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miércoles, 27 de julio de 2016

Enfrentará Peña en Argentina críticas por Ayotzinapa y violaciones a derechos humanos

Piden organizaciones civiles argentinas, en una carta al presidente Macri, solicitar al mandatario mexicano la aprobación de una Ley General contra la Desaparición Forzada

Durante la visita del Presidente de México, Enrique Peña Nieto, a su similar de Argentina, Mauricio Macri, el mandatario mexicano se enfrentará a la vigilancia de organizaciones defensoras de derechos humanos locales que han solicitado a la Casa Rosada “un posicionamiento firme” frente a la crisis en la materia que se vive en tierras mexicanas.
La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la muerte violenta de más de 150 mil personas y las confrontaciones que ha sostenido el Estado mexicano con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el caso de los normalistas  son temas en los que se pide al gobierno argentino no expresar opiniones “unilaterales” que impliquen una muestra de apoyo a las autoridades mexicanas.


Peña Nieto viajará a Buenos Aires el próximo viernes 29 de julio luego de asistir a la toma de posesión del nuevo Presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczysnki. El propósito es el relanzamiento de las relaciones bilaterales entre México y Argentina que sufrieron un deterioro durante el mandato de la peronista, Cristina Fernández de Kirchner.
Para evitar que ese relanzamiento sirva al gobierno de México para evitar críticas a nivel internacional por la grave situación que vive en materia de derechos humanos, organizaciones como las Abuelas de Plaza de Mayo y Madres Plaza de Mayo-Línea Fundadora, las cuales agrupan a familiares de personas desaparecidas durante la dictadura argentina, le han solicitado a Mauricio Macri que tome en cuenta las múltiples observaciones que la gestión de Peña Nieto ha recibido de instancias internacionales.

“La Argentina debería tomar en cuenta los resultados de la labor del GIEI, los informes CIDH y de varios Procedimientos Especiales de la ONU que recientemente han visitado ese país y exigir al Estado mexicano el cumplimiento urgente de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”, señala una carta dirigida al Presidente Mauricio Macri a una semana de que se lleve a cabo la visita.

La misiva agrega que el gobierno de Macri debe solicitar a su contraparte mexicana el cumplimiento de reformas estructurales en materia derechos humanos que aminoren la crisis de violencia y desapariciones que afecta el territorio azteca, incluyendo la aprobación urgente de una Ley General contra la Desaparición Forzada “que refleje la voz de las familias de las víctimas para enfrentar esa problemática”.

Ayotzinapa: los mecanismos de seguimiento

En torno al caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal de Ayotzinapa, se le solicita al gobierno argentino que presione para que el Presidente Enrique Peña Nietoacepte los mecanismos de seguimiento propuestos por el GIEI para esclarecer el destino de los jóvenes normalistas secuestrados y desaparecidos el 26 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero.


“En el contexto de la próxima visita a la Argentina del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto, las organizaciones abajo firmantes manifestamos nuestra preocupación por la crisis estructural de derechos humanos que hoy atraviesa ese país. Cualquier decisión del gobierno argentino respecto a sus relaciones con México, exige un posicionamiento firme sobre las graves violaciones que allí están ocurriendo”, señala la carta.

jueves, 21 de julio de 2016

ALDHU se suma a petición de libertad para jóven Tucumana.

Juan de Dios Parra, abogado y secretario general de ALDHU, manifestó el total respaldo de la agrupación de derechos humanos hacia la solicitud emanada de diversas organizaciones defensoras de los Derechos Humanos en cuanto a solicitar la liberación de la joven tucumana acusada de abortar.

Estos últimos se presentaron como amicus cirae en la causa; denuncian que fue juzgada "en un proceso irregular, sin respetar el principio de inocencia".


Diez organizaciones defensoras de los Derechos Humanos pidieron la liberación de Belén, la joven tucumana condenada a 8 años de prisión luego de que la justicia la encontrara responsable por el aborto de su bebé.

