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domingo, 28 de junio de 2015

Estado de México supera a Ciudad Juárez en feminicidios.

El Estado de México ya ha superado ampliamente a Ciudad Juarez por el número de feminicidios, si bien las autoridades y los medios no abordan el problema en toda su escalofriante dimensión. La revista Vice ha publicado la primera parte de un documental que arroja luz sobre estos crímenes y la inacción de la autoridades.

Por ello, Juan de Dios Parra, Secretario General de ALDHU, afirmó que "México debe responder ante la comunidad internacional por su omisión reiterada en asumir de buena forma políticas públicas eficaces para la protección de la vida e integridad de las mujeres y conjurar las causas estructurales que han llevado el femicidio al nivel de flagelo sin control es ese país"

  


En el Estado de México los femicidios o asesinatos violentos de mujeres a manos de hombres por razones de género han adquirido una dimensión “pandémica”, según la ONU, si bien el Gobierno se niega a reconocer el problema, mientras que la mayoría de los medios permanecen en silencio, según denuncia un documental de la revista digital Vice, que durante un año ha investigado varios casos. Cada día 6 mujeres resultan asesinadas en el Estado, según la ONG Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.
En Estado de México (Edomex) han sido asesinadas más mujeres que en el municipio de Juárez, que era considerado el lugar más peligroso del mundo para las mujeres. Sin embargo, las autoridades suelen menospreciar o ni siquiera reconocen la existencia del problema, según denuncia el periodista Humberto Padgett, que colaboró en el documental.
En el periodo que va de 1993 a 2014 en Ciudad Juárez se registraron 1.530 femicidios, mientras que en Edomex se registraron 1.997 en tan solo seis años, desde 2006 hasta 2011, periodo en el que esta entidad fue gobernada por el actual presidente mexicano, Enrique Peña Nieto.
No se trata de asesinos en serie, sino de una “sociedad en descomposición que mata a sus propias mujeres”, asegura el periodista. En muchos casos las autoridades declaran que los asesinatos son suicidios, algo que las familias de las víctimas niegan, mientras que pruebas que, por alguna razón, a los jueces les parecen verosímiles, en realidad no resisten la menor crítica, explica el documental.
Las autoridades de todos niveles buscan pretextos para explicar la situación, reza el reportaje. Tanto policías como jueces esgrimen como causa que las mujeres se ponen faldas demasiado cortas o que salen con hombres equivocados, entre otros pretextos. Además, justifican el gran número de mujeres asesinadas en el Estado de México, porque se trata del Estado con más población del país, sostienen.
La revista ha publicado la primera parte del documental, que se divide en tres partes.

martes, 23 de junio de 2015

Tierras bañadas en sangre!

Glenda Chávez camina entre los naranjos de la huerta de su familia, acercándose a una cerca de alambre baja que separa su propiedad de la finca de la Corporación Dinant, en Paso Aguán. Al otro lado de la valla, filas de espinosas palmeras (palma aceitera) se esparcen por el paisaje verde del norte de Honduras. "Aquí," dice ella con una voz suave, decidida, apuntando a un lugar en su lado de la valla, donde un equipo de búsqueda encontró los últimos trazos de vida de su padre.
Gregorio Chávez, pastor y finquero, desapareció en julio de 2012. Horas después, hombres de su comunidad campesina encontraron el aporcador que él había llevado para cuidar de sus hortalizas. También encontraron en la tierra marcas de alguien arrastrado en dirección a la propiedad de Dinant, dice Glenda.
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Glenda Chávez, al lado de la tumba del padre, Gregorio Chávez, cuyo cuerpo fue encontrado en una finca de la empresa Dinant, en Paso Aguán, en julio de 2012. Foto: ICIJ

