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lunes, 30 de noviembre de 2015

“Caso Chevron”: el conflicto de Ecuador contra el poder petrolero transnacional

Juan de Dios Parra, secretario general de Aldhu, señaló su "satisfacción" con el lanzamiento del libro “Caso Chevron: Defensa del Ecuador frente al uso indebido del arbitraje de Inversión”, ya que a su juicio "el mundo debe entender la importancia de defender nuestras selvas de transanacionales que solo buscan lucrar, no importando a quienes afecta, generando daño no solo en le país que residen, si no que afectando al ecosistema global. La tierra es solo una, y está conectada, por eso debemos unir nuestras luchas y defenderla" sentenció.

Radio Universidad de Chile:

Nuevo libro profundiza en la contaminación de la Amazonía de ese país por parte de Texaco, adquirida luego por Chevron. ¿Un juicio en las cortes ecuatorianas o en Nueva York? ¿Una controversia entre privados o en la que el Estado es parte? ¿Demanda por daño ambiental o arbitraje de inversiones?


El libro “Caso Chevron: Defensa del Ecuador frente al uso indebido del arbitraje de Inversión” fue presentado en Chile. Los autores aclararon que este capítulo lo identifican como Chevron III, “teniendo en claro que detrás de este proceso arbitral subyace el reclamo por daño ambiental de las comunidades de la Amazonía ecuatoriana afectadas por la operación de Texaco”.

El texto, que se lanzó el 2 de octubre en Ecuador, tiene 273 páginas con una línea cronológica del conflicto. El Procurador General de Ecuador, Diego García Carrión, aseguró que “la idea de esta publicación es precisamente generar respuestas que aborden la controversia y permitan comprender al lector, desde la perspectiva de la defensa del Estado, cuál es para éste el caso Chevron”.

“Lo absurdo de que una controversia que tiene relación con un daño ambiental y que debería ser discutida en la administración de justicia ordinaria, termine discutiéndose en un arbitraje de Inversiones bajo el Derecho Internacional”, comentó el abogado.
Asimismo, agregó que “a juicio del Ecuador, es algo que nunca debió permitirse y el Tribunal arbitral debió abstenerse de esta tramitación considerando las condiciones en que fue planteado. Si este arbitraje internacional llega a concluir en una decisión contraria al Estado ecuatoriano se habrá sentado un precedente”.

Texaco (estadounidense) inició su explotación petrolera en la Amazonía ecuatoriana en 1964 y finalizó en 1992. Al año siguiente del cierre, las comunidades de Sucumbíos presentaron una demanda contra la empresa en Estados Unidos por contaminación medioambiental y daños a la salud (Caso Aguinda).

Chevron heredó esa demanda cuando compró y absorbió Texaco en 2001. Luego, a petición de la propia empresa, el caso fue trasladado a una corte de Ecuador, considerando que los tribunales de Estados Unidos se negaron a juzgar.

Una historia que merecía contarse

En los años noventa, Chevron se pasó casi diez años intentando –y finalmente lo consiguió– que la controversia se tramitara en Ecuador, según Carrión.
“Para ello, defendió al sistema judicial ecuatoriano ante las cortes de los Estados Unidos. En 2002, a pedido de Chevron, la Corte de Apelaciones de Nueva York ratificó la desestimación de la corte de primera instancia de la Demanda de Aguinda, sobre la base de la objeción de forum non conveniens. Los esfuerzos de Chevron y Texaco para que el caso se decidiera en Ecuador como foro apropiado para resolverlo tuvieron éxito. Para ello, Chevron y Texaco se comprometieron a respetar la decisión de la justicia ecuatoriana”, agregó el Procurador General del Ecuador.

Pero advirtió que “esto, como ustedes lo saben, no resulto cierto. Chevron, luego de pasar diez años tratando de litigar en el Ecuador, y habiéndolo logrado, cambia su estrategia y se pasa otros diez años desconociendo la capacidad de las cortes ecuatorianas para resolver su caso”.
Con esta lista de hechos, resoluciones y vías judiciales, el abogado concluyó que “están frente a una controversia bajo el Tratado Bilateral de Promoción y Protección de Inversiones, suscrito entre el Ecuador y los Estados Unidos, que entró en vigencia en 1997”.