"Belén llegó a un hospital público de Tucumán para que la atendieran por un dolor de panza. No sabía que estaba sufriendo un aborto, que fue anotado en su historia clínica como "aborto espontáneo incompleto sin complicaciones". Su recorrido desde que llegó al hospital muestra las violaciones de derechos que sufrió por parte del Estado, que incumplió una a una sus obligaciones de respeto, protección y garantía de sus derechos humanos", dice el comunicado de las organizaciones que se presentaron como amicus curiae en la causa.

"El fallo de la Sala III de la Cámara Penal de Tucumán basa parte de sus argumentos en que la defensora oficial de Belén no cuestionó los hechos que se le imputaron, antes que en la existencia de pruebas", denunciaron.

"Los médicos la sometieron a violencia obstétrica, no guardaron el secreto médico ni la confidencialidad médico-paciente. La justicia primero le dictó prisión preventiva y luego la condenó en un proceso irregular, sin respetar el principio de inocencia y el derecho de defensa en juicio", aseguraron desde los organismos.

Los firmantes son Abogados y Abogadas del NOA en DDHH y Estudios Sociales (ANDHES), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Asociación de Abogados de Buenos Aires (AABA), la Asociación Pensamiento Penal (APP), Amnistía Internacional (AI), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Innocence Project Argentina (IP Argentina) y la diputada nacional Soledad Sosa (Bloque Frente de Izquierda, Partido Obrero, en representación de referentes políticos, sindicales y de los derechos humanos).
El caso

El hecho ocurrió en marzo de 2014. En una primera instancia, la joven había sido acusada por "homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía". Los jueces cambiaron la carátula y redujeron la pena al considerar "como atenuante el estado de puerperio en el que estaba cuando ocurrió el hecho". Según consideraron los magistrados, la joven, cuyo nombre real se mantiene bajo reserva por razones legales, actuó en un estado de shock que le impidió tomar conciencia plena de los hechos.

En su fallo, los magistrados Dante Ibáñez, Néstor Rafael Macoritto y Fabián Fradejas consideraron que en la investigación quedó comprobado que la mujer tuvo a su bebé en el baño del hospital Avellaneda, y trató deshacerse de él. Sin embargo, Belén aseguró que no sabía que estaba embarazada cuando fue a atenderse en el hospital por un fuerte dolor abdominal y que allí tuvo "un aborto espontáneo".

El 15 de julio reciente el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en sus Observaciones finales sobre la Argentina, indicó que el Estado "debe revisar el 'caso de Belén', a la luz de los estándares internacionales en la materia, con miras a su inmediata liberación, y a la luz de este caso, considerar la descriminalización del aborto".

"Las circunstancias que rodean el caso de Belén constituyen un eslabón más en la violencia de género de cuño institucional. La política penal del Estado argentino mantiene una matriz discriminatoria que condiciona el acceso a los derechos humanos de las mujeres jóvenes y pobres. En la Argentina el aborto inseguro es un grave problema de salud pública, que implica riesgos para la salud y la vida", sostuvieron las organizaciones que piden la liberación de Belén.


viernes, 15 de julio de 2016

Niñas, niños y jóvenes principales víctimas de violencia en América Latina

Los niños, niñas y jóvenes resultan hoy las principales víctimas de la violencia y del crimen organizado en América Latina, refiere un estudio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentado en Panamá.