Cuatro días después de la desaparición de Gregorio Chávez, el equipo de búsqueda encontró el cuerpo del pastor en la finca Paso Aguán, enterrado bajo una pila de hojas de Palma. Él fue asesinado a golpes en la cabeza y su cuerpo mostraba señales de que podría haber sido torturado, según un promotor especial del gobierno responsable de investigar el caso. Glenda y los otros residentes locales inmediatamente sospecharon que él había sido asesinado por hablar en sus predicaciones contra la Dinant, empresa opuesta a la comunidad en una batalla sobre la posesión de una tierra que la empresa había incorporado, hace mucho tiempo, en su vasta operación [para ampliar el área] de aceite de palma africana (dendê). "Estas fincas están bañadas en sangre", dice Glenda Chávez. "No fue sólo mi padre. Más de 100 agricultores que han muerto en defensa de su la tierra".
Según el procurador especial Javier Guzmán, guardias de seguridad contratados por la Dinant son "los principales sospechosos" en el asesinato de Gregorio Chávez, pero nadie ha sido acusado judicialmente en este caso. La compañía niega tener implicación en la muerte del pastor asesinado.
Según Guzmán, quien fue asignado por el gobierno para investigar la ola de violencia que ha afectado el Valle del Bajo Aguán, en Honduras, en los últimos años, el asesinato del pastor es uno de los 133 que están vinculados a los conflictos de tierras en la región. Las circunstancias de esas muertes permanecen en disputa en una lucha que ha puesto la Dinant y otras grandes corporaciones propietarias de tierras contra los campesinos, siendo que ambos lados están implicados en episodios de violencia con horribles consecuencias.
El conflicto ha atraído la atención internacional. Una de las razones es que Dinant, uno de los protagonistas claves de la historia, ha sido financiada por una agencia del Banco Mundial. La Dinant fue apoyada por la Corporación Financiera Internacional (IFC, sigla en inglés), un brazo del Banco Mundial que hace préstamos a las empresas privadas. La IFC financió a Dinant, uno de los principales productores de aceite de dendê y alimentos de América Central, en medio de los recientes conflictos de tierra. La Dinant recibió US$ 15 millones en 2009 y, en 2011, US$ 70 millones fueron enviados a un banco hondureño que es uno de los mayores financiadores de la empresa.
Al financiar a esta empresa, la IFC, se ha alineado con uno de los actores principales en un conflicto civil mortal, apostando su dinero y reputación junto a una corporación poderosa con una historia cuestionable. La IFC ha ignorado pruebas que podrían obtenerse fácilmente y que deberían haberla prevenido de hacer negocios con la Dinant, conforme la oidoría interna descubrió más tarde.
Mark Constantine, representante oficial de la IFC, responsable para gestionar riesgos sociales y ambientales, dice que la institución aprobó el préstamo a la Dinant antes de los episodios de violencia en el Bajo Aguán salieran de control. Según él, la IFC está cambiando sus políticas para hacer una mejor previsión de los riesgos a las comunidades locales. "Nosotros tomamos una fotografía en aquel momento y actuamos en base a eso", explica Constantine. ¿"Deberíamos haber reconocido algunas de estas cuestiones históricas antes? Sin repuesta".
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Niño carga pollos vivos en la comunidad Panamá, que bordea la finca Paso Aguán, de la Dinant. Foto: ICIJ
Con el creciente impulso a inversiones privadas en los países en desarrollo, la IFC se ha expandido rápidamente. Los préstamos anuales alcanzaron a US$ 17,300 millones en 2014, un aumento de 36% en comparación con 2010. A pesar del crecimiento - y reclamos en Honduras y en otros lugares por haber destinado dinero a compañías involucradas en el acaparamiento de tierras y violación de los derechos humanos -, la IFC permanece menos conocida que el Banco Mundial, su institución- hermana que hace préstamos a los gobiernos.

domingo, 21 de junio de 2015

Colegio de Periodistas de Chile pide cambio de Ley tras condena de dos profesionales.