“Es el campo de batalla moderno”

Homero Arellano, embajador de Ecuador en Chile, aseguró que están orgullosos de poner freno a estos abusos que no son de ahora, porque vienen de diversas explotaciones y muchas transnacionales. Éstas -advirtió- tienen que asumir una responsabilidad social.

“La parte académica es de tremenda importancia en estos casos de arbitraje ante los nuevos tiempos, donde los países pequeños con altivez pueden levantarse soberanamente contra los grandes grupos económicos y transnacionales. Hay una visión del Estado, pero también hay una entrega académica de un caso jurídico que puede ser digno de análisis, más allá de que alguien esté a favor o no”, advirtió Arellano.


El abogado argentino Ignacio Torterola, experto en arbitraje internacional, reconoció que son casos muy complejos y deciden situaciones históricas. “Como antes a lo mejor lo definía un campo de batalla, hoy las cuestiones se definen en el debate jurídico”, manifestó.

Más Información en:
http://radio.uchile.cl/2015/11/29/caso-chevron-el-conflicto-de-ecuador-contra-el-poder-petrolero-transnacional

jueves, 26 de noviembre de 2015

Emigrantes y crisis de los Derechos Humanos.

El problema de los migrantes es de todos, Estados, Gobiernos y ciudadanos podemos aportar en la ayuda humanitaria, debemos apuntar a que nuestro mundo no tenga fronteras en casos extremos. El terrorismo no es solo producido por quienes tienen las armas, lo producen también quienes cierran sus fronteras arbitrariamente a ciudadanos que buscan una mano.
Juan de Dios Parra, Secretario Ejecutivo de ALDHU.

El flujo de emigrantes se incrementa más cada vez. Estamos acostumbrados a ver noticias, escuchar relatos, leer informes, estudios y análisis estadísticos de los emigrantes. Vemos con frecuencia el drama y la tragedia; nos conmueven las imágenes de tantas situaciones humanas impensable del flujo migratorio. Sin embargo, nos percatamos que esta situación es ahora de carácter global. No se trata de una realidad que solo afecta el continente Americano, sino que también vemos que existen situaciones parecidas con sus grandes matices en todas partes del mundo. Se habla de distintos tipos de emigrantes: en situación regularizada con estatus legal; en situaciones no regularizadas, o sin estatus legal; emigrantes forzados sin protección ni estatus legal explotados por mafias; también se habla de refugiados y solicitantes de asilo, debido a conflictos o la persecución, etc. El tema de la emigración en la actualidad está confrontando políticamente a los países de la Unión Europea, y ha llevado a los gobiernos de esta parte del mundo a discutir temas delicados: “cuotas” de refugiados a acoger, la ayuda económica que deben dar los Estados implicados, los controles fronterizos o las barreras a imponer. Se enfatiza sobre todo el costo de los inmigrantes; si requieren o no asilo político, pero poco se habla de la contribución que ellos hacen al desarrollo de los países que los acogen.


De hecho, los impuestos que pagan los emigrantes son superiores a los gastos que los Estados deben realizar para atenderlos. Incluso hay estudios que muestran que el aporte que hacen los emigrantes es proporcionalmente mayor que el que hace la población del país que los recibe. Sin embargo, no podemos desconocer que su incorporación a la vida social ahora tiene más obstáculos por el lento crecimiento económico y las tasas de desempleo en Europa.