Según el informe, las pequeñas son cada vez más utilizadas como mulas para el tráfico de droga, por lo que generalmente están expuestas a las redes de narcotraficantes, a enfrentar condenas penales por estos delitos y a la violencia sexual y de género.
Incluso muchas de ellas son forzadas a mantener relaciones íntimas con integrantes de los grupos criminales y a ejercer la prostitución, precisa la investigación.
Mientras los varones son los más afectados por la violencia y el actuar del crimen organizado, en tanto su doble rol de víctimas y agresores, los obliga a ser traficantes y vendedores de sustancias ilícitas, a la par de sicarios como ejecutores de acciones violentas.
El texto Violencia, niñez y crimen organizado analiza, además, el impacto de la violencia y el crimen organizado sobre los derechos vulnerados de niños y niñas, y la incapacidad de los Estados de proporcionarles una protección especial adecuada.
“Compartimos con la CIDH la preocupación por el aumento en la región de los homicidios que afectan principalmente a niños y jóvenes entre 15 y 29 años, crímenes que en la mayoría de los casos están vinculados al actuar de grupos violentos y del crimen organizado”, expresó Belinda Portillo, directora del Plan International Honduras.
La funcionaria también mostró preocupación por la tolerancia social ante estas formas de violencia y que su persecución adolezca de altos niveles de impunidad.
Por ello, la organización lidera el movimiento global Por ser niña, que busca transformar las relaciones de poder para que todas, en todos lados del mundo, puedan aprender, liderar, decidir y prosperar, dijo.
Y es que pese al conocimiento pleno de esta realidad, no existen suficientes políticas y programas enfocados a prevenir la violencia contra las niñas; por el contrario, ellas son estigmatizadas, y en algunos países criminalizadas por ser víctimas de la trata y la explotación sexual, acotó.
El informe resalta las situaciones de violencia, abuso y negligencia que padecen las niñas, niños y jóvenes en sus hogares, comunidades y escuelas, por parte de personas adultas, de sus padres, e incluso de la policía.
De igual forma, alerta sobre la deficiente calidad educativa, los obstáculos para acceder a la educación secundaria y la falta de oportunidades laborales y de un empleo digno.

“(…) Invertir más y mejor en políticas públicas para la educación, formación profesional y acceso al empleo; cultura, deporte y recreación de niños, niñas y adolescentes tiene un gran retorno en términos económicos para toda la sociedad, a la vez que fortalece los sistemas democráticos”, aseguró Portillo.

miércoles, 13 de julio de 2016

Berta merece justicia, no la olvidamos!

Juan de Dios Parra, abogado y secretario general de ALDHU, recordó durante la presente jornada a la gran luchadora medioambiental Berta Cáceres, asesinada recientemente por sicarios y dijo que "como representantes de la defensa de los Derechos Humanos, debemos todos, a nivel mundial, condenar, perseguir y castigar a cada uno de los involucrados en la muerte de Berta, una mujer que es un ejemplo de vida y de lucha".

Estas declaraciones suenan fuerte luego que el único testigo en la muerte de Berta diera testimonio a un medio de comunicación, entrevista que compartimos a continuación:


La noche del 2 de marzo, Gustavo Castro trabajaba en casa de Berta Cáceres cuando escuchó un ruido muy fuerte y los gritos de la ambientalista indígena hondureña. Fue entonces cuando este activista mexicano, quien conocía los antecedentes y sabía que ya habían intentado asesinar a Cáceres, se percató de la llegada de varios sicarios. Uno de ellos le apuntó a la cabeza y enseguida sonaron disparos en la habitación de Berta.
En la entrevista que ha concedido a RT, Castro relata que como esos matones "se tenían que ir", decidieron dispararle "rápido: salen corriendo, piensan que me pegaron la cabeza", pero "por puro milagro me moví muy rápido, solamente me rozaron la mano y me tumbaron un pedazo de oreja, pero pensaron que yo me había muerto".

Intereses enredados
Durante los días posteriores, el Gobierno, el Ejército y la Policía de Honduras intentaron ocultar los hechos y todo lo que había detrás de este "complot". Las autoridades del país detuvieron al único testigo de lo sucedido sin presentar ninguna resolución judicial e, incluso, la juez suspendió de su ejercicio profesional a la abogada de Gustavo Castro para dejarlo sin defensa. Este mexicano analiza con sus letrados la posibilidad de presentar una demanda contra el Gobierno de Honduras por "retención ilegal, violación de los derechos humanos" e, incluso, "a sus propias leyes": al Código Penal y a la Constitución.



Más info en el siguiente enlace:

https://actualidad.rt.com/programas/entrevista/212927-gustavo-castro-unico-testigo-asesinato-berta-caceres

jueves, 7 de julio de 2016

Tribunal en EEUU encuentra culpable a autor de asesinato de Víctor Jara

Juan de Dios Parra, secretario general de ALDHU valoró y destacó la determinación de jurados norteaméricanos en el caso del asesinato del cantautor Chileno Víctor Jara, asesinado en días posteriores al Golpe de Estado de 1973 por agentes del Estado.
"Hoy somos testigos de un hecho de justicia, no importa el tiempo transcurrido, aunque obviamente esperamos siempre sea menor, acá lo que realmente importa es que se llegue a demostrar la participación de quienes asesinaron a Víctor y así su crimen no quede en la impunidad como cientos de otros ocurridos en esos nefastos días" sostuvo Parra.