Luego de conocer acerca de la noticia referente al fallo de la corte Suprema en que ratifica una sentencia por injurias vertidas en contra del ex diputado Miodrag Marinovic en "El patrón del Mal" en el año 2013 en el medio "El Ciudadano", el Secretario General de ALDHU, Juan de Dios Parra manifestó su solidaridad con ambos profesionales cuestionados.

Juan de Dios Parra señaló que "como ALDHU nos sumamos a las críticas a la regulación actual del sistema judicial, ya que la madurez de la democracia nos obliga a asumir que cada cual tiene derecho a decir lo que estime conveniente sin temor a sufrir la pérdida de libertad".

"Se deben eliminar todos los delitos de "opinión". Si alguna persona sufre menoscabo por dichos de otros ciudadanos, estos deben resolverse en causas civiles por "perjuicios" pero no penales" subrayó el abogado de derechos humanos.

La noticia publicada por el medio www.lanacion.cl señala lo siguiente:


El Colegio de Periodistas pidió el cambio de la legislación que regula la sanción de los delitos por injurias, después de la sentencia que recientemente condenó a dos profesionales de un medio de comunicación a 540 días de prisión menor.

El pasado 11 de junio, en un fallo unánime, la Corte Suprema ratificó la sentencia original por injurias vertidas contra el ex diputado Miodrag Marinovic en el reportaje "El patrón del mal", publicado en 2013 por el semanario El Ciudadano.

La sentencia en contra de los dos directores del medio, Bruno Sommer y Sebastián Larraín, atenta contra lo establecido por la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), denunció el gremio periodístico.



http://www.lanacion.cl/noticias/pais/nacional/colegio-periodistas-pide-cambio-de-la-ley-tras-condena-de-dos-profesionales/2015-06-21/192010.html

viernes, 12 de junio de 2015

El Crimen de Freddy Taish no puede continuar en la impunidad

Juan de Dios Parra, secretario general de la Asociación Latinoaméricana de Derechos Humanos ALDHU, señaló en Santiago de Chile que "el encubrimiento de este crimen esconde una opción peligrosa del poder, una opción que lleva al favorecimiento de la minería por sobre la protección de los pueblos amazónicos"

"Como organización seguiremos luchando para que la verdad salga adelante" sentenció Parra.



La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) y los familiares de Freddy Taish con el apoyo de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) invitan a los medios de comunicación a participar de la rueda de prensa que se realizará el martes, 9 de junio, a las 9h30, en las instalaciones de la Conaie (Av. Granados y 6 de Diciembre). El objetivo: informar sobre el estado de la investigación de caso Taish y la petición que se hará a la Comisión de la Verdad de la Fiscalía General del Estado para que realice un seguimiento al caso.

Freddy Taish, joven shuar, murió durante el operativo militar en contra de la minería ilegal ocurrido el 7 de noviembre de 2013, en el cantón Gualaquiza (Morona Santiago suroriente de Ecuador).
Han pasado 19 meses desde que el indígena shuar murió en manos de oficiales del Ejército ecuatoriano durante un operativo militar realizado para requisar dragas, con las que se efectúan labores mineras, en el río Zamora, en la parroquia Bomboiza. Esto fue el 7 de noviembre de 2013, en el marco de una estrategia mal organizada y peor ejecutada, ese día una patrulla realizó el operativo que dejo sin vida a Taish, que fue víctima de una bala de dotación militar, de 9mm, que corresponde a una de las armas de los oficiales del Ejército.

Luego de la muerte de Freddy, el presidente Rafael Correa, en su Enlace Ciudadano realizado el sábado 9 de noviembre de 2013, se refirió a esta muerte, a la que calificó de “confusa” y no dio detalles, solo dijo que “habrá que investigarse”. De ahí hasta la fecha no se ha vuelto a referir sobre este hecho.

Actualmente, en la Fiscalía de Gualaquiza el caso permanece dormido y no se ha llamado a los militares involucrados en este caso para que rindan sus versiones, pues el fiscal que lleva la causa o es un inepto o tiene miedo.