Dicho brevemente, y sin dorar la píldora, la sensación que se tiene en el contexto actual, es que los emigrantes se pueden convertir en una amenaza para la seguridad y el bienestar si no se imponen límites, porque el “sur” invadirá al “norte”. En la presente coyuntura en la que han ocurrido los atentados terroristas en Francia el pasado viernes 13 de noviembre, veremos cuáles serán los resultados de las investigaciones que se están realizando y las medidas que se tomarán al respecto. Esperemos que no sean medidas que afecten más a los emigrantes que ya han padecido bastante y han sufrido situaciones indeseables. En los países desarrollados se habla cada vez más de una estratificación del derecho a la movilidad selectiva de los emigrantes. Es decir, se trata de abrir las puertas a los hombres de negocios, gerentes, profesionales, científicos o artistas, de tal manera que, esta actitud positiva ante estas categorías de emigrantes se traduce en una política de “drenado de cerebros”, que empobrece el capital humano del “sur global”. La crisis de los derechos humanos y su aplicación práctica es el problema de los emigrantes, dentro de las fronteras nacionales de sus países de origen y fuera éstas.

1. La emigración sin precedente hacia Europa
En la Unión Europea la llegada de los emigrantes, actualmente, se percibe como un terremoto sin precedentes: “Este año, según las estadísticas más recientes, 1,2 millones de personas entraron ilegalmente en la UE, principalmente por mar” (http://www.diariocolatino.com/europeos-y-africanos-buscan-soluciones-comunes-en-cumbre-sobre-migracion/). Se calcula que desde el 2015 al 2017 llegarán tres millones de emigrantes. Según los datos de la Comisión Europea: “Los candidatos al asilo podrían ser más de un millón en 2015, 1,5 millón en 2016, y 500,000 en 2017. Por sí mismas, estas cifras dan una idea de la amplitud del desafío al cual están confrontados los europeos” (Diario Le Monde, Samedi 7 novembre 2015, p. 2). Los emigrantes llegan a través de Turquía, Grecia y los Balcanes.
Turquía es el punto estratégico en la zona del Mediterráneo para ingresar a la Unión Europea: “Turquía, que alberga 2,2 millones de refugiados sirios, es el principal punto de salida de los migrantes que se arriesgan a cruzar el mar en dirección a las islas de Grecia, país de entrada a la Unión Europea. Entre enero y octubre, más de 454 migrantes y refugiados murieron o desaparecieron cuando cruzaban el mar Egeo, entre Turquía y Grecia, según cifras de Amnistía Internacional” (http://www.diariocolatino.com/europeos-y-africanos-buscan-soluciones-comunes-en-cumbre-sobre-migracion/). La situación, ya crítica de por sí, se agudiza con la entrada del invierno y con la acentuación de los bombardeos rusos en Siria; la emigración de las zonas sometidas al conflicto bélico se acentuará. La distribución de los 160,000 refugiados entre los países de la Unión  Europea antes y después del verano está totalmente superada, dada la cantidad desbordante de emigrantes que siguen llegando en busca de refugio y asilo. El temor que éstos sienten al registrarse en los centros de control migratorio es evidente porque no quieren ser deportados a sus países de origen, dada la crisis y la inseguridad a la que están sometidos.


El problema, sin embargo, para Europa y aún para el Norte desarrollado, no es solo de carácter económico o de capacidad de absorción de la ingente cantidad de ciudadanos que llegan del sur o del oriente buscando un lugar digno para vivir. El problema es si en el mundo actual tenemos la capacidad de garantizar los derechos humanos de los ciudadanos en sus países de origen; si podemos garantizar la seguridad y la integridad física y psíquica de los seres humanos que pueblan el planeta. Vivimos en un mundo donde la ecología social está constantemente amenazada por la pobreza, el desempleo, la falta de seguridad medioambiental y los conflictos políticos que terminan siendo confrontaciones bélicas.