En un juicio civil, entablado el año 2013 por la familia del cantautor, el ex teniente del ejército chileno Pedro Barrientos Núñez fue encontrado culpable del delito de tortura y asesinato extrajudicial de Víctor Jara Martínez ejecutado por oficiales del ejército el 16 de septiembre de 1973.
El inculpado Barrientos reside en Estados Unidos desde el año 1991 y pocos años después se hizo ciudadano estadounidense; es evidente que tanto el traslado a ese país como adoptar la nacionalidad, son acciones del ex uniformado tendientes a eludir la acción de la justicia chilena, que aunque ineficiente y escaza, a veces logra resultados en las investigaciones y juicios de derechos humanos.
Sin embargo, no pudo evitar ser demandado en ese país. El jurado de un tribunal federal de Orlando, Estado de Florida, lo encontró culpable y lo hace responsable de pagar una compensación de 28 millones de dólares a la familia de Víctor Jara. La demanda había sido interpuesta por Joan, la esposa del artista, y sus dos hijas, Manuela y Amanda, quienes no pudieron contener la emoción al conocer el fallo.
Los abogados de las demandantes explicaron que el jurado fijó un duro monto de indemnización porque encontró una indesmentible conexión entre Barrientos y los sucesos acontecidos en el Estadio Chile (actual Estadio Víctor Jara), convertido en centro de detención y tortura al comienzo de la dictadura militar.
Este veredicto de un tribunal federal estadounidense no solo constituye un precedente de importante valor y se convierte en una advertencia para otros perpetradores de delitos y crímenes de derechos humanos, sino también es un mensaje claro hacia el gobierno de Estados Unidos para que agilice los trámites de extradición a Chile del ex oficial Pedro Barrientos.
Recordemos que Barrientos se encuentra en condición de procesado en Chile por el ministro Miguel Vásquez Plaza, de la Corte de Apelaciones de Santiago, quien sustancia esta causa. El ministro Vásquez procesó en diciembre del año 2012 a Barrientos y a Hugo Sánchez Marmonti como autores del delito de homicidio calificado. Como cómplices del delito fueron procesados los ex oficiales de ejército Roberto Souper Onfray, Raúl Jofré González, Edwin Dimter Bianchi, Nelson Hasse Mazzei y Luis Bethke Wulf.
En octubre de 2013, procesó como cómplices a los ex oficiales Jorge Smith Gumucio y Juan René Jara Quintana y se pidió a los tribunales estadounidenses la extradición de Barrientos Núñez.
Posteriormente, en septiembre de 2014, fueron procesados otros ex oficiales de ejército Hernán Carlos Chacón Soto y Patricio Manuel Vásquez Donoso, en calidad de autores de secuestro y homicidio, y Ramón Camilo Humberto Melo Silva, en calidad de cómplice.
Durante el juicio civil Barrientos negó haber conocido al cantautor y haber estado en el Estadio Chile. Sin embargo, los testimonios de testigos sobrevivientes y declaraciones de los otros ex oficiales inculpados lo sitúan en el lugar y lo sindican como uno de los ejecutores de los disparos contra el artista popular.


miércoles, 6 de julio de 2016

Acceso a Internet: un derecho para toda la población según la ONU

No hay duda de la relevancia que tiene Internet en todo lo que respecta al acceso a la información y la comunicación, a punto tal que permite obtener datos que incluso las autoridades pretenden evitar dar a conocer.

