Páginas vistas en total

lunes, 25 de agosto de 2014

La ONU condena abusos contra los presos chilenos.


El representante regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Amerigo Incalcaterra, condenó el viernes las agresiones de un grupo de guardias de prisiones contra los presos de la cárcel chilena de Rancagua, cerca de Santiago.
La golpiza ocurrió en agosto del año pasado, pero adquirió notoriedad este miércoles con la divulgación de un video de los hechos en un canal de televisión.
Amerigo Incalcaterra, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Chile.    ACNUDH

Read more here: http://www.elnuevoherald.com/2014/08/22/1826553/la-onu-condena-abusos-contra-los.html#storylink=cpy
“Que una persona sea privada de su libertad por cometer un delito no es justificación para que sus derechos humanos sean violados”, dijo Incalcaterra en un comunicado difundido por la oficina regional del ACNUDH, con sede en Santiago.
El representante regional del organismo subrayó que el Estado debe hacerse cargo del bienestar e integridad de los reclusos y pidió una investigación imparcial y efectiva de lo sucedido, para que los responsables sean llevados ante la Justicia.
“Es preocupante que a un año de lo sucedido, las autoridades pertinentes no hayan avanzado en determinar las responsabilidades materiales e institucionales en estos hechos”, apuntó.
El Gobierno chileno solicitó ayer al director de Gendarmería (guardia de prisiones) la reapertura de un sumario interno que llevó a cabo la institución después de los hechos, y que concluyó con la absolución de los funcionarios que participaron en las agresiones a los presos.
Incalcaterra aplaudió esta decisión e instó al Ejecutivo a trabajar para “prevenir y erradicar la tortura de sus centros de detención”.
Para ello, precisó el funcionario de Naciones Unidas, deben elaborarse planes de formación para oficiales penitenciarios y establecer un mecanismo de prevención con visitas periódicas a los centros que permita erradicar la violencia contra los reclusos.
El representante del ACNUDH respaldó también la decisión del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile, que este jueves anunció que presentará una querella por los delitos de tortura y apremios ilegítimos por lo sucedido.
Los hechos ocurrieron el 3 de agosto de 2013 en la cárcel de Rancagua, a unos 90 kilómetros al sur de Santiago, cuando dos reos trataron de fugarse pero fueron atrapados por los guardias del recinto.
Las imágenes de las cámaras de la cárcel muestran cómo los gendarmes hacen salir a varias decenas de reclusos de sus celdas y los golpean con palos en los pasillos de la cárcel.
Después, según las imágenes, los presos son agrupados en el patio, donde los gendarmes los siguen golpeando violentamente con patadas y bastones.




Read more here: http://www.elnuevoherald.com/2014/08/22/1826553/la-onu-condena-abusos-contra-los.html#storylink=cpy

http://www.elnuevoherald.com/2014/08/22/1826553/la-onu-condena-abusos-contra-los.html

Alarma situación de presos en Bolivia, Nicaragua, Panamá y Paraguay.

LA PAZ, Bolivia (Xinhua).- Las cárceles en países de América Latina presentan "males" comunes como hacinamiento, atención deficiente, mala alimentación y falta de acceso a la salud, entre otros, informó el defensor del Pueblo en Bolivia, Rolando Villena.
El representante dio a conocer en la ciudad de La Paz un informe de la Red de Comunicación de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), organismo del que forma parte la institución boliviana.
De acuerdo con el reporte, a nivel regional se observa un aumento de los adolescentes privados de la libertad, lo que constituye una clara violación a los derechos humanos, además de existir una precaria infraestructura carcelaria.



