El
Secretario general de ALDHU, abogado Juan de Dios Parra, coincidió con las
declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados de México, Jesús
Zambrano, quien señaló que se debe realizar una “condena política y moral para
el Gobierno de México”
“No es
posible que transcurrido tanto tiempo aún no aparezcan claros indicios de qué
ocurrió con los normalistas” señaló Parra.
“El
Presidente Peña Nieto tiene que dar explicaciones a las familias y a la
comunidad internacional” sentenció.
Por su
parte el presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, aseguró
que los pronunciamientos del gobierno de Estados Unidos y de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el trabajo del Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), son una “condena política
y moral para el gobierno de México”, por su incapacidad de resolver el caso
Ayotzinapa.
En
entrevista, el diputado perredista enfatizó que los pronunciamientos públicos
de ambas instancias “deberían darnos vergüenza”.
Reiteró
que con las conclusiones del informe del GIEI “regresamos al punto de partida”
de las indagatorias y se evidencia que hay líneas de investigación que no han
sido consideradas por la Procuraduría General de la República (PGR).
Dijo
que seguimos esperando que la PGR de a conocer sus conclusiones o los avances
que tiene hasta el momento de las investigaciones y que diga que va a pasar con
los señalamientos que ha hecho el GIEI, ace3rca de otras líneas que tendría que
estar desarrollando para buscar la verdad que los mexicanos seguimos esperando.
“A 19
meses de los acontecimientos lamentables, trágicos de Iguala, de Cocula, con
los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, seguimos esperando saber qué fue lo que
verdaderamente pasó. Y mientras esto no suceda, pues ahí va a quedar la gran
interrogante y seguirá el gobierno con una deuda social, ética y política ante
la sociedad”, insistió.
En su
opinión debiera haber terminado bien el trabajo de colaboración entre el
Gobierno federal y el GIEI, además de que se inicio de común acuerdo por parte
de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y del gobierno de la
República.
Aseguro
que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene una enorme
respetabilidad y una gran ascendencia política y moral en el conjunto del
Continente Americano, especialmente en el subcontinente Latinoamericano.
Ellos
han incidido con medidas cautelares en no pocas ocasiones para impedir abusos
contra derechos humanos y políticos en varios países de América Latina. Y,
ahora, el hecho de que la propia CIDH diga que “lamentan que las cosas hayan
terminado así, que no hayan terminado bien y que la procuraduría o el gobierno
de la República haya decidido unilateralmente ya la cancelación de la
continuación de los trabajos del GIEI”, pues al mismo tiempo, hay que asumirlo
así como una suerte de condena política y moral de la CIDH contra el gobierno
mexicano.
Reitero
que sigue sin saberse dónde quedaron los 43 muchachos desaparecidos. Los padres
siguen pensando que pueden estar vivos, y a esto es a lo que la PGR debería dar
una respuesta.
/eupr
