Juan De Dios Parra, Secretario General ALDHU.
El brutal asesinato de 45 jóvenes estudiantes cuyos cadáveres aparecieron calcinados en una fosa común en el estado de Guerrero, en México, es sólo una muestra del mal que está consumiendo la vida de esta nación enferma de violencia.
Las sentidas declaraciones del Presidente Peña Nieto, en el orden de disponer la más severa investigación, y su compromiso para impedir que esta masacre quede en la impunidad, sólo develan la impotencia de las autoridades para enfrentar de raíz este mal.
Las cifras hablan con elocuencia: en el primer semestre de este año 2014, se han batido todos los récords en materia de muertes violentas en México, donde cada Estado compite con los demás en los índices de asesinatos.
Entre enero y junio de este año, el Estado de México registró 1.131 asesinatos, seguido de Guerrero con 750, Chihuahua con 669 y Michoacán con 668. No muy atrás le siguen Tamaulipas con 591, Sinaloa con 567, Jalisco con 514 y Baja California con 402, mientras en el D.F. se registran 385.
En seis meses estos ocho estados, sumados al D.F., acumulan casi seis mil asesinatos. Por su parte, el año 2.013 la cifra total de homicidios registrados se elevó a 22.732, y el 2012 fueron 25.583, mientras que en el 2011 la cifra alcanzó a 27.213, todos estos datos aportados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En los últimos cinco años más de cien mil seres humanos han sido asesinados en México.
De esta manera no alcanza, no basta con las promesas de severas investigaciones y garantías de no impunidad. El problema es mayor y mucho mas grave. La enfermedad de la violencia está arrasando la convivencia cotidiana de los mexicanos, y su abordaje y solución exige un compromiso real de la sociedad, un trato nuevo que involucre a todos, por encima de diferencias y confrontaciones, la recuperación de la paz es un imperativo de la nación.
Los asesinatos, lamentablemente, no son el único factor en el que se expresa el mal de México, ya que otros delitos como el robo violento, la extorsión y el secuestro, también contribuyen a agravar la inseguridad de la población. Así, por ejemplo, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía de México (INEGRI), durante el año 2013 se cometieron 33, 1 millones de delitos, que afectaron a 22,5 millones de víctimas, siendo el robo o asalto callejeros el de mayor incidencia. Por su parte, el plagio se ha acrecentado, pasando de 123.470 víctimas en el 2012, a 131.946 en el 2013.
En contraposición, la confianza de los mexicanos en las instituciones sigue decayendo. De hecho, en el año 2012 el 92,1 % de los delitos no fueron denunciados; en 2013 se elevó al 93,8%, es decir, menos del 10% de las víctimas recurren al Ministerio Público en demanda de justicia, y de las que recurren, más de la mitad aseguran que sus casos no avanzaron nada, el 23% que aún están en trámites, y en sólo el 7,5% de los casos se logró la aprehensión de los culpables.
No es casual, entonces, que el 60% de los mexicanos siente que el problema más agudo que las autoridades deben resolver es el de la inseguridad y la delincuencia, por encima del empleo y la carestía de la vida.
México pide ayuda, y la pide silenciosamente a través de sus víctimas. Latinoamérica y el mundo no pueden quedar indiferentes.
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