Su más profundo rechazo manifestó el secretario general de ALDHU, Juan
de Dios Parra, luego de conocer la noticia de la libertad condicional por parte
de la Corte de Apelaciones de Santiago, para Alejandro Sáez Mardones, ex agente
de la DICOMCAR durante la dictadura de Pinochet.
"No es posible que quienes cometen crímenes de lesa humanidad estén
libres como si el crimen cometido fuese un delito común" con estas
palabras el abogado Juan de Dios Parra reaccionó ante la libertad del asesino
de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino.
"Concuerdo plenamente por lo planteado durante estos días desde los
ex trabajadores de la Vicaría de la solidaridad, ellos manifiestan que
"los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles e inadmisibles".
"Espero al igual que ellos que la Presidenta Bachelet y los
legisladores juegen un rol determinante a la hora de corregir esta falta hacia
miles de compatriotas torturados y ejecutados por seres deleznables como Sáez
Mardones" finalizó Parra.
Los ex trabajadores de la Vicaría expresaron a través de una misiva que:
"Nos duele esta decisión,
nos trae nuevamente al presente los hechos ocurridos hace treinta años, un 29
de marzo de 1985, cuando el país entero se conmovió ante estos asesinatos. La
sociedad chilena no puede olvidar, hace mal a nuestra convivencia democrática,
ya suficientemente dañada por el desprestigio de nuestras instituciones y
el débil funcionamiento de nuestra democracia. Decisiones de este tipo suman a
este desprestigio.
La consternación que nos causó el alevoso asesinato de José Manuel
Parada, de Santiago Nattino y de Manuel Guerrero , perpetrado cobardemente el
29 de marzo del año 1985 , tuvo como efectos inmediatos el asombro ante ese
sangriento horror, porque éramos compañeros de trabajo de
José Manuel Parada, nosotros , quienes escuchábamos día a
día las brutalidades cometidas al amparo de la dictadura sufrimos el
impacto, una sensación de ahogo, quedamos desconcertados,
sin aliento; nos preguntábamos, vagando por las salas de la Vicaría,
¿por qué?
Ahora, ahora
estamos indignados: el día 10 de julio pasado, una sala de la Corte de
Apelaciones de Santiago, conociendo de un recurso de protección, acogió los
planteamientos de uno de los autores materiales, cuyo cuchillo cercenó la vida
de José Manuel. La Corte, por razones de técnica legal, lo ha dejado libre,
haciendo ver que no correspondía a ese tribunal considerar la extensión
del daño causado, o lo que es lo mismo, la tremenda trascendencia que tuvo éste
y otros crímenes de lesa humanidad. No les corresponde, dicen estos
jueces, más que sumar años de cumplimiento, añadidos a buena conducta
penitenciaria, para aplicar la ley. Y liberar a los asesinos.
Sostenemos que están muy equivocados
estos jueces, ya que están abrogándose facultades que los superan , están indultando a
un transgresor de graves crímenes contra los derechos
humanos , a un autor de un crimen de lesa humanidad ¡No se trataba de un
asesinato que afectaba a la comunidad cercana, o a la ciudad de Santiago, o al
país, no. Era un crimen contra la humanidad entera y, por lo tanto, no existe
una autoridad nacional que en nombre de todos los afectados –la
humanidad entera– tenga tales poderes para liberar a quienes condenaron
y ejecutaron la muerte de Parada, Nattino y Guerrero, amparándose en
su calidad de agentes del régimen. Sostiene la corte que bastan y
sobran años y la buena conducta carcelaria en Punta
Peuco. Pero no es así.
Este crimen que lesiona a la humanidad –de
ahí el nombre– trasciende nuestro sistema jurídico reglamentario de beneficios
carcelarios. Tampoco se trata de venganza, sino que de
respeto. Las víctimas de estos crímenes merecen respeto basado en principios de
justicia, de protección a los derechos humanos y de dignidad de sus
familias, especialmente de sus familias. Los asesinados, inermes, no habían
hecho daño a nadie, pero a ellos, sus asesinos, uno de ellos ahora
libre, no les dieron siquiera tiempo para implorar por sus
vidas. No. Nuestros jueces deben velar no sólo por lo que es “legal”, sino por
lo que es justo, y en este aspecto, hay suma injusticia, suma
injuria! Recordamos en este momento al Ministro José
Cánovas, quien, arriesgando su posición, logró en aquellos tiempos en los que
ser juez de tal calidad acarreaba riesgos personales, logró investigar y
develar estos crímenes. Qué diría ahora aquél valiente juez ante este fallo que
nuevamente nos hacer revivir etapas de la nefasta oscuridad de
la dictadura.
Sostenemos que, si hay algún
reglamento, o una ley carcelaria que permita indulgencia con los autores de
crímenes de lesa humanidad, deberá esa ley, ese reglamento,
modificarse o derogarse para que se sustraiga explícitamente del
conocimiento de jueces nacionales este poder de tamaño indulto que ni siquiera
tiene la Presidencia de la República.
Directiva
de la Asociación de Ex Trabajadores de la Vicaría de la Solidaridad y del
Comité Pro Paz.
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