Villena expresó su alarma por la situación que presentan las penitenciarías y las personas que se encuentran privadas de su libertad en países como Bolivia, Brasil, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Paraguay, Panamá, Puerto Rico y Nicaragua.
"El informe en cuestión recoge las verificaciones y monitoreo que realizaron las defensorías del Pueblo o instituciones nacionales de derechos humanos en varios países latinoamericanos", indicó.
Según el reporte, Paraguay, Bolivia, Nicaragua y Panamá registran los más altos niveles de hacinamiento, frente a Colombia, Brasil y Costa Rica que reportan niveles de entre 36 y 60 por ciento en este indicador.
Según la FIO, el número de personas privadas de su libertad en los penales de estos países latinoamericanos supera entre 39 y 300 por ciento la capacidad de los mismos.
En Paraguay, por ejemplo, el principal centro de reclusión alberga a 4 mil personas en un espacio diseñado para mil 200.
En Bolivia, el hacinamiento se encuentra en alrededor del 202 por ciento, pues el número de detenidos alcanza los 14 mil 770, cuando la infraestructura carcelaria está diseñada para 4 mil 884.
En Nicaragua, a su vez, hay 10 mil 378 personas privadas de su libertad, cuando el espacio disponible es para 4 mil 605, lo que significa 125 por ciento de sobrepoblación.
A esta situación se suma la deficiente o inexistente atención médica y la mala infraestructura carcelaria. El informe destaca que en Bolivia esta situación es un indicador permanente de "vulneración de derechos humanos" al no existir la suficiente cantidad de médicos y personal especializado.
En Brasil, cerca de la mitad de los penales no cuentan con cama para los detenidos y un 25 por ciento de ellos no tiene colchón, además de que la insalubridad es propicia para la proliferación de epidemias e infecciones.
En Costa Rica, por su parte, los reos no solo enfrentan problemas en el acceso a la salud, sino que incluso tienen que pagar por un espacio, una cama o por el uso del teléfono.
Según el defensor del Pueblo boliviano, la situación en Venezuela y Puerto Rico es menos crítica.
En el primer país se ha logrado construir y remodelar penales bajo la concepción de "mayor respeto a la dignidad humana". En el segundo caso, si bien no enfrenta problemas de hacinamiento en sus cárceles, las mayores quejas se refieren a mala alimentación y atención médica inadecuada.
De acuerdo con el estudio de la FIO, otra preocupación es el aumento de adolescentes privados de su libertad, que es "angustiante". Este sector de la población se encuentra detenido por delitos como robo, hurto, homicidio y violación, mientras que la edad de los infractores oscila entre los 12 y 17 años.
Según Villena, esta crítica situación ha llevado a las defensorías del Pueblo o instituciones similares a emitir recomendaciones a sus estados, como uso racional de la prisión preventiva y mecanismos alternativos, como la detención domiciliaria en enfermos.

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.prensa.com/uhora/mundo/carceles-america-latina-panama-nicaragua-bolivia-hacinamiento-derechos-humanos/379598&ct=ga&cd=CAEYACoUMTA1MDQ3MTAxMDIzNzg2MzAxODcyGjI4MDVkZmU5Y2Y2MjhhZDE6Y29tOmVzOlVT&usg=AFQjCNEMeku0k5kslGvabCmKWL6BuwHYAQ

lunes, 18 de agosto de 2014

LA JUSTICIA INDÍGENA AMENAZADA DE MUERTE EN EL ECUADOR!!

La Corte Constitucional del Ecuador CCE, alumbrada en las urnas con la aprobación de la Constitución en referéndum del 2008, generó enorme expectativa en garantizar el cumplimiento de los derechos humanos y de la naturaleza en el Ecuador, contrario a lo que se pensaba, acaba de propinar la mayor estocada a los pueblos indígenas[1], al dictar una sentencia en el caso 0731-10-EP, conocido como La Cocha, cuyo antecedente remota al 9 de mayo de 2010, cuando en la comunidad La Cocha y Guantopolo-Cotopaxi, el pueblo Kichwa Panzaleo aplicó justicia indígena a Flavio e Iván Candelejo Quishpe, Wilson y Kléver Chaluisa y a Orlando Quishpe Ante, por ser autores del asesinato de Marco Olivo, también oriundo de la misma comunidad. Haciendo caso omiso al principio non bis in ídem o doble juzgamiento e irrespetando la jurisdicción indígena, la justicia penal ordinaria conoció el caso, aprehendió a los autores del ilícito y prosiguió con el proceso, ello motivo a una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, misma que se fue sentencia en los siguientes términos:



