CHILE OBTIENE EXTRADICIÓN DE ARMANDO FERNANDEZ LARIOS

EPISODIO PISAGUA: MANUEL SANHUEZA MELLADO

EXTRADICIÓN ACTIVA DE ARMANDO FERNÁNDEZ LARIOS

CORTE-SUPREMA > EXHORTO INTERNACIONAL > EXHORTO PENAL

Santiago, diez de julio de dos mil diecisiete.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1°.- Que el Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago don Mario

Carroza Espinosa, ha elevado a esta Corte Suprema copia de los autos Rol N°

2182-98 de ese Tribunal, Episodio “Pisagua: Manuel Sanhueza Mellado”,

solicitando que se impetre la extradición del ciudadano chileno Armando

Fernández Larios, cédula de Identidad N° 5.861.970-1, a los Estado Unidos de

América, quien se encuentra actualmente radicado en ese país.

2°.- Que el Sr. Fiscal Judicial (S) de esta Corte opinó en su dictamen de

12 de mayo pasado que es procedente la solicitud de extradición del imputado.

3°.- Que por auto de catorce de diciembre de dos mil dieciséis,

compulsado a fojas 388 del cuaderno adjunto, el señor Ministro sometió a

proceso al requerido Fernández Larios por su responsabilidad de autor de los

delitos de secuestro agravado y de homicidio calificado cometidos en la

persona de Manuel Sanhueza Mellado, previstos en los artículos 141 y 391 N°

1 del Código Penal, perpetrados en la ciudad de Arica el 10 de julio de 1974.

4°.- Que entre la República de Chile y los Estados Unidos de América

existe el Tratado de Extradición de 17 de abril de 1900, publicado en el Diario

Oficial de 11 de agosto de 1902 y, adicionalmente, ambos países se

encuentran adscritos a la Convención sobre Extradición de Montevideo,

acordada el 26 de diciembre de 1933 en la Séptima Convención Internacional

Americana, ratificada por Chile el 2 de julio de 1975.

5°.- Que de conformidad a lo pactado en la primera de estas

convenciones, los Gobiernos de ambos países han acordado entregarse

mutuamente a las personas que, habiendo sido acusadas o condenadas por

alguno de los crímenes o delitos especificados en su artículo II y cometidos

dentro de la jurisdicción de una de las Partes Contratantes, busquen asilo o se

encuentren en territorio de la otra.

Como se lee de sus artículos II parte final, VI y VII, el delito de que se

trate ha de estar sancionado en Chile con presidio u otras penas mayores y, en

los Estados Unidos, como una felonía; no debe tratarse de un delito que tenga

el carácter de político; y los procedimientos legales o la aplicación de la pena

correspondiente al hecho cometido por la persona reclamada no deben

encontrarse prescritos.

6°.- Que, por otra parte, conforme a los términos de los artículos I y III de

la Convención de Montevideo, para que proceda la extradición de una persona

que se encuentra en territorio del otro Estado es menester que el reclamante

tenga jurisdicción para juzgar los sucesos delictuosos que se incriminan al

extraditable; que esos hechos tengan caracteres de delito y sean punibles por

las leyes de los dos países, del requirente y el requerido, con una sanción

mínima de un año de privación de libertad; que la acción penal y la pena no

estén prescritas; y que no se trate de un ilícito político o conexo con aquéllos.

7°.- Que en el presente caso, todas las exigencias consignadas en los

fundamentos anteriores aparecen debidamente cumplidas. En efecto, el delito

de secuestro se encuentra comprendido en el N° 9 del artículo II del Tratado

bilateral -rapto, sustracción de personas- y el de homicidio calificado en el N°1

del mismo artículo y cuerpo normativo -homicidio, el cual comprende el

asesinato-. Los múltiples antecedentes consignados por el tribunal instructor

permiten tener por establecidas las condiciones exigidas por el artículo 274 del

Código de Procedimiento Penal y en especial presunciones suficientes para

afirmar que al requerido le cupo participación en los hechos investigados en la

causa; los ilícitos se encuentran sancionados con la pena de presidio mayor en

cualquiera de sus grados, en el caso del secuestro agravado, y con presidio

mayor en su grado medio a presidio perpetuo, en el caso del homicidio

calificado, todo ello según el texto punitivo vigente a la data de los hechos, lo

que evidentemente es superior a un año; se trata de delitos comunes, no

políticos ni conexos con uno de ellos, no son delitos militares ni contra la

religión, y a cuyo respecto la acción penal no está prescrita.