Frente a esto, las autoridades de la zona y familiares de Freddy, entre ellos su madre y su viuda han llegado a Quito para solicitar que la Fiscalía General del Estado, en especial a la Fiscalía de la Comisión de la Verdad, realice un seguimiento a la actuación del fiscal de Gualaquiza e indague el porqué de esta demora injustificada en las investigaciones.

http://www.inredh.org/index.php?option=com_content&view=article&id=686:rueda-de-prensa-crimen-de-freddy-taish-sigue-en-la-impunidad&catid=73:ddhh-ecuador&Itemid=144

UE aprobó 230 millones de euros para América Latina.

Para impulsar proyectos de desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe, la Unión Europea aportará a la región 230 millones de euros. Las iniciativas beneficiadas este jueves en Bruselas tendrán en cuenta los progresos ya realizados en diversas partes de la región en los últimos años y se ocuparán de los nuevos retos planteados.

"Con este nuevo paquete de cooperación de la UE queremos reforzar y profundizar aún más la relación entre la UE y  América Latina. A través de estas nuevas iniciativas colaboraremos con el fin de mejorar el desarrollo sostenible y de promover sociedades más prósperas e inclusivas para las próximas generaciones en nuestros dos continentes", declaró Federica Mogherini, alta representante y vicepresidenta de la Comisión Europea.

El anuncio  fue  formulado en la sesión de  la cumbre UE-CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) celebrada en Bruselas el 10 y el 11 de junio.

En torno al aporte, Neven Mimica, comisario de Cooperación Internacional y Desarrollo, afirmó que la Unión Europea "quiere desarrollar un nuevo tipo de cooperación que tenga en cuenta que América Latina y el Caribe han experimentado un crecimiento muy positivo a lo largo del último decenio y que los desafíos en materia de desarrollo que se plantean hoy en día son de diferente naturaleza".

En consonancia con lo planteado, la UE ha creado un Mecanismo para la Cooperación y la Asociación Internacional, que  favorecerá la consolidación del aprendizaje entre iguales en los países de la región latinoamericana y caribeña. Promoverá además la cooperación conjunta con nuevos donantes.


El aporte conlleva una partida de 12 millones euros que apoyará la mejora de la elaboración y la aplicación de las políticas públicas con repercusión directa en la reducción de la pobreza.

http://www.eluniversal.com/economia/150611/ue-aprobo-230-millones-de-euros-para-america-latina

martes, 9 de junio de 2015

Los Estados deben reconocer la paz como derecho humano


Un amplio colectivo de 627 organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo hemos formulado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas un llamamiento dirigido a todos los Estados para que reconozcan con urgencia el derecho humano a la paz, respondiendo así a una reclamación legítima de la sociedad civil, que ya en 2010 había aprobado la Declaración de Santiago sobre el Derecho Humano a la Paz.

Juan de Dios Parra, Secretario General de ALDHU manifestó el compromiso del organismo internacional en la línea de búsqueda de paz (en sus diversos programas de trabajo en cada uno de los países) en que desarrollan actividades.

Esta Declaración precisa los elementos esenciales del derecho humano a la paz, desarrollados conforme a una concepción holística de la paz que comprende tanto la paz negativa (ausencia de conflictos armados, desarme, objeción de conciencia) como la paz positiva (ausencia de violencia estructural derivada de las desigualdades económico-sociales en el mundo y en nuestras sociedades: y ausencia de violencia cultural originada tanto en la violencia de género, como en la violencia intrafamiliar, en la escuela o en el puesto de trabajo).

Los elementos básicos de esta Declaración fueron recogidos por el Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos (órgano compuesto de dieciocho personas expertas independientes), que en 2012 culminó la redacción de su Declaración sobre el Derecho a la Paz, texto que incorporó el 85 % de las normas propuestas por la sociedad civil en la Declaración de Santiago.