“l. Que no se han vulnerado derechos constitucionales, tanto en el ejercicio de la administración de justicia indígena por parte de la Asamblea General Comunitaria de La Cocha, como tampoco por parte del Ministerio Público y la judicatura penal ordinaria.
2. Que la Asamblea General Comunitaria del pueblo kichwa Panzaleo es la autoridad de justicia indígena habilitada y competente para resolver los conflictos internos en sus territorios.
3. Que la Asamblea General Comunitaria del pueblo kichwa Panzaleo, cuando conoció este caso de muerte, no resolvió respecto de la protección del bien jurídico vida como fin en sí mismo, sino en función de los efectos sociales y culturales que esa muerte provocó en la comunidad, estableciendo diversos niveles de responsabilidad que son distribuidos, en distinto grado, entre los directamente responsables y sus respectivas familias, mientras que por su lado, el ministerio público y la justicia penal ordinaria actuaron bajo la obligación constitucional y legal de investigar y juzgar, respectivamente, la responsabilidad individual de los presuntos implicados en la muerte, por lo que esta Corte declara que no se ha configurado el non bis in idem o doble juzgamiento.
4. De conformidad con los artículos 11 numeral 8, y 436 numerales 1 y 6 de la Constitución de la República, la Corte Constitucional establece las siguientes reglas de aplicación obligatoria que las autoridades indígenas, autoridades administrativas y jurisdiccionales, así como los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, observarán de manera obligatoria, a partir de la publicación de la sentencia, bajo los siguientes términos:
  1. La jurisdicción y competencia para conocer, resolver y sancionar los casos que atenten contra la vida de toda persona, es facultad exclusiva y excluyente del sistema de Derecho Penal Ordinario (lo negrito es nuestro) aun en los casos en que los presuntos involucrados y los presuntos responsables sean ciudadanos pertenecientes a comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, así los hechos ocurran dentro de una comunidad, pueblo o nacionalidad indígena.
La administración de justicia indígena conserva su jurisdicción para conocer y dar solución a los conflictos internos que se producen entre sus miembros dentro de su ámbito territorial y que afecten sus valores comunitarios.
  1. Las autoridades de la justicia penal ordinaria, en el procesamiento y resolución de casos penales que involucren a ciudadanos indígenas, aplicarán lo establecido en el Convenio 169 de la OIT.
  2. Es obligación de todo medio de comunicación público, privado o comunitario que para la difusión de casos de justicia indígena, previamente se obtenga autorización de las autoridades indígenas concernidas y comunicar los hechos asegurando la veracidad y contextualización, reportando de manera integral los procesos de resolución de conflictos internos y no solo los actos de sanción, al tenor de los razonamientos desarrollados en la parte motiva de esta sentencia. De igual forma se aplicará a los funcionarios públicos judiciales o no y particulares que deberán tomar en cuenta estos aspectos propios.
Más información en el link abajo.

http://www.inredh.org/index.php?option=com_content&view=article&id=634:la-justicia-indigena-amenazada-de-muerte-en-el-ecuador&catid=74:inredh&Itemid=49

Ecuador olvida, Colombia gana, y los habitantes de la frontera norte permanecen en el olvido.


 


Con polémicos acuerdos, el gobierno ecuatoriano decidió olvidar los incidentes que lo alejaron diplomáticamente de su similar colombiano, como la agresión que sufriera el Ecuador con el bombardeo de Angostura; o relativizando los daños producidos por las fumigaciones realizadas para erradicar los cultivos de coca en territorio colombiano, pero que afectaron la salud de campesinos del cordón fronterizo ecuatoriano, mataron sus animales y destruyeron los cultivos de sus fincas.

Las fumigaciones
Como parte del denominado Plan Colombia, que se implementó desde 1999 en ese país, se planificó erradicar los cultivos de coca que se multiplicaban sin control en los territorios fronterizos, donde el Estado colombiano no tenía presencia y se disputaban el control territorial las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

La erradicación manual había fracasado y Colombia optó por realizar fumigaciones aéreas, con avionetas que volaban a gran altura, pues debían eludir los ataques de los grupos armados que controlaban la región. El compuesto usado en estas fumigaciones contenía glifosato, Cosmo Flux y POEA, dando como resultado un compuesto químico altamente nocivo para la salud humana y que contaminó las tierras, los esteros y las fuentes de agua.

La altitud de las fumigaciones y la acción del viento provocó que este compuesto tóxico caiga más allá de diez kilómetros al interior de territorio ecuatoriano, tal como lo estableció un informe técnico realizado por el Comité Interinstitucional contra la Fumigaciones (CIF), liderado por el médico Adolfo Maldonado, experto en enfermedades tropicales.
Además, un informe genético realizado por técnicos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, también encontró daños genéticos en mujeres de la zona fronteriza en el Putumayo, que habían estado expuestas a las fumigaciones colombianas.