En relación a la última condición antes referida, esto es, que la acción no

esté prescrita, cabe señalar que una de las características que distingue a este

tipo de delitos -conducta típica que está descrita en el procesamiento referido

en el considerando 3°- es la imprescriptibilidad, pues atendida la naturaleza de

los sucesos pesquisados, es acertado concluir que se está en presencia de lo

que la conciencia jurídica universal ha denominado crímenes contra la

humanidad. Ciertamente los ilícitos fueron cometidos en un contexto de

violaciones graves a los derechos humanos, masivas y sistemáticas,

verificadas por agentes del Estado, constituyendo las víctimas un instrumento

dentro de una política a escala general de exclusión, hostigamiento,

persecución o exterminio de un grupo de numerosos compatriotas integrado

por políticos, trabajadores, estudiantes, profesionales, adolescentes, menores y

todo aquel a quien, en la época inmediata y posterior al once de septiembre de

mil novecientos setenta y tres, se le atribuyó la calidad de pertenecer

ideológicamente al régimen político depuesto o que por cualquier circunstancia

fuera considerado sospechoso de oponerse o entorpecer la realización de la

construcción social y política sostenida por los detentadores del poder,

garantizándose la impunidad a los ejecutores de dicho programa mediante la

no interferencia en sus métodos, tanto con el ocultamiento de la realidad ante

la solicitud de los tribunales ordinarios de justicia de informes atingentes, como

por la utilización del poder estatal para persuadir a la opinión pública local y

extranjera que las denuncias formuladas al efecto eran falsas y respondían a

una campaña tendiente a desprestigiar al gobierno autoritario.

Por ello, teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos que se indagan

en la causa, tal como fueron presentados en la resolución que sometió a

proceso a Fernández Larios, así como el contexto en el que indudablemente

deben inscribirse, y la participación que miembros del Estado han tenido en

ellos, no cabe duda alguna que deben ser subsumidos a la luz del derecho

internacional humanitario dentro de la categoría de crímenes contra la

humanidad; lo que les otorga, como se ha dicho, la característica de

imprescriptibles.

8°.- Que, finalmente, se encuentra establecido en el proceso por la

comunicación despachada desde la Oficina Central Nacional Interpol de la

Policía de Investigaciones de Chile que el requerido registra domicilio en los

Estados Unidos de América, lo que hace factible pedir su extradición a ese

país.

9°.- Que en consecuencia, como se advierte del pronunciamiento

ejecutoriado mediante el cual se sometió a proceso al requerido, así como del

informe del Sr. Fiscal Judicial (S), y en consideración, además, a las

reflexiones precedentes, todas las exigencias para efectos de requerir la

entrega del procesado se satisfacen, de modo que corresponde acceder a la

petición de extradición y continuar con su tramitación.

Y visto, además, lo prevenido en los artículos 635, 636, 637, 638 y 639 del

Código de Procedimiento Penal, en el Tratado de Extradición entre la

República de Chile y los Estados Unidos de América y en los artículos I y III de

la Convención sobre Extradición de Montevideo, se declara procedente

requerir al Gobierno de los Estados Unidos la extradición del ciudadano chileno

Armando Fernández Larios por la responsabilidad que se le atribuye como

autor de los delitos de secuestro agravado y de homicidio calificado cometidos

en la persona de Manuel Sanhueza Mellado el 10 de julio de 1974, sancionado

en los artículos 141 y 391 N° 1 del Código Penal; así como también, y como

consecuencia de ese requerimiento, pedir que se adopten las medidas

cautelares personales que sean pertinentes durante la tramitación de la

solicitud de extradición.

Para el cumplimiento de lo resuelto diríjase oficio al señor Ministro de

Relaciones Exteriores a fin que se sirva ordenar se practiquen las diligencias

diplomáticas necesarias a dicho fin.

Acompáñese al oficio respectivo copia del presente fallo, del dictamen del

señor Fiscal Judicial (S), de la resolución por la que se somete a proceso al

requerido, con constancia de su notificación a quien corresponda y certificado

de encontrarse ejecutoriada, de los antecedentes principales de culpabilidad en

que se funda, de las disposiciones que configuran los ilícitos, vigentes a la

época de los hechos y sus sucesivas modificaciones, las que definen la

participación del inculpado, precisan la sanción y establecen normas sobre

prescripción, de los antecedentes acerca de la identidad del enjuiciado, su

fotografía, en su caso, y de los preceptos legales citados en este fallo, con

atestado de su vigencia, todo debidamente autorizado.

Regístrese y devuélvase, en su oportunidad.

Rol N° 11.474-2017.

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Milton Juica

A., Carlos Künsemüller L., Lamberto Cisternas R., Manuel Valderrama R., y

Jorge Dahm O. No firman los Ministros Sres. Juica y Dahm, no obstante haber

estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con feriado legal y

en comisión de servicios, respectivamente.