Más info en:

martes, 24 de noviembre de 2015

España asegura un papel activo en la promoción de la democracia y los derechos humanos en América Latina.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se encuentra de viaje de trabajo en Washington, donde esta mañana se ha reunido con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro – Catalá ha trasladado al presidente de la OEA la intención de España de mantener un papel activo en la promoción de la democracia, los derechos humanos y la paz en América Latina

Como país con estatus de observador permanente, España mantiene una presencia activa apoyando la labor de la OEA en la promoción de la democracia, los derechos humanos, la paz, la seguridad y el desarrollo. Desde la creación del Fondo España-OEA en 2006, nuestro país ha contribuido con 56 millones de euros y este ejercicio prevé la firma de una dotación aproximada de 2,8 millones de euros.
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Asimismo, España aspira a liderar dos grandes programas de cooperación internacional financiados por la Unión Europea que el ministro ha trasladado a Luis Almagro por ser de interés para la OEA. El Programa de Apoyo al Estado de Derecho y la Seguridad en América Latina que pretende construir un espacio judicial y policial en la zona para la cooperación transfronteriza en la lucha contra el crimen organizado. 

Contará con un presupuesto de 25 millones de euros y se dividirá en tres ámbitos: cooperación policial, judicial y sistema penitenciario. Nuestro país aportaría su experiencia en IberRed, Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional, a través de representantes del Ministerio de Justicia, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de la Fiscalía General del Estado; como promotor de la europeización de la cooperación iberoamericana en el ámbito judicial y policial y como participante en la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB) en ámbitos como la lucha contra la delincuencia transnacional, reforma de los sistema penitenciarios y modernización de la Justicia.

El segundo es el Programa Eurosocial +, un proyecto de la Comisión Europea para la promoción de la cohesión social en América Latina que incluye programas de acceso a la Justicia para grupos vulnerables y de ayuda contra la corrupción. Dispondrá de un presupuesto de 32 millones de euros y su período de implementación será entre 2016 y 2021. España se va a presentar a la tercera fase apoyándose en su experiencia y en la interlocución que nuestras instituciones tienen con sus homólogas de los países latinoamericanos.
Por su parte, el presidente de la OEA ha manifestado su interés en el proceso de reformas legislativas emprendido por el Gobierno español a lo largo de esta legislatura en materia de regeneración democrática, en concreto en torno a las medidas adoptadas en la lucha contra la corrupción y la financiación de partidos.
El ministro de Justicia ha estado acompañado en la reunión por la subsecretaria de Justicia, Áurea Roldán, y el director general de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones. Javier Herrera García-Canturri.​​​



Fuente www.informaria.com : http://informaria.com/23112015/espana-asegura-un-papel-activo-en-la-promocion-de-la-democracia-y-los-derechos-humanos-en-america-latina/

miércoles, 18 de noviembre de 2015

Conversatorio online: ¿En Ecuador se protege a los defensores de DD.HH?



Una defensora o un defensor de derechos humanos es la persona que promueve y defiende cualquier derecho humano reconocido por las normas nacionales o internacionales, así como los nuevos derechos, como el de la naturaleza, o aquellos que todavía se están discutiendo.
El alcance de este concepto es desconocido, tanto en la sociedad como en los propios Estados. En Ecuador, varias defensoras y defensores de derechos humanos han sido víctimas de hostigamiento, amedrentamiento y criminalización.
En los últimos años, se han abierto procesos judiciales en contra de dirigentes indígenas, activistas sociales, estudiantes, entre otros. Los delitos han sido diversos y en la mayoría de los casos, los procesos se han mantenido abiertos como mecanismo de amenaza y presión o se han concluido en sentencia condenatoria.
En este sentido, analizaremos hoy miércoles, 18 de noviembre de 2015, el contexto actual de la situación de los defensores de derechos humanos en el país y las entidades de justicia que deberían velar por sus derechos.
Panelistas: Pepe Acacho, asambleísta por la provincia de Morona Santiago, Paulina Muñoz, activista de DD. HH y Miguel Luzuriaga, investigador del Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES).

