterior no fuera suficiente, continúan las denuncias por violaciones, maltratos, abusos, explotación sexual. Tan solo en octubre de 2016 se entregó la cifra de 1.313 niños fallecidos, 210 de ellos en el sistema de residencias y otros 406 en programas ambulatorios.

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