Alrededor de 20 comuneros desalojados del barrio San Marcos, en la parroquia de Tundayme, cantón El Pangui, provincia Zamora Chinchipe, se reunieron hoy, 30 de octubre, con Patricio Benalcázar, defensor adjunto primero de Derechos Humanos y de la Naturaleza, para solicitarle que realice una visita insitú en la zona de Tundayme y se pronuncié por la violación de derechos humanos y colectivos de la comunidad indígena. El defensor no definió fecha para la visita.
El 30 de septiembre, 16 familias de la comunidad shuar del barrio San Marcos fueron desalojados forzosamente de sus territorios. Con un operativo policial de 135 policías y guardia privada de la empresa minera Ecuacorriente S.A, responsable del proyecto minero Mirador, se destruyó las viviendas y se desplazó forzadamente a las familias. Hoy, se cumple un mes de los desalojos y las familias aún no son reubicadas, dijo Luis Sánchez, presidente Comunidad Amazónica Cordillera del Cóndor Mirador, Cordillera del Cóndor (Cascomi).
Estos hechos fueron narrados al defensor adjunto durante 90 minutos, aproximadamente. Rosario Sánchez, una de las mujeres de la tercera edad desalojada, relató “Ingresaron a mi cocina y se sacaron todas las cosas, hasta el agua de remedio que tenía votaron (...) sacaron todo, los animales, las gallinas, el trapiche que teníamos, todo sacaron y votaron (...). Destruyeron los muebles que habían y votaron todo a la calle. Destruyeron la casa y la enterraron”.
Además Sanchéz, dijo que no ha recibido 400 mil dólares como lo aseguran los funcionarios del Estado.
Otra personas que relataron los hechos ocurridos fueron Segundo López, Hermengelindo Yarí, Luis Árevalo, Rosa Ordoñez, Digna Zanimbia y otras. Yarí dijo hemos venido a Quito para que nos escuchen: “Estamos una semana en Quito dejando a nuestras familias y el trabajo para pedir que que nos ayuden (...) para que se paralicen las obras hasta que se arregle todo. Bien se va la mina o nos reubican a todos de la parroquia para que nosotros podamos vivir dignamente”.
El proyecto minero Mirador que se ejecuta en esta zona tiene una concesión del 85% de la parroquia de Tundayme, así lo informó el presidente de la comunidad.
Esta zona se verá afectada directamente por la extracción minera (cobre y oro) realizada por la empresa Ecuacorriente S.A que en el 2012 firmó el primer contrato de minería a gran escala con el Estado ecuatoriano por un plazo de 30 años, que pueden ser renovables.
En la reunión, Sánchez informó al defensor del pueblo, que al momento hay 15 familias que están en riesgo de ser desalojadas. Por ello solicita que la visita sea inmediata. Otras de las comunidades que pueden ser desalojadas son Yanua Kim, San Carlos Numpaim y Churuwia.
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