Conéctate hoy miércoles, a las 15:00 al Conversatorio de Inredh Radio Tv Libre en su programa
¿En Ecuador se protege a los defensores de DD.HH?

domingo, 15 de noviembre de 2015

ANTE LAS TENSIONES QUE INVOLUCRAN A LAS FUERZAS ARMADAS DEL ECUADOR

Santiago de Chile, 15 de Noviembre 2015

La Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos ALDHU hace un llamado de atención frente a los hechos que vienen ocurriendo en Ecuador y que involucran al alto mando de las Fuerzas Armadas en actos de protesta ante la Corte Nacional de Justicia.
La referencia tiene que ver con  la presencia rebelde del alto mando militar en la audiencia de juzgamiento que el pasado 11 de Noviembre debía realizarse en la Corte Nacional de Justicia, por los crímenes de lesa humanidad padecidos por Luis Vaca, Susana Cajas y Javier Jarrin, durante el gobierno de León Febres Cordero.

No pasa inadvertido el hecho  que esta comparecencia uniformada, encerró un acto de protesta por algo más que este juicio, Mas bien parece claro que tal protesta tiene que ver con un conjunto de desencuentros entre el poder político y la fuerza militar ecuatoriana en los últimos tiempos y que se sintetiza en lo que los militares resienten como una constante falta de respeto a sus funciones y a su institucionalidad.

Esta cuestión es preocupante, ya que se trata de una fuerza militar reconocidamente democrática, respetuosa de su población, integrada a la vida nacional y comprometida profundamente con el devenir de su sociedad.

Recordamos que esa fué la primera fuerza militar en el mundo, que sometió a todos sus integrantes a un profundo  proceso de formación en Derechos Humanos, avalado por las Naciones Unidas y ejecutado por ALDHU, que le mereció altos reconocimientos universales.
Recordamos también que esa es la misma fuerza armada que en plena guerra del Cenepa, integró en sus avanzadas, a miembros de nuestra organización para verificar en el terreno, el respeto a los procedimientos humanitarios y al Derecho Internacional de la guerra, especialmente en el trato a los prisioneros.

Recordamos también que esa es la misma fuerza armada que cobijó en sus mandos a oficiales tan destacados por su compromiso con los más altos valores de la humanidad, la justicia, la democracia y la paz, como lo fueron Carlo Magno Andrade, Miguel Iturralde, Paco Moncayo,  José Gallardo, Alberto Molina y Miguel Hernández, por mencionar  solo a algunos.
Sin embargo, es también verdad que algunos de sus integrantes, violentaron esa tradición y conducta y se implicaron en hechos de tortura, secuestro, desaparición, violaciones y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, en la época de la represión al grupo insurgente Alfaro Vive Carajo, entre cuyas víctimas se cuentan los tres ecuatorianos de este caso (Vaca, Cajas y Jarrín) hechos que constituyen crímenes de lesa humanidad.

Hacen mal quienes pretenden a partir de estos hechos, buscar una condena corporativa al conjunto de las fuerzas armadas ecuatorianas. También hacen mal quienes a partir de este juicio, pretenden embozar una protesta institucional por otros hechos más allá de este enjuiciamiento.
Por el bien de la democracia del Ecuador, Aldhu insta a los mandos de las Fuerzas Armadas, a las autoridades judiciales y a las autoridades políticas ecuatorianas, a poner las cosas en su sitio, evitando esta escalada de malos procedimientos, que solo acarreará tensiones innecesarias, inconvenientes e inadmisibles en el seno de un país democrático.
El juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en contra de las tres víctimas a que se refiere este juicio, debe proseguir y sus autores, cómplices y encubridores deben ser castigados con el mayor peso de la ley, sin que eso signifique un menoscabo institucional al conjunto de las fuerzas armadas del Ecuador.

Los mandos militares deben acatar el curso de la justicia y evitar reacciones corporativas ya que nada tienen que ver con la responsabilidad en la ejecución de estos crímenes cuya autoría intelectual  y dirección estuvo  obviamente radicada en las autoridades políticas de la época en que se consumaron.
El gobierno debe arbitrar esta comprensión, articulando las diferenciaciones necesarias, abriendo canales mas explícitos y fecundos de diálogo con los militares y evitando el escalamiento de tensiones artificiales y complejas que deben ser desactivadas de inmediato.
Las fuerzas armadas del Ecuador deben seguir siendo aquella reserva moral e institucional que han sido y que ha garantizado la paz, la integridad y la armonía en ese hermano país.