En 2012 el Consejo de Derechos Humanos estableció un grupo de trabajo (intergubernamental) sobre el derecho a la paz, con el mandato de redactar una Declaración de las Naciones Unidas, sobre la base del texto aprobado por su Comité Asesor.

Tres años después constatamos con pesar que en el grupo de trabajo se ha impuesto la opinión de un número reducido pero significativo de Estados que son reacios a reconocer el derecho humano a la paz. Encabezados por los Estados Unidos y la Unión Europea, figuran en esa lista Australia, Canadá, Japón y la República de Corea. En el campo contrario, una gran mayoría de Estados africanos, asiáticos, latinoamericanos, caribeños y alguno europeo, aceptan que el derecho humano a la paz debe ser reconocido y codificado en las Naciones Unidas.

Al concluir el tercer período de sesiones del grupo de trabajo sobre el derecho a la paz, el presidente-relator (Christian Guillermet, embajador alterno de Costa Rica) presentó el 24 de abril de 2015 su tercer proyecto de declaración (incompleto) con nueve párrafos del preámbulo entre corchetes, ya que fueron objetados por algunos Estados. En cuanto al título y a la parte dispositiva, ni tan siquiera fueron objeto de debate, por lo que figuran también entre corchetes. Este proyecto de declaración ni reconoce el derecho humano a la paz ni recoge sus elementos esenciales. Ante la constatación del fracaso en finalizar la redacción del texto por falta de consenso, el presidente-relator anunció su renuncia.

En su informe, el presidente-relator recomendó al Consejo que evalúe si la comunidad internacional está en posición de seguir desarrollando el derecho a la paz de manera consensuada en estos momentos.

Debemos recordar que la ONU fue creada hace setenta años con el firme propósito de mantener la paz y seguridad internacionales y fortalecer la paz universal,[1] preservando a las generaciones venideras del flagelo de la guerra.[2]

Consecuentemente, la Asamblea General reconoció en 1978 el derecho inmanente de toda nación y todo ser humano a vivir en paz,[3] y en 1984 el derecho sagrado de todos los pueblos a la paz.[4]


Corresponde ahora a la comunidad internacional reconocer y desarrollar el derecho humano a la paz a la luz del actual derecho internacional de los derechos humanos,[5] así como de los trabajos realizados por el Consejo de Derechos Humanos y su Comité Asesor a favor del derecho humano a la paz desde 2008, a instancias de la sociedad civil.

viernes, 5 de junio de 2015

Ex Presos Políticos de Chile instalan mesa de diálogo.


Más de cuarenta días se mantuvieron ex presos políticos de la dictadura de Pinochet en Chile en huelga de hambre, luego de lo cual alcanzaron un acuerdo con el gobierno.

Juan de Dios Parra, Secretario General de ALDHU, fue elegido por los ex Presos Políticos como su abogado frente a las demandas que presentan ante el Estado chileno.


Parra manifestó que luego de la segunda reunión realizada hoy viernes 05 de Mayo se han alcanzado posiciones claras por parte de los participantes y espera que durante los 30 días restantes de trabajo con la mesa de trabajo que es liderada por el obispo de Rancagua, Alejandro Goic, se logre llegar a acuerdos que reparen el daño causado a miles de compatriotas.

Entre los participantes de esta mesa de trabajo se encuentran representantes del Ministerio de Hacienda, de la Segpres y de Desarrollo Social, por parte del Senado se encuentra presente el Senador Juan Pablo Letelier y de la Cámara de Diputados, el diputado Claudio Arriagada, además de un representante regional de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en conjunto a Lorena Fríes a directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Los ex presos políticos, anuncian la exigencia en reajustar la pensión Valech de tal modo que alcance una reparación justa por las torturas cometidas por el Estado.
Juan de Dios Parra señaló que el acuerdo pretende el envío de una “ley corta”, para definir un aporte único, de carácter reparatorio, siendo ingresada la documentación necesaria al Congreso chileno a más tardar en 30 días. 