A menos que se prohíba el acceso a ciertas páginas o servicios, es imposible evitar esta proliferación a través de la red. Y es ahí donde entra en escena el tema del bloqueo de Internet: alegando la protección contra la piratería o el terrorismo, en más de una oportunidad los gobiernos restringen el acceso a la web.
Es por eso que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas presentó una resolución en la que declara, básicamente, que el acceso a Internet es un derecho humano, dejando así en claro cuál es su posición respecto a las medidas restrictivas por parte de los gobiernos.
Según afirma, la libertad de expresión es un derecho fundamental, sin importar el medio. Y es por eso que condena todo tipo de corte que se pueda hacer a Internet. El texto asegura que “la resolución es una respuesta muy necesaria a una mayor presión sobre la libertad de expresión online en todas las partes del mundo”.
El texto de la ONU condena “inequívocamente las medidas destinadas a impedir o interrumpir intencionalmente el acceso a la información o la difusión de informaciones en línea”. Estas líneas fueron motivo de discordancia con las posturas de Rusia, China, Arabia Saudí, Indonesia, Sudáfrica y la India.
Los cortes intencionales de Internet son una práctica que varios gobiernos han puesto en marcha en momentos de crisis políticas o revueltas populares; otros directamente censuran algunos sitios o plataformas, como Google en China. La organización Access Now, defensora de los derechos digitales para todos los usuarios del globo, registró 20 bloqueos a Internet en el primer semestre del año.
“Acceder al Internet sin miedo a represalias o a la integridad personal es un elemento esencial para que la misma sirva de herramienta para el desarrollo y la protección de los derechos humanos. Desde una perspectiva académica entidades como la Universidad de Columbia en Nueva York o la Escuela de Negocios de Londres han concluido en sus investigaciones que el acceso a Internet mejora la economía de un país. Desde una perspectiva de derechos humanos, el relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión de las Naciones Unidas, Frank La Rue, en un reporte de 2011 resaltó la importancia del Internet en la protección de la libre expresión, sobre todo en aquellos segmentos de la población que no tienen acceso a medios tradicionales. En un mundo donde un número creciente de países como Finlandia, Costa Rica, México y Francia, entre otros consideran el acceso a Internet un derecho humano, cualquier postura que tenga como consecuencia la censura y acotamiento de los derechos de los usuarios es anacrónica y va en detrimento del sano desarrollo del país que tome esta decisión”, explicó José Otero, director para América Latina de 5G Americas.
Pero, ¿qué se espera de esto?
Sería una ilusión considerar que solo porque Consejo de Derechos Humanos de la ONU haya presentado esta resolución las cosas van a cambiar de un día para otro y dejarán de existir las medidas restrictivas.
Un caso fue el de la declaración que defendía la libertad de expresión en Internet, de 2012. Al día de hoy, en muchos país, especialmente los ligados con gobiernos dictatoriales (y otros que no lo están también) o de situación de conflicto, hay que controlar lo que se dice online, y de no hacerlo hasta pueden ser llevados a prisión.
Este es un tema, pero no el único. También hay que tener en cuenta la cantidad de personas que tienen acceso a Internet, esté o no esté establecido como derecho. Por ejemplo en América Latina, casi la mitad de la población aún no cuenta con acceso a Internet, según datos brindados durante el último Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones, que se desarrolló en Cancún, México, hace unos días.

Por supuesto que es válida la resolución a favor de cualquier derecho para las personas, lo que habrá que ver es que finalmente lleguen a influenciar en las decisiones adoptadas por los gobiernos, o por las empresas en general, que también participan en la expansión de la red.

martes, 5 de julio de 2016

Juan de Dios Parra, secretario general de ALDHU señaló que “el agua potable debe ser un derecho que todos los Estados debiesen asegurar a sus ciudadanos”

Las declaraciones, se enmarcan en un informe del Consejo Mundial del Agua, que señala en cerca de 50 millones de personas se encuentran sin este vital elemento sólo en América Latina.
Que el 2016 nos traiga mucha agua (potable) 
www.elpais.com


Brindar acceso a servicios de agua y saneamiento de calidad a poblaciones cada día más urbanas no será tarea fácil en América Latina y El Caribe

América Latina y el Caribe albergan más del 30% de agua dulce del planeta, desde los glaciares de las montañas de los Andes, hasta los bosques de los volcanes en Centroamérica. Sin embargo, un cuarto del territorio de la región está cubierto por zonas áridas. Y aunque solo seamos un 6% de la población mundial, los efectos del cambio climático a través de inundaciones y sequias han aumentado en intensidad y frecuencia, afectando peligrosamente las fuentes de agua, tanto en los pueblos como en las ciudades. Por ende, brindar acceso a servicios de agua y saneamiento de calidad a poblaciones cada día más urbanas no será tarea fácil.