Todas estas evidencias llevaron al gobierno ecuatoriano a demandar a Colombia en el Tribunal de Justicia de la Haya, tanto por las afectaciones a la salud de los pobladores ecuatorianos fronterizos, como por los daños a los cultivos y a las tierras de estos campesinos.

Por su parte, los campesinos afectados se agruparon en la Federación de Organizaciones Campesinas del Cordón Fronterizo Ecuatoriano de Sucumbíos (FORCCOFES) y, junto a organizaciones ambientalistas y de derechos humanos, durante doce años presionaron para que los diferentes gobiernos ecuatorianos exijan a Colombia que no fumigue en una area de 10 kilómetros, contados desde la frontera hacia adentro de su territorio; ésto para garantizar que no se afecte a suelo ecuatoriano. En el gobierno de Alfredo Palacio, en el 2006, se logró tácitamente la aceptación de Colombia a esta tesis y se dejó de fumigar en el área, pese a que siempre negó que las fumigaciones produjeran efectos nocivos.

Sorpresivamente, el gobierno ecuatoriano de Rafael Correa anunció el pasado mes de septiembre de 2013, que había retirado la demanda a Colombia en la Corte de la Haya, y se había logrado un acuerdo[1] mediante el cual el país vecino entregaba 15 millones de dólares al gobierno ecuatoriano, como una colaboración para el desarrollo fronterizo; el gobierno ecuatoriano, en cambio, lo manejó como un fondo de compensaciones para los campesinos afectados, y así lo dio a conocer en reuniones realizadas con FORCCOFES en la ciudad de Lago Agrio, en Sucumbíos.

El convenio además establece que Colombia podrá llegar a fumigar hasta a dos kilómetros de la frontera, dentro de territorio colombiano, con lo que el gobierno ecuatoriano ha destruido la tesis de las organizaciones ecuatorianas al aceptar la tesis colombiana, a pesar de la gran cantidad de pruebas que han proporcionado las organizaciones para demostrar la nocividad del compuesto químico utilizado por Colombia y su incidencia hasta en diez kilómetros de distancia de los sitios de fumigación.  

FORCCOFES también ha rechazado la declinación del gobierno ecuatoriano a defender la soberanía nacional y los derechos de los campesinos de frontera; sin embargo, el anuncio del gobierno ecuatoriano de que utilizará los quince millones de dólares para compensar a los campesinos ha provocado fricciones entre los miembros de FORCCOFES, poniendo en riesgo a la estructura organizativa más fuerte del cordón fronterizo, lo que sin duda favorecería el silencio frente a las nuevas fumigaciones colombianas.

FORCCOFES no solo logró superar las primeras fricciones que se dieron a su interior, en especial con aquellas personas interesadas en obtener grandes ganancias con las compensaciones; sino que ahora logró unir a los habitantes de Mataje, parroquia fronteriza ubicada al norte de la provincia costeña de Esmeraldas, y de Tobar Donoso, parroquia fronteriza de la provincia del Carchi, en la sierra. Estas dos parroquias también fueron afectadas por las fumigaciones colombianas y ahora exigen a la Cancillería del Ecuador que entreguen la compensación dada por Colombia y, a la vez, que no se renuncie a la prohibición de fumigaciones en la franja de diez kilómetros, pese al acuerdo al que han llegado los gobiernos.

Olvidemos el bombardeo de Angostura
Todo el enojo y el discurso nacionalista que mostró el Presidente Rafael Correa, después del bombardeo colombiano en territorio del Ecuador, en Angostura, ocurrido el 1 de marzo de 2008, también deberá ser olvidado; y se deberá olvidar no solo la agresión territorial, sino también las 21 muertes que produjeron este bombardeo, cuatro de ellas de estudiantes mexicanos y un ecuatoriano.

En efecto, con el acuerdo amistoso entre Ecuador y Colombia también se ha dado por terminado con el proceso que el gobierno ecuatoriano seguía al colombiano en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. Colombia accedió a otorgar una indemnización de 35.000 dólares a la familia del ecuatoriano Franklin Aizalla, muerto en este bombardeo; con ello se da por superado este conflicto.