Por otra parte fuentes internas señalan que dentro de las demandas está el exigir que desde el gobierno se promuevan medidas para impedir la impunidad de los responsables de los afrentas a las que se vieron sometidos miles de hombres, mujeres y niños durante la Dictadura.

miércoles, 3 de junio de 2015

El Uso de Energías 100% Limpias No Puede Esperar.

Secretario General de ALDHU, Abogado Juan de Dios Parra manifestó su preocupación porque Gobiernos Latinoaméricanos tomen las medidas necesarias para de alguna forma se pueda revertir el cambio climático, el que "desde todo punto de vista es una realidad que golpea a quienes menos tienen, afectando principalmente pueblos y villas con desbordes de ríos, sequías y otros alcances que aún es difícil de medir".

CAMBIO CLIMÁTICO, URGEN MEDIDAS CONCRETAS!



Dos científicos que se encontraban en una misión para medir los efectos del cambio climático en el Ártico murieron ahogados porque la propia capa de hielo que fueron a observar era demasiado fina como para soportar su peso. Con el Ártico derritiéndose y una sequía impresionante afectando Chile, California y otros muchos lugares, no podemos esperar ni un minuto más para actuar contra el cambio climático

Estamos a pocos días de la cumbre internacional del G7, donde la canciller alemana, Angela Merkel, podría aceptar una concesión letal para el clima — poner como límite el año 2100 para abandonar totalmente el consumo de combustibles fósiles. Esto a pesar de que, como ellos bien saben, esa decisión solo nos da un margen de oportunidad del 66% de evitar una catástrofe climática. 

Fuentes internas aseguran que lo que más falta hace en el debate es la voz de la opinión pública. Es por eso que necesitamos reunir 3 millones de firmas a nivel mundial — para motivar al G7 a virar hacia las energías 100% limpias en el transcurso de la próxima generación, sin que tengamos que esperar un siglo. Firma ya. 

Este texto pertenece a un correo enviado por el actor Mark Ruffalo a la comunidad de Avaaz.

https://secure.avaaz.org/es/g7_climate_loc/?bjDCaib&v=59766

lunes, 1 de junio de 2015

Expansión minera y represión social en América Latina: el mapa de un conflicto que no cede.

Distintas organizaciones ambientales se reunieron para analizar la situación de la minería en la región. Una de las conclusiones que la expansión de las plantas mineras ha aumentado vertiginosamente, llegando a países que antes tenían otro giro e instalando conflictos ambientales y sociales en diversas comunidades de Latinoamérica.


“América Latina se ha convertido en uno de los principales territorios de la expansión de la minería a nivel global, y ha tenido como principal consecuencia grandes impactos ambientales, sociales y culturales en las comunidades en donde se desarrollan los proyectos”.
Esta es la reflexión que propone el informe “Conflictos Mineros en América Latina: Extracción, Saqueo y Agresión. Estado de situación en 2014″ elaborado por diversas organizaciones socio-ambientales.
Lucio Cuenca, Director Ejecutivo del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) afirmó que uno de los componentes de los conflictos en la expansión minera es que ha ido debilitando mucho la institucionalidad y la democracia de estos países.
Además, afirmó que ha venido aparejada de muchas situaciones de represión y de vulneración de los Derechos Humanos, dando como ejemplo la militarización de territorios que realizó hace unas semanas el presidente Ollanta Humala en Perú.