Juan de Dios Parra
Secretario General
ALDHU.

viernes, 13 de noviembre de 2015

Procesan a Cristián Labbé por crímenes en Dictadura Militar

Juan de Dios Parra, secretario general de ALDHU comentó el procesamiento del colaborador de Pinochet, catalogándolo como "un paso más hacia la verdad y justicia".

La corte de Apelaciones de San Miguel confirmó hoy el procesamiento en contra del ex alcalde de Providencia, Cristián Labbé , por supuesta asociación ilícita en casos de violaciones a los derechos humanos en el ex regimiento de Tejas Verdes en 1973.
 Cristián Labbé fue vinculado a torturas y desapariciones en la Dictadura Militar.

Cristián Labbé fue vinculado a torturas y desapariciones en la Dictadura Militar.
Foto: Agencia UNO

En fallo unánime, la tercera sala del tribunal de alzada confirmó la resolución de la ministra en visita Marianela Cifuentes, quien investiga la muerte de 13 prisioneros y torturas en ese regimiento del Ejército, después del golpe de septiembre de 1973.
Los prisioneros fueron detenidos, torturados y desaparecidos fueron identificados como Ó scar Gómez Farías, Ceferino Santis Quijada, Luis Norambuena Fernandois, Jorge Cornejo Carvajal, Jorge Ojeda Jara, Víctor Mesina Araya, Florindo Vidal Hinojosa, Gustavo Farías Vargas, Aquiles Jara Álvarez, Jenaro Mendoza Villavicencio, Carlos Carrasco Cáceres, Carlos Galaz Vera Miguel Ángel Moyano Santander. 
Labbé fue sometido a proceso en octubre del año pasado, junto a otros 9 oficiales en retiro, y se le concedió la libertad bajo fianza de $500.000. La defensa del coronel en retiro presentó un recurso de amparo, solicitando la anulación del procesamiento.

El recurso fue rechazo y la Corte de Apelaciones de San Miguel confirmó esta decisión, por estimar que están acreditados los delitos que se le imputan a Labbé.

El ex miembro de la guardia de Augusto Pinochet pretendía postularse nuevamente como alcalde de Providencia.

Fuente: www.terra.cl

lunes, 9 de noviembre de 2015

Las Falacias de la Arcom sobre Tundayme.


El gobierno mediante sus instituciones ha emitido varios pronunciamientos (escritos y video) para legitimar los desalojos ejecutados, el 30 de septiembre 2015, en contra de la comunidad indígena shuar, ubicada en el barrio San Marcos, parroquia Tundayme, cantón El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe.


Esta parroquia se encuentra dentro del área de incidencia directa del proyecto minero “Mirador” de la empresa Ecuacorriente S.A. (ECSA) que en el año 2012 firmó el primer contrato de minería a gran escala con el Estado ecuatoriano por un plazo de 30 años, que pueden ser renovables.

Para la ejecución de este proyecto, en mayo del 2014se destruyó la iglesia y escuela del barrio San Marcos yahoranos desalojan a 16 familias de nuestras viviendas y nos han expulsado de nuestro territorio bajo la figura jurídica de servidumbre minera. 


1. Las servidumbres mineras ubicadas en Tundayme están interpuestas en el territorio colectivo de la Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador (Cascomi) que habita el lugar históricamente. Esta servidumbre al estar en un territorio colectivo debió ser consultada, es decir, el Estado debió realizar la consulta previa, libre e informada como establece el numeral 7, del artículo 57 de la Constitución del Ecuador. Sin embargo, no lo realizó y por ende este proceso de servidumbre es inconstitucional.