“Un acuerdo amistoso no puede darse al margen de la justicia, sin conversar con las familias de todas las víctimas. No podemos olvidar”, asegura Adrián Ramírez, Presidente de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDH), que lleva adelante el proceso presentado por los padres de los estudiantes mexicanos muertos en Angostura. Por ello, y una vez que se comprueba la imposibilidad de buscar justicia en territorio nacional, los familiares de las víctimas llevaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y están evaluando la posibilidad de llevar ante la Corte Penal Internacional al ex presidente colombiano Álvaro Uribe, y al actual presidente Juan Manuel Santos, quien fuera Ministro de Defensa de Colombia, cuando se produjo el bombardeo. “Tarde o temprano, ellos deberán responder por estos crímenes”, dice Ramírez. El presidente ecuatoriano Rafael Correa ahora cataloga de “buena persona” al presidente colombiano Manuel Santos, olvidando que él fue uno de los artífices del bombardeo en Angostura.

Por otra parte, las comunidades campesinas e indígenas aledañas a la zona del bombardeo, en el Cantón Putumayo, han decidido crear un parque ecológico en esta zona, como una contribución a la construcción de una cultura de paz. “El Parque de la Paz será un sitio de recordación, no solo de quienes murieron allí, sino del deber que tenemos de construir la paz y conservarla”, dice Darwin Rodríguez, dirigente indígena kichwa de la región.

Los acuerdos de colaboración militar
Los acuerdos extrajudiciales descritos se complementan con otro acuerdo de cooperación militar firmado en Puerto El Carmen, en la frontera colombo – ecuatoriana. Aún cuando el acuerdo es secreto, luego de esta firma se han incrementado las escaramuzas entre fuerzas militares ecuatorianas y grupos rebeldes colombianos, así como la detención de guerrilleros de las FARC, los que son inmediatamente entregados a Colombia; por lo que se puede inferir que la colaboración en la frontera se da principalmente para enfrentar a la guerrilla colombiana.

El Plan Colombia preveía involucrar al Ecuador en el conflicto colombiano, dando a Ecuador el papel de control militar de la frontera para impedir el paso de grupos rebeldes colombianos, mientras el ejército de ese país los atacaba.

Ecuador nunca cedió a este plan, ni siquiera en el gobierno de Lucio Gutiérrez, muy cercano a la política militarista de Colombia; sin embargo, ahora Rafael Correa ha cedido ante la agenda militar colombiana, tal como lo demuestran los enfrentamientos ocurridos, en especial el sucedido el pasado 8 de agosto de 2013, en el que murió un militar ecuatoriano y cinco presuntos guerrilleros de las FARC.

La Ministra de Defensa del Ecuador, María Fernanda Espinoza, aceptó públicamente que este enfrentamiento se dio luego de que se recibiera información de Colombia sobre la movilización de los guerrilleros, con lo que hizo evidente la vigencia del modelo denominado “yunque y martillo”, en donde se denomina “yunque” a las fuerzas de contención ecuatorianas, y “martillo” a la arremetida del ejército colombiano contra las fuerzas irregulares.

La Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Mujeres de la Provincia de Sucumbíos ha denunciado los diversos enfrentamientos que se han registrado en la frontera, lo que vulnera la seguridad de las comunidades fronterizas, en especial en el cantón Putumayo. Los militares consideran a estas comunidades como aliadas de las FARC, demostrando una falta de comprensión de la dinámica fronteriza, o una intensión deliberada de trastocar la realidad para justificar sus incursiones.

Los acuerdos descritos dejan ver que el gobierno ecuatoriano ha privilegiado consolidar las relaciones comerciales con Colombia y normalizar las relaciones diplomáticas, aún cuando esto ponga nuevamente en riesgo a las comunidades de frontera, las que también verán disminuidas sus capacidades organizativas debido a las ofertas de indemnizaciones económicas insuficientes.

Indígenas y campesinos de frontera llegan a Quito
Desde que se hizo público la entrega de 15 millones de dólares por parte del gobierno colombiano, el gobierno del Ecuador anunció que se los entregaría directamente a los campesinos e indígenas afectados por las fumigaciones.

Los habitantes de la frontera, a través de FORCCOFES realizaron varias propuestas al gobierno ecuatoriano para que se entregue ese dinero; primero expusieron la necesidad de invertir en las comunidades a través de proyectos que reactiven la producción agraria, en especial el cultivo de café y cacao. Esta propuesta fue negada bajo la premisa de que este dinero se entregaría directamente a las personas perjudicadas.

