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lunes, 20 de julio de 2015

Cuba: Hacia una auténtica transformación

Los tiempos que vivimos en el continente son históricos, somos testigos de uno de los acontecimientos a nivel regional más importantes de la primera década del siglo XXI: el proceso de normalización de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, dos naciones que durante años mantuvieron una relación distante y tensa en el marco de la Guerra Fría, una confrontación indirecta que puso en riesgo la paz internacional en 1962 con la llamada “Crisis de los Misiles”.
Tras la caída de la URSS y con la nueva reconfiguración de la política internacional, Cuba se enfrentó a una de las crisis más profundas de su historia, el “Periodo Especial”, en el que hubo severos recortes a los recursos de hidrocarburos. Con la llegada al poder de Hugo Chávez a Venezuela, encontraron en ese país un gran socio comercial que les permitió concluir su proceso de recuperación. Tras la muerte de Chávez y la desestabilización política, social y económica de Venezuela, era el momento de un cambio de estrategia en la conducción de la política exterior de la Isla.

México ha sido aliado de Cuba, fue el único país de la región que mantuvo sus relaciones diplomáticas con la Isla y no votó a favor de su expulsión de la Organización de Estados Americanos, lo cual era a todas luces violatorio al Derecho Internacional.
El anuncio de los presidentes Raúl Castro y Barack Obama en diciembre de 2014 sobre el restablecimiento de relaciones bilaterales, inició un histórico proceso que permitió que en la Cumbre de las Américas, en Panamá, se encontraran ambos mandatarios por primera vez en la historia reciente, iniciando una época de entendimiento entre todos los países del continente, pese a las diferencias ideológicas y posiciones políticas.
En este marco, la LXII Legislatura del Congreso de la Unión designó una delegación de legisladores que visitamos La Habana para encontrarnos con nuestros homólogos cubanos, a fin de continuar el estrechamiento de los lazos parlamentarios.
Durante los trabajos de la XV Reunión Interparlamentaria Cuba-México, los legisladores de ambos países expresamos nuestro compromiso de trabajar por una relación de amistad, solidaridad y cooperación en pro de nuestros pueblos; celebramos el fortalecimiento del marco jurídico bilateral, pues en esta Legislatura hemos aprobado 5 importantes instrumentos internacionales con Cuba en materia de reconocimiento y revalidación de títulos, asistencia jurídica, extradición, así como el Cuarto Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica 51, eje rector de la relación comercial bilateral.
Los legisladores cubanos nos aportaron información relativa a la Ley de Inversión Extranjera y sobre la Zona Especial de Desarrollo Mariel, un ambicioso proyecto de inversión con gran potencial para que las empresas mexicanas inviertan. Invitamos a los legisladores de Cuba a profundizar el ACE 51, a revisar el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, a fin de brindar una sólida certeza jurídica a los inversionistas mexicanos, y coincidimos en la necesidad de impulsar la cooperación en educación y en materia técnico-científica.
Sin duda este importante ejercicio de diplomacia parlamentaria se traducirá en mejores beneficios para ambos países, pero existen temas que no debemos dejar de lado: los derechos humanos y la democracia. Desde la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe hemos impulsado estos dos valores como elementos fundamentales para la región, y Cuba no es la excepción. México debe ejercer un rol relevante como agente del cambio y apostar en ello nuestro liderazgo en la región. Pugnamos para que nuestro país funja como mediador en las negociaciones bilaterales, lo que convertiría en hechos el discurso oficial de México como actor con responsabilidad global.
Los nuevos tiempos de apertura que experimenta Cuba permitirán que nuevas ideas y necesidades arriben a la Isla, y los ideales de libertad y de justicia sean una realidad para todos.
Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, del Senado de la República.
Twitter: @marianagc

jueves, 16 de julio de 2015

Juan de Dios Parra señala que "Libertad de un Torturador Chileno es una falta de respeto por los DDHH"

Su más profundo rechazo manifestó el secretario general de ALDHU, Juan de Dios Parra, luego de conocer la noticia de la libertad condicional por parte de la Corte de Apelaciones de Santiago, para Alejandro Sáez Mardones, ex agente de la DICOMCAR durante la dictadura de Pinochet.

"No es posible que quienes cometen crímenes de lesa humanidad estén libres como si el crimen cometido fuese un delito común" con estas palabras el abogado Juan de Dios Parra reaccionó ante la libertad del asesino de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino.

"Concuerdo plenamente por lo planteado durante estos días desde los ex trabajadores de la Vicaría de la solidaridad, ellos manifiestan que "los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles e inadmisibles".

"Espero al igual que ellos que la Presidenta Bachelet y los legisladores juegen un rol determinante a la hora de corregir esta falta hacia miles de compatriotas torturados y ejecutados por seres deleznables como Sáez Mardones" finalizó Parra.