2. El 30 de septiembre del 2015, desde las 04:00 horas de la madrugada, guardia privada de la empresa Cia. Ecuacorriente S.A. (ECSA) como subsidiaria en Ecuador de la minera china CRCC TonglingTogguan acompañados de un operativo de 135 policías (Número, según Ministerio del Interior) con maquinaria pesada desalojaron forzosamente a 16 familias de la comunidad indígena shuar sin notificación previa. Ver testimonio aquí:  http://bit.ly/1XZePzX   http://bit.ly/1GPgKCQ



Leer nota completa en el siguiente Link:

jueves, 5 de noviembre de 2015

¿Eligen a los más aptos para hacer recomendaciones en derechos humanos?

Por el 05 de noviembre de 2015 



Venezuela y Ecuador han sido elegidos como miembros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (2006), con sede en Ginebra. Venezuela repite, pero transcurridos sus dos mandatos consecutivos, no podrá postular ni ser reelecta nuevamente. La Asamblea General de la ONU eligió el 28 de octubre a los 18 países que ocuparán las vacantes que se abrieron este año.

Para cada región existe una cantidad de plazas reservadas. Latinoamérica y el Caribe (8) disponían de tres lugares para el periodo 2016-2018Venezuela, Ecuador, Panamá y Bahamas debieron competir entre sí, Venezuela es miembro del Consejo pero buscaba la reelección, los otros dos lugares están ocupados por Argentina y Brasil que culminarán sus mandatos el 31 de diciembre. Bahamas quedó afuera y Panamá logró el respaldo mayoritario de los aspirantes por la región (157 votos), por lo que acompañará a Venezuela y a Ecuador, sumándose a Bolivia, Cuba, El Salvador, México y Paraguay.
Los designados asumirán desde el 1° de enero –47 Estados componen el Consejo-, la promoción y protección de los derechos humanos en todo el mundo, deberán enfrentar situaciones de violaciones de derechos y, también, formular recomendaciones. ¿Cómo se llegó a esto? ¿El Consejo que vigila el cumplimiento de los derechos humanos permite nombrar como miembros a Estados que violan de forma deliberada los derechos humanos? El mecanismo de elección es el voto secreto e individual (192), se elige por mayoría entre los Estados miembros de la Asamblea General.

Organizaciones no gubernamentales (Human Rights Foundation, UN Watch, Lantos Foundation) trataron de disuadir, sin éxito, a los Estados miembros de la ONU para que se opusieran a la elección de nueve de los 21 candidatos (Burundi, Ecuador, Etiopía, Kirguizistán, Laos, Pakistán, Togo, Emiratos Árabes y Venezuela). ¿La razón? Esos países no cumplen con los requisitos mínimos de respeto y defensa de los derechos humanos. Se presentó un informe a partir de estudios realizados por diferentes organizaciones internacionales, en el que se hacía referencia tanto a la protección de los derechos humanos que cada Estado hace dentro de sus fronteras, como a la defensa que ejerce en el marco de las Naciones Unidas. Sobre esto último, Venezuela y Ecuador destacan por su oposición, en diferentes oportunidades, a las resoluciones de la ONU que condenaron violaciones de derechos humanos en Siria, Irán y Corea del Norte, entre otros. Los dos países, además, no han escatimado esfuerzos para demoler el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En lo interno, los antecedentes de Venezuela y Ecuador son lamentables.
Venezuela dejó de ser una democracia, la corrupción infiltró todas las esferas del Estado -devenido en narcoestado- y gracias a la élite gobernante, no existen instituciones independientes, no hay división de poderes. El gobierno reprimió violentamente las protestas de febrero (2014), hechos en los que más de 40 personas perdieron la vida, se registraron ejecuciones extrajudiciales, centenares de heridos, detenciones arbitrarias, torturas y encarcelamiento de manifestantes, el caso más emblemático es Leopoldo López. La justicia es utilizada como mecanismo de intimidación para críticos y opositores.
Durante años el chavismo ha hostigado a la prensa independiente ocasionando, censura y autocensura, el cierre de medios de comunicación y el procesamiento judicial de periodistasEl país se encuentra en un estado deplorable en materia de derechos y libertades. Todo puede constatarse en diferentes informes y mediciones de organizaciones internacionales. Semanas atrás, expresidentes de América Latina y España (Club de Madrid), sugirieron, debido a esto, que Venezuela no merecía ser reelecta en el Consejo. Simplemente, pensar con el deseo, porque quienes deciden otorgaron continuidad a su mandato.
Artículo completo en el siguiente link:
Fuente: www.mundiario.com
http://www.mundiario.com/articulo/a-fondo/eligen-mas-aptos-hacer-recomendaciones-materia-derechos-humanos/20151105095536048898.html