Perú: Leyes para la inversión

Desde Perú, Jorge de Echave, Director de la ONG Cooperacción, indicó que, según detalla la defensoría del pueblo, más de cincuenta por ciento de los conflictos del país son ambientales, están asociados a la minería y van aumentando en número e intensidad.
De hecho, Perú es un caso emblemático de criminalización de los movimientos que han surgido para hacerle frente a la minería, un elemento en común del desarrollo de esta industria que afecta, principalmente, a la población campesina e indígena.
En esa línea, De Echave sostuvo que otro paralelo regional es el discurso que plantea que para recuperar los niveles de crecimiento y hacerle frente a la deuda internacional hay que estar dispuesto a desregular en materia ambiental y social, creando un clima cada vez más favorable para las inversiones, lo que se ha establecido incluso en las leyes de países como El Perú o Chile.
“Hay una legislación abiertamente favorable a las inversiones que ha ido recortando los derechos de la población y la tendencia es bastante preocupante, ya que no es a que mejore la situación”, sostuvo el especialista, quien recordó las palabras del académico ecuatoriano Alberto Acosta, quien plantea que el modelo extractivista “está casi en el ADN de nuestros gobernantes”.

Bolivia: Cárcel por un lado, derrames por el otro

Bolivia es otro caso emblemático. En 2012 se registró el punto más alto de criminalización de la protesta e impunidad en los conflictos socio-ambientales, en especial con el conflicto de Mallku Quta. Se registraron detenciones a autoridades tradicionales e incluso la muerte de comuneros durante la represión policial.
En 2013 surgió una ley contra los avasallamientos mineros, que penaliza entre seis y ocho años de cárcel a quienes irrumpan en áreas mineras e impidan la explotación de los yacimientos, precuela de la ley de Minería y Metalurgia, que en sus artículos establece como delito las acciones individuales y colectivas que impidan la actividad minera.
En 2014 se sumó una serie de incidentes ambientales, como el derrame de más de tres mil 300 metros cúbicos de residuos en las cercanías de un río o el colapso de un dique en Potosí, que dejó a un barrio popular totalmente anegado de desechos tóxicos.

Brasil: Brutal número de asesinatos en pugnas con la minería

En Brasil los informes muestran más de cien casos de territorios que sufrieron los impactos de la actividad minera. Entre los destacados están el proyecto Gran Carajás (extracción de hierro de la entonces Compañía Vale), el complejo más grande de extracción de este metal en el mundo, además figura el Mineroducto del Proyecto Minas-Rio58 que afecta a cerca de 950 mil personas.
En este país el fenómeno de la criminalización es escandaloso. Un informe de la ONG Global Witness, que documentó los asesinatos de defensores de la tierra y el medio ambiente en todo el mundo entre 2002 y 2013, señaló que de las 908 muertes que pudieron documentar en 35 países, 448 se produjeron son en Brasil, es decir un 49,33 por ciento. De ellos el grueso son campesinos, indígenas, o habitantes de la selva amazónica.
Además, los movimientos sociales han sufrido graves ataques a su privacidad y a la libertad de asociación y expresión a través de un esquema de espionaje, interceptación de comunicaciones con mecanismos sofisticados y la infiltración de agentes.

Transnacionales y proyectos binacionales

Ejemplos como descritos hay en Colombia, Ecuador, Uruguay y algunos países centroamericanos, todos descritos en este informe de conflictos mineros 2014, realizado por OCMAL, el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina.
En el documento se dan cuenta de las iniciativas, pero también del origen de las firmas inversoras. Es allí donde las canadienses y brasileñas se imponen, con una gran cantidad de proyectos en nuestro continente. De hecho, en 2013 diez países del cono sur llegaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a denunciar que los Estados de donde provienen estos particulares, no se hacen cargo de la vulneración que cometen sus empresas en el resto del mundo.
Uno de los ejemplos íconos expuestos ante la Corte Internacional es la instalación del proyecto binacional entre Chile y Argentina: Pascua Lama de la multinacional canadiense Barrick Gold, actualmente paralizado por la justicia, después de casi 15 años de oposición de las comunidades.

http://radio.uchile.cl/2015/05/31/expansion-minera-y-represion-social-en-america-latina-el-mapa-de-un-conflicto-que-no-cede