Los ex trabajadores de la Vicaría expresaron a través de una misiva que:

"Nos duele esta decisión, nos trae nuevamente al presente los hechos ocurridos hace treinta años, un 29 de marzo de 1985, cuando el país entero se conmovió ante estos asesinatos. La sociedad chilena no puede olvidar, hace mal a nuestra convivencia democrática, ya suficientemente dañada por el desprestigio  de nuestras instituciones y el débil funcionamiento de nuestra democracia. Decisiones de este tipo suman a este desprestigio.

La consternación que nos causó el alevoso asesinato de José Manuel Parada, de Santiago Nattino y de Manuel Guerrero , perpetrado cobardemente el 29 de marzo del año 1985 , tuvo como efectos inmediatos el asombro ante ese sangriento  horror, porque  éramos compañeros de trabajo de José Manuel Parada,  nosotros , quienes  escuchábamos día a día las brutalidades cometidas al amparo de la dictadura  sufrimos el impacto,  una sensación de ahogo,  quedamos   desconcertados, sin aliento;  nos preguntábamos, vagando por las salas de la Vicaría, ¿por qué?



         Ahora,  ahora estamos indignados: el día 10 de julio pasado, una sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, conociendo de un recurso de protección, acogió los planteamientos de uno de los autores materiales, cuyo cuchillo cercenó la vida de José Manuel. La Corte, por razones de técnica legal, lo ha dejado libre, haciendo ver que no correspondía a ese tribunal considerar  la  extensión del daño causado, o lo que es lo mismo, la tremenda trascendencia que tuvo éste y otros  crímenes de lesa humanidad. No les corresponde, dicen estos jueces, más que sumar años de cumplimiento, añadidos a buena conducta penitenciaria, para aplicar la ley. Y liberar a los asesinos.
       Sostenemos que están muy  equivocados estos jueces, ya que están  abrogándose facultades que los superan ,  están  indultando  a un transgresor  de graves crímenes contra  los derechos humanos , a un autor de un crimen de lesa humanidad ¡No se trataba de un asesinato que afectaba a la comunidad cercana, o a la ciudad de Santiago, o al país, no. Era un crimen contra la humanidad entera y, por lo tanto, no existe una autoridad nacional  que en nombre de todos los afectados –la humanidad entera– tenga tales poderes para liberar a quienes  condenaron y ejecutaron  la muerte de Parada, Nattino y Guerrero, amparándose en su calidad de agentes del  régimen. Sostiene la corte que bastan y sobran  años y  la buena conducta carcelaria en Punta Peuco. Pero no es así. 

Este crimen que lesiona a la humanidad  –de ahí el nombre– trasciende nuestro sistema jurídico reglamentario de beneficios carcelarios. Tampoco  se trata de  venganza, sino que de respeto. Las víctimas de estos crímenes merecen respeto basado en principios de justicia, de protección a los derechos humanos  y de dignidad de sus familias, especialmente de sus familias. Los asesinados, inermes, no habían hecho daño a nadie, pero a ellos, sus asesinos,  uno de ellos ahora libre, no les dieron siquiera tiempo para implorar  por  sus vidas. No. Nuestros jueces deben velar no sólo por lo que es “legal”, sino por lo que es justo,  y en este aspecto, hay suma injusticia, suma injuria!  Recordamos en este momento al  Ministro José Cánovas, quien, arriesgando su posición, logró en aquellos tiempos en los que ser juez de tal calidad acarreaba riesgos personales, logró investigar y develar estos crímenes. Qué diría ahora aquél valiente juez ante este fallo que nuevamente nos hacer revivir etapas de la nefasta   oscuridad  de la dictadura.

Sostenemos que, si hay algún reglamento, o una ley carcelaria que permita indulgencia con los autores de crímenes de lesa humanidad,  deberá esa ley, ese reglamento, modificarse o derogarse para que se sustraiga  explícitamente del conocimiento de jueces nacionales este poder de tamaño indulto que ni siquiera tiene la Presidencia de la República.


            Directiva de la Asociación de Ex Trabajadores de la Vicaría de la Solidaridad y del Comité Pro Paz.

lunes, 13 de julio de 2015

“Ley mordaza” española debe poner en alerta a América Latina, dice periodista mexicana.