lunes, 2 de noviembre de 2015

Comunidad shuar solicita que Defensor del Pueblo se pronuncie por violación de DD.HH.


Alrededor de 20 comuneros desalojados del barrio San Marcos, en la parroquia de Tundayme, cantón El Pangui, provincia Zamora Chinchipe, se reunieron hoy, 30 de octubre, con Patricio Benalcázar, defensor adjunto primero de Derechos Humanos y de la Naturaleza, para solicitarle que realice una visita insitú en la zona de Tundayme y se pronuncié por la violación de derechos humanos y colectivos de la comunidad indígena. El defensor no definió fecha para la visita.


El 30 de septiembre, 16 familias de la comunidad shuar del barrio San Marcos fueron desalojados forzosamente de sus territorios. Con un operativo policial de 135 policías y guardia privada de la empresa minera Ecuacorriente S.A, responsable del proyecto minero Mirador, se destruyó las viviendas y se desplazó forzadamente a las familias. Hoy, se cumple un mes de los desalojos y las familias aún no son reubicadas, dijo Luis Sánchez, presidente Comunidad Amazónica Cordillera del Cóndor Mirador, Cordillera del Cóndor (Cascomi).



Estos hechos fueron narrados al defensor adjunto durante 90 minutos, aproximadamente. Rosario Sánchez, una de las mujeres de la tercera edad desalojada, relató “Ingresaron a mi cocina y se sacaron todas las cosas, hasta el agua de remedio que tenía votaron (...) sacaron todo, los animales, las gallinas, el trapiche que teníamos, todo sacaron y votaron (...). Destruyeron los muebles que habían y votaron todo a la calle. Destruyeron la casa y la enterraron”.

Además Sanchéz, dijo que no ha recibido 400 mil dólares como lo aseguran los funcionarios del Estado.
 Otra personas que relataron los hechos ocurridos fueron Segundo López, Hermengelindo Yarí, Luis Árevalo, Rosa Ordoñez, Digna Zanimbia y otras. Yarí dijo hemos venido a Quito para que nos escuchen: “Estamos una semana en Quito dejando a nuestras familias y el trabajo para pedir que que nos ayuden (...) para que se paralicen las obras hasta que se arregle todo. Bien se va la mina o nos reubican a todos de la parroquia para que nosotros podamos vivir dignamente”.

El proyecto minero Mirador que se ejecuta en esta zona tiene una concesión del 85% de la parroquia de Tundayme, así lo informó el presidente de la comunidad.

Esta zona se verá afectada directamente por la extracción minera (cobre y oro) realizada por la empresa Ecuacorriente S.A que en el 2012 firmó el primer contrato de minería a gran escala con el Estado ecuatoriano por un plazo de 30 años, que pueden ser renovables.

En la reunión, Sánchez informó al defensor del pueblo, que al momento hay 15 familias que están en riesgo de ser desalojadas. Por ello solicita que la visita sea inmediata. Otras de las comunidades que pueden ser desalojadas son Yanua Kim, San Carlos Numpaim y Churuwia.

Continuar leyendo en:
http://inredh.org/index.php?option=com_content&view=article&id=749:comunidad-shuar-solicita-que-defensor-del-pueblo-se-pronuncie-por-violacion-de-ddhh&catid=74:inredh&Itemid=49