En las últimas dos décadas, la región de América Latina y el Caribe ha estado a la altura de los desafíos en términos de acceso: entre 1990 y el 2015, más de 220 millones de personas (de un total de 600 millones) se incorporaron a los servicios de agua y saneamiento. El porcentaje de personas con acceso a mejores servicios de agua pasó del 85% al 95% y en saneamiento adecuado el porcentaje aumentó del 67% al 83%.


Pero no podemos quedarnos ahí. Hoy todavía quedan 34 millones de personas sin acceso a agua, y las cifras son más alarmantes para saneamiento: 106 millones no cuentan con acceso a uno adecuado y 19 millones defecan al aire libre. Como es de esperar, las estadísticas son aún más alarmantes para los más vulnerables y las zonas más remotas del continente. La gran disparidad urbana-rural, se traduce en una cobertura de los servicios de agua y saneamiento rural en el 2015 (84% y 64%, respectivamente) semejante a la cobertura del sector urbano 25 años atrás.

lunes, 4 de julio de 2016

Dictan condena contra 28 personas en el caso de Marta Ugarte: el crimen que El Mercurio trató de cubrir

Como una muestra de que "los años no han pasado en vano y la justicia tarda pero llega", el Abogado de DDHH Juan de Dios Parra, alabó la sentencia que habla de "secuestro y homicidio calificado" en el caso de Marta Ugarte Román, durante la dictadura de Pinochet.

Información y reportaje de www.elmostrador.cl :


El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vázquez Plaza, dictó sentencia de primera instancia en la investigación por el secuestro y homicidio calificado de Marta Ugarte Román, cuyo cuerpo apareció en la playa La Ballena, sector de Los Molles, el 12 de septiembre de 1976.
El cadáver de la profesora militante del Partido Comunista fue lanzado al mar desde una aeronave y apareció en la playa de Los Molles a 182 kilómetros de Santiago. Había sido detenida y confinada en Villa Grimaldi, donde murió víctima de las torturas a las que fue sometida por personal de la DINA. Tenía 42 años.
Sin embargo, la prensa de la época, tal como se relata en el documental El Diario de Agustín (2008) consignó el hecho como un crimen pasional. Los periódicos El Mercurio, La Tercera y La Segunda describieron a la víctima como una bella joven, muerta producto de un crimen pasional. La periodista que redactó la nota de prensa para El Mercurio, Beatriz Undurraga, fue entrevistada en dicho documental, afirmando que calificó de «joven» a la víctima porque así le había parecido al encontrar su cuerpo, que en realidad estaba muy delgado. No obstante, su nota de prensa, al igual que las de los demás periódicos, establecía específicamente que la edad de la víctima era de 23 años.
En la resolución judicial el ministro Vázquez dictó condena en contra de los siguientes 28 agentes de Estado por su responsabilidad en los delitos perpetrados entre agosto y septiembre de 1976:
-Carlos José López Tapia: 12 años de presidio, además a las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena; y al pago de las costas de la causa, en calidad de autor del delito de homicidio calificado.
-Ricardo Víctor Lawrence Mires: 12 años de presidio, además a las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena; y al pago de las costas de la causa, como autor del delito de homicidio calificado. Además deberá purgar 4 años de presidio como autor del delito de secuestro simple.
-Heriberto del Carmen Acevedo y Claudio Enrique Pacheco Fernández: 10 años y un día de presidio, además a las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena; y al pago de las costas de la causa, como coautores del delito de homicidio calificado. Además, deberán cumplir 2 años de presidio como autores del delito de secuestro simple.
-Emilio Hernán Troncoso Vivallos: 5 años y un día de presidio, además a las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena; y al pago de las costas de la causa, como coautor del delito de homicidio calificado. Además, un año de presidio como autor del delito de secuestro simple.