FORCCOFES realizó una serie de asambleas regionales a fin de elaborar una lista de personas realmente perjudicas por las fumigaciones; este fue un trabajo de unos cuatro meses, y al final se entregó la lista a la Cancillería ecuatoriana, junto a la propuesta de manejar el dinero a través de un fideicomiso, a fin de garantizar que el dinero llegue efectivamente a los campesinos e indígenas de la frontera. El gobierno se negó a conformar el fideicomiso solicitado por FORCCOFES, insistiendo en que entregaría directamente el dinero a unas 2.800 familias, de las cerca de cinco mil que FORCCOFES había identificado a través de sus asambleas regionales.

Las asambleas de FORCCOFES, a las que se incorporaron delegaciones de las comunidades afectadas de Mataje y Tobar Donoso, resolvieron acudir a Quito para hablar directamente con el Canciller Ricardo Patiño, a fin de conocer qué pasa con las compensaciones y exigirle que el Ecuador mantenga la tesis de no fumigación en la franja de 10 kilómetros, que es la razón de existencia de FORCCOFES.

193 dirigentes llegaron a Quito en la mañana del 13 de agosto, luego de sortear los intentos de la Cancillería para que se suspenda esta acción, bajo el argumento de que se ya está arreglando los desembolsos de las compensaciones.

Esta vez los habitantes fronterizos no se dejaron convencer y mantuvieron su movilización, logrando ser recibidos por el embajador Galo Galarza, el asesor Fernando Paredes y otros funcionarios de la Cancillería.

La posición de los campesinos fue clara: se entreguen las compensaciones y se exija a Colombia que no fumigue en la franja de 10 kilómetros.
El representante de la Cancillería, Eduardo Paredes, luego de acusar a las ONGs y a lo que el gobierno denomina “prensa corrupta” de intentar confundir y manipular a las organizaciones de frontera, aseguró que se está trabajando sobre las compensaciones para trasladar el dinero dado ya por el Estado colombiano.
La doctora Verónica Yuquilema, abogada del equipo legal de INREDH, aclaró que la delegación de campesinos tiene voz propia y la tiene porque ha vivido las consecuencias de las fumigaciones y soporta día a día estas afectaciones que hasta ahora, 14 años después, son evidentes. En el caso de INREDH, la doctora Yuquilema aclaró que esta organización tiene presencia efectiva en la frontera y todas sus investigaciones han sido corroboradas in situ, sin necesidad de recurrir a fuentes periodísticas privadas, ni de la prensa oficial del gobierno[2].  

Finalmente la Cancillería anunció que se procederá a dar las compensaciones anunciadas y que, en el caso de las fumigaciones, se han establecido procedimientos para receptar quejas de daños producidos por nuevas fumigaciones.

El temor de los habitantes de frontera es que la repetición de las fumigaciones a menos de 10 kilómetros de la frontera los hará desplazarse de sus fincas y no habrá compensación que pueda ser efectiva para rehacer sus tareas agrícolas, menos aún si las compensaciones bordearán un monto de 2.500 dólares por familia afectada.

A la tarde, las lideresas y líderes de la frontera que vinieron a Quito, que esta vez fue uno por cada comunidad, retornaron a sus fincas no sin antes indicar que si el gobierno no cumple y no los protege ante nuevas fumigaciones, retornarán a Quito, y esta vez lo harán con más gente de sus comunidades.  

Luis Ángel Saavedra
INREDH

miércoles, 13 de agosto de 2014

Muere el candidato socialista brasileño Eduardo Campos al estrellarse su avioneta privada.