La entrada en vigor en España de la Ley de Seguridad Ciudadana, llamada por sus detractores "ley mordaza", debería alertar al resto del mundo, especialmente a América Latina, donde "las políticas represivas están cada vez más presentes", dijo este viernes a Sputnik Nóvosti la periodista mexicana Gloria Muñoz.
"Es una ley represiva que no solo atenta contra la libertad de expresión, sino contra todos los derechos humanos, y debería poner en alerta al resto del mundo. Si no hay una resistencia contundente contra esta ley, vamos a salir todos perjudicados", apuntó la directora del portal Desinformémonos.
Muñoz advirtió que "es una ley diseñada para momentos de crisis" en los que los gobiernos tienen que contener la manifestación y la protesta.
La Ley de Seguridad Ciudadana restringe el derecho de protesta y endurece las sanciones a ciertas conductas consideradas punibles con multas que pueden llegar a montos elevados.
De acuerdo a la norma, son pasibles de multas de entre 30.001 y 600.000 euros las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en lugares que tengan la consideración de infraestructuras críticas como centrales nucleares o aeropuertos, así como la intrusión en sus recintos, incluyendo su sobrevuelo, y la obstrucción de su funcionamiento.
Asimismo, multas de 601 a 30.000 euros pueden aplicarse a conductas que se encuadren en perturbación del orden en actos públicos, deportivos, culturales, espectáculos, oficios religiosos u otras reuniones numerosas cuando no sean constitutivas de delito.
Constituyen una perturbación grave de la seguridad ciudadana las protestas no comunicadas ante instituciones del Estado como el Congreso, el Senado, los Parlamentos autonómicos o los altos tribunales, aunque no tengan actividad.
La norma también considera falta grave impedir un desalojo o hacer uso no autorizado de imágenes de integrantes de las fuerzas de seguridad.
Desde su entrada en vigor el 1 de julio, también se considera falta leve la desobediencia a la autoridad y escalar edificios o monumentos sin autorización cuando haya riesgo de que se ocasionen daños a las personas o a los bienes.
Para Gloria Muñoz la norma atenta contra la solidaridad humana, ya que "continúa con las políticas económicas de asfixia que se están implantando en los pueblos", como en Grecia, e insiste en que también podría repercutir en América Latina.
"En esta región se está llevando a cabo un neoliberalismo salvaje contra las garantías sociales, y políticas represivas como las de desalojo están cada vez más presentes. Es evidente que este tipo de leyes van a repercutir", agregó.
En este aspecto, considera Muñoz, México sirve de ejemplo, pues "vivimos en un momento de violencia institucional generalizada y ocupamos el cuarto lugar en el mundo de periodistas asesinados con 85 profesionales muertos en los últimos 10 años".
"Pese a que en México la ley mordaza no existe como tal, ya se aplica con los secuestros, desapariciones, asesinatos, amenazas e intimidación que sufren quienes nos dedicamos a la comunicación", sostuvo.
UNA LEY ANTIDEMOCRÁTICA
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), dedicada a la defensa de los derechos de grupos desfavorecidos y al fortalecimiento de la democracia en Argentina, también consideró represiva la norma española y la tildó incluso de "antidemocrática".
"En lugar de reprimir la protesta, el Estado debería fomentar la participación ciudadana y el debate público, claves para el ejercicio de una democracia real. Reprimir la libertad de expresión es el peor camino", lamentó Fernando Bracaccini, coordinador de ACIJ, en diálogo con Sputnik Nóvosti.
La polémica norma fue aprobada en España en diciembre de 2014 con los votos del gobernante Partido Popular, que cuenta con mayoría absoluta en el Congreso desde que ganó las elecciones de 2011.
La legislación ha sido criticada por la oposición, grupos de la sociedad civil, movimientos sociales y la Organización de las Naciones Unidas pues, alegan, limita derechos fundamentales.


Lea más en http://mundo.sputniknews.com/politica/20150711/1039235746.html#ixzz3fjzIq5ol

lunes, 6 de julio de 2015

Repensar la región en el tiempo de la globalización.

Simposio nº 157, en el marco del 55 ICA: Repensar la región en el tiempo de la globalización: Violencia política y conflicto social, democracia y derechos humanos. América Latina y su inserción en el sistema internacional.

Congreso o simposio | El Salvador - San Salvador
12 al 17 de julio de 2015
Simposio nº 157, en el marco del 55 ICA: Repensar la región en el tiempo de la globalización: Violencia política y conflicto social, democracia y derechos humanos. América Latina y su inserción en el  sistema internacional
Este simposio busca examinar desde un enfoque interdisciplinar la región latinoamericana en el siglo XXI. Considera la mirada que desde el presente podemos realizar hacia los pasados cercanos que han caracterizado el siglo XX, instalando como ejes de análisis la violencia política cometida en gran parte de los países de la región, a propósito de las dictaduras de seguridad nacional. Explora las tensiones, avances y deudas pendientes de las democracias latinoamericanas vinculados a proyectos sobre cómo entender el Estado y la Nación, y la incorporación en sus agendas de los derechos humanos, las cosmovisiones del mundo indígena, los nuevos actores sociales y la inserción del continente en el sistema internacional global. Coordinadores: Romané Landaeta Sepúlveda (romane.landaeta@uach.cl) Pedro Martínez Lillo (pedro.martinez@uam.es) Juan Ignacio Radic Vega (juanignacio.radic@uam.es)

Más Información en http://www.ica55.ufg.edu.sv/