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lunes, 13 de julio de 2015

“Ley mordaza” española debe poner en alerta a América Latina, dice periodista mexicana.

La entrada en vigor en España de la Ley de Seguridad Ciudadana, llamada por sus detractores "ley mordaza", debería alertar al resto del mundo, especialmente a América Latina, donde "las políticas represivas están cada vez más presentes", dijo este viernes a Sputnik Nóvosti la periodista mexicana Gloria Muñoz.
"Es una ley represiva que no solo atenta contra la libertad de expresión, sino contra todos los derechos humanos, y debería poner en alerta al resto del mundo. Si no hay una resistencia contundente contra esta ley, vamos a salir todos perjudicados", apuntó la directora del portal Desinformémonos.
Muñoz advirtió que "es una ley diseñada para momentos de crisis" en los que los gobiernos tienen que contener la manifestación y la protesta.
La Ley de Seguridad Ciudadana restringe el derecho de protesta y endurece las sanciones a ciertas conductas consideradas punibles con multas que pueden llegar a montos elevados.
De acuerdo a la norma, son pasibles de multas de entre 30.001 y 600.000 euros las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en lugares que tengan la consideración de infraestructuras críticas como centrales nucleares o aeropuertos, así como la intrusión en sus recintos, incluyendo su sobrevuelo, y la obstrucción de su funcionamiento.
Asimismo, multas de 601 a 30.000 euros pueden aplicarse a conductas que se encuadren en perturbación del orden en actos públicos, deportivos, culturales, espectáculos, oficios religiosos u otras reuniones numerosas cuando no sean constitutivas de delito.
Constituyen una perturbación grave de la seguridad ciudadana las protestas no comunicadas ante instituciones del Estado como el Congreso, el Senado, los Parlamentos autonómicos o los altos tribunales, aunque no tengan actividad.
La norma también considera falta grave impedir un desalojo o hacer uso no autorizado de imágenes de integrantes de las fuerzas de seguridad.
Desde su entrada en vigor el 1 de julio, también se considera falta leve la desobediencia a la autoridad y escalar edificios o monumentos sin autorización cuando haya riesgo de que se ocasionen daños a las personas o a los bienes.
Para Gloria Muñoz la norma atenta contra la solidaridad humana, ya que "continúa con las políticas económicas de asfixia que se están implantando en los pueblos", como en Grecia, e insiste en que también podría repercutir en América Latina.
"En esta región se está llevando a cabo un neoliberalismo salvaje contra las garantías sociales, y políticas represivas como las de desalojo están cada vez más presentes. Es evidente que este tipo de leyes van a repercutir", agregó.
En este aspecto, considera Muñoz, México sirve de ejemplo, pues "vivimos en un momento de violencia institucional generalizada y ocupamos el cuarto lugar en el mundo de periodistas asesinados con 85 profesionales muertos en los últimos 10 años".
"Pese a que en México la ley mordaza no existe como tal, ya se aplica con los secuestros, desapariciones, asesinatos, amenazas e intimidación que sufren quienes nos dedicamos a la comunicación", sostuvo.
UNA LEY ANTIDEMOCRÁTICA
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), dedicada a la defensa de los derechos de grupos desfavorecidos y al fortalecimiento de la democracia en Argentina, también consideró represiva la norma española y la tildó incluso de "antidemocrática".
"En lugar de reprimir la protesta, el Estado debería fomentar la participación ciudadana y el debate público, claves para el ejercicio de una democracia real. Reprimir la libertad de expresión es el peor camino", lamentó Fernando Bracaccini, coordinador de ACIJ, en diálogo con Sputnik Nóvosti.
La polémica norma fue aprobada en España en diciembre de 2014 con los votos del gobernante Partido Popular, que cuenta con mayoría absoluta en el Congreso desde que ganó las elecciones de 2011.
La legislación ha sido criticada por la oposición, grupos de la sociedad civil, movimientos sociales y la Organización de las Naciones Unidas pues, alegan, limita derechos fundamentales.


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