El candidato a las elecciones presidenciales del próximo mes de octubre Eduardo Campos (Partido Social Brasileño) falleció la mañana de este miércoles al estrellarse el avión particular en el que viajaba procedente de Rio de Janeiro. El diario Folha de Sao Paulo informa de que al menos otras seis personas habrían fallecido, entre las cuales se encontrarían dos pilotos, el jefe de prensa de la candidatura Carlos Percol y el fotógrafo Alexandre Severo.
El avión, un Cesna 560 XL, salió del aeropuerto nacional de Rio de Janeiro Santos Dumont con destino a Santos a las 9h 20m, 14h 20m hora española, y perdió el contacto con el control aéreo antes de aterrizar, de modo que cayó en un barrio céntrico de Santos.
Eduardo Campos.
Eduardo Campos. EFE
Recién cumplidos los 49 años el pasado día 10 de agosto, Campos era el tercero en las encuestas previas a la carrera electoral por detrás de la presidenta Dilma Rousseff (38%) y del conservador Aecio Neves (23%), del PSDB.
Con un 9% de intención de voto, el hasta ahora gobernador del estado de Pernambuco contaba con un gran apoyo en su región natal, en el nordeste de Brasil. Socialdemócrata sin estridencias, su propuesta representaba un punto intermedio entre el plan liberal del opositor PSDB y el más escorado a la izquierda del PT de Dilma Rousseff.
La número dos de Campos de cara a las elecciones era Marina Silva, quien terminó tercera en las presidenciales de 2010 con el Partido Verde y se quedó a las puertas de poder presentarse con su nuevo partido Rede Sustentabilidade, que quería renovar y abrir el concepto de partido político en Brasil .No pudo conseguir el número necesario de firmas válidas para oficializar una candidatura.
La principal cara visible de la lucha ambientalista en Brasil decidió entonces integrar la campaña de Campos, pese a quedar a la sombra de un político menos conocido y apoyado que ella. Aunque no pertenezca al partido principal de la candidatura, Silva podría pasar a liderar ahora.
http://www.elmundo.es/internacional/2014/08/13/53eb7d1f22601d68458b4594.html

La CIDH analiza tráfico de personas en América Latina.

Ciudad de México, 12 ago (Nóvosti).

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comenzó este martes un periodo extraordinario de sesiones en México para analizar la migración y el tráfico ilegal de personas en América Latina, en particular niños y mujeres que intentan entrar en Estados Unidos sin documentos.
El organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) realiza tres jornadas de audiencias públicas en el Palacio de Minería, un antiguo edificio del Centro Histórico de la Ciudad de México, donde examinará el estado de los derechos humanos en el continente.
“La CIDH presentará un informe sobre los derechos de los migrantes y la movilidad humana en México”, país que registra el mayor tráfico de personas procedentes de otros países, anunció Tracy Robinson, presidenta del organismo, al inaugurar las sesiones públicas.
El organismo humanitario también examina el tema de la protección de los militantes defensores de derechos humanos, el derecho al aborto y los derechos de los homosexuales.
A las sesiones de la CIDH asisten organizaciones humanitarias de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, países afectados por ese fenómeno que causa una crisis humanitaria por el flujo de empobrecidos que buscan entrar a Estados Unidos ilegalmente, a lo largo de su frontera de más de 3.000 km con México.
Más de 57.000 niños sin acompañantes adultos, centroamericanos y mexicanos, han sido detenidos por la patrulla migratoria de Estados Unidos en la zona fronteriza con México, el doble del niños detenidos en todo 2012 y casi cinco veces más que 2011.
La organización de Defensa Internacional de Niños y Niñas de Costa Rica y la Red de Derechos Humanos de los Migrantes, han enviado al organismo un informe del tema migratorio regional.
La semana pasada, el organismo especial para la libertad de expresión de la CIDH indicó en un reporte que “la situación de violencia en contra de los periodistas en México ha sido motivo de preocupación especial”, por la muerte violenta de una veintena de periodistas en la última década.
En esa ocasión, el organismo condenó el ataque en contra del director fundador de una radio comunitaria que provocó la muerte de su hijo de 12 años, en el central Estado de México que rodea la capital, el 1 de agosto.
La relatoría pidió a las autoridades mexicanas “actuar con urgencia para identificar los motivos del ataque y poner en práctica todos los instrumentos jurídicos con los que cuenta para sancionar a los responsables”.
En junio pasado, la CIDH celebró el retiro por parte del México de las reservas a tres instrumentos adoptados en el marco de la OEA, pero el caso de México no se abordará en esta sesión, porque el protocolo establece que el país sede de las sesiones públicas no es objeto de examen público.
La CIDH la integran siete comisionados nacionales que actúan a título personal y con independencia plena, elegidos por voto de la Asamblea General de la OEA por cuatro años.

http://sp.ria.ru/bilaterial_relations/20140812/161248215.html